Miserias en cuotas. La paritaria en Entre Ríos

Por Julia Deyme

Desde principios de febrero se reabrió la paritaria en la provincia de Entre Ríos. Fiel al gobierno nacional, Bordet fijó un norte muy similar a lo que Alberto planeó “para todos y todas”. No reside allí la sorpresa sino en la predisposición a la lucha, en materia salarial, que debió mostrar el gremio cuyo signo político coincide con el de sus patrones. Veamos cómo se desarrollaron las negociaciones.

2020, la excusa para los decretos

Durante el año pasado, la docencia entrerriana fue convocada a paritarias en dos oportunidades: a fines de febrero y de septiembre; entre un momento y otro, la pandemia acentuó el ajuste.

La primera propuesta que recibió el gremio no fue tal. En la mesa de negociación se presentó una propuesta “a futuro”: tres meses de evaluación de los índices de ingreso de la provincia para, después, presentar una propuesta formal. Como era de esperar, se convocó a un paro de 72 hs. y las clases no comenzaron. Entretanto, la posterior suspensión de actividades con la pandemia y la emergencia sanitaria le dio la excusa perfecta al gobierno para suspender la paritaria hasta nuevo aviso.

Eso fue solo el comienzo del ajuste sobre las condiciones de vida y de trabajo de la docencia. También bajo la excusa de la pandemia, se lanzó el decreto de emergencia que aumentó el porcentaje de aporte de cada docente activo a la caja jubilatoria si su salario supera los 70.000 pesos. Cabe aclarar que este nuevo aporte también afectó a pasivos con el mismo tope. Fue esta medida la que desencadenó toda una serie de desconexiones virtuales como forma de lucha para frenar el manoseo que sufrían no solo docentes, sino todos los trabajadores estatales de la provincia.

Recién a fines de septiembre, con el ascenso de casos en la provincia, Bordet convocó a paritarias y realizó una nueva oferta salarial. El lector recodará que, para esta época, no solo la inflación crecía en forma desmedida, sino también los gastos a los que fuimos obligados los docentes para sostener la virtualidad en pandemia: todo “bancado” con salarios de fines de 2019. La oferta que se presentó por parte del gobierno fue en montos fijos escalonados según ingresos: $3.500 para quienes cobraran hasta $50.000 y $2.500 para quienes tuvieran ingresos de hasta $100.000. La “oferta” regía para los últimos tres meses del año, era no remunerativa y a cuenta de la paritaria 2021: una estafa. El rechazo fue contundente. Una semana más tarde, el gobernador presentaba una propuesta “superadora”: incrementó los montos escalonados y agregó uno más: 4.000, 3.500 y 3.000, según valor del salario. Obviamente, de superadora tenía poco porque los montos seguían siendo en negro y a cuenta de un futuro acuerdo salarial. Como la oferta iba camino al rechazo, el gobernador apeló a un aumento por decreto y lo extendió hasta el mes de ENERO DE 2021, cerrando así una paritaria más que exprés. Le quedaba un as bajo la manga: la eliminación de los regímenes especiales de jubilación para docentes, conocidos como 3×1: es decir que las personas que se pasaban de aportes, pero no tenían la edad suficiente, cada tres años le restaban 1 de edad.

2021: de los decretos a las cómodas cuotas

Comenzamos el nuevo año con una convocatoria a paritarias temprana: fines de enero. A diferencia de año anterior, al gobierno le urgía llegar a un acuerdo salarial para que las clases presenciales (o bimodales) comenzaran sin ningún tipo de resistencia por parte de los gremios. Spoiler alert: el gremio tampoco estaba interesado en defender la virtualidad y la vida de docentes y alumnos.

En la primera reunión, Agmer presentó a las autoridades sus demandas. Según sus números, la pérdida salarial 2020 fue de 36,1 %, por lo que la propuesta que presentaran desde la provincia debía ser igual o superior a ese monto, agregando también una cláusula que acompañara el proceso inflacionario estipulado para 2021.

