En septiembre, dos agentes de tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fueron atropellados mientras trabajaban en un control de alcoholemia. El resultado fue la muerte de la agente Cinthia Choque, mientras que su compañero Santiago Siciliano quedó gravemente herido. La movilización de sus compañeros puso sobre la mesa una vez más la situación de precariedad de los empleados estatales. La mayoría son monotributistas que trabajan en jornadas de 35 horas semanales, y cobran $25 mil al mes. Sus contratos se renuevan todos los años con demoras de hasta dos meses: se quedan sin trabajar enero y febrero, hasta que se paga “todo junto”. Además, los agentes de tránsito no cuentan con obra social ni jubilación, y hasta carecen de ART.
Pero Larreta no es el único precarizador. El asunto es similar en las provincias y municipios de todo signo político. Y ni hablemos del Estado Nacional, donde hay una fragmentación creciente entre trabajadores de planta y precarizados. Los últimos crecen con cifras alarmantes. Bajo el kirchnerismo, el empleo público nacional del Poder Ejecutivo Nacional pasó de 261 mil trabajadores en 2003 a 404 mil en 2015 (un incremento del 55%). Mientras que a inicios del mandato “K” la cantidad de contratados era de 15 mil (un 6% del total), a fines del gobierno de Cristina los mismos sumaban unos 72 mil (18% del total), lo que quiere decir que el crecimiento del empleo precario fue del orden del 367%.
Bajo el macrismo, los niveles de precariedad se mantuvieron en términos relativos pero disminuyó en términos absolutos. ¿Por qué? Unas 18 mil bajas se explican por el traspaso de agentes de la Policía Federal a la Metropolitana. El resto: casi 7 mil despidos, la mayoría contratados. Los contratos basura que dejó el kirchnerismo fueron utilizados por el macrismo para despedir trabajadores sin costo alguno.
¿Dónde están los precarizados? Descontando los ministerios de Seguridad y Defensa (donde el porcentaje es ínfimo, lo que pone en evidencia las prioridades del Estado capitalista), los precarizados son el 39% del total (entre contratados y “planta transitoria”). Por ejemplo, el Ministerio de Modernización –creado por Macri para “mejorar” la carrera de los empleados públicos con capacitaciones- tiene entre un 60 y 80% de su plantel precarizado. Desarrollo Social –que debería contener el desempleo y la pobreza para evitar estallidos- registra un 80% de contratados. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es el segundo mayor empleador de los ministerios nacionales y registra un 20% de contratados, con picos altos de 40% entre 2006 y 2010. Educación registra en todos los años porcentajes de contratados superiores al 50%. Planificación Federal –un ministerio K que funcionó hasta 2015 donde se gestó la el negociado de la obra pública- llegó a tener un 63% de contratados. Finalmente, Salud cuenta con porcentajes superiores al 60% desde 2015. Y ni hablemos de algunos de sus organismos: el Hospital Posadas empleaba a 3.700 trabajadores en 2013, mientras que, en 2018 pasó a ocupar a 4.400. El porcentaje de contratados fue de 49% en el primer año y 75% en el segundo. Finalmente, en otros organismos como la Biblioteca Nacional, los niveles de contratados superaron el 90%. Con Macri, la burocracia K de ATE, sostenes del próximo gobierno, habló de “resistir” y “defender lo conquistado”. O sea, para ellos un obrero precarizado es una conquista. A su vez, la primera ola de despidos de 2015 fue enfrentada por ATE de manera tibia y desorganizada: se conformaron apenas con prorrogar los contratos. La lucha por el pase a planta era inviable para esta gente. Así, ATE sólo se movilizó para votar a CFK, la precarizadora. Por su parte, UPCN garantizó todo el ajuste de forma abierta. Por eso los trabajadores debemos dar un paso al frente y exigir el pase a planta permanente de todos los estatales para trabajar al servicio de las necesidades sociales de la población y dejar de ser presos de la lógica patronal.
