Una política de clase. Abandono, deserción y parches

Romina De Luca – GES

“Seguramente ya están perdidos en el pasillo de una villa o cayeron en actividades de narcotráfico” dijo Soledad Acuña. Les tendemos una mano, sostienen los peronistas. Ambos encubren una misma política de clase administrando pobreza, degradación y barbarie.

Las declaraciones de la ministra de educación porteña, Soledad Acuña, a propósito del destino de los desertores de la escuela despertó un vendaval de críticas. “Seguramente ya están perdidos en el pasillo de una villa o cayeron en actividades de narcotráfico”, sostuvo Acuña con la “diplomacia” a la que acostumbra concluyendo que para esas y esos ya era tarde. Con la demagogia populista que los caracteriza el arco peronista apuntó fuerte contra sus pares de Juntos por el Cambio que ya parecen probarse las ropas para el 2023. Detrás de los gritos, se esconde una misma política de clase de un lado y otro de la grieta: la administración de la degradación educativa, la ausencia de indicadores y las soluciones improvisadas. Acuña suele admitir esta degradación sin mayores tapujos mientras sus opositores esconden sus miserias tras bellas palabras. Como si alcanzara con el discurso para transformar la realidad. Conviene, entonces, revisar este problema para ver qué hay detrás de tanto ruido.

Desertores

Ya sea para abandonarlos a su suerte o para tenderles una mano, si hablamos de deserción tendríamos que saber cuántos son. Al margen de cifras sueltas tiradas en declaraciones periodísticas de ocasión, la cantidad de desertores que dejó la pandemia es aún un misterio. Los números oficiales fueron variando en una dirección antojadiza. A fines de 2020, el gobierno declaraba que cerca del 10% de las y los estudiantes se había desvinculado de la escuela durante la pandemia. El gobierno adujo que se trataba de un millón de estudiantes, pero si, como también señaló, se trataba de todos los niveles y modalidades, la cifra ascendía a más de 1.300.000. Un año después, ya a fines de este 2021, el Ministerio de Educación publicó los datos del Relevamiento Anual 2020. Los números para llenar de contenido ese 10% de desvinculados brillan por su ausencia: estudiantes salidos sin pase de toda la secundaria común se registran apenas 77.271, cuando en 2019 la cifra era superior con 88.884; en otra base de datos el número es cero -algo que resulta coherente con la promoción acompañada. Además, entre los que iniciaron el año escolar 2020 y los que llegaron al último día existe una diferencia de 176.549 estudiantes, pero ambos datos supuestamente de 2020 se detallan como de 2019. Ya ni hablemos de tomar en consideración un dato que repetimos en estas páginas hasta el cansancio: previo a la pandemia la deserción educativa es enorme. Porque de cada 10 alumnos que inician la escuela secundaria obligatoria solo 6 llegan al último año y de esos que llegan al último año, egresan en tiempo y forma solo 4. Si arrancan la escuela secundaria 795.471 estudiantes, seis años más tarde, solo egresaban 356.212. Preguntarse cómo se modificará ese número luego del primer año de la pandemia no parece nada estéril, pero estamos sin datos. Solo dos encuestas anuales publicadas desde que se inició la pandemia. Y ya ni hablemos del 2021..

