Hace unas semanas circula muy fuertemente la voluntad del gobierno nacional de garantizar un inicio de clases presencial o en gran medida presencial. El 9 de enero, Nicolás Trotta declaró en las radios que para el 2021 la presencialidad sería la gran ordenadora del sistema educativo. En efecto, el ministro manifestó que “estamos en una situación de enorme complejidad y hay necesidad de priorizar la escuela. Hemos sido claros a partir del diálogo con los gobernadores y gobernadores en relación al despliegue de la agenda 2021. El objetivo nuestro es que la presencialidad vuelva a ser el ordenador del sistema educativo. Eso es lo que tenemos que trabajar y es la agenda que tenemos por delante”. Tras cartón, el mismo Alberto Fernández declaró «el dictado de clases es para mí un aspecto prioritario en este año”. No se refería al dictado de clases de forma remota que se realizó casi todo el 2020 sino al retorno presencial como una decisión ya tomada. Asimismo, Trotta anunció que solo en caso de que hubiera una situación “muy extrema” la presencialidad podía postergarse. ¿Cuántas muertes/contagios significará “muy extremo”? Sin embargo, el ministro avisa que no cree que ello esté en el horizonte: vamos a empezar. Y también confiesa que, desde octubre, la presencialidad estaba en la mira del gobierno. En estos días, el ministro protagoniza una serie de reuniones en cada provincia para afinar el retorno; ayer estuvo en Mendoza, hoy en Chaco. Por su parte, distintas provincias se pliegan a esa decisión y realizan sendos anuncios. Así lo hizo, el gobernador Suárez de Mendoza, Schiaretti por Córdoba, Larreta por CABA, Kicillof y su jefe de gabinete por Buenos Aires, Morales en Jujuy, la Ministra Cantero en Santa Fe, y las firmas siguen. En efecto, excepto Catamarca, La Rioja, San Luis, Corrientes, Formosa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el resto se manifestó a favor de la bimodalidad, es decir, presencialidad + virtualidad o en el caso de CABA por una presencialidad completa. Como vemos, peronistas, macristas, radicales mancomunados en la misma idea: “maximizar” toda la presencialidad posible, como afirmó el mismo Trotta, y/o, en el peor de los casos, un esquema de bimodalidad en plena pandemia lo que él mismo llama “presencialidad cuidada” o convivir con el virus. Está claro que la apuesta a la convivencia, en realidad, implicará la proliferación de contagios y la adquisición de inmunidad, en el rebaño.
Lo cierto es que los anuncios no sorprenden a nadie. Desde mediados de 2020 dijimos que la estrategia del gobierno era la vuelta a clases presenciales a como dé lugar. También explicamos cómo se fue preparando el terreno para ello: los semáforos epidemiológicos, los “protocolos”, las actividades de revinculación optativas, la participación de la CTERA en todas esas instancias, el documento A las Aulas, entre otros. Señalamos que a medida que se iban liberando actividades, el gobierno presionaría más y más por la “normalización” de la actividad escolar, entendiéndose por “normal” la presencialidad. En ese camino, no solo dieron pasos firmes y realizaron ensayos, sino que también suspendieron, modificaron y o limitaron las licencias por cuidado de menores como corolario de todo ese proceso. Como si eso fuera poco, apostaron a los contratos basura para los docentes sin trabajo (precarizados y a término) sobre quienes pretenden montarse ahora para presionar por la vuelta presencial y la normalización de los actos públicos. Solo los cínicos se hacen los asombrados.
Lo cierto es que el PRO pretende no perder la carrera por la “normalización” y presentó un proyecto para declarar a la educación como un servicio esencial. Hizo punta primero en el Departamento de Colón, Entre Ríos, reclamándole al gobernador Bordet el inicio presencial a clases; medida que luego elevó el gobierno local al provincial. En esta vía, Patricia Bullrich salió al cruce de quienes proyectan la solución en la vacuna y afirmó que “la Argentina no puede perder dos años de educación”, así los docentes con vacuna o sin ella debían volver a las aulas. También calificó a los sindicatos docentes de “obstruccionistas”. Por eso, tal como afirmó Bullrich, de aprobarse el proyecto de los senadores de Juntos por el Cambio “docente que no va, tendrá que ser reemplazado”. En la misma sintonía, pero algo más sutil, Trotta manifestó “esperamos la presencialidad de todos los maestros” excluyendo al personal de riesgo. Como vemos, no son tan distintos. En algo, Patricia Bullrich tiene razón: no pueden perderse dos años pero que ello ocurra es responsabilidad tan suya como del gobierno quienes no están dispuestos a garantizar todo lo necesario para mejorar las condiciones educativas de millones de niñas y niños.
