Por María Paz López
Desde el 16 de marzo la educación asumió una nueva modalidad, a partir de la necesidad de aislamiento en el contexto de pandemia. A los problemas previos se sumaron las dificultades de la virtualidad porque el virus no llegó a un sistema educativo sano, sino a uno en crisis, desde hace décadas. En esta nota, veremos cómo se llevó adelante la continuidad pedagógica virtual en la Provincia de Buenos Aires, qué viejos problemas se patean para adelante y qué salida necesitamos. Hagamos primero un repaso por el flamante gobierno bonaerense.
El niño mimado de Baradel: un recorrido por la gestión de Axel
En menos de un año, Kicillof y su Ministra de Educación, Agustina Vila, ya cuentan con una larga lista de medidas contra los docentes y la educación. En febrero, lograron cerrar una paritaria que llevó el salario testigo, de marzo, a $ 29.000 y el de junio a $ 31.058. Se trató de un aumento, a pagar en dos cuotas, del 16,66 % respecto del salario de diciembre del 2019. A eso se sumaron cuatro sumas fijas de $ 1.210 pesos en marzo, abril, mayo y junio, que pagó Nación vía FONID. Es decir, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) aceptó que un docente que recién se inicia cobre menos de la mitad de la canasta familiar que, por ese entonces, estaba por encima de los $63.000, según la medición de ATE-INDEC. Ni siquiera pelearon por la cláusula gatillo que los años anteriores se le exigía a Vidal. Justificaron el acuerdo diciendo que era el mejor posible y que en julio, se iría por más. No es de extrañar este accionar de la burocracia, pero tome nota compañero, porque hoy, luego de tres meses después nuestros salarios siguen congelados. Recordemos, además, que frente al reclamo salarial iniciado por la policía bonaerense Baradel sostuvo que era un intento desestabilizador. Ya sabemos qué esperar entonces. Por eso, nosotros, desde mayo que insistimos en la necesidad de la reapertura de paritarias y el pago de un bono que contemple los gastos adicionales que tuvimos por la virtualidad. Sin embargo, la única respuesta oficial fue un “premio” del Ministerio Nacional para todos los docentes de $ 4.840 en cuatro cuotas iguales “por nuestro trabajo durante la pandemia”. Con eso puede pagar un mes y medio de internet. A la lista se suma el pago del aguinaldo en cuotas, a partir de cierto tope, tal como ocurrió, a nivel nacional, en Córdoba, Mendoza y Caba, entre otras.
Como si esto fuera poco, aún persiste el problema de los docentes precarizados, subocupados o sencillamente todos los que necesitan sobreexplotarse con hasta tres cargos para llegar a fin de mes. La suspensión de los actos públicos a los que todos los docentes vamos esperanzados (o desesperados) a tomar horas, coincidieron con el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Por tanto, un problema estructural, que tiene que ver con nuestras condiciones, no pudo ser resuelto por la vía cotidiana frente a la suspensión de los actos. La salida de Kicillof fue crear el Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares, PIEDAS, que analizamos aquí. Se trató de una medida restrictiva y miserable para que los compañeros desarrollaran tareas “ininterrumpibles”: entrega de mercadería, es decir, contener la crisis social por la vía alimentaria, a cambio de miserables 16.000 pesos. El gobierno postergó así la resolución de los actos públicos ahorrado salarios de suplentes y provisionales. De hecho, los actos públicos virtuales tardaron seis meses en llegar, con más déficits que soluciones.
La política de contención al menor costo afecta también, claro está, a las familias de nuestros alumnos. Según datos del INDEC, la pobreza en el Gran Buenos Aires supera el 40,5%, otros indicadores hablan del 50% y UNICEF proyecta, para fin de año, 60% para todo el país. A toda esta fracción de la clase obrera que vive del cartoneo, de changas, o subsiste por el subsidio estatal, se la puso al borde del precipicio desde el inicio de la pandemia. En lugar de pagarles un subsidio equivalente a la canasta familiar real para que puedan ponerse al resguardo, se trató de contenerlas a costa de su salud. El gobierno de Kicillof implementó el Programa de Asistencia Alimentaria, por el cual, las escuelas que tuvieran servicio alimentario escolar (SAE) entregarían cada 15 días el equivalente a 750 pesos de mercadería. Así, las familias se deben desplazar, hacer colas, esperar varias horas. Docentes, auxiliares y directivos deben preparar la escuela y las bolsas. Todos se exponen y, por eso, desde el principio, denunciamos lo canalla de una medida que. Claramente que para esas familias que hacen las colas la necesidad prima, pero dijimos más arriba hay una solución racional más sencilla.