En septiembre de este año, el gobierno nacional informó que cerca de dos millones de estudiantes de todo el país -exactamente 1.870.000-, mayoritariamente del nivel secundario -1.014.000-, presentaban “problemas de vinculación escolar y posible abandono”. Explicaron que los motivos eran pedagógicos, tecnológicos y personales. Las cifras devenían de la inclusión de esas chicas y chicos en el programa de acompañamiento docente “Acompañar”. De ese número incierto, el gobierno reconocía que el 6% se encontraba en una situación “crítica” -esto es cerca de 112.000- y que con la pandemia el abandono y la repitencia habían aumentado casi dos puntos porcentuales: se pasó del 8,7% a 10%. En esa oportunidad hablaron las secretarias de Educación y de Innovación y Evaluación Educativa. En su momento, a la hora de explicar el fenómeno, Marisa Díaz le proporcionó al diario Perfil, motivos muy similares a los esgrimidos recientemente por Soledad Acuña: “es una situación multicausal, es de orden pedagógico con problemas escolares, de relación con la virtualidad, también problemas preexistentes como jóvenes que trabajan, paternidad juvenil y adicciones, entre otras”. Había reconocido que, en realidad, la pandemia había complejizado cuadros y los había vuelto visibles. Para el programa Acompañar, el gobierno nacional distribuía a todas las jurisdicciones $2.194.499.995 lo que implica que divididos por cada piba y pibe desertor el gobierno gasta $1.170. Después se llenan la boca hablando de inclusión. Lo cierto es que esta es la “mano auxiliadora” de la que habla Alberto Fernández para dar cuenta que ellos no se resignan. También los dichos de Díaz deberían generar tanto “asco” y repudio como los de Acuña. No lo hicieron. Nadie salió al cruce en ese momento ni se pidió su cabeza acusándola de estigmatizar juventudes. 

Solo unos meses antes, en abril de 2021, estudios muestrales indicaban que 27 de cada 100 estudiantes que vivían en villas y asentamientos tuvieron trayectorias escolares discontinuas durante el 2020 (dejaron la escuela en algún momento del año). Y casi el 10% no había regresado a clases en 2021. ¿Estado presente? El mismo estudio realizado por Argentinos por la Educación concluyó que uno de cada dos estudiantes dijo que la asistencia alimentaria y/o escolar la recibió de parte de organizaciones sociales. Un estado tercerizador. 

Para finalizar, desde septiembre de 2021 a enero de 2022 el gobierno mágicamente habría logrado que ese 1.870.000 de estudiantes en riesgo de abandono pasara a 500.000 según el propio ministro Jaime Perczyk. Su cuenta incluía también a estudiantes del nivel inicial -sí, los desertores del jardín de infantes- y recuperaba como punto de partida el millón de desvinculados de noviembre 2020. Lo cierto es que, con semejante manejo de las cifras, con la publicación de estadísticas del año 2020 que parecieran no dar cuenta de ningún evento de la pandemia cuesta (y mucho) creer sus números. Por cierto, los números de Soledad Acuña son igual de inverosímiles. Habló de 6.500 desertores con motivo de la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires durante 2020 de los cuáles apenas 100 no habían retornado.

La pregunta que convendría hacerse es, a sabiendas que detrás de los números tenemos personas, a cuántos se les va a tender una mano si ni siquiera parecen saber cuántos son esos a los que hay que ir a buscar.  

En lo que pocos se detuvieron es en el hecho de que las declaraciones de Acuña en realidad eran un cuestionamiento a las medidas nacionales. Cuando decía “ahora es tarde” se refería al cierre de escuelas durante 2020 defendiendo la política de apertura que Alberto acaba de ratificar a nivel nacional con más de 100.000 casos diarios para este 2022, a la falta de información oficial en relación a estos dos años de pandemia. Lo cierto es que Acuña es una representante de la burguesía hecha y derecha a quien poco le importa la demagogia K. 

Las clases existen…

Lo cierto es que podríamos dar muchos números para explicar aspectos asociados con ese famoso “contexto” que influye en la deserción. Vamos a usar solo los datos más recientes que vinculan condiciones de vida y escolaridad. En efecto, la quinta ronda de la Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población “El impacto de la pandemia COVID-19 en las familias con niñas, niños y adolescentes” realizada por UNICEF a 2.460 hogares ¹ de todo el país arrojó resultados que permiten entender esas trayectorias escolares en supuesta disputa. Por un lado, la encuesta realizada entre octubre y noviembre de 2021, mostró que 6 de cada 10 hogares declararon que sus ingresos monetarios disminuyeron con la pandemia. La mitad de los hogares entrevistados sufrió inestabilidad laboral cuadro que afectó en mayor medida a las mujeres dónde el 59% de ellas frente al 38% de sus pares varones sufrieron falta o cambios en su trabajo. Además, el 31% de las mujeres de los hogares encuestados estaba desempleada antes de la pandemia y no había logrado nuevo empleo. Asimismo, el 52% de los hogares encuestados sostenidos por mujeres no recibían sus cuotas por alimentos, cifra que trepaba al 63% si se considera a los hogares de mujeres que recibían esas cuotas, pero de manera irregular. Según otro informe del Banco Mundial ² , en promedio para América Latina, los grupos con mayores probabilidades de perder su empleo eran mujeres (38%), madres con menores de menos de cinco años a cargo (40%) o personas con nivel educativo equivalente al nivel primario (35%). 

