Mientras que las condiciones de vida de la clase obrera argentina tienden a empeorar, el Frente de Todos discute si aprobar el pago del cuarto IFE o terminarlo y absorber una porción menor de sus beneficiarios con planes sociales con contraprestación laboral. Todo un síntoma del ajuste en marcha que proponen Alberto y Cristina contra los desocupados y los obreros informales.
Pablo Estere
OES-CEICS
El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es según la ANSES, una medida excepcional implementada por el Gobierno Nacional que busca proteger a las familias argentinas ante la pérdida o disminución de sus ingresos por la situación de emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Con casi 9 millones de beneficiarios constituye la prestación económica de mayor alcance de la historia argentina. Esta presentación oficial a primera vista da la sensación de ser una medida sensata y apropiada. Pero si nos detenemos simplemente en el monto de la prestación y el calendario de pagos no podemos coincidir con eso. La primera ronda de pagos de IFE comenzó en abril con un monto de $10.000 por familia, identificada en una única persona titular. Es decir, para una familia de 4, corresponden $2.500 por miembro. ¿Por mes? Ni siquiera. A 7 meses del primer IFE, sólo se han pagado 3 rondas y la cuarta todavía no está confirmada. En una de las crisis más profundas de la historia económica argentina, con más de 6 millones de desocupados y con un porcentaje de personas pobres por encima del 40% (18,6 millones de personas), el gobierno peronista sólo destinó, hasta noviembre de este año, unos $1.250 por mes en promedio para las familias con trabajadores desocupados, informales, monotributistas de las categorías más bajas que vieron interrumpidos sus ingresos y trabajos de casas particulares.
Lo que fue…
El IFE no sólo es una prestación de miseria, sino que además se asignó de manera miserable. Uno de los filtros del IFE es que ningún miembro de la familia perciba algún ingreso de: a) un trabajo de relación de dependencia, público o privado; b) una prestación por desempleo; c) una jubilación o pensión; d) planes de empleo (Hacemos Futuro / Potenciar Trabajo); ni, e) ser monotributista de categoría C o superior. Para ponerlo claro: el gobierno de Alberto Fernández consideró que para una familia con un ingreso de al menos $6.000 mensuales no era necesario contar con el IFE. De la promesa de llenar la heladera al pichuleo de la miseria más miserable. La miseria del monto del IFE se explica por la imposición de un techo por parte del gobierno para la obtención del beneficio estatal, pues de lo contrario todos los beneficiarios de planes, jubilados y asalariados registrados mal pagos, o sea, unos 4 o 5 millones de personas más, hubieran solicitado el programa.
Los solicitantes originales del IFE fueron más de 13,4 millones de personas. Se componían principalmente de 5,5 millones (40,7%) de trabajadores informales o desocupados, 2,4 millones (18%) de titulares de la AUH y 1,4 millones (10,2%) de personas adheridas al monotributo. Luego encontramos entre los solicitantes a personas que trabajan bajo el Régimen de Casas Particulares (más de 300 mil -2,4%-) y quienes perciben el programa PROGRESAR (128 mil -1,0%-).
Sin embargo, el segundo grupo más grande de solicitantes es el de los rechazados: más de 4,6 millones (34,3%). Según informó ANSES, la principal causa de rechazo del beneficio corresponde a que la persona solicitante o alguien de su grupo familiar tenía un empleo en relación de dependencia. Esto abarcó a casi 2 millones (43,6%). Luego, unos 700 mil rechazos (15,6%) se debieron a que los/as solicitantes (o algún integrante de su grupo familiar) poseían ingresos por jubilaciones o pensiones. Para un hogar al que le ingrese una jubilación mínima, dar un IFE sería un derroche de opulencia. A 300 mil solicitantes se les negó la IFE porque ellos o alguien de su familia era titular de un plan social incompatible: por ejemplo, un beneficiario del Potenciar Trabajo que recibía $8.437,5 por mes. Más de 200 mil rechazos (4,5%) corresponden a que ya había otro/a beneficiario/a en su grupo familiar que percibía la AUH y se le asignó el IFE a esa persona. El mismo número de rechazos obedecen a extranjeros con datos insuficientes, lo que a las claras habla de su situación socioeconómica.
