La educación de los Fernández. Alberto, Cristina y una nueva vuelta a la degradación

en Aromo/El Aromo n° 108/Novedades

Romina De Luca
GES


Llegan al gobierno los Fernández. Muy lentamente, Alberto y Cristina, envían señales sobre futuras medidas y los nombres de los ministros. Un hombre del PJ porteño -Nicolás Trotta- será el Ministro de Educación Nacional y se especula que volverá a la palestra la ex Directora General de Escuelas bonaerense Adriana Puiggrós, secundando a Trotta. En la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación estaría a cargo de Agustina Vila, actual secretaria académica de la Universidad Nacional de José C. Paz, de la “mesa chica” de Axel Kicillof y exjefa de Gabinete del ministerio de Economía nacional durante la gestión del ahora gobernador. Cuesta hallar alguna producción académica de Vila que justifique su futuro cargo, más allá de la lealtad política al “proyecto”.

Al margen de los posibles nombres, los doce años de gobierno previos nos permiten imaginar la política educativa de esta nueva etapa. Además, los grandes trazos ya fueron delineados en la plataforma electoral del Frente de Todos y en distintos encuentros locales como la jornada “Educación, Educación, Educación. Temas de Agenda Pública” del 9 de octubre pasado organizada por UMET (donde Trotta es rector), OEI y la UNIPE o el XI Foro de Calidad y Equidad Educativa donde disertó, entre otros, Daniel Filmus otro de los nombres que estuvieron en danza. Lo que se viene es la profundización de la degradación educativa justificada en clave “freiriana”. Conviene prepararse para lo que viene. Pase y lea.

La plataforma

La propuesta que los Fernández presentaron en campaña cuestionaba el deterioro de la inversión educativa de Mauricio: un retroceso del 30% del gasto educativo sobre el presupuesto total. Cierto es que ese dato aislado habla poco de la magnitud del gasto. También nos dice que los ahora defensores de la Ley de Financiamiento solo alcanzaron su propia meta en 2015 (con 6,1%), con suerte, según los datos del monitoreo de la CIPPEC. Recordemos que la Ley de Financiamiento fijó la meta del 6% del PBI destinado a educación, monto que ya aparecía en la Ley Federal y no era más que una recomendación de la UNESCO. Conviene recordar que el porcentaje del gasto de la segunda presidencia de Cristina osciló entre 5,1% y 5,7% y en su primera presidencia entre 4,6 y 5,1% (con excepción de 2009 cuando se llegó a 5,6%). Néstor no lo hizo mucho mejor: entre el 2005 y el 2007 se pasó de 4,0% a 4,6%. El informe que analiza estos datos muestra los dos primeros años de la gestión Macri: 5,8% y 5,7% respectivamente, es decir, a la altura de CFK. La crisis obviamente impactó y el mismo horizonte ajustador que empezó a delinear Mauricio está también en la agenda de los Fernández por más que se esfuercen en mostrar otra cosa.

Según ellos“deben volver a crecer las partidas destinadas a educación digital, extensión de la jornada escolar, educación técnica, formación docente, expansión del nivel inicial, infraestructura y equipamiento; también el presupuesto real destinado a universidades, ciencia y tecnología”.De ¿dónde saldrán las partidas? No lo sabemos, pero avisaron que la deuda se paga. Tampoco cómo, por ejemplo, van a ampliar la jornada escolar. Recordemos que quienes prometieron, al promulgar la Ley de Educación Nacional, escuelas primarias con jornada extendida solo alcanzaron al 13% de los alumnos de escuelas estatales para 2015, según los datos oficiales, en el 22% de las escuelas.1 También sabemos que la expansión del nivel inicial fue lenta y despareja y para lograrla se manoteó el recurso de la gestión comunitaria. Una vez más, los datos muestran que menos del 40% de los alumnos concurrieron a sala de tres (hoy los Fernández dicen que estará en las miras de una nueva obligatoriedad) dada la completa ausencia de infraestructura. De los que sí concurren, 1 de cada 3 lo hace en una institución no reconocida oficialmente. No extraña entonces que la estrategia elegida sea profundizar la “articulación” e intersectorialidad, en criollo, mayor delegación a la comunidad de funciones estatales.