El colmo de la gestión es el funcionamiento de la obra social de los docentes en plena pandemia. IOMA no responde a las necesidades de los afiliados desde hace años. A la fecha, su director Homero Giles, tiene en su haber 10 muertes de pacientes que esperaban medicamentos y un sinfín de denuncias públicas y judiciales por retraso en las entregas de medicamentos, insumos, autorización de intervenciones urgentes, etc. Sin embargo, la prioridad del gobernador Kicillof junto a su Ministro de Salud Daniel Gollán, fue subvencionar al sistema privado. El Programa de Sustentabilidad del Sistema Sanatorial giró a ese sector 400 millones de pesos mensuales mientras dure la pandemia para que 190 establecimientos de salud no quiebren a cambio, en teoría de 1.500 camas de alta complejidad para el sistema de salud.
Como habrá visto, la lista de las medidas del gobernador Kicillof en educación van desde el congelamiento salarial, que, en realidad, frente a la inflación es rebaja salarial, hasta el uso de la obra social de los docentes para subsidiar privadas. Nada de esto sería posible sin la burocracia que lo llamó a votar y que lo respalda y que, más temprano que tarde, nos tildará de golpistas si salimos a reclamar por nuestros salarios. Por supuesto que tampoco sería posible con un sindicalismo que le muestre al conjunto de los trabajadores un horizonte por el que luchar y un plan para hacerlo. Ese es el guante que debe levantar la Multicolor pero, lamentablemente, parece estar lejos de hacerlo. Sigamos.
El conéctese quien pueda
La continuidad pedagógica virtual destapó una realidad que el relato de la inclusión siempre quiso tapar. Gran parte de las familias de nuestros alumnos no cuentan con las pericias culturales ni los recursos técnicos para acompañar la escolaridad de sus hijos. Está situación fue analizada a las luz de los datos nacionales en esta nota. Veamos ahora de dónde partimos en la provincia de Buenos Aires. El primer problema es el del dispositivo. Es decir, docentes y alumnos ¿cuentan con netbooks, tablets o celulares propios? Según los resultados de la “Encuesta provincial de trabajo docente en contexto de aislamiento” presentados por SUTEBA el 25 de junio, el 43,5% de los docentes encuestados no cuenta con una computadora para uso exclusivo. Lo más probable es que, además, la comparta con sus propios hijos con tareas de educación remota. En ese cuadro, una porción tal vez hay aptado por endeudarse y comprar su propia herramienta de trabajo. Pero lo cierto, es que no tenemos un cuadro global. Esto se podría resolver fácilmente haciendo que los docentes completen esa información por ejemplo en la página del Abc. Ese dato obligaría al gobierno a tener que mirar el problema y resolver. Como no están dispuestos a poner un peso, no interesa saber. De hecho, en la provincia no se tomó ninguna medida para garantizar las herramientas de trabajo y, a nivel nacional, solo se impulsó el Programa PC Docentes, una forma de financiamiento para que seamos nosotros quienes paguemos las computadoras.
Veamos qué pasa con nuestros alumnos. Los números varían según las encuestas y qué se tome en cuenta, pero en algo coinciden: ninguno es alentador. Según el INDEC, en el último cuatrimestre del 2019, en el Gran Buenos Aires, el 43,9% de los alumnos no tenía una computadora, el 18,9% no tenía internet y el 16,3% no tenía ni celular. Desde la Dirección General de Cultura y Educación (DGCYE), por su parte, señalan que sería de, apenas, 4,9 el porcentaje de los alumnos de inicial, primaria y secundaria sin acceso a internet. Se trataría de 230.000 chicos y chicas sobre un total de más de 5millones. Un número mucho más abultado que el declarado por Larreta y sus 6.500 o 10.000. Para unos y otros, vale lo mismo: “tener acceso a internet” puede significar que en algún momento del día se cuenta con algún tipo de conexión. Por tanto, la brecha digital se amplía si consideramos que, de los que sí tienen, no se sabe si se trata de internet móvil o fija. Tengamos en cuenta además que para llevar adelante actividades sincrónicas es necesario una computadora por alumno y banda ancha de más de 20 Mbps. Es decir, la necesaria clase por Zoom, por Meet o por Jitsi, no está garantizada. Estos números nos grafican eso que vemos todo el tiempo: una parte de nuestros alumnos nos escriben mensajes por WhatsApp en el horario en que pueden hacerse con un dispositivo para enviar las tareas y que en las clases virtuales están ausentes. Son esos mensajes que nos dicen “profe, no me pude conectar porque mi mamá no había llegado del trabajo” o “profe, me quedé sin datos”, “profe en mi casa usan la compu para trabajar”.
