Por María Cecilia Luiso
Sobre la degradación educativa manifiesta en las condiciones de trabajo de los docentes venimos escribiendo y denunciando hace rato. En su parte más visible, ese deterioro incluye, claro está, el salario. Hoy el salario inicial de un docente no alcanza para cubrir la canasta de pobreza, mucho menos si tomamos en cuenta los gastos inherentes a la labor docente. Si, como explicamos en reiteradas ocasiones, en la década del ´30 el salario inicial de un docente equivalía a dos canastas básicas totales de la época, esto permitía que un docente pudiese realmente vivir de la docencia. Hoy corremos todo el día, acumulando horas en las escuelas, en lo que es una sobreexplotación basada en la pura necesidad: subsistir.
Lo cierto es que de la mano de esa degradación salarial se aceleraron, en los últimos años, la degradación y el atropello de los derechos y condiciones laborales de los y las docentes. Las formas más naturalizadas por la burocracia sindical y los gobernadores es la que se materializa en el Plan Fines. Contrataciones temporarias (en un primer momento, en actos de selección poco claros y controlados) por las que no se goza de los derechos establecidos en el estatuto; luego, con Macri, algún ordenamiento formal mayor que no anuló del todo las irregularidades, tal como explicamos en otra oportunidad.
A esto se suman planes como el CAJ (centros de actividades juveniles), el PMI (Plan de Mejora Institucional), profesores tutores y otros, en los que el pago muchas veces se realiza bajo régimen monotributista y se trabaja varios meses hasta que llegan las órdenes para cobrar, contrataciones que no cuentan con ART, ni licencias, entre otros derechos vulnerados. Lo mismo ocurre si incluyéramos distintos programas socioeducativos locales o nacionales como Orquestas, para dar otro ejemplo.
En este terreno, el FORTE es un peldaño más en esta precarización. No se trata de un avance ocasional sobre las condiciones de trabajo motivadas por la pandemia, la crisis sanitaria, o la crisis general sino una profundización de un recorrido histórico. Ya durante la pandemia, durante ASPO y DISPO, se pusieron de relieve toda una serie de falencias históricas del sistema educativo: falta de personal, de infraestructura, de dispositivos y conectividad, desempleo estructural en el seno de la docencia visibilizado más aún por la falta de actos públicos, caída de salarios y agudización de la sobreexplotación docente, lo que se manifestó como dificultad para acceder a horas mediante la modalidad virtual de actos públicos, falta de equipos de orientación escolar, deserción en masa. El 2020 fue un laboratorio de propuestas y planes para maquillar y contener la debacle educativa. El PIEDAS formó parte de este esquema de contención en el seno de la docencia desocupada.
Para el “Periodo de intensificación”, el gobierno de la provincia de Buenos Aires propuso la contratación de docentes que, en presencialidad, ayudaran a los alumnos. Estas horas podrán organizarse a contraturno e incluso los días sábados. El sector docente al que se dirige el nuevo FORTE es el de los docentes subocupados de cada escuela. Recordemos que, en principio, las horas son ofrecidas desde cada escuela para aquellos que, queriendo concursar, no superen los 14 módulos activos. Sea donde sea la escuela, no está previsto el cobro de bonificaciones por ruralidad.
En apariencia alguien podría pensar que se trata de una propuesta que da respuesta a lo que reclamamos durante toda la pandemia: contratación de docentes para trabajar en parejas pedagógicas o para poder dividir los cursos, a fin de brindar seguimiento y educación personalizada. Nada más lejos. Por un lado, porque se contrata a estos trabajadores solo hasta el 31 de marzo, o 30 de abril si los alumnos a cargo fuesen de 6to año. Por otro lado, porque la cobertura no guarda relación estricta con el currículum a acompañar y se apunta a la polivalencia y al trabajo por áreas y proyectos. El único objetivo es menguar la deserción entre años, abultando las cifras de desescolarizados.
En paralelo, no hay propuestas de abastecimiento de dispositivos ni se asegura la conectividad para que los alumnos puedan educarse en la seguridad de sus casas; no hay propuestas de infraestructura, más que alejar las mesas y usar un poco de alcohol. Solo hay, otra vez, planes de miseria para compañeros y compañeras que necesitan trabajar luego de un año con actos públicos deficientes. Solo hay, otra vez, una propuesta para dar clases donde sea que se habilite y usar los espacios del barrio para ello. Solo hay, otra vez, una presencialidad que es una farsa, porque su única tarea es ordenar la virtualidad generando una falsa imagen de igualdad.
Por todo lo dicho, lo único que se fortalece es la degradación. Lo venimos advirtiendo: estamos en ciernes de una gran catástrofe educativa a la que se suma una decisión de presencialidad de muerte. Esto es lo que tiene para ofrecer el gobierno con el silencio cómplice de la burocracia sindical. En su “pliego” no solo ofrecen salarios de hambre sino también extender la precariedad laboral en el seno de la docencia. Conocemos los intereses de su clase, por eso, no hay nada para exigirles y sí mucho para organizar en el seno de la docencia.
Y por qué, con este panorama que describen, los docentes están tan dormidos y aceptan lo que sea?