Un fantasma recorre… Las elecciones legislativas y la crisis social

en El Aromo n° 119/Novedades

Mientras que los partidos burgueses y el trotskismo están muy preocupados por ganar las elecciones legislativas o conseguir una banca en el Congreso, el país se derrumba envuelto en una crisis que se aproxima a la de 2001 y con problemas de largo plazo que se agravan.

Nicolás Villanova

OES-CEICS

En plena campaña electoral los partidos burgueses nos prometen una mejora en nuestras condiciones de vida: que vamos a volver a comer el asadito, que vamos a salir de nuestras casas a divertirnos, que vamos a gozar del mundo que se viene. Ninguno de ellos nos habla de la crisis social profunda que vive el país. Tampoco se habla de ningún proyecto específico, sino puras vaguedades o cuestiones extremadamente puntuales que no revierten procesos de larga data. Ni siquiera el trotskismo aprovecha las elecciones para hacer propaganda por el Socialismo. La crisis social es muy profunda y los partidos que se candidatean para gobernar sólo se acusan mutuamente de corruptelas, fotos en fiestas durante la cuarentena o de ladrones. Poco se habla del horizonte de la economía y la crisis social en ciernes. Lo cierto es que, en ausencia de propuestas estructurales, en el contexto de una crisis semejante a la de 2001, pareciera asomarse una expresión de descontento social a la que todos los partidos burgueses le temen: el fantasma del “voto bronca”. Aquí veremos la evolución del desempleo, el salario y la pobreza de los últimos años, que expone la magnitud de la crisis social que nos interpela y nos convoca a pensar la necesidad urgente de un cambio de rumbo del país.

Una masa creciente de desocupados

La tasa de desocupación excede con creces el porcentaje de “desempleo pleno” que registra el INDEC y se acrecienta desde hace décadas. No se trata de un problema cuyo origen deviene de un gobierno o de otro, de Macri o de Cristina, o bien, de la pandemia o la cuarentena. Los problemas de la desocupación son mucho más profundos que una mera gestión política. El kirchnerismo y el macrismo, en todo caso, son parte del problema y no de la solución. En efecto, las causas del desempleo se deben al desarrollo del capitalismo que en Argentina tiene una particularidad: la industria no agraria es mercado internista, no puede competir internacionalmente por su escasa productividad respecto de sus competidores mundiales, mientras que la industria agraria, que exporta y crea riqueza, no crea empleo suficiente debido a su elevadísima productividad.

En lo inmediato, la profundización de la crisis agrava todo este panorama y crea desocupación más allá de las condiciones generales de acumulación en Argentina. El inicio de la pandemia y la cuarentena estricta de los primeros meses del 2020 puso de relieve la magnitud del fenómeno de la desocupación y de las personas que se quedaron sin poder sostener su empleo en ese período. Como consecuencia de la cuarentena, unos 4 millones de personas dejaron de trabajar de la noche a la mañana, de los cuales la abrumadora mayoría no tenía ninguna capacidad de ingresos y eran contratados “en negro”. Esto quedó de manifiesto con la explosión de las solicitudes del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual fue requerido por 13,4 millones de personas y lo obtuvieron unos 8,9 millones. Ahora bien, pasado el peor momento de la cuarentena, la reaparición de la conflictividad y los movimientos sociales en las calles puso en evidencia la batalla por el aumento de los cupos de los planes sociales Potenciar Trabajo, los cuales pasaron de 560.343 en marzo de 2020 a 1.004.692 en junio de 2021.

No obstante, la desocupación también afecta en el corto plazo a la economía privada. La evolución de los asalariados del sector privado y registrado muestra una caída abrupta en términos absolutos que se remonta a 2018. En este sentido, en base a la información del Ministerio de Trabajo, la reducción de empleo asalariado privado y registrado del primer trimestre de 2021 en relación con el mismo trimestre de 2020 es de 152 mil asalariados; respecto de 2019, 340 mil; y, comparado con igual trimestre de 2018, la disminución de empleo es de 478 mil asalariados. Esto supone una destrucción neta de empleo desde por lo menos 3 años consecutivos, por la vía del aumento de los despidos bajo la forma de racionalización de personal (expulsión), retiros y jubilaciones anticipadas o a través del cierre de empresas. El incremento en las prestaciones del Seguro por Desempleo acompaña este proceso, pasando de 101 mil beneficios mensuales promedio en 2018, a 118 mil mensuales en 2019, 127 mil, en 2020, y 142 mil prestaciones mensuales en el primer trimestre de 2021.

