Precipicio sin fin. Sobre el Régimen Académico de la Ciudad de Buenos Aires

en ECD/El Correo Docente 35/Novedades

Por Nicolás Grimaldi y Romina De Luca

El gobierno porteño pretende que la educación sea uno de los caballitos de batalla de cara a la campaña electoral 2023. Para eso, recogió el guante de la crisis educativa y ordena toda una serie de medidas. Algunas generaron mucho revuelo mediático como la Resolución 2566/22 conocida como la que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo para las comunicaciones oficiales y en realidad regula “una comunicación inclusiva, respetando las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”. Según Acuña, se trata de buscar mecanismos para resolver la crisis pedagógica actual. Se trata más bien de un parche.

Menos revuelo ha provocado una medida que tendrá mucho más alcance en profundizar la degradación educativa actual: la modificación del Régimen Académico (RA) propuesto por el gobierno porteño. Lo curioso es que una medida que va a profundizar la degradación, que ataca la función de la docencia misma en su rol de especialistas no generó igual rechazo. Y eso que deja sentado un peligroso antecedente: la intercambiabilidad de nuestra experticia y formación como educadores.

Lo cierto es que la modificación de los RA se está llevando adelante en buena parte del país. Y lo actuado por Acuña se ubica en sintonía con lo establecido en los “Lineamientos Estratégicos Educativos para la República Argentina 2022-2027. Por una educación justa, democrática y de calidad” fijado por el gobierno nacional. Veamos cuál es la impronta innovadora de Soledad Acuña.

Un diagnóstico viejo y falaz

El gobierno dice querer resolver el problema de la calidad educativa. Para ello, habría sancionado la Resolución 970/22 que sanciona el nuevo Régimen Académico (RA) para el nivel secundario. Allí se acusa a la formación disciplinar de ser la causante de la exclusión educativa. A nivel país, de cada 10 que arrancan la escuela secundaria cuatro se quedan en el camino y solo las tres cuartas parte se reciben en tiempo y forma. La ciudad no está exenta de este cuadro general: de cada diez que arrancan 3 se quedan en el camino cifra que trepa a cuatro en las escuelas públicas. En efecto, si para 2020 se encontraban matriculados en el último año del secundario 30.775 estudiantes, cinco años antes habían iniciado el nivel obligatorio 42.988. Para las escuelas estatales los numero son 13.105 y 21.999 respectivamente. Desde la sanción de la LEN, toda la normativa nacional cargó las tintas sobre el formato de la escuela como causantes de la deserción: los problemas devienen de una escuela tradicional, elitista, excluyente, academicista y disciplinar que reproduciría un patrón escolar “elitista” no adaptado a los nuevos sectores obreros que ingresan a la nueva escuela secundaria obligatoria. Según el Ministerio de Educación porteño el formato produce el fracaso y responsabiliza a las y los estudiantes de esa situación.

¿Qué proponen entonces? Desdibujar completamente la estructura disciplinar del currículum avanzando un peldaño más en la degradación. ¿Qué sugieren para realizar este cambio? Que como los conocimientos se renuevan y actualizan permanentemente se vuelven provisorios. Esa idea, junto a otra (un viejo caballito de batallas que fue funcional a la degradación de la educación de adultos): que se puede aprender a lo largo de toda la vida. Uniendo los dos puntos, concluyen: la escuela debe concentrarse en las “habilidades”. El trabajo por “proyectos” interareales será la forma de licuar la vieja estructura disciplinar. Así, el nuevo RA entiende que las instituciones garantizarán el “acceso a saberes, prácticas y experiencias culturales relevantes que favorezcan la construcción de un vínculo con el conocimiento, las instituciones y los diversos sectores socio-productivos que posicione a los/as estudiantes como creadores/as y recreadores/as en los distintos campos en los que se desarrollen”. Se trata de un “vínculo con”, no el acceso a un conocimiento que nuestros especialistas entienden no existe más.

Tal como vemos, la idea de relevancia, de prácticas y la asociación con sectores productivos moldean la oferta. Así, las prácticas profesionales impuestas para el último año del secundario prometen extenderse. Lo cierto es que no está mal en sí mismo el pensar que la educación debe permitir el desarrollo de la sociedad, pero no puede escindirse esa propuesta de la realidad concreta argentina: un sistema social en descomposición dirigido por una burguesía parásita a la que estas propuestas lo único que hacen es garantizarle fuerza de trabajo gratuita justificada con fines escolares. Ese es el destino de estas palabras en un país donde más de la mitad es pobre, el desempleo abierto y la desocupación alcanzan al 30% de la población y el trabajo informal estructura la vida de más de cinco millones de trabajadores. Sensibilidad, solidaridad, participación, responsabilidad son las bellas palabras que adornan una propuesta 100% clasista de una burguesía que vive a costa nuestra.

Esta nueva organización curricular es uno de los mecanismos establecidos por el Régimen Académico. A este currículum areal e interareal, se suma la evaluación colegiada y la promoción automática. Es decir, la consolidación de una idea que, si bien no es nueva, la pandemia reavivó: que, en algún lugar del camino, el estudiante aprenderá las cosas. Por eso conviene mantenerlo en la escuela garantizando la promoción entre grados/años. Al mismo tiempo que se vacía la función docente se la sobrecarga con tareas administrativas. Veamos.