Por eso, hay que tomar con pinzas el otro dato que difunde la DGCYE: que los directores de la provincia estuvieron en contacto con el 90 por ciento de los alumnos. Como dijimos en otra nota, estar en contacto no implica que la continuidad pedagógica sea real. Piense en todos sus alumnos. Vea con cuántos tuvo algún tipo de contacto que pueden ser un mensaje de texto o un mail para avisarle que en algún momento va a mandar la tarea. En realidad, se trata de desertores a los que conocemos y tenemos sus mails y teléfonos. Para el gobierno son números que dan mal y lo soluciona mirando para otro lado o, peor, aduciendo que existe vínculo. ¿Qué hizo el gobierno? Poco y nada. Liberó la navegación en ciertos portales y recién el 21 de agosto anunció un congelamiento de tarifas del servicio de telefonía e internet hasta fin de año. O sea, ninguna solución para los que no tienen conectividad y una supuesta promesa de no aumento de tarifas.
Cuadernillos y nada más para los desconectados
Una vez declarado el aislamiento, la DGCYE presentó la plataforma Continuemos Estudiando, en consonancia con el programa nacional de contenidos, Sigamos aprendiendo. Se trata de la versión bonaerense del ELE chaqueño, de Chubut Educa, de Jujuy Aprende en Casa, de la Plataforma Guacurarí misionera, del Aprender entrerriano o del Seguimos aprendiendo en casa santafesino, por mencionar algunos ejemplos. Continuemos Estudiando, entonces, cuenta con materiales y propuestas de actividades para “acompañar el proceso hasta el regreso a la escuela”. La navegación de la plataforma y la descarga de los cuadernillos no consume datos del plan de conectividad, claro hay que tener conectividad y un dispositivo antes. Los contenidos están organizados según los tres niveles (inicial, primario y secundario) y las siguientes modalidades: técnica y agraria, adultos y contexto de encierro. Cada uno consta de seis entregas y también se publicaron cuadernillos específicos para la semana de la ESI. Los cuadernillos, que están subidos a las páginas, también se repartieron en formato impreso en las escuelas para quienes no cuenten con conectividad. En la primera entrega se repartieron 648.000 cuadernillos de matemática y prácticas del lenguaje. Para principios de septiembre ya se habían distribuido más de 9 millones de copias de los 270 cuadernillos disponibles en la aplicación.
Hay que señalar que esa distribución significa que llegaron a las escuelas, que tal vez las familias los retiraron cuando fueron a buscar la mercadería, o que tal vez están ocupando un lugar en algún armario de algún aula. Es decir, no existe una medición de su efectivo uso. En este punto debemos considerar un aspecto que mencionamos al pasar más arriba. La educación remota requiere de familias que puedan acompañar el proceso. Si esto sucede con alumnos conectados es más necesario con alumnos desconectados de sus docentes. Pero los resultados de las pruebas Aprender 2016 indican que más del 40% de los estudiantes que asisten al sector estatal tienen padres cuyo máximo nivel educativo corresponde a secundaria incompleta o menos y, para el nivel primario, la cifra trepa a casi el 45%. Esas madres-padres tienen casi el mismo nivel educativo que sus hijos, por eso, esas familias difícilmente puedan apuntalar el proceso escolar remoto. Muchas de ellas fueron educadas bajo el kirchnerismo y el boom de la inclusión educativa. Es necesario señalar este punto para romper el mito de que el único causante de los problemas de la educación argentina es el macrismo. El problema de fondo que arrastramos, la falta de pericias elementales de nuestros alumnos y de las familias, es de larga data.