No hace falta indagar mucho para darse cuenta de que se trata de la población más pobre y la que está sufriendo de manera más cruda el ajuste deliberado del gobierno y de la crisis a la que éste no puede contener: desocupados, obreros “en negro”, perceptores del PROGRESAR, empleadas domésticas. También queda claro este sesgo cuando analizamos el impacto del IFE en cada provincia. Mientras que la proporción de beneficios aprobados sobre la población total arroja un promedio nacional del 19,5%, en las provincias del Noreste encontramos registros que van del 23,1% al 28,9%. También puede verse un promedio superior al nacional en la región Noroeste (22,1% a 28,6%). Si relacionamos la proporción de beneficios liquidados sobre la población económicamente activa queda al descubierto la estructura laboral argentina. Un 44% de la PEA fue alcanzado por el IFE a nivel nacional. En 14 provincias ese promedio nacional es superado. Se destaca particularmente la provincia de Formosa, donde la cantidad de beneficiarios del IFE alcanzó al 80,1% de la PEA. Otros casos que merecen mención aparte: en Santiago del Estero involucró al 71%; Chaco 68,8%; Corrientes 65,3%; Misiones 53,5%.
El mismo gobierno reconoce que esta situación obedece a causas estructurales y de larga data, o sea, parte de los 12 años de kirchnerismo y 4 de macrismo por lo menos. En el informe citado, ANSES detectó que sólo el 9% de los beneficiarios del IFE tuvieron al menos un mes de trabajo en relación de dependencia formal en el período febrero 2019 a enero 2020. Lo que pone en evidencia la precariedad laboral en el país y la crisis del capitalismo para contener a la masa de la población.
…y ya no será
En lo que va del año se dispararon los precios, la inflación y la devaluación, debilitando fuertemente los salarios. Sin embargo, el IFE se mantiene en el monto original, por lo tanto, perdió capacidad adquisitiva. Además, ese monto de $10.000 sólo cubre el 59% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Pero se paga cada dos meses, por lo que en realidad constituye apenas un 29,5% del SMVM. El último valor de la canasta básica que informó el INDEC se ubicó en los $47.216 para un hogar compuesto de dos adultos y dos menores. El IFE cubre apenas el 10,5% de esa canasta. Es decir, una familia puede escapar de la pobreza sólo durante 3 días. El pan aumentó un 8,9% sólo en septiembre. El IFE sigue intacto desde abril.
En estas páginas hemos denunciado la forma según la cual el INDEC con su metodología sub registra la pobreza real. La gravedad de la situación actual habilita a demostrar el ajuste en marcha con los mismos datos oficiales. Hoy, la pobreza alcanza a más de 18 millones de personas. Sin embargo, el gobierno sinvergüenza sostiene que el IFE tuvo un impacto fundamental para evitar que millones de familias no cayeran en la pobreza o la indigencia. Por ejemplo, afirmaron desde ANSES que entre abril y mayo el IFE evitó que alrededor de 1,4 y 2,8 millones de personas cayeran en la indigencia y pobreza, respectivamente. En un país donde casi la mitad de la población es pobre, que el gobierno diga que se “rescató” a una fracción muy menor de personas de la pobreza es sostener un relato que hace de la miseria una virtud. Supone presumir que no existe otra solución más que sostener a este gobierno a pesar de los niveles de pobreza cercanos al 2001 y 2002.
Como si esto fuera poco, ahora el gobierno esboza la idea de eliminar el programa. Si al principio de la cuarentena los funcionarios nacionales y los periodistas oficialistas festejaban el IFE destacando el gran aporte que representaba para las familias más pobres, e incluso llegaron a decir que muchos beneficiarios se habían convertido en emprendedores gracias a los diez mil pesos, hoy la línea que filtran de manera tímida es otra. Que la cuarentena ya no existe más y que por eso muchas actividades se reactivaron, que volvieron las changas (palabras de Daniel Arroyo), que la economía está despegando. En resumen, que el IFE ya no es tan necesario. Incluso la ley de presupuesto 2021 no prevé la existencia del IFE ni de la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Dicho de otra manera, el gobierno avanza con un ajuste feroz contra la fracción más pobre de la clase obrera.
