¿Qué es lo que se viene en materia de asistencia social? Se viene un aumento del gasto social en plena campaña electoral, sí, pero a la vez, la continuidad de la degradación de las condiciones de vida. Porque dichos aumentos no serán suficientes para revertir tendencias que llevan décadas. Son varios años de ajuste y empobrecimiento.
Nicolás Villanova
OES-CEICS
En plena campaña electoral, el Frente De Todos promete aumentos, bonos extraordinarios, planes sociales, bolsones de comida y otros subsidios a los desocupados. Luego del ajuste fiscal de los primeros seis meses, ahora parece que destinará enormes partidas y erogaciones asistenciales de cara a las elecciones. El panorama parece bastante obvio: se vienen las elecciones, el gobierno tiene muchas posibilidades de perder y pone plata en la calle para mejorar su intención de voto. ¿Y la pobreza? ¿Y la miseria? Bien gracias. El objetivo es político, ni social, ni económico. Aquí analizamos el ajuste, las promesas y lo que se viene en materia de gasto en asistencia social a la población más abiertamente sobrante.
A la derecha de Espert
El gobierno avanzó con un ajuste fiscal tremendo desde inicios del año 2021. Según información de la Oficina de Presupuesto del Congreso, los gastos acumulados al mes de mayo en materia de “prestaciones sociales” se habían reducido en términos reales un 15,3% comparado con igual período del 2020. El informe del mes de mayo muestra que el gasto en jubilaciones y pensiones también se redujo entre un año y otro (-10%), debido a que las actualizaciones de los haberes por la fórmula de movilidad impulsada por el Frente De Todos estuvieron por debajo de la inflación. Mientras que la reactualización por movilidad fue del 29,4%, la inflación interanual rondó el 49%. Como ya lo dijimos en otros artículos, el nuevo régimen de actualización de las prestaciones previsionales, al no indexarse por la inflación, pronosticaba un ajuste brutal contra los jubilados.
Por su parte, los “programas sociales” sufrieron un tijeretazo aún mayor: el gasto se redujo un 41,5% en mayo de este año comparado con el mismo mes durante el 2020, debido a la eliminación del IFE y del ATP. El ajuste se completa con la rebaja real de los salarios de los obreros estatales (-7,9%) y la reducción de transferencias corrientes a las provincias del estado nacional, específicamente en el gasto para Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (-64,7%). En síntesis, en el peor momento de la pandemia, con la mayor cantidad de muertes y contagios, el gobierno de Alberto y Cristina lanzó uno de los peores ajustes en materia de gasto social de los últimos años.
Perdiendo la carrera
El ajuste lanzado por el Frente de Todos en los primeros seis meses del año tuvo sus efectos inmediatos. Sin embargo, aquél lleva varios años. La pérdida del poder adquisitivo afecta fundamentalmente a la población más pauperizada que depende de la asistencia estatal. En efecto, los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social y de la ANSES más importantes en términos presupuestarios dirigidos al mundo de los desocupados y los obreros informales son el Potenciar Trabajo (un plan de empleo con contraprestación laboral, que hoy llega a 900 mil personas), la Asignación Universal por Hijo -AUH- (dirigida a 4,3 millones de niños pobres hijos de desocupados y obreros informales) y, desde el 2020, las Tarjetas Alimentarias (que con la última ampliación de este año alcanzarán a unos 3,9 millones de niños, niñas y adolescentes).
Por su parte, a los jubilados por moratorias (obreros que en su vida activa estuvieron empleados “en negro”) y a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) la ANSES les paga el haber mínimo previsional (a mayo de este año era equivalente a $20.571) o incluso montos menores. Por la vía de las pensiones no contributivas, el Estado a través de la ANSES asiste a otras fracciones de desocupados: fundamentalmente, son los pensionados por invalidez (1,1 millones de personas que al mes de mayo de 2021 percibían un haber de $14.652) y madres de 7 o más hijos (más de 300 mil beneficiarias que cobran un haber de $20.859), entre otros. Con estos programas el Estado “completa” tan sólo una parte de su tarea asistencial al mundo de la población más abiertamente sobrante para el capital.
De todos estos programas, el Potenciar Trabajo es el que mayor deterioro tuvo en cuanto a pérdida de su capacidad adquisitiva. Desde enero de 2010, a poco de su lanzamiento y por aquél entonces denominado “Argentina Trabaja”, hasta mayo de este año, el plan redujo su poder de compra en un 64%. Aún con el lanzamiento de bonos extraordinarios y esporádicos por parte de todos los gobiernos, la pérdida del poder adquisitivo no cambió sustantivamente y mantuvo su curso descendente. Durante el gobierno de Cristina, entre 2010 y 2015, el poder adquisitivo del plan “Argentina Trabaja” se redujo un 52%; durante el macrismo, potenció su caída en un 13%. Ahora, bajo la presidencia de Alberto y en plena pandemia, el ingreso real por persona disminuyó otro 12,5%.
