Por Gerardo Wilgenhoff
A mediados de mayo, el Ministerio de Educación Nacional promulgó, a través del Consejo Federal de Educación, la Resolución Nº 363/20 que fija “orientaciones” para los procesos de evaluación en el marco de la continuidad pedagógica. También encamina otra evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica. Nos ocupamos de ello en un número anterior de El Correo Docente. Dijimos que se trataba de una medida tardía que recogía parte de lo ya dispuesto en distintas provincias. Tal es el caso de la nuestra: Río Negro. En efecto, el 29 de mayo el Ministerio de Educación y Derechos Humanos aprobó la Resolución 2.580, dando continuidad al proceso pedagógico virtual. Fijó como la tarea del momento el evaluar las trayectorias escolares de los estudiantes durante este primer trimestre o cuatrimestre, de cuarentena. Veamos que nos propuso el gobierno y qué respuestas se dieron desde las distintas seccionales gremiales. Aquí también una historia de marchas y contramarchas como toda la gestión de la Pandemia en materia educativa.
Hacer para que nada cambie. La Resolución 2580, algunas consideraciones sobre sus objetivos y alcances
La provincia se alineó con los mandatos nacionales en materia de evaluación. La Resolución 2580 es explícita en este punto: “se implementarán informes cualitativos de trayectorias escolares que expresen los procesos que cada estudiante pudo trabajar en el contexto actual (…) Esos instrumentos son parte inherente de la acreditación y promoción de los y las estudiantes”. Así, se entiende que esos informes a cargo del docente fijan los puntales para que “los estudiantes lleguen en mejores condiciones para reanudar la escolaridad”. Mientras el Estado no garantiza lo básico (recursos técnicos, materiales y humanos) y pide que degrademos las formas de nuestra labor pedagógica, en paralelo, nos responsabiliza de las “condiciones” con la que los alumnos llegarán a la vuelta a clases. No se tratan de contradicciones sino miserabilismo puro.
El Anexo II de la Resolución incluye la propuesta de evaluación de las trayectorias. Siguiendo los lineamientos nacionales, se nos pide “evaluar de manera contextualizada los procesos de aprendizaje en las situaciones de enseñanza que se generaron”, entendiendo a la evaluación como “formativa, integral y secuencial”. Es preciso que entendamos con claridad este punto. La evaluación formativa y procesual tiene un largo precedente no sólo en la provincia sino en todo el país. La idea de que la escuela debe acercarse a los alumnos y proponerles saberes contextualizados en lugar de conceptos, debido a sus diferentes realidades y necesidades, llegó a su máxima expresión con la reforma de la Escuela Secundaria (ESRN), para el nivel medio, en la provincia. La ESRN es, además, el laboratorio para la implementación de la Escuela 2030. La Resolución, por lo tanto, es una continuidad de la nueva escuela rionegrina y sus antecesoras. Todas se basan en el principio de que no es prioritario aprender los contenidos científicos de las distintas materias, sino que ahora se deben impartir saberes. Esos saberes son herramientas para la adquisición de los conocimientos científicos, que pueden o no producirse, ya que la escuela ha perdido esa posición que antaño supo tener. El conocimiento, ahora, se realiza a lo largo de toda la vida, por lo tanto, la escuela es solo una parte de este proceso. Como vemos, la Resolución no presenta rupturas con el pasado. Lo que se modifica en esta ocasión es la ausencia de la nota numérica o conceptual, como resumen de los saberes adquiridos durante el trimestre o cuatrimestre y su reemplazo por una amplia gama de frases que le dan una valoración a la trayectoria de los alumnos, algo que ya se está aplicando en los informes cualitativos de la ESRN. Lo demás sigue intacto.
