Esta semana se dio a conocer el caso de 10 trabajadores de Coto Lanús, contagiados de Covid-19. Hoy, como la sucursal abierta, ya se registran 21 infectados. Muy lejos está de tratarse de un hecho excepcional, producto de tal o cual gerente descuidado o de esta cadena en particular. Estamos ante una situación general que se repite en varios supermercados y autoservicios mayoristas. Los motivos no son ningún misterio: trabajadores expuestos, que no cuentan con la provisión de elementos de protección y seguridad, patronales que se niegan a cerrar y activar protocolos sanitarios acordes a la situación. En este caso, Coto –a través del gerente, Eduardo Bufalo que se cruzó a los gritos con inspectores- pretende seguir funcionando sin controlar el posible contagio en el resto de los trabajadores.
En los primeros días después de decretada la cuarentena, las aglomeraciones de clientes fueron la nota. Al día de hoy, las normas de distanciamiento no se suelen respetar, como así tampoco los protocolos de limpieza y desinfección. Incluso cuando se reconocen posibles casos de contagios entre el personal, las sucursales cierran sus puertas por unas pocas horas, para luego retomar la actividad, sin aislar ni siquiera a los contactos estrechos. De eso se trata el “protocolo sanitario” patronal.
A comienzos de junio, ya se registraban 166 casos positivos de coronavirus en sucursales de la Capital Federal y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se trata de cajeros, repositores y empleados de otras dependencias de firmas como Coto, Disco, Carrefour, Vital, Macro, Walmart, La Anónima, Jumbo y Chango Más, entre otras. Como dijimos, es una constante de todas las firmas. Como señalan algunas denuncias, las empresas ocultan información al respecto, llegando a amenazar al personal con sanciones si esto toma estado público. Por eso, el número real puede ser mucho mayor.
Coto es una de las empresas que más casos registra y a la vez, que más denuncias ha recibido por parte de sus empleados. No casualmente, estos compañeros que se animaron a levantar cabeza, sufrieron golpizas por parte de patotas que responden al sindicato de comercio. En la sucursal de Quilmes, una docena de trabajadores dieron positivo, mientras la empresa se negaba a cerrar las puertas. La movilización de los empleados tuvo tal repercusión que la intendenta Mayra Mendoza no tuvo más remedio que intervenir y cerrar la sucursal. Lo hizo, sin embargo, solo por 24hs., y con el “compromiso de la patronal y el sindicato de aislar al personal.
Por su parte, el municipio de Malvinas Argentinas clausuró un Carrefour por incumplimiento de protocolo, ante un caso sospechoso. En Pilar sucedió algo similar con el local de Jumbo, dónde se detectaron 7 contagios en una semana, sin que los responsables de la cadena dieran aviso a las autoridades.
Los que creen que el problema es de tamaño, y que son las “grandes empresas” las que se mueven por su bolsillo y se desentienden de la salud de su personal, deberían recorrer los supermercados del interior. En general, se trata de empresas que no pertenecen a estas cadenas de renombre, muchos de los cuales se encuentran ubicados en el interior del país. Allí el grado de precarización y flexibilización es mucho mayor y desde luego la aplicación de protocolos y la inversión en elementos de seguridad e higiene muchas veces deben ser comprados por los propios empleados.
¿Y la burocracia sindical? Buen gracias. Cavalieri y Ramón Muerza –que se disputaron la última elección en el sindicato de comercio- negocian a espaldas de los trabajadores. Incluso pudo verse a Muerza encabezando junto al empresario Alfredo Coto, una protesta por la reapertura de la sucursal de Ramos Mejía. Ambos demuestran que lejos de representar a los trabajadores, su preocupación es que los patrones mantengan sus ganancias. Así lo demostró Cavalieri reclamando abiertamente el fin de las restricciones y que los comercios vuelvan a abrir sus puertas, con medidas mínimas de prevención (barbijos, alcohol en gel) aunque esto signifique exponer la salud y la vida de la clase obrera.
Está claro que los compañeros que trabajan en supermercados no pueden esperar nada de esa dirigencia que responde a los patrones. Hoy más que nunca es momento de construir un plan de lucha propio por protocolos sanitarios y condiciones de seguridad fiscalizados por los mismos trabajadores, recomposición salarial y el pago en tiempo y forma de salarios, aguinaldo y bonos comprometidos. La vida está en peligro.