Todos estos indicadores nos harían suponer que el problema del desempleo sería una consecuencia de la pandemia o en todo caso de las políticas del macrismo. Sin embargo, la magnitud del fenómeno de la desocupación no sólo es mucho más elevado de lo que los registros oficiales del INDEC nos muestran. A su vez, su tendencia creciente se manifiesta bajo diversas formas por lo menos desde la década de 1980 en adelante y se agudiza después del estallido de cada crisis. Además, sus causas se deben a la propia dinámica del capitalismo argentino. No hay creación de trabajo productivo en un capitalismo completamente ineficiente que no puede competir con sus pares internacionales, aunque este proceso no quita el hecho de que aumente la productividad en el seno de la industria mercado-internista, lo que implica más desempleo.

Esto quiere decir que ni el kirchnerismo ni el macrismo modificaron sustantivamente las bases de la economía argentina. Néstor y Cristina nos quisieron hacer creer con su relato productivista que después de la crisis del 2001 en Argentina se creaba empleo genuino. Los ensambles de computadoras en tierras fueguinas, cuyas partes son importadas de otros países, creaban falsas ilusiones de una economía que producía riqueza y valor. En los hechos, buena parte del crecimiento del empleo se debe a ocupaciones informales y desempleo encubierto bajo la forma de trabajo en el Estado y planes sociales. El gobierno Cambiemos, por su parte, se ilusionaba y suponía que con cambiar algunas variables económicas lloverían inversiones de dólares que crearían posibilidades de empleo productivo. Nada de eso pasó. Y los programas dirigidos a la creación de empleo en el sector privado, como el Plan Empalme y el Primer Empleo, fracasaron. Hoy la crisis laboral se profundiza y continúa su tendencia ya iniciada en la década de 1980.

En este sentido, con mediciones de la desocupación un poco más realistas de las que promueve el INDEC, incorporando como masa de desocupados a los beneficiarios de planes de empleo, a los desalentados, a los jóvenes inactivos mayores de edad que habitan en hogares pobres y a los que “trabajan” menos de 12 horas por semana (changarines), la tasa de desocupación no sólo se eleva notablemente sino que además nos permite observar un panorama actual semejante al del 2001. Previo a la pandemia, en 2019, la tasa de desempleo (más realista) llegaba al 28% y constituía unos 6,5 millones de obreros. La pandemia profundizó la crisis laboral y el desempleo trepó en 2020 al 40% de la población económicamente activa, un porcentaje semejante al del 2001. Un porcentaje que equivale a 9 millones de personas.

¿Y qué proponen los partidos burgueses para resolver el problema del desempleo en estas elecciones? Hasta el momento, lo poco que se ha dicho oscila entre una rebaja impositiva a las PyME y a las empresas que contraten trabajadores (lo que significaría una reducción de los aportes sociales, es decir, menos plata para la caja jubilatoria y para las obras sociales); achicar el Estado con programas para que se incorporen al sector privado (o sea, echar a empleados públicos); y, eliminar el pago de indemnizaciones por despidos garantizando Seguro por Desempleo (o sea, eliminar de cuajo un resguardo de la clase obrera y someterla a una miseria absoluta). Todas estas propuestas suponen más ajuste contra la clase obrera y mejores condiciones de explotación para la burguesía.

Allá lejos y hace tiempo…

La reducción del poder adquisitivo de los salarios es otro de los temas que genera debates entre los partidos burgueses de cara a las elecciones. El macrismo le achaca al Frente De Todos un mal manejo de la pandemia debido a la cuarentena estricta que habría provocado la caída de la actividad económica y, consecuentemente, una reducción salarial. También señala a la inflación generada por la abusiva emisión monetaria. Por su parte, el kirchnerismo, como no podría ser de otra manera, argumenta que el macrismo sería el culpable de la debacle post 2015. Es más, con algunas cuentas en base a fuentes oficiales algunos funcionarios del gobierno Fernández-Fernández no dudan un instante en elaborar series que aparentemente confirmarían estos supuestos. No obstante, sólo se analiza la evolución del salario del sector privado y registrado de la economía, es decir, la fracción mejor paga de la clase obrera. Además, se compara con el inicio de la gestión de Néstor Kirchner, el 2003, momento para el cual la devaluación de 2002 ya había rebajado muy sustantivamente el poder adquisitivo de los salarios respecto del 2001. Desde esta perspectiva, cualquier comparación con el 2003 resulta una mejora espectacular.