Otra de las promesas fue “revertir el actual proceso de reducción de la responsabilidad del Estado Nacional y la delegación de responsabilidades educativas en organizaciones con fines de lucro”. Un diagnóstico coherente con quienes ven en Mauricio Macri un adalid de la privatización educativa. Poco importa si la realidad lo desmiente, como ya hemos mostrado en varios lugares. El fantasma de la privatización siempre se azuza desde el “progresismo” o la izquierda, aunque las mismas cámaras que nuclean a los establecimientos escolares de gestión privada, primarios y secundarios establezcan que solo en 2019 en Capital Federal y Provincia la cantidad de alumnos del sector se redujo 27% como resultado de la crisis económica. Apuntan al sector “con fines de lucro” pero nada se dice de la participación y presencia de ONGS sin fines de lucro como asociaciones civiles, comunitarias, iglesias, partidos políticos actores. Por el contrario, su participación fue promovida e impulsada los doce años en que una de los Fernández, Cristina, fue dos veces presidente y el otro Jefe de Gabinete de Néstor. No solo le dieron estatus legal, sino que crearon un circuito paraestatal como lo es el Fines 2. Según los pocos datos oficiales, en la provincia de Buenos Aires el Fines 2 tiene casi la misma envergadura (en cantidad de alumnos) que la secundaria de adultos.

Por eso, dentro de las propuestas, dos de los “platos fuertes” remiten a puntos trillados pero que tienen mucho que ver con la participación de ONGS: calidad y obligatoriedad. Ambos son considerados en la plataforma electoral como “propósitos fundamentales”. Por eso, indican “ordenaremos todas nuestras políticas en torno a: la universalización de todos los niveles obligatorios, ampliados gracias a leyes nacionales todavía incumplidas, y el mejoramiento de la calidad educativa”. Para los Fernández el problema no tiene una solución única porque las acciones no serían para cada nivel. Para el nivel inicial reconocen “no se ha creado la cantidad de jardines que se necesitan para asegurar a cada niño y niña su vacante” y en el nivel secundariofaltaría “gestar las transformaciones culturales, institucionales y pedagógicas que garanticen el derecho de todos/as a una educación secundaria con conocimientos y experiencias significativas y relevantes.” En realidad, para ambos procesos de universalización el peronismo eligió una misma estrategia: la delegación de tareas educativas en la llamada “gestión social y comunitaria” por la vía de los jardines comunitarios o la expansión de los Fines 2 y/o bachilleratos populares o bien escuelas públicas de gestión social en el nivel secundario como ocurrió en Chaco.

No hay dudas de que esa será la estrategia por seguir. Precisamente, la plataforma electoral de los Fernández explicitaba que “se impulsarán políticas de terminalidad educativa que incorporen las miradas de los y las estudiantes, jóvenes, docentes y la comunidad para hacerlas efectivas y situadas (…) se promoverán políticas que articulen el mundo educativo con el laboral, garantizando derechos y el trabajo decente y seguro”. Sencillo: más Fines 2, recargado ahora con los nuevos cooperativistas de la nueva Economía Social que promoverán.

El Fines 2 fue la gran apuesta del kirchnerismo para garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar fijada por la LEN. En un debate con nosotros, en 2014, Sileoni defendía la apuesta como una iniciativa “distinta” que abriría puertas, ofrecería oportunidades y elevaría la autoestima de todos aquellos que encontraban en el programa la posibilidad de realizar una meta postergada como era terminar el secundario. En su momento, Sileoni defendió la existencia de educadores populares no titulados y reconoció loable que agrupaciones políticas “nacionales y populares” brindaran el derecho a la educación a sus compatriotas abriendo sedes de estudios en sus propios locales partidarios. Una defensa miserable que no problematiza el vaciamiento pedagógico y curricular de una oferta semi-presencial que carece de las condiciones mínimas de cursada garantizadas y pretende resolver asignaturas completas en 16 clases. Tampoco la degradación de las condiciones laborales de los docentes contratados a término (y sin derechos estatutarios), sin antigüedad, por fuera de los listados oficiales con selección ad hoc. Mauricio Macri reconoció rápidamente las ventajas del programa y en un informe del Ministerio de Educación y Deportes concluyeron que se trataba de “una de las innovaciones recientes más importantes en materia de diseño de políticas educativas que, por lo tanto, merece ser consolidado y difundido en nuestro medio y en la región latinoamericana”. Y también se ocupó de mejorar algunas de las aristas más problemáticas en los mecanismos de selección docente.