¿Y la CTERA?
Por su parte, la CTERA emitió un comunicado fiel a su estilo en estos últimos meses: a medio camino entre mostrarse afín al gobierno y capitalizar la bronca de las familias que se oponen al retorno a la presencialidad. En su nota, la gremial ratificó que la presencialidad dependería de la situación epidemiológica. Traducido: depende de aquello que habilitó, en su momento, el semáforo de Trotta. Como explicamos en otros lugares, el semáforo permitía volver a “revincularse” aún con circulación comunitaria del virus en distritos color “amarillo”. También, dicen reclamar en materia de infraestructura y bioseguridad el “cumplimiento de los protocolos y acuerdos paritarios que aseguren el cuidado de la vida y la salud de estudiantes y trabajadores de la Educación, así como la disposición de recursos tecnológicos y operativos necesarios para el desarrollo del trabajo docente en virtualidad”. En relación a este punto hay que decir, la CTERA no hizo que se cumplan las condiciones previstas para infraestructura escolar reguladas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, discutidas entre el gobierno y la central desde 2006-2006, y selladas en marzo de 2010. Allí se establecían doce puntos con cuestiones básicas para garantizar escuelas seguras: tener agua corriente potable y segura, sin contaminación, algo elemental para garantizar, por ejemplo, el lavado de manos; instalaciones eléctricas y de gas legalizadas controladas por autoridad competente (lo que hubiese evitado la muerte de dos compañeros en Moreno y numerosos accidentes laborales), construcciones edilicias seguras con patios, escaleras y pasillos seguros y sin obstrucciones, instalaciones sanitarias suficientes en cantidad y capacidad para personal y alumnados, asegurando el buen funcionamiento en toda la jornada laboral; ventilación y desinfección frecuente. Obviamente, el mismo Estado reconoce en su último censo de infraestructura de 2014 que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, según la muestra, el 40% de las escuelas no disponen de desagüe cloacal, un 25% de las escuelas no disponen de provisión de agua a través de servicio de red, un 5% no dispone de servicio de recolección de residuos, el 21% de las escuelas tiene sus napas contaminadas y patios al exterior tienen apenas el 52% de las escuelas. Una conclusión se desprende: en el distrito educativo más grande del país, la revinculación a distancia y en espacios abiertos es sencillamente imposible en la mitad de las escuelas. También lo reconoce el gobierno provincial. Ayer el Jefe de Gabinete de Kicillof, Carlos Bianco, afirmó que las aulas de la provincia no están preparadas para asegurar el distanciamiento de dos metros entre alumnos. Cierto, Bianco no está solo: antes Trotta dijo lo mismo cuando aseguró que “no existe infraestructura que pueda permitir la presencialidad absoluta en las aulas”. Palabras del Ministro de Educación nacional como si él no tuviera nada que ver con ese cuadro. Recordemos que el peronismo gobernó 27 de los últimos 38 años en democracia y contando. No pueden decir que esa no es su responsabilidad. Y si bien reconocen un estado de situación limitado en materia de infraestructura, ello no quiere decir que se “bajen” de la presencialidad. En efecto, Trotta anticipó la coexistencia de virtualidad y presencialidad en un esquema dual, tal como se vaticina desde julio con los primeros protocolos. Por eso, la provincia de Buenos Aires, en la misma sintonía, anticipó que se utilizaría un esquema de presencialidad rotativo: algunos alumnos concurrirían una semana, otros otra, una fracción de la jornada escolar. Asimismo, el Jefe de Gabinete bonaerense reconoció que la presencialidad 2021 se vale de la experiencia del 2020, esto, es las revinculaciones distritales realizadas previamente. Cuando dijimos que la revinculación era la forma que asumía el retorno en 2021 tuvimos razón. Así las cosas, quienes acusan a Larreta de “irresponsable” por querer abrir las escuelas en medio de la pandemia deberían hacer que sus críticas coincidan con sus propios hechos.
