El día miércoles 3 de abril, cuatro choferes -Sebastián Mac Dougall, Emanuel Lazzaro, Pablo Varriano y Luciano Fiocchi- fueron imputados por la fiscal Virginia Bravo de la UFI 7 de La Plata por “coacción agravada en concurso material de daños”, básicamente, daños y robos. Se trata de representantes de la Línea Este de colectivos que en el 2017 habían llevado adelante un plan de lucha por reivindicaciones laborales y reincorporación de despedidos.
En aquella oportunidad, los compañeros dieron una batalla feroz contra las condiciones laborales, lo que llevó a una huelga que duró cerca de un mes. ¿Qué pedían? Baños y mejoras en las unidades. Fue con este programa que fue presentada una lista de delegados contra la conducción de la UTA. La respuesta de la patronal fue muy contundente, ya que procedió a ejercer una serie despidos de los candidatos a delegados. Los choferes fueron entonces a la huelga. Luego de un mes, consiguieron algunas mejoras y reincorporación de despedidos.
Se trata de un hecho persecutorio contra la organización independiente y la lucha obrera, con signos “ejemplificadores” para cualquiera que intente hacer algo parecido. Incluso con ciertas irregularidades: la fiscal no anotició a los trabajadores de la causa hasta el momento de la detención, por lo que no habían podido convocar a un abogado defensor. Las detenciones fueron violentas y realizadas con numerosos operativos en las casas de los acusados.
Es evidente que cuando los capitalistas descargan la crisis sobre los trabajadores, tienen al alcance de sus manos el peso de la ley y el brazo del Estado para liquidar cualquier núcleo de lucha obrera. Ya ocurrió con el kirchnerismo, que aunque se rasgue las vestiduras, tiene en su haber a los presos de Las Heras, entre otros. El macrismo continúa con la persecución a los trabajadores que luchan porque se trata de una política de Estado, gobierne quien gobierne.
Mientras varios hablan de sus “presos políticos” refiriéndose a los miembros de la burguesía que son directamente chorros y asesinos (De Vido, Boudou y Sala a la cabeza), los choferes de la Línea Este son los que verdaderamente merecen ese mote, junto con Daniel Ruiz –activista petrolero preso por la jornada del 18 de diciembre de 2017- y los compañeros de Las Heras. Los verdaderos presos políticos son aquellos obreros en lucha que quisieron marcar un camino para el conjunto de la clase obrera.
Por otra parte, denunciamos a la UTA por ser cómplice de estos procedimientos y quitarle cualquier amparo gremial a la lucha de los trabajadores. No es un acto casual en la UTA, que se cansa de mandar patotas a los trabajadores y llamar a paros ridículos, como el que han convocado recientemente para el 1º de Mayo. Se trata de una burocracia sindical que demuestra una vez más estar al servicio de las patronales sin tapujos. En definitiva, exigimos al gobierno de Vidal la inmediata liberación de los compañeros y el cese a la persecución sobre todo obrero que lucha.