Incluso, la degradación monetaria del plan quedó formalizada con la ley de emergencia social sancionada por el macrismo en 2016, y avalada por la CTEP, Barrios de Pie y la CCC, entre otras organizaciones sociales. Allí se pactó el monto a cobrar por el programa social por un valor equivalente a la mitad del salario mínimo, vital y móvil. Es decir, una miseria. Los dirigentes de aquellas organizaciones que formalizaron ese ajuste en conjunto con el gobierno macrista son los mismos que hoy ocupan funciones y puestos en el Ministerio de Desarrollo Social, y quienes a lo largo del primer semestre de 2021 mantuvieron el ajuste e impidieron aumentos en los montos de los planes y programas sociales. Se trata de Emilio Pérsico (referente del Movimiento Evita a cargo de la Secretaría de Economía Social), el Chino Navarro (también del Movimiento Evita y con despacho en Balcarce 50), Daniel Menéndez (de Barrios de Pie, a cargo de la subsecretaría de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Social), Rafael Klejzer (del Movimiento Popular La Dignidad, director de la secretaría de Economía Social), entre otros.
Por su parte, el monto del haber mínimo también se encuentra en picada. Mientras que el macrismo lo redujo durante su mandato en un 12% en términos reales, en lo que va del gobierno del Frente de Todos, el haber previsional disminuyó un 11,6% su capacidad de compra. Algo parecido ocurre con la AUH: entre 2010 y 2015 apenas incrementó su poder de compra en un 2,2%; luego, bajo el macrismo, el monto de la asignación se redujo un 12% en términos reales; y, ahora, en plena pandemia, el subsidio a los niños escolarizados mermó su poder adquisitivo en un 11,6% (ver gráfico). Algunos de estos beneficios tuvieron bonos extraordinarios que sólo se pagaron en algunos meses de manera aislada y eventual y que de ningún modo lograron revertir las tendencias previas de la degradación de la población.
Para poner en contexto estos montos monetarios podemos compararlos con las canastas de indigencia y de pobreza las cuales, como ya sabemos, constituyen un umbral de condiciones de vida miserable y paupérrima. Al comparar el ingreso de un beneficio de la AUH con la canasta alimentaria que requiere una sola persona para no ser considerada como indigente por el INDEC observamos que apenas alcanza a cubrir, en promedio para el año 2020, un 53%; mientras que, en lo que va del 2021 (hasta el mes de mayo) la asignación cubría apenas un 47% de la canasta alimentaria per cápita, promedio. Esto quiere decir que con la plata que el Estado paga por un beneficio de la AUH no alcanza ni siquiera para comprar los alimentos mínimos e indispensables requeridos para no ser considerado un indigente, según los estándares del propio INDEC. Por su parte, al comparar el monto de un plan Potenciar Trabajo con la canasta de pobreza para una sola persona (la cual incluye otros gastos además de los alimentos como por ejemplo vestimenta, servicios públicos, entre otros), observamos que el programa dirigido a los desocupados apenas cubría en 2020 un equivalente al 60% de la canasta de pobreza per cápita, mientras que en lo que va de 2021 cubrió tan sólo un 57%.
En pleno ajuste fiscal de los primeros meses del 2021, el gobierno lanzó algunas medidas muy limitadas que no lograron revertir la pobreza. En los tres primeros meses del año se amplió la cantidad de cupos de beneficiarios del Potenciar Trabajo a razón de 42 mil altas por mes, promedio, llevando la cantidad total de unos 761 mil en diciembre de 2020 a unos 887 mil en marzo de este año. Sin embargo, no hubo aumentos sustantivos del monto, o los hubo por debajo del incremento de los precios, entre los meses de diciembre del 2020 y mayo de 2021. A su vez, durante el mes de mayo de este año el Ministerio de Desarrollo Social amplió la edad de 6 a 14 años de los beneficiarios del programa Tarjeta Alimentar, razón por la cual se incrementó la cantidad de perceptores a casi 4 millones de niños, niñas y adolescentes. Por su parte, la ANSES pagó en abril y mayo un bono extra de 1.500 pesos a los perceptores de pensiones no contributivas. Pero, ninguna de estas medidas logró frenar el descontento de la población, toda vez que las manifestaciones de los desocupados proliferaron durante estos meses. El hambre y la desocupación se agudizan.
