En numerosos comunicados expusimos las falencias y la degradación del sistema de salud del estado nacional y provincial. Esta situación se vio acentuada durante la pandemia de COVID-19, que obligó a aumentar el número de trabajadores de hospitales y centros de salud, pero también aumentó el nivel de precarización en el sector. Todos los ingresos se dieron con contratos que ni siquiera respetan los salarios y condiciones de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) de la sanidad, llegando al punto, en varios municipios, de obligar a beneficiarios de planes sociales a prestar servicios en hospitales.
Día a día vemos como los trabajadores de la salud que están en primera línea de lucha contra el coronavirus protestan y manifiestan, con diversas acciones, sus exigencias al estado. Reclaman mejoras en las condiciones laborales, salariales y los elementos de bioseguridad. El ejemplo más visible es el del personal contratado en este periodo de pandemia, que los gremios de salud dejaron a la deriva. Se organizaron como “autoconvocados” y llevan meses de reclamos, meses trabajando horas extras, haciendo malabares para resolver la atención y tratamiento de los miles de casos de coronavirus en Jujuy con los escasos recursos que pusieron a su disposición.
El gobierno de Gerardo Morales, brilla por su ineficacia, pasó meses vanagloriándose con su discurso de que la provincia estaba blindada e inmune a la pandemia. Se dejaron pasar meses cruciales para la formación y preparación de los recursos sanitarios idóneos para que el COVID-19 no se cobrara más de 620 de vidas en la provincia. Estas muertes se dieron por decenas en los ingenios azucareros, otro tanto en las mineras, también en el sistema de salud, la seguridad, en educación y cientos más.
La precarización en el personal de servicios de los hospitales es el sostén del modelo de salud pública del gobierno
Los trabajadores de servicios de apoyo como ser los camilleros, el personal de lavandería, de limpieza, de cocina, servicios generales, choferes de ambulancias, el sector mantenimiento, administración, etc. están dentro de los perores pagados y con pésimas condiciones laborales en los hospitales. Los contratos de precarización son moneda corriente en el sistema de salud provincial, en algunos casos los contratos son por meses o por prestación de servicios. En los ’90 por el cólera, y ahora por el coronavirus, se recurrió a este sistema de contratación, pero una vez que el momento más crítico se supera quieren dejar a los trabajadores en las calles. Otra política que se «naturalizó» es la de los planes sociales en lugar de los salarios, de compañeros que dejan su salud y arriesgan su vida para mantener en funcionamiento los hospitales y centros de salud en los barrios de nuestra provincia. Con las denuncias por falta de insumos y herramientas para el mantenimiento, y la negativa de las autoridades de hospitales a la hora de proveer al personal de EPPs, queda más que claro que si al gobierno no le interesa el reclamo de los profesionales de la salud (médicos y enfermeras), mucho menos le importa el de los compañeros contratados que prestan servicios esenciales en el sistema sanitario y que garantizan día a día su funcionamiento. Quien imaginaria un hospital funcionando sin limpieza, sin la garantía de servicios esenciales como el agua caliente, el gas, la energía eléctrica, sin sabanas limpias, sin comida para los enfermos, ¿sin siquiera atención en la mesa de entradas?
El hospital Paterson y sus trabajadores
Este hospital fue un ejemplo de primera línea en sus mejores momentos. Y si hoy sigue funcionando y dando respuesta inmediata para la comunidad de San Pedro de Jujuy, es gracias a sus trabajadores. Los responsables del deterioro y degradación de este nosocomio hay que mencionarlos: son las innumerables gestiones peronistas que iniciaron la problemática. Y ahora, con la llegada al poder provincial, la UCR, que se juega a desmantelar los hospitales tercerizando servicios y no ofrece ninguna solución a la crisis de la salud pública.
En la pandemia los trabajadores han demostrado su compromiso, primero lidiando con el ya ex-Director del Hospital, el Dr. Marcelo Villa (anteriormente director del hospital de Maimará y director de la región Quebrada del muy cuestionado Plan estratégico de Salud del gobierno jujeño) que hasta el último momento antes de su renuncia se negó a hisopar a todo el personal del hospital, a recibir las donaciones de cientos de obreros sampedreños, y, de manera negligente, ni siquiera pudo organizar los circuitos de atención dentro de hospital a fin de garantizar la bioseguridad de los trabajadores y pacientes. Las jornadas de protesta, la simpatía y adhesión del resto de los trabajadores de San Pedro y el estado público que tomó el conflicto a través de los medios, culminaron en su renuncia.
Tras su salida asumió la jefa del COE de San Pedro, la Dra. Vichetti. El cambio sólo fue de jugador, ya que son del mismo equipo, ambos pertenecen a la UCR. Los trabajadores no se quedaron callados y con acciones públicas y protestas lograron que se testeara a todos. Lamentablemente lo tardío de esta medida se cobró la vida de una enfermera contratada, que hasta el día de su fallecimiento no vio ni un peso de su trabajo, y del jefe de mantenimiento. Estas muertes se habrían evitado, pero en los hechos, la negligencia está en la agenda del gobierno.
Según los datos oficiales la curva de contagios está en descenso. Una buena noticia que podría ser aprovechada por el gobierno para cuestionar la fuente laboral de los cientos de contratados por el ministerio de salud, responsables y protagonistas de ese logro. El gobierno anuncio que la cantidad de casos en tratamiento podían ser absorbidos por las salas de atención y cuidados intensivos de los hospitales públicos, y con ello el cierre de los hospitales de campaña en donde prestan servicios los contratados. El gobernador, en uno de los últimos informes del COE provincial aseguró la continuidad laboral de todos los trabajadores de la salud que ingresaron durante la pandemia. Cómo eso no es una garantía, esa declaración debe ser el inicio de la organización para la lucha que se viene, la lucha por mantener esos puestos laborales que tanta falta hacen en la salud pública. Debemos exigir a los gremios esta defensa, no solo a los afiliados, la lucha debe ser por todos los trabajadores con las exigencias de pase a planta, insumos necesarios y elementos de bioseguridad.
La unidad de los trabajadores de la sanidad es fundamental para hacerle frente a la degradación de la salud publica jujeña. Por ello debemos poner en pie un plan de lucha que discuta las reivindicaciones no solo actuales, sino históricas que los trabajadores de la salud vienen reclamando:
– Por la apertura de la discusión salarial en todos los escalafones y categorías,
– por la recomposición histórica del salario: salario igual a dos canastas básicas totales,
– por el pase a planta permanente de todos los contratados y beneficiarios de planes sociales que desempeñan tareas en hospitales y centros de salud, bajo convenio colectivo de trabajo,
– por capacitaciones y elementos de bioseguridad para todos,
– por insumos y lugares idóneos para la atención sanitaria, los hospitales de campaña fueron una solución transitoria a un problema permanente, la decadencia y degradación de la infraestructura sanitaria,
– por un presupuesto para la salud pública que contemple todo esto, basta de financiar a la burguesía planera, y
– por un sistema sanitario centralizado bajo control de la clase obrera, para atender a nuestros propios intereses y hacerle frente a la pandemia.