Así fue que, en la segunda audiencia, Bordet presentó otra oferta a la docencia entrerriana: incremento de un 15 % sobre los salarios de septiembre 2020 y el blanqueo en cuotas de los bonos en negro otorgados por decreto ese mismo año (con un blanqueo del 50 % en febrero y otro 50 % en mayo). La jugarreta del Ministro de Hacienda, Ballay, fue decirle a los medios de comunicación que la propuesta superaba el 30 % de aumento. Lo que no dijo es que los montos en negro fueron escalonados y se percibían en valor diferente según piso salarial. Así, la oferta del ministro implicaba mayor fragmentación en la escala salarial, porque el porcentaje ofrecido no era igual para toda la escala. La propuesta fue rechazada por los docentes: no solo porque era miserable sino porque era aun menor al pedido por la burocracia en la reunión anterior. Entre tanto, como medida de lucha, se llamó a sostener la virtualidad hasta el 26 de febrero y se decretó un paro para los días 12 y 17. Además, se ratificó el no inicio de clases hasta que el gobierno presentara una propuesta superadora.

El 19 de febrero llegó la tercera propuesta: aumento del 15 % e incremento del 25 % de la suma en negro, que pasaría a ser remunerativa. Como sucedió con la oferta anterior, fue rechazada. Nuevamente el gobierno apeló al decreto y efectivizó su oferta cerrando así la paritaria salarial. El sindicato, por su parte, convocó a un congreso para definir el plan de lucha y el no inicio era el camino a seguir. Cualquier docente entenderá que, en ese cuadro, cuando nosotros decimos “no inicio”, la consigna tiene un horizonte distinto al que finalmente se impuso. Para quienes integramos la Corriente Nacional Docente Conti-Santoro el sentido era avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado que tomara el problema de la suspensión de la presencialidad. En cambio, la burocracia le dio otro sentido, limitado al salario y acotado en su horizonte. Así, ese primer congreso resolvió un paro por 72 hs. la primera semana de marzo, la adhesión al paro de mujeres del 8 de marzo y paros los días 11 y 12, 19, 25 y 26. Entretanto, para visibilizar el conflicto, se decidió colocar una carpa frente a Casa de Gobierno como medida de protesta.

Estas acciones son insuficientes, sobre todo si pensamos en la odisea que atravesamos en pandemia sin aumento salarial, con una inflación interanual de la canasta básica de un mínimo de 41,35%. Cierto es que si lo comparamos a nivel nacional, la burocracia celeste de Agmer fue más combativa: recordemos que la paritaria nacional se definió en una reunión de amigos sin consultar a nadie, aceptando un magro aumento de 34,55 % en tres tramos. En lo que sí acuerdan, unos y otros, es en la inactividad frente a la pandemia y los contagios: en ningún momento la Celeste provincial propuso acciones concretas frente a la vuelta a las aulas y mucho menos en estos momentos cuando la curva de contagios va en aumento en toda la provincia. Tampoco emitieron sonido alguno para cuestionar las partidas presupuestarias para los establecimientos, que representan $36 por cada persona que concurre al establecimiento. Unos y otros sostienen la presencialidad y su avanzada criminal sobre nuestras vidas.

La nueva propuesta del gobierno y la “necesidad” de someterla a consideración

El 29 de Marzo, después de que Bordet diera un portazo en la paritaria, cual novela de Televisa, y amenazara con cerrarla, volvió a convocar a los gremios. Allí, presentó una nueva propuesta que, en palabras de la CDC, “debe ser sometida a la consideración y consulta de las y los trabajadores de la educación”. Lo que teníamos que evaluar era un aumento en cómodas cuotas: 5 % en mayo; 10 % en julio; 10 % en septiembre; y 10 % en noviembre, todo sobre el salario de febrero. Además, un aumento de 20 % en el código 029 (correspondiente a transporte) a partir de mayo y acompaña luego los tres tramos de 10 % del punto anterior.