Mientras que hace un mes se daba por descontado el pago del cuarto IFE para continuar con el programa hasta fin de año (ya que su calendario de pagos abarca 2 meses), hoy el gobierno se debate entre suspenderlo o absorber una parte minoritaria del total del universo de beneficiarios con el Potenciar Trabajo o con nuevos esquemas de subsidio al empleo, reduciendo muchísimo la entrega de subsidios.
Una política de clase
El ministro de desarrollo social, Daniel Arroyo, deslizó en distintas entrevistas que su propuesta es absorber a una porción de los beneficiarios del IFE en el programa Potenciar Trabajo (ex “Hacemos Futuro”, antes “Argentina Trabaja” + Salario Social Complementario). Este programa tiene una asignación mensual por beneficiario de $8.500 (el 50% del SMVM) y exige una contraprestación laboral o educativa. Desde ANSES, su titular, Raverta, se ataja diciendo que todo está en evaluación. De manera que la intención de alcanzar a 4 millones de beneficiarios y con una asignación del 100% del SMVM como se hablaba en agosto parece poco probable. El programa Potenciar Trabajo cuenta con menos de 600 mil beneficiarios y lleva, si se incluye a sus antecesores directos, unos 10 años de existencia.
Otra de las alternativas que circulan off the record es la vuelta de una medida fracasada: una especie de nuevo plan empalme. De esta manera, los burgueses locales planean hacerse de manera directa de un subsidio estatal aprovechando el envión que les dio el ATP. La propuesta de un empresario que se reunió con varios ministros consistiría en absorber desocupados a cambio de subsidios, beneficios fiscales y reducción de costos laborales. Con esto el gobierno tendría una herramienta más para el camuflaje del desempleo (como hace en gran parte con el empleo estatal). Arroyo no ve con malos ojos esta medida ya que en su momento destacó la iniciativa homóloga del macrismo. El ministro de Desarrollo Social es parte del sector de la alianza de gobierno que sueña con el desarme de los planes sociales mediante una transición mágica al “empleo productivo”.
Pero, más allá de que se mantenga, el IFE no sólo no resuelve el problema de la pobreza, sino que tampoco le resulta muy conveniente al gobierno. No sólo porque supone un mayor gasto público, por la vía de la emisión monetaria, lo cual crea mayor inflación. También porque el IFE no esgrime una vinculación política directa con punteros o con organizaciones sociales afines al gobierno. Por ello no es conveniente para la estructura política del gobierno actual. Mucho mejor resulta un programa como el Potenciar Trabajo el cual supone que cada beneficiario debe estar organizado en una cooperativa, muchas de las cuales se estructuran con el kirchnerismo y el peronismo. De ese modo, el gobierno mantiene disciplinada a esta fracción de la clase obrera, bajo la forma de redes clientelares. Pero, ya sea que se mantenga o no el miserable monto del IFE o se modifique por el ingreso de unos pocos al Potenciar Trabajo, el problema del desempleo y la pobreza persiste. Por ello es necesario impulsar una política de clase. En un contexto de pandemia como el actual, donde el empleo escasea y el déficit habitacional tiende a crecer, poner a una masa de la población obrera al servicio de las necesidades sociales para la construcción de viviendas y para la reducción del desempleo sería una medida progresiva. En lugar de ello, Kicillof, Cristina, Berni y Alberto prefieren reprimir y desalojar a la población que ocupa terrenos para poder vivir, como ocurrió en Guernica. Una política de clase pondría en movimiento a una masa de obreros desocupados (actualmente subsidiados o no por el Estado) para construir viviendas y desarrollar un plan de urbanización en barrios precarios. En cada uno de esos barrios no sólo se construirían viviendas, sino también hospitales, escuelas y dependencias necesarias de todo tipo. Mientras tanto, debemos batallar por un Subsidio Único al Desocupado equivalente a dos canastas de pobreza y por un plan de empleo registrado que resuelva el problema del desempleo, de la vivienda y el conjunto de las necesidades sociales de la población.
Muy buena la nota!