Estamos ante un nuevo ciclo en América Latina. Asistimos al fin de los gobiernos “progresistas” y observamos un quiebre de la relación entre clase obrera y el régimen político burgués. No se trata de una lucha contra el “neoliberalismo”, como dicen los K y la izquierda, sino una crisis política general.
El ciclo está marcado por la caída de las commodities. Para decirlo sencillamente, el precio de las exportaciones de materias primas (ya sea del campo o de la minería). Eso llevó al ajuste por parte de los gobiernos bonapartistas, que se vio en aumento de precios, recortes, bajas salariales, reforma laboral y jubilatoria. El caso de Ecuador lo muestra. El ajuste había arrancado con Correa, con un 61% de la población que se repartía entre desempleados y subocupados. El ex presidente había retirado su aporte del 40% al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, algo que luego fue declarado anticonstitucional por la Justicia.
Correa también recortó el gasto social. Sancionó el Decreto 016 –luego anulado por Moreno- que aumentaba el control sobre las organizaciones sociales. Moreno, presidente que lo sucedió, avanzó con la reducción de salarios, subas de impuestos, reforma laboral y nuevas formas de contratos precarios. Busca achicar el déficit fiscal, que ronda el 3% del PBI, mientras cae el precio del petróleo. Además, la economía ecuatoriana está dolarizada, por lo que el gobierno no puede emitir dinero o devaluar. Solo le queda el recorte y la baja salarial. Por esta crisis, Moreno acordó un préstamo con el FMI por 4.200 millones de dólares a desembolsar en 3 años.
En este escenario, la quita del subsidio y la liberación de los precios del combustible, que subió en un 135%, provocaron un paro de transportistas (cooperativistas y taxistas), con barricadas y movilizaciones en las que participaron otros gremios y estudiantes. Todo terminó en un paro total, que fue respondido por un estado de excepción. El paro fue luego acompañado de una movilización de la Confederación Nacional de Indígenas de Ecuador (CONAIE), una organización social muy poderosa de programa reformista, que nuclea población desocupada, obreros rurales, “cuentapropistas” y obreros de todo tipo.
En Chile, mientras tanto, está en cuestión el sistema democrático pinochetista. El ajuste de tarifas de transporte llevó a una movilización con características insurreccionales, rompiendo con la institucionalidad. Pese al Estado de emergencia y la represión, consiguió un primer triunfo: el retroceso en las medidas y el anuncio de una agenda Social (con reforma en el sistema de jubilaciones, mejoras en salud, aumentos de ingreso mínimo, reducción de tarifas eléctricas). Con todo, al día de hoy los enfrentamientos siguen en pie, sumando 22 muertos.
¿Quiénes protagonizan los hechos? Estudiantes, pero también la clase obrera más empobrecida, que vive en los suburbios y que viene soportando pésimas condiciones de vida. Al mal servicio público de salud y al costoso sistema de transporte se suman los bajos salarios y pensiones, el alto nivel de informalidad laboral (30%) y la pobreza encubierta (27%). Por eso, también impulsaron consignas sobre el sistema de pensiones y el mejoramiento de servicios públicos como salud y educación. Mientras tanto, los partidos burgueses de la oposición y sindicatos llaman al diálogo, a la defensa de la “democracia” y a una Asamblea Constituyente. Para nosotros, no se trata de “defender la democracia”, sino de profundizar la ruptura de la clase obrera con ella. Una Constituyente solo sirve para recomponer el poder del Estado. En toda América Latina, es necesario que los obreros demos un paso al frente, construyendo espacios de poder nuestros y discutamos una perspectiva general de gobierno sobre el conjunto de la sociedad. Por eso, es necesario convocar a Asambleas Nacionales de trabajadores en todos los países. Por su parte, hace falta una organización regional real de la izquierda revolucionaria que plantee una salida socialista: un Congreso de la Izquierda en toda América Latina. Esa es la tarea que tenemos por delante.
