Salud: El Estado es responsable del crimen social en el Gandulfo

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La muerte por coronavirus de María Esther Ledesma, enfermera de pediatría del  Hospital Gandulfo, volvió a colocar sobre la mesa la crisis del sistema sanitario. Primero, porque el Sistema Único Provincial de Administración de Personal (SIAPE), el portal de recursos humanos de la gobernación de Buenos Aires, negó a María Esther la licencia que debería haberse tomado por encontrarse dentro de un grupo de riesgo. Su madre también falleció y su hijo se encuentra internado. Segundo, porque el hecho les da la razón a los trabajadores de la salud que en la última semana intensificaron sus reclamos, frente a un Estado cuyas medidas no resuelven los problemas. Tercero, porque el Estado no se preparó para esta pandemia: el propio Ministro se vio sorprendido por la llegada del Coronavirus. Así, mientras el Gandulfo es hoy uno de los tantos hospitales desabastecidos y con problemas de infraestructura en el país, Ginés y compañía se dedicaron a apuntar contra los mismos trabajadores por los contagios. Por eso, no dudamos en calificar este hecho como un crimen social del capitalismo y que advertimos que puede no ser el último en el marco de esta pandemia. Kiccilof, Gollan, Ginés, Fernández y todo el Estado son responsables de este crimen social.

Un sistema sanitario en crisis

Tras décadas de fragmentación, desfinanciamiento y precarización, la burguesía nos deja un sistema que no puede dar abasto ante el crecimiento en los casos de coronavirus. El gobierno, luego de culpar al personal de salud por los contagios “horizontales”, recién tomó definiciones hace dos semanas sobre la prevención, sin dar aún paso preciso alguno. Al no prepararse el gobierno para la pandemia, en la mayor parte del país los trabajadores no tienen insumos de calidad ni capacitaciones adecuadas. Los insumos deben ser adquiridos en un mercado con precios elevados. El gobierno no previó siquiera la reconversión de industrias para ponerlas al servicio de la producción de insumos para la pandemia. Varios trabajadores deben entonces costearlos de su bolsillo o apelar a la solidaridad comunitaria. Tampoco hay una infraestructura adecuada para atender al problema.

En varios hospitales, la norma es la falta de personal. El caso de María Esther así lo grafica. Un sistema que niega licencias, en particular, porque carece de una política para completar los huecos provocados por la falta de trabajadores. Los trabajadores atienden exhaustos en diferentes lugares, porque el salario es insuficiente y requieren más de un empleo. El bono –unos míseros 20 mil pesos a pagar en cuotas durante el lapso de cuatro meses- no fue todavía abonado en varios distritos. En un sector clave como éste, los trabajadores de la salud se encuentran con un atraso salarial importante. Incluso, buena parte del personal está precarizado bajo diferentes modalidades: contratos, monotributos, etc. Residentes y concurrentes son de las capas más explotadas y sus reclamos apenas son atendidos. En CABA, enfermería sigue reclamando el pase a carrera profesional.

Los trabajadores de la salud van a la lucha

La crisis, sin embargo, encuentra a los trabajadores en acción. La semana pasada se produjeron caravanas, ruidazos y movilizaciones que agruparon los numerosos reclamos del sector, que implican a la vez un reclamo común con el conjunto de la clase obrera por un sistema sanitario a la altura de las circunstancias. La situación de los médicos cordobeses perseguidos por los contagios –política en común con el Gobierno Nacional y en todos los gobiernos provinciales- marcó el punto de partida de múltiples caravanas que se replicaron en buena parte del país. Así, los trabajadores de la salud salieron a las calles, en Obelisco y varios puntos del Gran Buenos Aires, Chaco –los tres espacios con mayor cantidad de contagiados-, Tucumán, Mendoza y Santiago del Estero –donde la policía impidió el avance de la caravana-. En los últimos días, hubo caravanas en Jujuy, La Rioja y en Chubut. En el último caso, estuvo en discusión el pago de los salarios, como resultado del ajuste brutal que viene imponiendo Arcioni en el último tiempo. La renuncia de los directores de los hospitales, la retención de tareas y varias marchas obligó al gobierno de Arcioni a volver sobre sus pasos y pagar los salarios. El miércoles 10, los trabajadores vuelven a las calles en una jornada de lucha en los hospitales y en las calles, con epicentro en Obelisco. Se trata de una acción que hay que profundizar por cada uno de los siguientes puntos:

-Repudiamos el crimen social de María Esther Ledesma. Kiccilof, Ginés, Fernández y el Estado son responsables

-Licencias para todo el personal de riesgo.

-Por una política para cubrir el faltante de personal y más capacitaciones

-Insumos y EPP en cantidad y calidad

-Pago inmediato y aumento del bono para todos los trabajadores de los hospitales

-Reapertura de las paritarias y una recomposición del salario

-Pase a planta permanente de todo personal precarizado

-Por un sistema de salud centralizado y bajo control de los trabajadores para hacer frente a la pandemia.

Corriente Clasista Goyo Flores

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