En el total, uno de cada diez hogares tenía, por lo menos, un integrante desocupado y el 27% de ellos había contraído, al menos, una deuda. De todos, los que más se habían endeudado eran los hogares perceptores de la Asignación Universal por Hijo y con jefatura de mujeres. Respecto a un año atrás -octubre 2020 y octubre de 2021- había aumentado el endeudamiento para la compra de alimentos y uno de cada cinco hogares recortó el pago de servicios como luz, gas, teléfono, celular o internet. No por nada, seis de cada diez hogares recibían algún tipo de subsidio de protección social: Tarjeta Alimentar, AUH, Potenciar Trabajo entre otros y más de la mitad creía que la ayuda brindada por el estado era insuficiente. 

En ese cuadro, el 39% de los hogares dejaron de comprar alimentos dada la carencia de recursos. No hay que ser socialista para entender que esto es un grave problema: el desarrollo pleno de la infancia requiere una alimentación sana, variada y nutritiva algo que hasta el derecho burgués reconoce, aunque no puede cumplirlo. También al entrelazamiento entre patriarcado y pobreza: las mayores restricciones al acceso de alimentos se daban en los hogares con desocupados, asistencia estatal o jefatura femenina donde las privaciones alcanzaban a más de la mitad de los hogares. También fue en esos hogares con jefaturas femeninas donde más se sintió el incremento de las tareas de cuidado y de acompañamiento pedagógico. ¡Menos mal que Alberto abolió el patriarcado!  

Por si hiciera falta, destacamos que todos estos indicadores medidos en octubre-noviembre de 2021 se dan en el contexto de “rebote” de la economía argentina, es decir, no son el peor escenario de la pandemia. Claro, sí hablan de un capitalismo en descomposición hace décadas. 

En lo que refiere a cómo transitaban la escolaridad que en más de 9 de cada 10 casos era plenamente presencial, casi uno de cada tres (29%) había registrado interrupciones por contagios. El 15% de los hogares, a octubre de 2021, continuaba sin conectividad cifra que en el NOA ascendía al 29% y en el NEA al 22%. El 42% de los hogares seguía sin computadoras o tablets y uno de cada cinco hogares no tenía dispositivo alguno para la educación remota. Pueden hablar mucho del relanzamiento del CONECTAR -hoy Plan Juana Manso- pero en dos años de su propia gestión, los números no están de su lado. Suponer que toda esta serie de indicadores no habla del impacto de una sociedad de clases en la vida de millones es una absoluta ingenuidad. Esa es la base material que hace a las condiciones de vida de las y los trabajadores. Suponer que no inciden en su escolarización es pensar a la escuela por fuera de la sociedad y eso, es sencillamente, imposible. Individuo, familia, escuela, contexto general son los factores que todos los organismos burgueses reconocen como multicausales de la deserción y de las “escolarizaciones débiles”. Gritar “nunca es tarde” no resuelve la combinación objetiva con la que operan esos factores. Esconderlos, reducirlos al neoliberalismo, a un tipo de personal político o camuflarlos tras el FMI, no hacen avanzar la conciencia. Toda esta degradación tiene origen en un sistema social que tiene nombre: se llama capitalismo. Ya está documentado que quienes no reciben una nutrición adecuada durante la primera infancia corren el riesgo de sufrir deficiencias en su desarrollo cognitivo y físico. Negarlo no repera un hecho objetivo. La barbarie para millones es la política de clase de la burguesía. 

