Acerca de las medidas para monotributistas y trabajadores informales
Ayer por la noche, los ministros de trabajo y economía anunciaron la implementación de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para paliar la situación de los monotributistas de las categorías más bajas, que suelen ser asalariados encubiertos, trabajadores informales, cuya actividad laboral se ve interrumpida como consecuencia de la cuarentena, y desocupados que no perciban un plan. La medida incluye, únicamente, el pago de 10 mil pesos de forma excepcional durante el mes de abril con posibilidad de reiterarse si se prolonga la cuarentena y, según el gobierno, se espera que alcance a 3.6 millones de hogares. La población alcanzada incluye a los desocupados, trabajadores no registrados, monotributistas A y B, monotributistas sociales y trabajadoras de casas particulares.
Sin embargo, lo que importa del IFE son las exclusiones. El decreto señala que los trabajadores aptos para inscribirse son aquellos en cuyo grupo familiar no existe otro ingreso registrado, prestación por desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo y/omonotributo categoría C. En el peor de los casos, una familia tipo donde un adulto está desocupado y el otro percibe algún tipo de plan social, es decir, familias que viven con menos de salario mínimo, vital y móvil (hoy en $16.875), no podrán cobrar los 10 mil pesos miserables de Alberto. Los 10 mil pesos para una familia que no percibe ningún otro ingreso no es suficiente para sustentarse un mes, porque o alcanza siquiera la canasta básica alimentaria que en febrero se ubicó en $16.785. La canasta alimentaria es la que determina la línea de indigencia. Ni que hablar de la canasta básica, que determina la línea de pobreza y supera los 40 mil pesos. Por supuesto, nadie paga con eso un alquiler y alimenta un mes entero a una familia. Y dado que ya se advirtió que seguramente la cuarentena se extienda, el gobierno está admitiendo que se va a someter a estos trabajadores al hambre.
Vale ponerle números más concretos a la población alcanzada por el IFE. Se trata, en base a las propias estimaciones del gobierno, de aproximadamente 14millones de personas, incluyendo menores de edad. Esto es el 33% de la población argentina, que vive sin ningún tipo de ingreso que no sea la AUH o el PROGRESAR o lo combina de distintas formas con situaciones de fraude laboral (monotribustistas o monotributistas sociales), desocupación encubierta (cooperativistas), estacional (trabajadoras de casas particulares) o trabajo en negro.
Este abanico de situaciones en que se encuentra una fracción de la clase, la más explotada, es fruto del ataque sistemático que la clase obrera viene recibiendo hace décadas, y que fue impulsado por todos los gobiernos para que la burguesía consiga aumentar la tasa de explotación. Así, tiene a su disposición fuerza de trabajo más barata. Mientras tanto, con todos los que sobran, se montó un plan de falsa “inclusión” de la “economía popular”, que fue acompañado por todo el arco de la progresía, el sindicalismo peronista y la Iglesia. Ahora, con un ingreso miserable, a cambio de condiciones de trabajo miserables para tener una vida miserable, millones de trabajadores que apenas tienen con qué afrontar la reproducción diaria tienen que sentirse privilegiados frente al que nada tiene. Si privilegio y solidaridad son dos palabras que escuchó repetidamente en los últimos meses, ya sabe de qué estamos hablando. Mientras tanto, a los capitalistas, que no van a pasar hambre, les facilitan el crédito, les retrasan el pago de impuestos y los eximen del pago de aportes patronales.
En la medida en que las acciones contra la pandemia se endurecen, la preocupación del gobierno sobre la situación de este sector crece. No es que Alberto y la burguesía argentina no puedan dormir por los millones de trabajadores que viven al día, pero si temen posibles estallidos como ya advirtieron los intendentes del conourbano. Como ya señalamos, la crisis por el Covid-19 pone de manifiesto todas las contradicciones de la sociedad capitalista y de la argentina en particular. El problema no es el virus, el problema es el capitalismo. Para que la clase obrera argentina no sea la principal víctima, exigimos:
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Subsidio universal al desocupado, sin contraprestación laboral igual a la
canasta básica
– Continuidad de pago de los aportes patronales para financiar el subsidio
– Basta de fraude y precarización bajo la forma de cooperativas, contratos,
monotributo y tercerización
– Prohibición de despidos y retiros anticipados
– Blanqueo laboral masivo
Corriente Clasista Goyo Flores