Sin embargo, la tendencia a la caída del salario se remonta por lo menos a mediados de los ’70. No es un proceso lineal, pero sí tendencial. Después de cada estallido de las crisis económicas (1982, 1989, 2001) estamos un poco peor que antes. Incluso, los niveles salariales promedio de la década kirchnerista son semejantes a los de la década menemista. A su vez, la reducción salarial es un proceso que constituye uno de los mecanismos de compensación de un capitalismo que no puede competir internacionalmente y que sólo se sostiene con deuda y con ajuste contra la clase obrera por la vía de la rebaja salarial. Aún cuando bajo el gobierno de Cristina un sector de los asalariados haya visto incrementar su salario, particularmente los obreros industriales del sector privado y registrado, aunque por debajo del que regía en los años ’70, los obreros “en negro” no tuvieron la misma suerte. Y no se trata de una población acotada. Se trata de un 35% de los asalariados, es decir, unos 5 millones de trabajadores, la mayoría de los cuales se emplea en pequeñas empresas.

Poner en contexto estos datos no resulta una cuestión menor. Sobre todo, porque en los años ’70 no había desempleo y el empleo precario era mucho más bajo que en los últimos 30 años. Desde esta perspectiva, la cantidad de obreros con ingresos era más elevada en términos relativos en los años ’70 que hoy. Por ello, a la hora de hacer comparaciones de largo plazo debe tenerse en cuenta que aún si el salario por individuo mensual promedio alcanzara los niveles de la década de 1970 (algo que nunca sucedió aún en los mejores momentos del kirchnerismo) eso no significaría una igualdad de condiciones en la estructura de la clase obrera: la masa de desocupados que hoy no obtienen salarios y que sólo vive de la caridad pública a través de subsidios cuyos montos no llegan a cubrir la canasta de indigencia de una familia tipo es elevadísima.

Al comparar los datos por ingresos de bolsillo de la ocupación principal de los asalariados registrados y no registrados que suministra la Encuesta Permanente de Hogares observamos una tendencia decreciente de la capacidad adquisitiva, que hoy se encuentra muy lejos del año 1974 y muy cerca del peor momento de la peor crisis de los últimos 60 años. El ingreso de los asalariados registrados en 2020 presentó una reducción del 50% en términos reales respecto del salario de 1974. A su vez, se encuentra apenas un 7,4% por encima del mismo nivel salarial que regía en 2002 (después de la gigantesca devaluación) y un 15,7% por debajo de lo que regía en 2001, antes del estallido. Cabe aclarar que esta es la situación de los obreros ocupados mejores pagos de la economía. En cambio, la situación de los asalariados no registrados es bastante más precaria: el ingreso de la ocupación principal de los obreros “en negro” de 2020 constituía un 69% menos respecto del año 1974, un 30% menos respecto de 2001 y apenas un 5% más respecto del 2002.

Muy parecida es la situación de la suma de todos los ingresos laborales de la unidad familiar de los hogares asalariados (Ingreso Total Familiar): en 2020 representó tan sólo la mitad de lo que se obtenía en 1974; comparado con el 2001, previo al estallido, el ingreso familiar de 2020 se encuentra un 17% por debajo y, respecto de 2002, luego de la devaluación y la pérdida de capacidad adquisitiva, lo supera por un 11,5%. Como vemos, los “gloriosos años ‘70”, previos al Rodrigazo y a la instauración de la Dictadura Militar, quedaron muy lejos en cuanto al poder adquisitivo de la clase obrera. Incluso, la mayoría de los indicadores sociales tales como el desempleo, el empleo “en negro” o la evolución del salario no tienen nada que envidiarle al menemismo, toda vez que se encuentran en niveles semejantes o incluso peores. Proceso que pone en evidencia que la denominada “década ganada” por el relato kirchnerista no es muy diferente de la “década perdida” menemista.