Un régimen para la degradación

El nuevo Régimen Académico ubica su foco en las prácticas docentes colaborativas, asociadas a la organización del currículum concentrado en áreas, y en la evaluación colegiada. La lógica que estableció para el nivel primario un bloque pedagógico en los primeros grados llega también a la escuela secundaria y se elimina la repitencia. Así, el ciclo básico será una unidad pedagógica para “acompañar la transición de los/as estudiantes en su pasaje de la primaria a la secundaria y, luego, al Segundo Ciclo/Ciclo Orientado”. Tal como refiere el documento, pareciera, entonces, habilitarse también el pasaje automático al ciclo orientado. Para el Ciclo Orientado se recuperan las nociones de proyectos futuros, uso de imaginación y creatividad, resolución de problemas, habilidades metacognitivas, la autorregulación de aprendizajes, entre otras.

Se pide a las escuelas que aseguren el “ingreso, permanencia y egreso”. En efecto, se argumenta que la organización y gestión pedagógica institucional deberá estructurarse para garantizar trayectorias escolares continuas, completas y significativas. Hoy en efecto no lo son (como vimos más arriba) pero en lugar de ir a buscar las causas de fondo se introduce la lógica del “siga, siga”. Suponen que sin modificar estructuralmente las condiciones educativas se alcanzarán mágicamente los contenidos no logrados en el año correspondiente. Idea que además de equivocada presupone que el conocimiento no es acumulativo, ni está ordenado bajo una secuencia lógica, graduada y ascendente en su complejidad. Se trata de un problema pedagógico y material. Si no se modifica el punto de partida difícilmente se tenga un resultado distinto: para recuperar algo hacen falta más docentes, trabajo personalizado, más recursos pedagógicos, personal de acompañamiento, entre otros. Pretenden erigir un edificio sin cimientos.

Así, el nuevo RA supone una profunda degradación imponiendo condiciones para el pasaje de estudiantes obtengan o no los conocimientos. A su vez, se opera una profunda fragmentación de los contenidos profundizando las políticas de descentralización. Ahora, cada escuela, a través del proyecto educativo, deberá fundar una nueva organización curricular basada en áreas de conocimiento. Lo disciplinar se reduce a los contenidos troncales, es decir, una selección enfocada en aptitudes y capacidades. Luego, se pasa a la integración disciplinar por área donde se trabaja con problemas disciplinares e interdisciplinares. Se trabaja también con Espacios Curriculares Específicos Obligatorios. La ESI integraría este paquete junto a otras problemáticas.

El Proyecto Educativo de cada escuela deberá reorganizar el trabajo docente. Obviamente, como no habrá más plata, todo cambio deberá contemplar los recursos existentes. Así, el gobierno de la Ciudad supone que se podrán generar planes diversos y heterogéneos para atender la realidad personal de cada estudiante, a partir de “los espacios institucionales”, las reuniones de profesores por cargo” -como si todos los y las docentes tuvieran esos paquetes y si los tienen se reducen a dos horas de reunión y dos horas frente a curso semanales-, las jornadas EMI (es decir, un grupo limitado de reuniones anuales), las reuniones de coordinadores de área o de coordinadores de especialización o en las sesiones del Consejo Consultivo abocadas a tratar todo tipo de problemáticas. Es decir, la nueva apuesta curricular se limita a juntar espacios que, sumados entre sí, añaden como mucho cuatro horas semanales dedicadas a un variopinto tratamiento de temas. Ya ni digamos que esos agrupamientos tienen un límite material: la coincidencia circunstancial de horarios de docentes taxi. Hoy día las integraciones de la secundaria del futuro se basan más en una sincronía de horarios que en proyectos coherentes o significativos en lo pedagógico. Se impone, además, el uso de talleres, las semanas temáticas, los seminarios, etc. como si allí, en la forma, residieran los graves problemas de formación que arrastra la escuela secundaria.

En esos espacios, se pide ahora que las escuelas atiendan un temario de, por lo menos, siete puntos: los problemas institucionales -desde la violencia, la ESI, los problemas con el comedor y la infraestructura podrían ser incorporados aquí-, la planificación de la enseñanza, la articulación horizontal y vertical del currículum -creación de áreas, metodologías de trabajo, criterios de evaluación, bibliografía- la reflexión sobre buenas y malas prácticas, el desempeño del curso y de cada estudiante concreto, dedicar tiempo a la evaluación colegiada. Y, por cierto, la confección de innumerable cantidad de planillas.