El gobierno tiene una fórmula para imponer la presencialidad: promete un plan de vacunación que hasta el día de hoy no tiene nada concreto para los docentes. No se trata de una cifra menor: habría que vacunar a un 1.300.000 docentes y no docentes, esto es, casi cuatro veces más gente de la que se planeó vacunar con la primera dosis hasta el momento. Recordemos que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el 8 de febrero está pautada la reincorporación y en la provincia de Buenos Aires, la fecha no es muy distinta sumado a la citación temprana del cuerpo directivo. Jujuy tiene un cronograma parecido al porteño y otras provincias ya anunciaron que en febrero retoman para trabajar con los alumnos que cierran ciclo o los prioritarios, tal es el caso de Santa Fe, entre otras. Por eso, Trotta escribe con la mano y borra con el codo: la vacuna sirve, pero “no es condición indispensable para la presencialidad”. Por su parte, la CTERA, también encuentra en la vacuna la respuesta al problema COVID: “la implementación de un Plan de Vacunación a toda la población de docentes y no docentes, entendiendo que es una estrategia de contención epidemiológica colectiva, junto a la continuidad de los pilares preventivos que ya se ha instalado en nuestra sociedad: lavado de manos en forma frecuente, distanciamiento social, utilización de barbijo y ventilación de los ambientes”. Claro está y, una vez más, olvidan un pequeño detalle: el plan de vacunación no solo es una promesa, como dijimos más arriba, sino que centralmente excluye a nuestros estudiantes y a sus familias. Por eso, la apuesta oficial que avala la CTERA es la adquisición de la inmunidad por la vía del contagio masivo. Por estos días, circulan varios videos mostrando cómo un docente taxi propaga por doquier el virus si estuviera infectado. Por cierto, por ahora, la vacunación es optativa con lo cual ni siquiera allí habría un reaseguro. CTERA llama a la búsqueda de consensos, “olvida” que fueron parte de las decisiones tomadas. CTERA pide esperar a la paritaria de febrero para realizar anuncios como si estos acuerdos por la vuelta presencial no se hubieran negociado antes. Así las cosas, exigirle a la central algo, no parece muy auspicioso como parte de un plan de lucha.
Una vez más: la batalla por nuestros niños
A lo largo del primer semestre de 2020 fuimos hilvanando un plan de acción. En abril, anticipábamos que aquello que impedía colocar a todos nuestros alumnos y docentes en las mejores condiciones posibles para salvar una situación excepcional era una decisión política, de clase: salvar la acumulación de capital. Lo demás, solo importaba si explotaba y ponía en peligro el sistema que se identifica con la acumulación de capital: el capitalismo. La ganancia ante que la vida. En su momento, el gobierno suspendió la presencialidad, pero tampoco aseguró las condiciones materiales para la virtualidad. Según ellos mismos reconocieron a fin del año pasado, solo en el nivel primario y secundario, el 52% de los alumnos no tuvo una PC para uso escolar propio. Recordemos que, en el nivel primario y secundario entre modalidad común, especial y de adultos hay más de 9millones y medio de alumnos. Es decir, para cubrir el déficit que ellos mismos dicen existe solo para alumnos tendrían que haber repartido casi 4.300.000 computadoras. Dicen que ese déficit es producto de la “herencia macrista” que discontinuó el “Conectar Igualdad”. Ahora bien, qué hizo el peronismo en 2020: repartieron apenas 98.554 netbooks y 19.034 tablets. ¿Qué planean hacer este 2021? Repartir en el nivel secundario 500.000 computadoras. A esa cifra hay que sumar también, según los datos oficiales del documento “A las Aulas”, a un tercio de los docentes que no tiene una herramienta digital para uso exclusivo. ¿Cuántos son? Entre 350.000 y 400.000. ¿Qué les ofrecieron? Créditos para que se paguen sus propias herramientas de trabajo durante la pandemia. Entonces, ¿de quién será la culpa de la falta de herramientas digitales? Una conclusión obvia se impone: ni al gobierno ni a la oposición les interesa la educación; ni en 2020 ni ahora.
Hasta el hartazgo expusimos los límites de la infraestructura escolar para garantizar el distanciamiento y denunciamos el uso de “espacios alternativos”. También dijimos en diciembre que 22.300$ por escuela era lo proyectado en el presupuesto 2021 para que los establecimientos realizaran adecuaciones y mejoras, es decir, nada. Nos mandan a las escuelas del 2019 en plena pandemia.