Con toda esta batería de subsidios las condiciones de vida de la población más pauperizada no cambiaron sustantivamente: millones de personas viven en condiciones muy degradadas. Vaya aquí un ejemplo. Aun suponiendo que una familia tipo obtenga la totalidad de estos subsidios se observa que sus condiciones de vida continúan siendo muy precarias: si una familia desocupada obtuviera dos programas Potenciar Trabajo (uno por cada adulto), más dos beneficios AUH por cada uno de sus dos hijos, más la Tarjeta Alimentar, también por sus dos hijos, el resultado sería que durante el año 2020, la conjunción de esos subsidios habrían logrado cubrir un 67% de la línea de pobreza (considerada para una familia tipo); mientras que, en 2021 ese porcentaje de cobertura se redujo a un 63%. Es decir que la asistencia social que ofrece el Estado no alcanza para superar siquiera los ya degradados umbrales de pobreza con el que el INDEC registra el fenómeno.
Hambre hoy y hambre para mañana
Como ocurre en las vísperas de cada elección, el gobierno promete aumentos, mejoras, recomposiciones salariales y bonos extraordinarios. No sólo porque el Frente De Todos busca mejorar su intención de voto, en un momento de crisis política y de una creciente posibilidad de perder las elecciones. También porque la reactivación de las organizaciones sociales de desocupados y su lucha en las calles en plena pandemia presiona para la entrega de planes y subsidios. El desempleo crece y el descontento también. Y el hilo se corta por lo más delgado. Aún cuando hay muchos desocupados contenidos en organizaciones oficialistas, también es cierto que varios de ellos se están yendo a otras organizaciones más combativas. Es decir que hay una presión incluso de las propias bases de las organizaciones afines al régimen. Y el gobierno no quiere perder en esta tregua. Debe poner plata en la calle si no quiere ser derrotado en las elecciones por goleada.
De este modo, el objetivo de incrementar el gasto social es puramente político: al Frente de Todos no le importa la miseria en la que se sumerge la población, sino que lo que quiere es ganar las elecciones. Si todo el presupuesto en materia de asistencia social que se viene no fuera un objetivo puramente electoral no se entiende por qué no se lanzaron estas medidas mucho tiempo antes, puesto que ya desde el 2020 la pobreza superó el 40% de la población y, durante el 2021, se agudizó.
¿Cuáles son esas medidas? Por el momento, el gobierno promete que a partir del mes de julio entraría en vigor el reintegro de dinero a las compras con tarjeta de débito realizadas por jubilados y pensionados perceptores del haber mínimo y titulares de la AUH. Se trata de un reintegro de 1.200 pesos el cual asciende a 2.400 para titulares de la AUH con 2 o más hijos. Durante el mismo mes se lanza un bono extraordinario y por única vez de 6.000 pesos a los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Otro bono extraordinario ya estaría confirmado para jubilados y pensionados durante el mes de agosto.
Por su parte, en el mes de agosto comienza a efectivizarse la Beca EGRESAR, dirigida a jóvenes que adeuden materias de 5° año del secundario. Se trata de un universo de 400 mil estudiantes que ya dejaron de cursar, aunque el plan arrancaría con financiamiento para tan solo el 20%. Con este subsidio, de apenas 5.000 pesos mensuales, el gobierno se asegura, por un lado, una buena imagen de cara a las elecciones; y, por otro lado, que en un contexto de pobreza y desempleo esta población no salga a buscar trabajo y, por efecto, no incremente las estadísticas de la desocupación oficial abierta. Recordemos que, para el INDEC, un desocupado es aquella persona que no tiene trabajo, pero lo busca activamente. Mientras que estos jóvenes no busquen empleo seguirán conformando las filas de la “inactividad”.
Algunos analistas señalan que la expansión del gasto social por estas medidas para el segundo semestre del año sería equivalente a unos 335.000 millones de pesos. A esta expansión del gasto se suman los incrementos por movilidad jubilatoria de todo el sistema previsional (contributivo y no contributivo) durante el mes de septiembre de este año, en conjunto con las prestaciones asistenciales (AUH y AUE) y todo el universo de beneficiarios que depende de la ANSES.
¿Cuál será el impacto real de todo esto? Es difícil saberlo, dado que siempre puede haber modificaciones, mayores erogaciones, bonos extraordinarios o aumentos, hasta que pasen las elecciones. Por ejemplo, hay promesas de incrementar el salario mínimo, vital y móvil, lo que actualizaría los montos del Potenciar Trabajo. Hay “charlas” entre Claudio Lozano y el presidente, Alberto Fernández, para lanzar un “Ingreso Básico Universal” de 8.500 pesos, o sea, una miseria, destinada a desocupados e informales, semejante al IFE, pero con un ingreso aún más bajo. Además, por los pasillos de la casa Rosada se habla de algún subsidio dirigido exclusivamente a los jóvenes pobres y vulnerables, dado que algunas encuestas de opinión estarían indicando que la población de esa franja etaria habría reducido su intención de voto al kirchnerismo.
