Por José Almeida
El 2021 era un año para encarar la batalla de la docencia de un modo excepcional. Tan particular como el impacto que dejó la pandemia en todo el sistema educativo y la antesala de una vuelta presencial criminal. Sin embargo, en la provincia y en buena parte del país, la lucha fue encarada como de costumbre con epicentro en la discusión salarial. Así, este nuevo inicio del ciclo lectivo se le parece bastante a los anteriores. Recordemos.
En 2019, durante el último año de gobierno de Oscar Domingo Peppo, sostuvimos dos meses de huelga que culminaron con la aceptación de migajas por parte del Frente Gremial Docente. Su justificación fue que “las bases así lo expresaron”, pero en realidad se trató de una consulta exprés hecha a las apuradas, cuando la movilización docente aún era intensa. Incluso, la burocracia se jactó, en esa oportunidad, de haberle arrancado al ahora embajador de Paraguay la cláusula gatillo trimestral, cuando en el resto de las provincias había sido eliminado por el exministro Esteban Bullrich. Un año más tarde, bajo el flamante tercer mandato de Jorge Milton Capitanich, el Frente Gremial Docente aceptó sin más el inicio de clases con la “promesa” del “rompediarios” de mantener la cláusula gatillo trimestral. Por supuesto, eso nunca sucedió. Lo único que pagó fue el último trimestre que quedó debiendo Peppo en diciembre de 2019 (abonado en abril de 2020) y un 7,8 % en concepto de cláusula gatillo abonado en octubre de 2020. Es decir, no solo no hubo paritaria en 2020 y los salarios estuvieron y están congelados desde diciembre de 2019, sino que nos otorgaron chauchas y palitos. El Frente Gremial Docente actuó tarde: recién después del segundo cuatrimestre anunció un paro virtual que se mantuvo hasta fin de año con la realización de 20 caravanas docentes. Esta es la antesala más inmediata del cuadro de movilización actual.
Pandemia y presencialidad
Tanto el oficialismo del Frente de Todos, como la oposición de Juntos para el Cambio, acordaron que el ciclo lectivo 2021comience con clases presenciales. Para ello, definieron en el Consejo Federal de Educación, trastocar el “semáforo epidemiológico” de Trotta sin importar los lugares con nulo o bajo riesgo de contagio, si es en el ámbito rural o urbano, si se trata de CABA o provincia de Buenos Aires, o el resto del país. Todos a las aulas. Obviamente, de los protocolos, que se hagan cargo las provincias. A su vez, los responsables de las carteras educativas provinciales le tiraron la pelota los directivos de cada escuela.
Chaco tuvo su intento de regreso a la presencialidad por etapas y fases desde el año pasado. En octubre pusieron en marcha el plan “Vuelta a la Escuela”, con alumnos de 1° y 7° de primaria, y alumnos de 1°, 5° y 6° de secundaria del interior, principalmente en zonas rurales o localidades con nulos o escasos contagios de COVID. Allí, iniciaron el proceso de revinculación con actividades no escolares, esto es, artísticas, deportivas y culturales. Este es el escenario que, al igual que en el resto del país, habilitó la discusión actual sobre la presencialidad.
Hace un año comenzaba la cuarentena en la provincia que hoy suma un total de más de 36.000 contagios y más de 900 personas fallecidas. En este contexto, Capitanich y Torrente deciden abrir las escuelas. Según los últimos datos de 2019, Chaco tiene 382.895 estudiantes de la modalidad común: 52.600 en el nivel Inicial, 164.445 en Primaria, 102.183 en Secundaria y 63.667 en el nivel Superior No Universitario. A esto hay que agregarle los 3.766 de la modalidad Especial, 70.040 de la Adultos y 30.864 de Técnica. Más 22.709 docentes y los acompañantes (mayoritariamente son las madres) de los alumnos de Inicial y Primario (sin contar 6 ° y 7°). Cuando todos los niveles y modalidades vuelvan a la presencialidad, en la provincia van a estar circulando aproximadamente 673.000 personas, o sea el 59,55% de la población total, que según un censo 2014 es de 1.131.000 habitantes. Nos hablan de su preocupación por prevenir segundas olas, frenar la circulación de las cepas manaos y británica y, en simultáneo, habilitan la mayor circulación de personas desde que comenzó la pandemia. ¿Se entiende por qué decimos que la presencialidad sin vacunación masiva es realmente criminal?