Como queda mal afirmar que la propuesta degrada la escuela, el gobierno habla de la creación de Entornos específicos de acompañamiento, recuperación y profundización de aprendizajes. Estos espacios se destinan a quienes el equipo docente colegiado o las y los tutores consideran que deben realizar refuerzos. Se introducen también las actividades para el aprovechamiento del tiempo libre (eso que en provincia puede ser cubierto por los planes de contingencias) y, finalmente, actividades de aproximación al mundo del trabajo. Como si se tratara de un casting, llaman a que las escuelas construyan un proyecto educativo convocante que, traducido, implica la mejora de los indicadores internos de la escuela. La y el docente deben garantizar el acompañamiento personalizado de las trayectorias, acompañamiento que claro está es escindido de las condiciones reales en las cuales la docencia ejerce su labor: cursos superpoblados (más aún luego de la pandemia), sobrecarga de trabajo, centenares de estudiantes. Cabe preguntarse en qué tiempo se ubicarán las instancias de “acompañamiento” para estudiantes que no alcanzaron los contenidos mínimos.

Flexible y a la carta

Asimismo, a las escuelas se les otorga la potestad de “flexibilizar” los tiempos escolares, agrupar estudiantes por niveles u objetivos, aprovechar “ámbitos ofrecidos por instituciones de la comunidad”.

Otra de las “innovaciones” para las y los estudiantes es que la condición de alumno regular se garantiza desde el ingreso hasta el egreso. Si bien la escuela continuará tomando asistencia regularmente ello no tendrá correlato en la regularidad. Por si hay dudas, el RA lo dice explícitamente: nadie se queda libre por inasistencias. Si bien se estipulan una serie detallada de acciones para el seguimiento de las trayectorias, lo cierto es que lo que importa es lo anterior: se puede faltar, lo único que se hará es consignar cuántas faltas en un legajo y se arbitrarán los medios para notificar a las familias. Si bien se establece que para promocionar una materia se tendrá en cuenta la asistencia, el espíritu flexible nos muestra que esa cláusula será letra muerta. Además, se incorpora un criterio dónde se pueden rendir asignaturas libres fuera de la escuela de pertenencia del estudiante. Por ese motivo, las y los docentes de la escuela donde un estudiante pida rendir asignaturas libres no integrarán el tribunal de evaluación que se conformará con docentes y personal de conducción del distrito. En los hechos, se tratará de una caza de brujas para las y los docentes que se opongan a esta lógica vaciadora de contenidos.

Otra de las innovaciones del nuevo Régimen es la acreditación por espacios curriculares. Esto implica que, si un estudiante debe permanecer en un año/grado, solo deberá cursar los espacios curriculares que adeude. Lo cierto es que esto si bien se trata de una medida razonable habrá que ver cómo se organiza esa cursada parcial: quién se hará cargo del itinere de las y los estudiantes entre “espacios” si deben salir de la escuela, y si las y los estudiantes permanecen en la escuela en sus horas no curriculares ¿quién se hace cargo de su seguridad/integridad? Nada dice la normativa.

Finalmente, en lo que refiere a las calificaciones se mantiene lo establecido en 2021 a propósito de la pandemia: notas cuatrimestrales donde la aprobación se alcanza con más de 6 puntos, nota que se evalúa según la apropiación de los contenidos troncales y notas valorativas -en proceso, suficiente, avanzado/a- a mitad de cada cuatrimestre (bimestral). Además, la aprobación de los espacios interáreas deberá ser contemplada como parte de la calificación que hace al área en sí. Una vez más, la lógica del dos por uno, o el segundo producto a la mitad. Obviamente, la decisión se ponderará en función de los acuerdos ya fijados en el Proyecto Curricular Institucional y se ajustará a si se produjeron progresos en el estudiante inclusive, aunque las calificaciones promedio no den, puede aprobarse en al marco de una evaluación global. Cuando Soledad Acuña dice que no se busca promover a todos, pareciera desconocer su propio Régimen Académico o, lisa y llanamente, miente.

La realidad y las palabras

El gobierno porteño puede afirmar que este régimen mejorará la calidad educativa. Son palabras. Lo cierto es que el discurso no cambia la realidad y menos aún cuando encontramos que las medidas que se toman en lugar de reforzar lo pedagógico va a negarlo. Con la excusa de la renovación del conocimiento se avanza en una reforma que licúa cada vez un poco más los contenidos que se enseñan y aprenden en el aula reemplazándolos por proyectos y habilidades. Como si ello no fuera suficiente se dice que se evalúa, pero el proceso ha perdido cualquier tipo de parámetro objetivo. A poco de hurgar, la calificación no importa solo el progreso, la pericia del docente se trastoca por la del “tribunal colegiado”, se impone la lógica de dos materias por una, en los hechos ir o no a la escuela será intrascendente (aunque se amenace que se tendrá en cuenta para aprobar materias) y se arbitran medios para que las y los estudiantes rindan materias libres o promuevan automáticamente de año en año.

Esta escuela no producirá ninguna calificación real. Se trata, en última instancia, de una escuela para una realidad igual de degradada: esa que tiene al 40%, por lo menos, de la población en condiciones de pobreza, a siete de cada diez infancias en el mismo rango, que condena a millones al desempleo y a una vida sin rumbo. Ese escenario y la gestión de la miseria se impone de un lado y otro de la grieta. Se trata de saltarla y construir la educación para el 2050.

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