La política del pan y del garrote. Los radicales y el movimiento obrero en Entre Ríos, 1914-1943

en El Aromo n° 106

Rodolfo Leyes
Grupo de Investigación de la Historia de la Clase Obrera Argentina – CEICS


La democracia burguesa, como forma de organizar la sociedad capitalista, debe guardar las formas y marcar una distancia con respecto de las formas de gobierno anteriores. Como toda sociedad de clase debe balancear una política de concesiones y de violencia. Analizar el caso de Entre Ríos, donde los radicales gobernaron durante casi treinta años, nos permite conocer los mecanismos consensuales, pero también, cómo el poder de clase descansa, finalmente, en la violencia.

¿Qué es un obrero? …para los radicales

Los radicales entrerrianos tuvieron una concepción particular de los obreros. Para ellos, el trabajador era un productor de riqueza social que debía ser protegido:

“…o se es partidario de la clase productora, o se es partidario a la clase explotadora –el término medio no cabe en ninguna circunstancia- Esto presupone el deber de embanderarse hoy, en tal o cual partido político puesto que la defensa de la clase proletaria debe hacerse desde cualquier situación (…) Encuadrando su acción nacionalista dentro de las normas liberales…”[1]

Poseían una actitud paternalista hacia los obreros. En momentos de crisis crearon ollas populares para contener la miseria de los desocupados como ocurrió en 1942 en Villaguay.[2] Estas acciones reafirmaban la idea de que los radicales eran los auténticos defensores de los trabajadores. Pero, cuando los trabajadores se organizaron en forma independiente, estos fueron catalogados como agitadores y reprimidos.

Esa arma de doble filo llamada sindicato

Para ser hegemónica una clase debe presentar sus propios intereses como los intereses del conjunto social e incorporar, al menos parcialmente, los intereses secundarios de la clase dominada. Esto permite la construcción de consenso social. Atender las demandas parciales de los sindicatos, si las mismas no trascienden los límites del sistema social, es la mejor forma de conseguir este objetivo. Los radicales construyeron consenso tomando algunas de las demandas de los trabajadores a través de leyes laborales y protección, reconocimiento de los sindicatos –siempre que estos no fueran de tendencias revolucionarias.

“El sindicato bien organizado, del que preliminarmente hay que suprimir al dirigente que pretenda aprovechar la fuerza social para el logro de fines políticos o personales, tiene un vasto campo de acción que puede empezar con el simple estudio de las condiciones materiales de mejoramiento de los obreros (…) El sindicato es prenda de paz en la lucha por las conquistas de los trabajadores. Suprime el entredicho individual entre patrón y obrero y este último es protegido constantemente por la organización en sus derechos.”[3]

Para los radicales los sindicatos eran útiles para logar la paz social si carecían de fines políticos. Pero, para que su sindicato fuera reconocido los obreros debían arriar primero la bandera de la emancipación social como explotados. En caso contrario, el propio Estado –manejado por los radicales- depuraba la organización de orientaciones “subversivas”. Esta política estatal confluyó con la corriente sindicalista “revolucionaria”. A diferencia de socialistas y anarquistas, esta rechazaba la inscripción del sindicato en corrientes políticas. Precisamente, esa ausencia de posición política es lo que los liberaba para negociar con el gobierno radical sin comprometer sus principios. Pese al nombre de sindicalismo revolucionario esta corriente actúa de manera reformista y oportunista.

El Departamento de Trabajo provincial

Para ejecutar la política “obrerista”, los radicales desarrollaron una organización específica: el Departamento Provincial del Trabajo. Si bien este se fundó en 1915, no desarrolló una función activa hasta la mitad de la década del treinta. El motivo de este “retraso” es sencillo. Hasta ese momento, el movimiento obrero entrerriano no había mostrado una gran capacidad de movilización. Como se ve en el cuadro al aumento de las luchas obreras se corresponde con una mayor actividad del Departamento Provincial del Trabajo.

A lo largo del periodo 1930-1934 hemos relevado 54 huelgas en toda la provincia con solo tres intervenciones estatales mediadoras.Pero, a partir del año 1935 hubo un cambio. Aquel año, con cerca de 40 huelgas fue el punto más alto de la conflictividad gremial y también el primer pico de las intervenciones mediadoras del DPT. Otro dato significativo es el resultado de la mediación estatal: de treinta y ocho intervenciones, en solo tres casos los obreros no obtuvieron un triunfo. Es decir, si el Estado intervenía como mediador, el éxito era casi asegurado. Aunque vale agregar que el aumento de la política intervencionista, que colateralmente reconocía a los sindicatos y los fortalecía, no significó un abandono de las prácticas de coerción.