Protocolo: más de lo mismo
En este cuadro, el 22 de febrero se dio a conocer el decreto 355/21 “Protocolo Sanitario y Pedagógico para el Ciclo Lectivo 2021”. Dicho sea de paso, se dio a conocer el mismo día que debía presentarse todo el personal docente de la provincia. De manera que fuimos a las escuelas sin medidas de cuidado, pues llegaron tarde. Pero ¿qué plantea el protocolo en términos generales?
En principio, se trata de una serie de recomendaciones sanitarias ante el reinicio de la actividad escolar respecto a ingresos, acciones dentro de la institución, cuidados, etc. Nada que no esté regulado ya para el resto del país: mantener la distancia de dos metros, no compartir objetos y utensilios, utilizar tapabocas todo el tiempo, lavarse frecuentemente las manos, toser o estornudar con el pliegue del codo y usar pañuelos descartables.
También, al igual que en el protocolo nacional fijado el 12 de febrero por el Consejo Federal de Educación, se establecen tres modalidades de cursado: presencial, no presencial y combinada o alternada. Las clases presenciales suponen la asistencia regular a la institución siempre y cuando el espacio lo permita. La no presencial corresponde a la escolarización sin asistencia a la escuela, solo para alumnos que pertenezcan a grupos de riesgo o que estén autorizados para ello por autoridades educativas o sanitarias. Finalmente, la modalidad combinada supone la alternancia de clases presenciales con clases virtuales, mediante soportes o plataformas digitales. Para esto, la escuela debe organizar horarios y los espacios disponibles en los establecimientos.
Al igual que en el resto del país, el protocolo chaqueño prescribe señalizaciones y marcas para el ingreso de las personas a los establecimientos e indica los lugares habilitados para mantener el distanciamiento social. Los ingresos, que han de contar con elementos de higiene, deben ser escalonados y planificados, siempre descongestionando las puertas de acceso y respetando el distanciamiento entre alumnos, familias y docentes. Por otra parte, los familiares que quieran ingresar al colegio lo harán con un turno previamente solicitado, o esperarán la autorización del personal directivo, cumpliendo con las medidas de seguridad estipuladas.
También en Chaco se fijan jornadas de clases por turnos, días de la semana o semana completa, según cómo fueran organizadas las burbujas. Para el nivel inicial y primario se recomienda una jornada de hasta 3 hs. diarias, implementada de forma gradual. En cuanto al secundario, se recomiendan hasta 5 hs. cátedra diarias, complementadas con actividades no presenciales. Respecto a la organización del trabajo con los estudiantes, el protocolo prevé que los agrupamientos de estudiantes (burbujas) se realicen teniendo en consideración la cantidad límite de personas que pueden agruparse respecto al espacio disponible en cada institución y un staff estable de docentes. Si aparecieran contagios, se prevé aislar al grupo por 14 días con el fin de minimizar la transmisión de la enfermedad. Además, se aconseja que los ambientes estén ventilados e higienizados adecuadamente antes de cada actividad.
Lo cierto es que el protocolo local no tiene ninguna innovación con respecto al nacional. Lo cierto es que si examinamos el grado de realidad de su aplicación rápidamente nos chocamos con la realidad. Por un lado, porque las escuelas no cuentan con instalaciones e infraestructura adecuadas, pero, además, porque ni siquiera el gobierno garantiza lo mínimo para asegurar la limpieza adecuada en las escuelas. Al respecto, los kits de bioseguridad que entregó el Ministerio de Educación de la provincia son una burla: nos hablan de cuidado y de cumplimiento de protocolos pero pretenden combatir el COVID-19 con dos bidones de lavandina y 12 jabones en pan, en escuelas donde asisten entre 800 y 1.000 alumnos, y entre 120 y 150 docentes. Por otro lado, porque esta presencialidad no va a resolver los problemas con que nos encontramos en 2020, ya que, de una parte, avanzamos hacia una asistencia recortada en las escuelas que aparece como ordenadora de la virtualidad; precisamente porque el esquema combinado es el único posible en la mayoría de las escuelas, dada la ausencia de metros cuadrados que garanticen el distanciamiento. Y de otra parte, mientras el gobierno vende que la presencialidad resolverá la desigualdad educativa, la virtualidad seguirá sin recursos en tanto no se garantizan equipos, wifi liberado ni mayor designación de docentes para acompañamiento.