Tanto Alberto como la gobernadora Arabela Carreras lo saben porque tienen una larga trayectoria integrando los gobiernos burgueses que se han encargado de avanzar en esta flexibilización curricular. Este panorama se acentúa con la cuarentena. En una situación en la cual “el acceso a las tecnologías y a la conectividad” es dispar y dónde el gobierno no tiene intenciones de garantizar la igualdad de oportunidades técnicas ni económicas, la evaluación formativa que proponen resulta ser la mejor opción para sus propósitos de ocultar la miseria. Nos dicen que “no hay que medir los resultados” y así avanzan con una política sistemática de degradación educativa. Ahora bien, cómo pueden los estudiantes realizar una evaluación valorativa de su propia trayectoria si no hay medición de sus logros y alcances. Queda librado a su subjetividad. La Resolución es clara en este punto, la evaluación en tiempos de pandemia adquiere la forma de “informes” de las trayectorias individuales de los estudiantes. El mensaje es claro: la realidad de la clase obrera merece una educación miserable y con eso nos tenemos que conformar.
Efectivamente, el objetivo de dichos informes es “reconocer y valorar lo realizado, orientar a los y las estudiantes y a las familias de cómo se ha llevado este proceso y qué aspectos deben ser tenidos en cuenta para favorecer la trayectoria escolar”. Reforzando lo expuesto con anterioridad, la evaluación cumple la tarea de mostrar a los alumnos sus fortalezas y debilidades. Se deja librada una cuestión social, como es la educación, a una mera reflexión individual. Por eso, nada se dice sobre cómo se resolverán los casos de los alumnos que no estuvieron en contacto con sus docentes (¿se les dejará su “informe” abierto?) o de con qué recursos contará el alumno para trabajar luego con sus debilidades. De reproducirse a la vuelta el mismo esquema de trabajo -sobrecarga laboral, sumatoria de cursada presencial y a distancia en el esquema bimodal- difícilmente se revierta eso que el informe puso de relieve.
Tensionados entre “evaluar” y no evaluar, la Resolución deja el problema a medio camino. Como diagnóstico integral, las fórmulas que nos ofrecen son más bien insuficientes y generales. Pero cierto es que la Resolución provincial prescribe más de lo que Nación desearía. Así, se coloca como una herramienta inútil que desarma a docentes y alumnos. Si entendemos la evaluación como un diagnóstico real que fija un cuadro de situación y una futura pauta de trabajo, la evaluación es absolutamente necesaria. Nos dará un cuadro sobre el que actuar. Esconder la mugre bajo la alfombra nunca es buena estrategia. Pero para actuar necesitamos todos los recursos necesarios. El gobierno nacional no ofrece ni lo uno ni lo otro.
Por la misma dirección
Tanto la UnTER Central Azul Arancibia, como la seccional Celeste en Bariloche y Tribuna Docente se han manifestado en relación a la Resolución 2580. Lo curioso es que todos acuerdan en el mismo punto: la Resolución debe ser modificada (Azul Arancibia) o derogada (Celeste y Tribuna Docente) porque resulta un acto discriminatorio y profundiza las desigualdades entre aquellos que sí tienen conexión de aquellos que no la tienen. No se pone en discusión la propuesta de evaluación, sino el hecho de que no es momento para evaluar. Todos acuerdan, a su vez, en que se debe liberar el acceso a internet y dotar de computadoras a los alumnos y docentes que lo requieran. Veamos una a una las posiciones.
La central sindical Azul Arancibia se manifestó a favor de la modificación de la Resolución 2580, por ser una Resolución unilateral que, en su Anexo II, se contradice con lo expresado por Nación y por lo expuesto por ellos mismos. Entienden que esta resolución “no reconoce la importancia de la relación vincular entre docente/estudiante ni el contexto de pandemia”. Desconoce, a su vez, las diferentes realidades, contextos y situaciones de desigualdad en el acceso a “la conectividad, herramientas tecnológicas, a la alimentación básica y la imposibilidad de acompañamiento a cada estudiante”. La contradicción se encuentra en la evaluación formativa que plantea la Resolución y su peso para las futuras acreditaciones de las trayectorias escolares, porque están “poniendo énfasis nuevamente en lo cuantitativo en forma implícita”. Hablan de “acreditación encubierta”. Es decir, la burocracia sindical no tiene intenciones de medir los resultados del proceso pedagógico virtual y pretende dejar a la deriva a cientos de estudiantes que han mantenido la educación a distancia. El problema reside en que, si no queremos perder el vínculo de los estudiantes con la escuela, no podemos hacer como si ello no ocurriera. Aquellos que tienen conectividad y que se han esforzado por realizar sus trabajos tienen que ser evaluados para poder continuar con sus aprendizajes. De otro modo, es probable que pierdan el interés por continuar.