A la limitación educativa debemos sumar los problemas materiales de esas familias. Ya dijimos que la pobreza en algunas zonas de la provincia supera el 40% o 50%. En la provincia de Buenos Aires se encuentra la mayor cantidad de asentamientos del país, alrededor de 1.600 según el relevamiento realizado por RENABAP en 2016. En ellos, el agua corriente, la red cloacal, la energía eléctrica y el gas natural brillan por su ausencia en más del 90% de los hogares. En relación a la vivienda, según un informe de la UCA, en el 2015/16, el 16% de la población del Conurbano Bonaerense residía en hogares en condiciones de hacinamiento, el 17% vive en viviendas no adecuadas por sus condiciones materiales y 1 de cada 4 personas reside en zonas cercanas a basurales. Estos datos no se forjaron solamente en los años del macrismo. Usted podrá decir que Kicillof recién asume, pero le recordamos que es parte del personal político que gobernó la provincia desde 1987 a esta parte con la única excepción de Vidal. Le recordamos además cuál fue la salida para Villa Azul, el barrio del Conurbano que fue foco de contagios durante el mes de mayo: el apartheid.
El esfuerzo siempre de los mismos
Como vimos hasta acá, pese al discurso, toda la crisis y los costos de la pandemia recayeron en la clase obrera. En lo que refiere al trabajo docente, además de salarios ajustados presenciamos un incremento exponencial de la jornada de trabajo durante la pandemia. Tuvimos que agregar horas de trabajo no pagas para el armado de powerpoints, buscar videos, aprender a usar herramientas que nunca habíamos utilizado. Además, pensar diferentes estrategias para llegar a los alumnos: los conectados, los itinerantes y para atraer a los desconectados. También, el seguimiento que requiere la continuidad virtual por alumno aumentó la jornada. Esto se ve reflejado en los resultados de la encuesta de Suteba en contexto de aislamiento, que mencionamos arriba. Por ejemplo, el 57,3% de los docentes encuestados aumentó la carga de su trabajo en seis horas semanales, el 20.9 % entre 6 y 4 horas semanales, y el 13,1% hasta cuatro horas semanales. Es decir, más del 90 % trabaja más. Uno podría preguntarse porqué nadie más que a nosotros, los docentes de la Corriente Nacional Conti-Santoro, se nos ocurrió lo básico desde abril: la creación de más cargos y el desdoblamiento de grupos para cumplir con todas las nuevas tareas que demanda la virtualidad incorporando a los docentes precarizados, desocupados o subocupados, más aún cuando la misma burocracia tiene la realidad al alcance de sus manos. La respuesta es simple. Su tarea es garantizar la gobernabilidad de Kicillof, no luchar por los intereses de la clase obrera. Nuestra conclusión es clara: hacen falta docentes, personal técnico y para equipos de orientación escolar para el seguimiento de los alumnos, para ver en qué condiciones están esas familias, etc. Todos deben tener continuidad para cumplir con la tarea que se viene: recuperar para la escuela el tendal de desertores que va a seguir dejando la crisis.
La presión de la pandemia se suma a un problema crónico de la docencia: el multiempleo escolar. Una vez más, el SUTEBA releva la información para no hacer nada con ella. Según su encuesta, el 22, 4 % de los docentes trabaja en más de 3 escuelas, el 34,6% trabaja en tres escuelas. El 44.5% tiene grupo de más de 30 alumnos y el 30% de entre 25 y 30. Además, solo el 10,1% de los docentes tiene hasta 24 alumnos en total, mientras que el 50 % tienen entre 50 y 500 alumnos. La nueva realidad virtual hace que sea imposible hacer el seguimiento de más de 20 alumnos. La pandemia revela la sobrexplotación docente y la profundiza.
Patriarcado con lenguaje inclusivo
Los relevamientos a nivel nacional llevados adelante por Argentinos por la Educación revelan que 9 de cada 10 adultos que desarrollan la tarea de acompañamiento en la continuidad pedagógica virtual, son mujeres. Si tenemos en cuenta además que 8 de cada 10 docentes somos mujeres, podemos concluir, como hace el relevamiento, que la educación remota es sostenida por las mujeres. El 74% de esas mujeres debe combinar el cuidado de niños con el de adultos mayores. Es llamativo que el gobierno bonaerense con un gabinete tan colmado de mujeres que se dicen feministas no haya tomado cartas en el asunto. Ya vimos cómo, tanto en campaña como desde que asumió, Kicillof, levanta el uso del lenguaje inclusivo como una forma de “visibilizar a todas las personas”. Incluso puso en marcha, junto a la Ministra Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, una guía de lenguaje inclusivo para toda la administración pública bonaerense. He aquí un ejemplo de cómo el lenguaje no cambia nada. El inclusivo Kicillof no generó ningún recurso para paliar la situación de nosotras, las docentes mujeres que estamos sobrecargadas de trabajo. Ya ni hablemos de equipos de orientación escolar para atender la violencia intrafamiliar, los abusos, la violencia doméstica. El patriarcado se camufla de varias formas para sobrevivir.