En medio de un debate acalorado en los departamentos, la Celeste incitó a la aceptación porque se alcanzaba un aumento del 55 %, decían. Pese a su esfuerzo, la propuesta fue declarada insuficiente y se llamó nuevamente al paro. El viernes 9 se volvió a llamar al congreso para definir los pasos a seguir: nuevamente la Celeste logró conseguirle tiempo a la patronal para que presentara otra propuesta. ¿Plan de lucha? Esperar a que Bordet ofreciera algo y volver a llamar al congreso no más allá de del 14 de abril. El 12 de abril, el gobierno adelantó una “nueva” propuesta: aumentos del 8 % en mayo (antes era 5 %), 7 % julio (antes era 10 %), 10 % septiembre y 10 % en octubre (antes era en noviembre), todos sobre los haberes de febrero, es decir que NO son acumulativos (la inflación SÍ lo es). Según esta propuesta, un maestro que recién se inicia pasará a cobrar en mayo $35.500, en julio $37.700, en septiembre $41.404 y en octubre $ 44.411. Mientras tanto, un docente de nivel medio con toda la carga horaria (36 hs) y que cobre 10 % de antigüedad, en mayo cobrará $52.000, en julio $55.041, en septiembre $60.796 y en noviembre $ 65.198.

Al cierre de esta nota se discute si la propuesta es o no aceptada. Como vemos, si se acepta no sacará a la docencia de la pobreza en la que se encuentra: según nuestro relevamiento de febrero, una familia tipo docente necesitaba $73.313,38 para consumos elementales. Sobre ese valor, la proyección inflacionaria supera el 40 % para lo que resta del año. Es decir, de aprobarse el acuerdo, ni aunque se pagaran todas las cuotas juntas el docente lograría alcanzar una canasta de consumos mínimos. En lo que va del 2021, según nuestros registros, la Canasta Básica Docente subió 11 %: en dos meses, casi un tercio del acuerdo anual. La conclusión es clara: en los hechos nuestro salario está en caía libre.

Por un plan de lucha para el conjunto de la clase obrera

Es evidente que el plan de la burocracia es hacer la plancha: durante todo 2020, lo único que se planteó fue la desconexión virtual. Cuando mocionamos, en las asambleas, movilizaciones o caravanas la respuesta siempre fue muy escueta: estamos en pandemia, hay que cuidar a los compañeros. Hoy, con una segunda ola de contagios en la provincia como en el resto del país, el “cuidar a los compañeros” quedó olvidado, volvimos a la presencialidad sin que la burocracia ni si quiera chistara por las condiciones y los protocolos lavandina que habían sido aprobados meses atrás con su propia anuencia. Pero la burocracia sabe que si no pelea un poco por salarios, las compañeras y compañeros nos los vamos a llevar puestos en un año electoral.

La realidad nos exige otras tareas. Además de una verdadera recomposición del salario con un salario inicial igual a dos canastas básicas totales reales, tenemos que pelear con la misma energía por la suspensión de la presencialidad. En plena pandemia, movilizar a la mitad de la población de la provincia es exponerla a un contagio seguro. La vacunación masiva debe ser la punta de lanza de la lucha, porque sin ella la presencialidad es criminal. Y tanto la burocracia Celeste como el Estado provincial y nacional son responsables de los contagios que, claramente, eran evitables. La presencialidad en pandemia es criminal y cada muerte que se produzca es un crimen social. Por eso, hoy más que nunca, luchamos por:

-Recomposición histórica del salario. Por un salario igual a dos canastas básicas totales reales.

-Vacunación masiva de la población.

-Suspensión inmediata de la presencialidad. Sostenimiento de la educación virtualidad: que el Estado garantice todo lo necesario para el sostenimiento de la educación a distancia.