Así, la burocracia central va a contramano de las necesidades educativas de la clase obrera. Para aquellos que no tienen conectividad, por su parte, plantean la liberación de internet y la entrega de una computadora. En eso acordamos todos. Pero los reclamos de nuestro sindicato no pasan de las palabras. Hasta el momento no han llamado a ninguna reunión de delegados para definir un plan de lucha para garantizar estos reclamos. Prefieren que miles de estudiantes pierdan meses de clases a llevar adelante una lucha en defensa de las condiciones de educación. Optan por sostener la gobernabilidad a costa de luchar por una educación de calidad para la clase obrera. Nosotros, en cambio, no abandonamos la lucha. Algo similar ocurre con la seccional Bariloche conducida por la Celeste. Tampoco plantean ningún plan de lucha para garantizar las herramientas que exigen. Su accionar se limita a entrevistas radiales y notas de reclamo. La complicidad de la Celeste con Alberto es innegable.
Tribuna Docente, por su parte, pide la derogación de la Resolución 2580, por su “carácter anti laboral y flexibilizador”. Pero no toman posición con respecto a las características que adquiere la evaluación. Por qué motivos la Resolución 2580 tiene un carácter flexibilizador, no lo sabemos. No quieren que evaluemos durante la cuarentena y pretenden romper la alianza con la clase obrera y, acto seguido, se colocan en defensores de la Educación Pública. De qué educación pública, no lo sabemos. Piden la derogación de la evaluación sin dar la discusión sobre su forma, no importa si es cualitativa o cuantitativa. Por qué este no es el momento para discutirlo, tampoco lo sabemos.
Tribuna Docente se posiciona respecto a la evaluación de manera reaccionaria, pretende no evaluar y no ofrece ninguna alternativa propia. Solo su derogación. No se manifiestan con respecto a aquellos estudiantes que vienen sosteniendo la educación a distancia, generando una fractura en la clase obrera. No tienen una política integral para todos los estudiantes de la provincia, puedan o no conectarse. Para ellos, evaluar en este momento es discriminar. Resulta vergonzoso que partidos que se dicen de izquierda pretendan abandonar a la clase obrera a su suerte o no incorporen sus demandas. En realidad, lo que hacen en la provincia no es muy distinto a lo que impulsan en el resto del país. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires mientras se niegan a educar a distancia, lo dejan librado a la voluntad individual de cada docente y razonan del mismo modo a la hora de fijar un cronograma para la toma de exámenes, los estudiantes dirigidos por esa misma fuerza cuestionan en algunas ocasiones esas medidas. Está claro, una política del kiosco que no tiene ninguna línea general.
Frente a estos cuestionamientos, el gobierno provincial cede. La Central gremial Azul Arancibia decidió las modificaciones que se harían a la Resolución. Puertas adentro definieron las modificaciones a través de la Resolución 2.644. Se trata más un cambio de semántica que de un cambio real. Son modificaciones superfluas que dejan intacta la evaluación procesual y formativa. Nada nos dicen de aquellos que quedaron fuera de la educación a distancia ni tampoco cuáles serán las medidas para responder a las desiguales situaciones que pondrán de relieve las evaluaciones individuales.