Por el momento son puras promesas. Lo cierto es que tomando los datos tal cual se presentan ahora, todos los aumentos pautados no revierten las tendencias previas que llevan décadas y décadas de empobrecimiento y miseria de un porcentaje cada vez mayor de la población. Aun suponiendo que una familia tipo perciba en el mes de julio dos beneficios Potenciar Trabajo por cada adulto, sumado al bono de 6.000 por cada titular, más dos beneficios AUH por dos hijos, incluyendo 2 beneficios por Tarjeta Alimentar, el resultado sería que, con la suma de todos esos montos, apenas alcanzarían a cubrir un 82% de la canasta de pobreza (actualizada al mes de julio con las proyecciones de inflación del mes de mayo del BCRA).
Como vemos, las promesas en materia de asistencia social de lo que se viene de cara a los próximos meses no revierten las tendencias previas que llevan varios años. Son décadas de ajuste, de empobrecimiento y de deterioro de las condiciones de vida.
¡Basta de zanahorias!
El gobierno del Frente De Todos ya demostró que no le tiembla el pulso para descargar el ajuste contra la clase obrera. Ya lo hizo en su primer año de mandato, en pleno 2020, con los jubilados a quienes les robó 142 mil millones de pesos por no actualizar sus haberes con la ley de movilidad jubilatoria y en su lugar apeló a los decretos. Lo hace en plena pandemia en un momento en el que el 42% de la población es registrada por el INDEC como pobre y el 10,5%, como indigente. En pleno 2021, en el peor momento de la pandemia, el gobierno eliminó lo poco que había entregado en materia de asistencia social durante el año anterior y profundiza el ajuste contra los desocupados. Nada bueno se puede esperar de este gobierno.
Ahora bien, ¿qué es lo que se viene en materia de asistencia social? Se viene un aumento del gasto social en plena campaña electoral, sí, pero a la vez, la continuidad de la degradación de las condiciones de vida. Porque dichos aumentos no serán suficientes para revertir tendencias que llevan décadas. Repetimos, que son varios años de ajuste y empobrecimiento. Seguramente el gobierno agregará algún bono extraordinario o subsidio que sacará de debajo de la manga, con el objetivo de calmar los ánimos y contener la lucha en las calles. De hecho, lo poco que entregó el Frente De Todos hasta el momento presupone un intento de apaciguar los ánimos: alimentos y planes a cambio de paz social.
Sin embargo, nada indica que, una vez pasadas las elecciones y la asistencia social, la economía se reactive. Probablemente, la emisión monetaria debido a las mayores partidas presupuestarias en materia de asistencia social y la agudización de una recesión económica que lleva varios años, en una economía improductiva y que no puede competir en el mercado mundial, presionen hacia una mayor inflación, hacia una caída del poder adquisitivo y profundicen el desempleo, ya sea por la vía de los despidos o por la incapacidad de la industria para crear empleo.
Pero, no debemos naturalizar este estado de situación ni acostumbrarnos a la degradación de la vida a la que nos va sumergiendo el capitalismo, el régimen político y el gobierno de turno. Tampoco alcanza con exigir bonos o aumentos de subsidios que superen la inflación anual. La carrera contra la inflación, en un país donde hace 40 años que los niveles de pobreza basadas en las mediciones oficiales no bajan del 30% promedio no sirve para revertir tendencias. En lo inmediato debemos luchar para poner un freno al deterioro de nuestras vidas. Debemos exigir un Subsidio Único a la Familia Desocupada equivalente a dos canastas de pobreza, sin ninguna contraprestación laboral (al mes de mayo de 2021 sería un monto equivalente a 129 mil pesos). Debemos impedir la contraprestación laboral de estos planes para evitar la precarización laboral. Si el Estado nos ofrece un trabajo, entonces que sea bajo convenio, en blanco, declarado, con obra social, vacaciones pagas y aporte a la jubilación. Y si el gobierno no puede garantizar esto, que se vaya. Es necesario aunar la fuerza de la lucha en las calles y avanzar en el desarrollo de una herramienta que aglutine al conjunto de quienes pretenden llevar adelante una lucha por el poder. Esa herramienta ya tiene nombre, se llama Asamblea Nacional de Trabajadores.