Vacunación escasa
El gobierno instaló en los medios que la vacunación de docentes resolvería todos los problemas. Pero lo cierto es que, a poco de examinar su ritmo de avance, estamos ante una dificultad nacional y provincial. Hasta el momento (25 de marzo), en Chaco, se distribuyeron 105.400 dosis, de las cuales se aplicaron 63.879 de la 1° y 15.450 de la 2°, es decir, 79.329 inoculaciones en total. Lo cual representa el 75,26 % del total de vacunas distribuidas. Hasta ahora se vacunaron 8.500 docentes y el gobierno estimaba vacunar 10.000 más al momento de escribir esta nota, que incluye al 2° grupo, es decir, nivel inicial y del primer ciclo de nivel primario (1°, 2°, 3° grado), y directivos del primer grupo que no fueron vacunados. Cuando hablamos de la cantidad de docentes vacunados y sin vacunar, siempre hablamos de la 1° dosis. Ahora bien, el 23 de marzo, se suspendió la aplicación de la 2º dosis para los docentes que habían recibido la 1º (Memo Nº 11), al mismo tiempo que se suspendió la aplicación de la primera dosis para todo el grupo de docentes que habían sido citados en el Memo 15 (páginas 40 a 47 de la comunicación). La conclusión es clara: no hay vacunas.
Pero, además, si tenemos en cuenta el porcentaje de las dos dosis de vacunas aplicadas sobre la población total (1.192.619 habitantes según proyección de población de 2019 del INDEC), el resultado es del 1,22 %, es decir, casi el mismo porcentaje de la media nacional que es del 0,99 %. Y si a esto le agregamos que, cuando inicien las clases presenciales de todos los niveles y modalidades a principios de abril en la provincia, van a estar circulando 673.000 aproximadamente, podemos hacernos un cuadro claro de lo que se viene: la segunda ola a poco de empezar el otoño. No hace falta aclarar que el virus circula con la gente y que ese movimiento será el causante de esa nueva segunda ola.
No podemos repetir la historia
En este cuadro de situación, la lucha docente versión 2021 no puede replicar la de los años anteriores. No es una novedad que las escuelas se caen a pedazos hace décadas y que, a un año del inicio de la cuarentena, no solo no se construyeron edificios escolares nuevos, sino que ni siquiera se realizaron obras de refacción o ampliación significativas, más allá de desmalezamientos y arreglos de fachadas. A las apuradas, una nueva promesa aparece en el horizonte: la construcción de veinte escuelas. ¿Cómo? A través de un préstamo por 19 millones de dólares que Fernández le otorgó a Capitanich, en febrero pasado, para la construcción de 20 escuelas que incluyen Jardín de Infantes, Primarias, Secundarias, Técnicas, de Educación Especial y Bibliotecas, y para la refacción de otras 20 más. De esos 19 millones, 15 se financiarán con recursos del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) y el resto con fondos de la provincia. Ese mismo fondo debe servir para el desarrollo y el funcionamiento de la Plataforma Virtual de Educación “ELE” y el Sistema Integrado de Educación (SIE), es decir, para la gestión de trámites administrativos online de docentes. Lo cierto es que, aunque parezca un anuncio espectacular, es pura demagogia. Lo real es que, sobre los 1.692 Establecimientos Educativos que hay en la provincia, se estarían refaccionando solo el 1,22 %, y con las 20 que se van a construir se pasaría a 1.702 escuelas en total. Nada.
Tampoco constituye una novedad el problema del salario docente. Después de tener los salarios congelados desde fines de 2020 y con el pago solo del 7,8 % en concepto de cláusula gatillo, Capitanich aplicó el ajuste, al igual que los Fernández a nivel nacional. El último ofrecimiento presentado por la patronal fue de un 15 % al valor del punto en marzo y $ 2.000 en concepto de la deuda por cláusula gatillo del año pasado (28,3 %, si tenemos en cuenta la inflación del 36,1 %, menos el 7,8 %), más un 3 % a partir de mayo. Por lo cual el cargo testigo (sin antigüedad, con residencia ZU1), con este ofrecimiento del 18 %, a cobrar en junio, sería de $ 24.256,99. Lo que representa el 41,82 % de la Canasta Familiar de Pobreza que mide el INDEC, que para febrero fue de $ 57.997, el 31,92 % de la Canasta del NEA ($ 76.000) para consumos mínimos medida por la Junta Interna de ATE – INDEC para el mes de enero. Por eso, el ofrecimiento fue rechazado por casi la totalidad de la docencia y, a casi un mes de la presentación del personal docente, aún continúa activa en las rutas y en las calles, con movilizaciones que congregan a unos 20.000 docentes y con una adhesión de casi el 98 % a los paros decretados por casi una veintena de sindicatos, que incluyen a los oficialistas de la Coordinadora Docente (AMET, FIUD, UDA, ACHABI) y a los aliados peronistas del Frente Gremial Docente (SITECH FEDERACIÓN, UTRE – CTERA, ATECH, SADOP, SETPROCH, UGREBI). La oferta es inaceptable hasta para la burocracia.