Con lo puesto

La masa creciente de desempleo y la tendencia a la disminución del salario profundizan la degradación de las condiciones de vida del conjunto de la clase obrera. La magnitud de las condiciones de miseria de la población va desde la falta de una vivienda hasta la carencia de lo más básico y elemental para vivir, la comida. Hace décadas que se incrementa el déficit habitacional, la cantidad de personas sin vivienda, que no pueden pagar los elevados alquileres o que viven hacinados. Y en paralelo crecen los comedores y los merenderos, aumenta la entrega de bolsones o las tarjetas Alimentar por parte del Estado, síntoma de que una parte cada vez mayor de la población no tiene ni para comer. Muy a pesar de la gigantesca batería de subsidios y asistencia estatal que se profundizó luego de la crisis de 2001, el aumento de los indicadores oficiales de pobreza e indigencia no cesó, aún cuando los criterios utilizados para su medición subestiman la pauperización.

Al igual que con la evolución salarial y el desempleo, el kirchnerismo nos quiere hacer creer que el incremento sustantivo de la pobreza se debe a la pandemia (en lo inmediato) y a los 4 años de gobierno de Macri. Cambiemos, por su parte, responsabiliza a Cristina de haberles dejado una “bomba” en diciembre de 2015. Otra vez, unos y otros se tiran la pelota acerca de las pésimas condiciones económicas heredadas. Sin embargo, la gestión de ninguno de ellos mejoró sustantivamente las condiciones de la población respecto de los años ’90 y mucho menos respecto de los años ‘70. En efecto, los niveles de pobreza se redujeron después de la crisis de 2001, pero frenaron su curso descendente en el año 2007 con la “crisis del campo”. Los registros de pobreza posteriores fueron manipulados con la intervención del INDEC por parte de Moreno y el gobierno kirchnerista para mostrar mejoras inexistentes a través de los indicadores.

Lo cierto es que aún con las limitaciones de las mediciones oficiales, los niveles de pobreza llegan a magnitudes gigantescas. En 2020, la pobreza alcanzó al 42% de la población, o sea, unos 19 millones de personas, y un 10,5% de la población era indigente (casi 5 millones de personas). Los más perjudicados son los niños, niñas y adolescentes (de 0 a 14 años), entre quienes el 58% se encuentra por debajo de la línea oficial de pobreza. Por su parte, hay aglomerados que superan el porcentaje promedio del país, como, por ejemplo, el Gran Buenos Aires, con más de la mitad de su población por debajo de la línea de pobreza (51%), el Gran Mendoza (44%), Gran Resistencia (53,6%), Concordia (49,5%), entre otros.

Ciertamente, la pandemia agudizó una situación social crítica preexistente. En efecto, el “mejor” momento después de la crisis de 2001 y 2002 en cuanto al indicador oficial de pobreza fue el 2006, con una tasa del 26%. Esto quiere decir que en el “mejor” momento posterior a la crisis y durante el gobierno kirchnerista un cuarto de la población se hallaba por debajo de la línea de pobreza. Luego, en 2015, Cristina Kirchner dejó su mandato con un nivel de pobreza cercano al 29%, resultado que sólo puede estimarse con datos alternativos debido a que el gobierno, además de manipular el índice de precios estimado por el INDEC, había dejado de publicar el indicador de pobreza.

Con el déficit habitacional ocurre una situación semejante a la evolución de los indicadores de pobreza. El kirchnerismo nos quiere hacer creer que con ellos la población mejoró sus condiciones de vida. Ciertamente, hubo partidas presupuestarias dirigidas a la vivienda social, a la urbanización de barrios precarios y a la mejora en los servicios públicos. También es cierto que mucha plata fue destinada para hacer negocios con la propia tropa, como por ejemplo a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, con el programa Sueños Compartidos de los hermanos Schoklender, o bien, con las cooperativas de viviendas sociales dirigidas por Milagro Sala.

Incluso, el kirchnerismo lanza muy tempranamente el Plan Federal de Viviendas, programa que absorbe a buena parte del histórico plan FONAVI, con entrega de viviendas “llave en mano”. Sin embargo, tiempo después redefinió su política y creó el PROCREAR, es decir, modificó la entrega de una vivienda a cambio de un crédito más “accesible” de lo que ofrecían los bancos privados. Programa que, igualmente, requería solvencia y ahorros de los beneficiarios, razón por la cual quedaba restringido a los asalariados registrados y mejores pagos de la economía. El macrismo, por su parte, mantuvo estos criterios de continuar con los créditos PROCREAR y los créditos “blandos”, los cuales resultan impagables.