Nuestra propuesta
Es cierto que estamos posiblemente en el peor año de la educación argentina. También es cierto que la culpa de esto no la tiene el virus, sino que está actuando en un organismo con una enfermedad preexistente. Nadie se negaría a pensar salidas excepcionales en un momento excepcional pero el problema es que las salidas que propone el gobierno contribuyen al genocidio educativo. La burocracia es el personal que apoya a este gobierno y por tanto “exigirle” o esperar que haga algo no tiene sentido. Existe un sector que se debe poner al frente de la exigencia de todo lo que necesitamos. Se trata de la Multicolor. Sin embargo, por preservar los lugares conquistados y por no querer avanzar en un programa obrero, no logra salir de ser la izquierda de Baradel.
Los docentes de la Corriente Nacional Docente Conti-Santoro tenemos propuestas para llevar adelante aquí y ahora. Como vimos a lo largo de la nota, primero, exigimos lo básico: wifi y notebooks. Para los trabajadores, la educación es un elemento fundamental, no podemos resignarnos a perder un año o lo que dure la pandemia porque nos dicen que no hay plata. Ya hemos planteado una alternativa a nivel nacional: que se pongan en producción las notebooks necesarias en la industria informática en Tierra del Fuego para abastecer a alumnos y docentes. Por otro lado, las empresas de telecomunicaciones viven a costillas nuestra, es hora de que se les exija, de la liberación de la conexión en los hogares que se necesita. Si el DNU solo sirve para congelar tarifas, no sirve para nada. Esto es un primer paso inmediato camino a la centralización y estatización de las telecomunicaciones.
Una vez que conseguimos lo básico, hay que salir del cómodo lugar del “acompañamiento”. Los docentes defendemos la educación de la clase obrera y es hora de mostrar que podemos darle un horizonte. Hacen falta diagnósticos de grupos, examinar las pericias reales de nuestros alumnos, seleccionar contenidos y mostrar que si la política educativa estuviera en nuestras manos obtendríamos otros resultados. Es hora de tomar en nuestras manos la batalla cultural.
Por otro lado, nadie debe exponerse hasta que hayamos atravesado el peligro. Para eso, las familias deben recibir un subsidio que les permita vivir en condiciones dignas y al resguardo. Además, se deben crear todos los cargos necesarios para cubrir la división de los grupos y poner un tope de alumnos y horas trabajadas por docentes. Se deben crear también más cargos de EOEs que sigan los problemas de las familias y de personal que lleven adelante el soporte técnico. Para esto, los actos públicos deben ser regulares, eficientes, transparentes. En paralelo debemos plantearnos por otro tipo de carrera docente, donde los primeros años no sean una odisea y una incertidumbre y donde no tengamos que trabajar tres turnos para vivir. Esa lucha es inseparable de la salarial. Nuestro horizonte debe ser un salario inicial igual a dos canastas básicas totales.
Debemos exigir también un seguimiento de las compañeras que viven situaciones de violencia y un soporte material y psicológico que las sostenga para atravesar la situación. También debe existir ese seguimiento y soporte para las compañeras que tienen al cuidado adultos mayores y niños, para que puedan reducir su jornada laboral en paralelo al trabajo sobre la conciencia para repartir esas tareas con los varones.
La burguesía apoyada en la burocracia nos quiere convencer de que exigir todo esto es una locura. Que somos pretenciosos, nos dicen. Y sí lo somos porque pretendemos una vida que merezca la pena ser vivida y una educación que permita emanciparnos de conjunto. No estamos dispuestos a que la burguesía ahorre en la educación de nuestros hijos y alumnos. Queremos una educación para toda la clase obrera, que sea feminista, científica, laica y socialista. Vení a luchar con nosotros.