En la actualidad el gobierno nacional insiste en que tienen identificados a todos los desertores. Solo que parece guardar su número bajo cuatro llaves. Lo hace en un contexto en el que se empuja por los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) que remiten a la nominalización de las trayectorias escolares recabando inasistencias injustificadas, calificaciones y rendimientos académicos previos. De tener alguna utilidad, sabemos el gobierno solo podrá contar con el primero ya que las promociones automáticas, acompañadas borraron esas otras partes del diagnóstico. También se contempla el cruce con factores asociados a las condiciones de vida que los funcionarios “no midamos que estigmatiza” tampoco podrán aprovechar. Que quienes dirigen sindicatos clasistas hablen de no evaluar, de evaluaciones truchas, de discriminación y estigmatización no ayuda a la construcción de un cuadro científico para nuestra intervención. 

…Y gobiernan para ellos

El peronismo porteño, de la mano de Angélica Graciano, sostuvo que la ministra «muestra realmente una discriminación de clase muy complicada» y por eso habló de discriminación y clasismo. Roberto Baradel dijo que ese clasismo formaba parte del ADN del PRO en su desprecio por la educación pública. En cambio, puso como ejemplo a la provincia de Buenos Aires, con la designación de 30.000 docentes para ir a buscar a esas pibas y pibes o la designación de 5.000 trabajadores sociales olvidando el déficit crónico de gabinetes escolares que acumula la provincia. Olvidando también las condiciones laborales para esos docentes contratados precarias, flexibilizadoras y cambiantes. 

Según Hugo Yasky, van a recuperar a esos desertores con el impuesto a las grandes fortunas. El Frente de Todos presentó un pedido de repudio en la legislatura porteña por reproducir “con sus dichos una serie de estigmas que pesan sobre las juventudes que habitan en los barrios populares”. Se trata de un razonamiento postmoderno que presupone que es el discurso el que crea la realidad. Aprovecharon además para propagandizar las becas Progresar como si ello modificara sustantivamente la realidad de esos 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes que hoy son pobres. Ellas y ellos son la herencia del peronismo hoy en el poder y que, solo para contar desde 1983 a esta parte, gobernó también otros 26 años. El arte de ver la paja en el ojo ajeno mientras tanto Victoria Donda acusa a la ministra porteña de incumplir sus deberes de funcionaria pública mientras ella antes le ofrecía un cargo público a su empleada doméstica a cambio de no pagarle las cargas sociales. Esa sí es ética pública.  

Recuperando lo dicho por UTE y el arco K, Ademys sostuvo que las declaraciones de la ministra eran “clasistas y discriminatorias” y concluyó “no a la política clasista en educación”. En su comunicado sostuvo “la pobreza y la miseria crecientes son resultado de un sistema en el que empresarios y políticos se llenan los bolsillos a costa del esfuerzo y el trabajo del pueblo, un sistema en que se profundiza el saqueo de nuestros territorios, el endeudamiento y el ajuste. Un sistema frente al cual seguimos y seguiremos peleando”. Y romantizó la docencia, sin solución de continuidad, como esas y esos que iban a ir a buscar a las pibas y pibes a sus casas. Como si esta fuera nuestra tarea individual y no la del Estado. 

La izquierda aprovechó para denunciar la entrega del gobierno nacional al FMI y el pago de la deuda fraudulenta junto al incumplimiento de las promesas de campaña por parte del gobierno ³ . Por eso, salió a acusar al gobierno de Alberto de demagogia. Como si la clase obrera argentina guardara hoy alguna expectativa por un gobierno al que acaba de repudiar en las urnas. Realmente suponer que el estado de situación actual del sistema educativo es privativo de la pandemia o del acuerdo con el FMI es de corta mira. No utilizar la ocasión para explicar el origen social de este cuadro es otra oportunidad perdida. 