Coerción: Los límites de la lucha gremial

Si bien los radicales toleraron la práctica gremial, esta no era libre. Los radicales, una y otra vez, discutieron con los conservadores cuál era el rol de los sindicatos, caracterizaron los gremios entrerrianos como inofensivos, pero esto no bastaba. En muchas oportunidades, el propio desarrollo de las contradicciones de clase y las luchas que generaban encontraron en los radicales gobernantes el poder que los limitara.

Como ya dijimos, los sindicalistas “revolucionarios” o “puros” fueron los principales aliados de los radicales en el movimiento obrero. Sin embargo, esto no los privó de algunos roces con el poder. Durante el ciclo de luchas 1917-1921 varias veces los dirigentes sindicales fueron encarcelados por sus supuestos protectores y, en algunos casos, los enfrentamientos con la policía provincial fueron cruentos, como los llamados Sucesos de Villaguay en 1921, con un saldo de seis muertos.[5] En la década siguiente los sindicalistas, que habían mesurado mucho sus modos de lucha y horizontes[6], no escaparon a otras formas de represión, como fueron las prohibiciones del uso de la bandera roja en los actos del Primero de Mayo.[7] La distancia entre un tipo de represión y otro es directamente proporcional al grado de aceptación del programa burgués por parte de los sindicalistas. Hecho que se comprueba fácilmente, cuando se contrasta, con la suerte sufrida en la década del treinta, por otras corrientes obreras como los anarquistas o comunistas.

Los anarquistas fueron aplastados, sus dirigentes encarcelados y sus locales clausurados luego de una huelga en 1937. No es casual que ese mismo año también sea uno de los picos en la intervención mediadora del Estado: el pan y el garrote trabajan juntos para el mismo objetivo.  Del mismo modo, cuando el Partido comunista empezó a crecer en la provincia sus dirigentes fueron apresados, sus locales allanados y los materiales secuestrados en forma casi cotidiana, hasta bailes convocados por el PC son prohibidos. Esta represión recrudecía en torno a fechas claves. Por ejemplo, una clausura del local del PC ocurre el 1° de mayo de 1941.[8]

Conclusión

Los radicales entrerrianos dominaron la política provincial por casi tres décadas. Saltearon la crisis del treinta y las intervenciones varias veces, mientras, ganaban todas las elecciones. Para lograr este grado de hegemonía desarrollaron un vínculo con la clase obrera basado en el reconocimiento de los trabajadores como clase y en el sindicato como herramienta de pacificación social. En este contexto, cuando la lucha de clases comenzó a profundizarse, recuperaron una vieja repartición, el Departamento Provincial del Trabajo, y le encargaron la intervención en los conflictos. Siendo que su intervención era normalmente favorable a los obreros, los sindicalistas se acercaran aún más al Estado. Mientras que, a cambio, debían abandonar los posicionamientos revolucionarios. Discutir salarios sí, discutir política no.

Esta política de consenso y alianza corría de la mano de otra, que buscaba poner un límite a las fuerzas político-gremiales que imprimieran a las luchas un contenido de independencia de clase. En conclusión, la política de coerción y consenso es necesaria para la construcción de un poder de clase. No se puede ejercer el control social sobre la clase obrera solo a base de golpes, por ello es necesario institucionalizar las relaciones y a la par, dosificar la violencia contra los opositores. En ese balance está la clave de la democracia burguesa como sistema de gobierno.


Notas

[1]Diario Del Pueblo, Colón, 04/01/1921, p.1.

[2]El Pueblo, Villaguay, 19/06/1942.

[3]Boletín del Departamento Provincial del Trabajo, nº3, marzo de 1940, p. 1.

[4]Elaboración propia en base a 23 periódicos locales y el Boletín del Departamento del Trabajo.

[5]El Litoral, Concordia, 16/02/1921.

[6]Citado en: Matsushita, Hiroshi: Movimiento obrero argentino, 1930-1945, Buenos Aires, Ediciones RyR, 2014, Cáp. 1.

[7]Informe del Director General de Correos y Telégrafos, Dr. Carlos Risso Domínguez al Presidente Justo, Buenos Aires-Informe sobre el 1º de Mayo en 1933 en AGR-MI, Sala VII. Fondo Agustín P. Justo. Caja Nº45, Doc. 96. BCGT, 25/05/1933.

[8]Entre Ríos. Diario de sesiones de la cámara legislativa, Paraná, 1941, pp. 112-113.

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