A lo largo del 2020 desplegamos un plan de acción que tiene vigencia hoy y que algunos otros sectores de izquierda empiezan a tomar. Hoy más que nunca una serie de medidas se imponen como imprescindibles si queremos evitar un nuevo crimen social de magnitudes enormes. “Abrir” las escuelas implica movilizar a casi doce millones de alumnos, más sus familias, más un millón trescientos mil docentes y no docentes. Hoy más que nunca, nuestro plan de acción dice:
-Ningún docente, personal auxiliar ni alumnos pueden volver a clases hasta que finalice la amenaza de la Pandemia. Ni durante la primera ola ni durante la segunda que hoy transitamos.
-Expansión urgente del Plan Conectar Igualdad: dotación de una notebook para que cada uno de los alumnos y docentes del país pueda contar con las herramientas técnicas necesarias para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy es necesario ponerle números a esa consigna: entrega de un mínimo de 4.300.000 computadoras para alumnos y para 400.000 docentes. A su vez, el plan debería contemplar las necesidades de renovación de equipos de alumnos y docentes que sí tienen computadoras pero que pueden ser obsoletas.
-Wifi y conectividad a internet gratuita y de calidad para toda la población. Hoy especificamos: queremos liberación completa de la conectividad y no solo para grupos reducidos o portales educativos.
-Contratación de personal docente para realizar seguimiento del proceso educativo a distancia y cuando se retome la cursada en condiciones seguras. Queremos desdoblamiento de cursos para que los docentes puedan cubrir las necesidades reales de los alumnos y el seguimiento personalizado de los objetivos alcanzados. Eso solo puede hacerse en pequeños grupos. Y donde un docente fije un plan específico para cada niña y niño según las metas que haya alcanzado el año anterior contemplando también su trayectoria escolar previa.
-Contratación del personal técnico necesario para cada escuela a los fines de asistir y colaborar en la diagramación de las clases a distancia y en el diseño de las plataformas escolares. Hoy agregamos si el gobierno logra imponer la bimodalidad, las estrategias implementadas en 2020 deben revisarse y readecuarse: necesitamos personal idóneo para ello.
-Contratación y dotación de personal para gabinetes escolares, EOES, DOES para acompañar y apuntalar el proceso pedagógico de cada uno de los alumnos de nuestro país. Hoy agregamos, el hartazgo de los niños al encierro, las necesidades de socialización son reales, pero ello no puede realizarse en detrimento de la vida. Hoy más que nunca, las escuelas necesitan de equipos y gabinetes en cantidad suficiente para atender a las y los alumnos y a sus familias.
-Seguimos reclamando por un bono extra mensual y retroactivo para cubrir los gastos en insumos tecnológicos, internet de calidad y mayores costos de los servicios utilizados durante la pandemia y hasta el día de hoy: el ítem fonid-covid es insuficiente.
-Seguimos sosteniendo nuestra histórica consigna de recomposición histórica del salario para docentes. Cargo testigo inicial equivalente a un mínimo de dos canastas básicas totales reales.
-Inmediata incorporación de todos los docentes desocupados y/o subocupados dentro del circuito formal para cumplir tareas pedagógicas lo que implicaba su contratación como docentes formales -Censo de infraestructura y plan de obras acorde a las necesidades escolares en manos de personal idóneo, plan de transporte y revisión de las condiciones de trabajo docente para eliminar la figura del docente taxi que, en plena pandemia, solo vectorizaría el virus entre sus alumnos y familias. Asimismo, las escuelas deben ser dotadas de todos los insumos de limpieza y de prevención necesarios.
-Desde el inicio de la suspensión sostuvimos que no debía exponerse a las familias y a los docentes a la entrega de bolsones de comida y que ello se resolvía con un subsidio a los desocupados equivalente a dos canastas familiares. También exigimos la licencia laboral remunerada para quienes ejercen las tareas de cuidado, en su inmensa mayoría fueron las mujeres, las madres las que asumieron las tareas que demandaba la educación remota. No alcanzan las consignas genéricas. Hoy el mismo gobierno reconoce los números que deben ser parte de nuestros reclamos. Son estas consignas por las que debemos pelear ahora. Las fuimos planteando a lo largo de todo el 2020 y cada día que pasa se confirma más su justeza. El tiempo es ahora y si queremos organizar a la docencia y a todos los trabajadores del país, el espacio organizativo para hacerlo ya está planteado: marzo de 2021, Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, con una comisión de educación. Solo de allí puede brotar la vida nueva porque quienes hoy nos gobiernan, está claro, nos prefieren muertos.
Buen artículo !!!