Evaluemos
Como vemos, la Resolución 2580 sigue, a grueso trazo, los lineamientos planteados por nación. La evaluación debe ser general, procesual y formativa. Como expresamos más arriba, esto no es una situación nueva, sino que se viene aplicando con anterioridad y tiene, en la provincia, su punto más álgido en los informes cualitativos para el primer ciclo de la ESRN. La provincia apela hoy a una receta vieja. El gobierno supone que al eliminar escalas numéricas o conceptuales resuelve la heterogeneidad de trayectorias individuales. Y se entusiasma con su propuesta de procesos. Pero el principal inconveniente que tiene la iniciativa es que un problema material no se resuelve administrativamente. Podemos no evaluar para no verificar desigualdad, pero si no hacemos algo, la desigualdad seguirá en su lugar y ante ello no hay ninguna medida en marcha. Además, durante el 2020 lo más probable es que trabajemos con un sistema bimodal combinando presencialidad parcial y educación virtual.
Por eso, debemos buscar una salida que favorezca a la clase obrera en su conjunto. No podemos quedarnos en la queja misma planteando que los docentes no estamos obligados a educar en tiempos de pandemia. La evaluación forma parte del contrato pedagógico del docente y no podemos eliminarlo si además en este proceso seguimos trabajando con nuestros alumnos. Evaluar no es simplemente poner una nota. Evaluar implica darle un diagnóstico al alumno y una pauta de trabajo futura. Mientras el gobierno habla de elaborar un diagnóstico para la intensificación nos enfrentamos a un problema material: si no cambiamos y reconfiguramos el proceso pedagógico la intensificación será un eufemismo. Y solo se puede trabajar sobre lo que se conoce. Por eso, la evaluación sigue siendo necesaria y cuánto más detalles nos aporte, mejor.
El proceso pedagógico virtual debe llevarse a cabo porque no podemos darnos el lujo de abandonar a su suerte a la clase obrera, en el momento en el cual todas las contradicciones de la sociedad burguesa salen a la luz. Por eso exigimos que el gobierno debe dotar a docentes y estudiantes de internet gratis y de una computadora de calidad para que la educación sea de calidad. También necesitamos un subsidio igual a la canasta básica total para aquellas familias imposibilitados de acceder al mercado laboral. Pedimos por el desdoblamiento de los cursos, la reconfiguración de grupos pequeños que permitan un seguimiento personalizado de los alumnos y la instauración de parejas pedagógicas en todos los cursos. Para ello es necesario el ingreso de todos aquellos docentes desocupados o subocupados, para que la educación virtual y, luego la bimodal, sea realmente posible. Necesitamos que se llame urgente a paritarias para recomponer nuestro salario miserable. Tampoco podemos dejar librado a una cuestión individual aquello que es una cuestión social como la evaluación. Tenemos que medir los resultados de aquellos estudiantes que han mantenido el proceso pedagógico. No hacerlo sería adoptar la posición de nuestro enemigo de clase, dejarlo librado a su suerte, romper con ellos y dejar abierta la puerta para una futura deserción. Para los que no pudieron continuar en estos casi cuatro meses, sus evaluaciones deben permanecer abiertas y se debe idear un plan personalizado de trabajo para recuperar lo perdido. Lo mismo para aquellos que han seguido el proceso virtual fragmentariamente.
Los estudiantes exigen ser educados y evaluados, no podemos ir a contramano de esta demanda. La evaluación debe servir para medir los resultados de la educación a distancia y marcar pautas de trabajo futuro. Al mismo tiempo nos sirve para desnudar el verdadero estado de la educación en la provincia, los flacos logros de la ESRN porque nadie puede creer que si los alumnos carecen de herramientas elementales ello ocurrió solo durante la pandemia. Cuestionar la evaluación y no plantear una alternativa superadora es una actitud conciliadora con el gobierno de turno y de traición a la clase obrera. Por el contrario, debemos convocar de manera urgente a una Asamblea virtual de delegados por seccionales, para definir un plan de lucha en un Congreso provincial. La defensa de una educación científica y de calidad solo será posible con la lucha.