Sin embargo, esa energía y predisposición a la lucha debe canalizarse en la dirección correcta. No está mal luchar por salario y por el estado de nuestras escuelas. Siempre lo hicimos y lo seguiremos haciendo. Pero en la etapa actual debemos movilizar a ese activo de compañeras y compañeros para atacar el principal problema que tenemos hoy por delante: la vuelta a la presencialidad sin que estén dadas las condiciones epidemiológicas y sin vacunación masiva de toda la población. Si la pandemia actualiza la discusión por el estado de las escuelas es, precisamente, porque forma parte de un pliego histórico. Del mismo modo, la cuestión salarial: no solo por años de ajuste sino también porque la pandemia implicó una mayor expropiación del salario docente. Todo el 2020 el propio trabajador tuvo que pagar sus herramientas de trabajo –léase conectividad, servicios básicos para el funcionamiento de la escuela en el hogar del docente (luz, gas, etc) y la mejora y desgaste de los equipos, es decir, computadoras, tablets, teléfonos–. Que nos quieran vender que el FONID-Covid cubrió algo de esos gastos es un insulto a la inteligencia.
Pero hoy afrontamos dos problemas centrales. El primero, organizarnos para batallar contra la conducta criminal de la clase que nos gobierna (la burguesía) que insiste con una vuelta a las clases presenciales que solo repartirá enfermedades y muertes. Y esto será así porque, por otro lado, ni los docentes ni nuestros alumnos y sus familias fueron inmunizados. Mientras nos envían al matadero en una política criminal, nos piden cuidado ante la segunda ola de casos que ellos mismos están generando desprovistos de cualquier armamento. El segundo, batallar por la vacunación masiva de toda la población y la defensa de la virtualidad hasta que ello se produzca, aspecto clave en la lucha política actual. El asunto es muy claro y no vamos a dejar de repetirlo todas las veces que sea necesario: el único requisito para volver a la presencialidad es la vacunación masiva de la población. Debemos advertir también sobre la farsa de la presencialidad actual, que solo se limita a gestionar la virtualidad porque la mayoría de las escuelas deben recurrir a un esquema de cursada combinado dada la falta de espacio. No podemos, un año más, permitir que nuestros alumnos sean abandonados a su suerte: vamos a pelear por equipos y conectividad para todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa lo que incluye a alumnos y docentes. A su vez, la virtualidad requiere un seguimiento personalizado en lo pedagógico y en lo asistencial. No puede ser que tengamos 20.000 compañeros sin trabajo cuando esos compañeros podrían estar hoy trabajando para sostener el proceso educativo de cientos de miles de alumnos. Lo cierto es que, queremos volver a escuelas en condiciones. La pandemia puso sobre el tapete el estado de las escuelas, la necesidad de construcción de espacios en cantidad y calidad suficiente, la necesidad de reparación de las escuelas existentes. Bien, el gobierno ya perdió un año. No podemos permitir que el censo de infraestructura realizado con personal idóneo y fiscalizado por la comunidad educativa demore un minuto más. Finalmente, si queremos mejorar la calidad educativa una de las variables a tener en cuenta es el salario docente. No queremos que la docencia implique una vida limitada, sobreexplotación mediante, a la subsistencia biológica: peleamos por la recomposición histórica de nuestro salario y porque el cargo testigo sea equivalente a, por lo menos, dos canastas básicas totales reales.
Solo este pliego de reivindicaciones puede poner a la docencia de pie en un plan de lucha que tome los problemas urgentes del conjunto de los trabajadores. Si nos limitamos a infraestructura o salario, obviando la pandemia, moriremos en el camino. Si los sindicatos no organizan esa lucha debemos hacerlo nosotros, porque hoy más que nunca está en juego la vida y la educación de nuestros alumnos.