Que se vayan todos

Si algo revela el affaire Acuña es la inutilidad de todo el personal político y de la burguesía argentina parásita para resolver los problemas que tienen millones. Acuña no tiene prurito en confesar, sin tapujos, algo que ya sabemos: una deserción que se acumula año tras año y que se profundizará con la pandemia no es un accidente no deseado. Es una política de clases para los sobrantes de un sistema social en descomposición. Para esos desertores ya inventaron un circuito de titulación más barato y rápido: el plan Fines trayectos (ex Fines 2) con trabajadores precarizados, contenidos devaluados prescindiendo de las escuelas. No es azaroso que el gobierno haya salido a propagandizar, en estos días, la inscripción al Fines junto a las becas progresar. Por cierto, el gobierno nacional, o sin ir más lejos, en la provincia se vanaglorian de haber contratado docentes para programas como FORTE o +ATR que se suman al nacional Acompañar, REDES y CERCA -de raigambre comunitaria. Todos tienen un elemento común para nada nuevo: trabajo precario y a término, donde lo curricular aparece en segundo plano. Por eso, se trabaja con proyectos -el método artesanal del que habla hoy Sileoni devenido en director general de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Otra vez. más del plan «progresista» de devaluar la educación que se le ofrece a los trabajadores. Como si una escuela fuera no mucho más que un banco debajo de un árbol y alguien con buena voluntad que trata de enseñar. La escuela árbol perpetua. 

Por eso, la tarea es denunciar las características que tienen las supuestas soluciones, las “manos tendidas” para estos desertores. No solo en lo que refiere a las condiciones de trabajo de nuestras compañeras y compañeros sino en el profundo y perdurable vaciamiento pedagógico que se pone en juego cada vez. Fueron unos y otros los que se negaron a contratar docentes, dotar de recursos a nuestro estudiantado, los que patean la mugre bajo la alfombra. Para peor, sus “soluciones” les cuestan miguitas ajustándonos más y más. El programa Acompañar eroga $1.170 pesos por desertor. A esas 7 de cada 10 infancias pobres se les ofrece una beca Progresar de apenas $5.677 y, con suerte, pagan útiles pero tomando la canasta escolar de referencia que está trabajando el gobierno en torno a los $4.500. Distintas consultoras estiman que solo la conectividad de una canasta tecnológica arranca en $1.150, un celular como dispositivo tecnológico en los $33.000 y una PC en $44.000. Es una política de clases sin dudas. Hay que oponerle la nuestra. Si queremos discutir la esencia del problema urge convocar un congreso educativo para el sector y una asamblea nacional de trabajadores que trace el rumbo general. 

1. Las respuestas fueron brindadas por 2.373 mujeres y 880 adolescentes. Proyectada la muestra era representativa “de 6.365.691 de hogares con al menos un niño, niña o adolescente y de 27.013.702 personas que habitan en ellos”. UNICEF: Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia COVID-19 y las medidas adoptadas por el gobierno sobre la vida cotidiana. Quinta ronda, primera edición, noviembre 2021. Disponible online en: https://www.unicef.org/argentina/publicaciones-y-datos/5ta-encuesta-rapida-covid
2. Grupo Banco Mundial-PNUD: Una recuperación dispar: tomándole el pulso a la región de ALC luego de la pandemia Resultados de las encuestas telefónicas de alta frecuencia en ALC Fase II, Ronda 1 – 2021, noviembre de 2021, p. 21. Disponible online en: https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/an-uneven-recovery.html?gclid=Cj0KCQiAraSPBhDuARIsAM3Js4qKyE4pN3WXDwAm2nSM7WtQFuXq_Lc568FvBHU_8I58U8uZs3EmmzwaAvBxEALw_wcB
3. La Izquierda Diario, 19/1/2022. Disponible en: https://www.laizquierdadiario.com/Entre-el-clasismo-de-Soledad-Acuna-y-la-demagogia-del-Frente-de-Todos En un sentido similar: Prensa Obrera, 19/1/2022. Disponible en: https://prensaobrera.com/educacion/ministra-acuna-un-ataque-violento-a-la-juventud-para-esconder-su-responsabilidad-en-la-desercion-escolar/