El sólo hecho de que en el año 2017 se hayan registrado unos 4.416 asentamientos en todo el país donde habitan casi 4 millones de personas, donde la mayoría no tiene acceso al servicio de agua corriente, a red cloacal o electricidad, expresa la ausencia de solución a los problemas de vivienda. Por otra parte, según los indicadores de condiciones de vida que releva el INDEC, se llega al año 2020 con un 4,8% de la población (más de 2 millones de personas) que se encuentra en hacinamiento crítico, es decir que duermen más de 3 personas por cuarto; el 35,4% no accede a red de cloaca (16 millones de personas); el 8% reside en viviendas ubicadas a menos de tres cuadras de basurales (3,6 millones); el 12,8% reside en viviendas emplazadas en zonas inundables (5,8 millones). Cabe destacar que casi un 30% de la población no es propietaria de su vivienda, y por lo tanto debe alquilar, o bien, es ocupante, razón por la cual se encuentra en una situación muy vulnerable e irregular, sobre todo en un momento de aumento de los precios de los alquileres. El riesgo para quedarse sin hogar es inminente.

Un nuevo comienzo

Como vemos, la magnitud de la crisis social es descomunal y semejante a la de 2001. Todos los indicadores sociales de desempleo, pobreza y salario se aproximan al momento previo del estallido, con la diferencia de que la inflación hoy ya es elevada, aunque probablemente no hayamos visto lo peor. Sin embargo, ningún candidato habla de esto. Esta campaña se caracteriza por la ausencia de una propuesta de proyecto de país. Por su parte, las dos grandes expresiones que se candidatean ya gobernaron y fracasaron. El kirchnerismo gobernó el país durante 14 de los 20 años que pasaron luego del estallido del 2001. Cambiemos gobernó por 4 años luego de 2015. Ahora, el Frente de Todos lleva 2 años de gobierno y la crisis se ha profundizado cada vez más. Todos los indicadores sociales empeoran desde hace varios años, un proceso que va mucho más allá de la pandemia.

Ni el kirchnerismo ni el macrismo hablan en profundidad de la magnitud de la crisis social y económica en ciernes. En cambio, prometen un iluso buen vivir del que poco se puede creer en este contexto, pero sin decir demasiado y sin esbozar propuestas de largo plazo. Ni siquiera el trotskismo aprovecha las elecciones para hacer propaganda por el Socialismo, tan sólo proclama consolidarse como la “tercera fuerza” en el Congreso o evitar el “monstruo” del FMI. Como si el ajuste contra la clase obrera no fuera una obra de la burguesía argentina y sus representantes en el Estado. Estamos presenciando un momento donde el relato kirchnerista se desvanece y donde las ilusiones propuestas por el macrismo son poco creíbles y sólo viables para una burguesía parásita. En este contexto electoral, aparecen algunas caras nuevas y reaparecen otras. Por ejemplo, López Murphy resurge de las tinieblas como si él no tuviera nada que ver con el gobierno que llevó a la debacle del país. Por su parte, Milei y Espert canalizan cierto descontento social, de bronca, pero su programa económico resulta inviable debido a que redunda en la africanización de la Argentina, o sea, un ajuste brutal contra la clase obrera que aceleraría un proceso de descomposición aún mayor.

En un país que se derrumba y en ausencia de propuestas, el descontento de la población se hace cada vez más evidente. Un hartazgo social que los analistas políticos, el gobierno y la oposición observan con preocupación, sobre todo por la crisis política que podría abrirse en caso de expresarse en las urnas un elevado “voto bronca”, en un escenario cada vez más parecido al 2001. Es decir, un voto que rechace a los políticos del oficialismo y la oposición, un voto del estilo “que se vayan todos”. Ahora bien, ¿Se tienen que ir por corruptos? ¿Se tienen que ir porque se sacan fotos en Olivos? ¿Por el vacunagate? Sin dudas. Pero, el asunto es mucho más profundo: se tienen que ir porque el país está quebrado y porque no hay ninguna salida posible bajo el modo de producción capitalista. Sólo una revolución de la estructura económica y la construcción del Socialismo puede sacarnos adelante.

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