No extraña entonces que, para la definición de calidad de la plataforma electoral, recuperan la idea de Sileoni a propósito de las PISA “es más que resultados evaluados en un test”. Los Fernández nos avisan que van a evaluar, pero tal vez con otra frecuencia y otras implicancias. Señalan una serie de vaguedades sobre este punto: “mejorar las condiciones materiales e institucionales de la escolarización (desde la infraestructura hasta los formatos escolares); fortalecer la relevancia de los contenidos y las experiencias de formación que provee la escuela en relación con el ejercicio crítico de la ciudadanía, la introducción en el mundo del trabajo, la inclusión digital, habitar en común un mundo crecientemente diverso en el marco del respeto a los derechos humanos, las perspectivas de género, la pluralidad cultural”. Una vez más aquellos que tienen en su haber doce años de gobierno y pueden hablar del Conectar Igualdad hablan de la inclusión digital. A los desmemoriados les recordamos: distintos asesores del Conectar Igualdad reconocieron que el programa fue un fracaso (y que las PC no impactaron en la mejora de la calidad por no brindarse capacitaciones específicas) y que las escuelas tenían conexión a internet propias de una red de uso doméstico. Transcurridos tres años del lanzamiento del Conectar Igualdad, UNICEF realizó un informe sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el aula. Las conclusiones fueron contundentes: la Encuesta Nacional sobre la Incorporación de TIC en la Educación Básica advirtió que “solo el 21% de los profesores utilizó estas tecnologías en forma frecuente en sus clases”. Tal vez por eso, hace muy poco tiempo Filmus declaró que un buen docente puede enseñar con apenas un pizarrón. El Ministerio de Modernización en 2018 en la VII Asamblea Interamericana de Telecomunicaciones reconocía que: un tercio de los argentinos no tiene acceso a internet, un 40% no sabe cómo usar la red, el 70% del territorio no tiene acceso a internet directamente o es de muy mala calidad. Para todos ellos, las propuestas virtuales (como Adultos 2000, Terminá la Secundaria) son una quimera. Además, en el país se estima que hay más de 40.000 escuelas y el Plan Nacional de Conectividad macrista dice haber conectado poco menos de un tercio, (14 mil escuelas a la que asisten más de 3 millones de alumnos). Para fines de 2019 prometían llegar a la mitad: 20 mil escuelas y 5 millones de alumnos. No se trata de un problema local, Incluso en EE.UU., en febrero de 2015, Obama firmó un decreto en el que reconoció que gran parte de las escuelas públicas no tienen la banda ancha que necesitan para la educación del siglo XXI y convocó al esfuerzo público y privado para alcanzar el objetivo en dos años. Resulta claro también que la revisión de los formatos implica, como dijimos, la institucionalización de propuestas como el Fines 2 y la idea de los contenidos relevantes asociados al mundo laboral el supeditar la educación a las necesidades de la burguesía local. No extraña entonces que pidan por la muerte del sistema unitario fomentando ampliar la fragmentación, como veremos luego.

También hablan de ampliar la capacitación docente. Sí, los mismos que defienden la Ley de Educación Sexual Integral, sancionada en 2006, y que para 2015 solo habían capacitado al 22% de los docentes para el cumplimiento de una dimensión curricular transversal obligatoria prometen hacer algo distinto.

Un guiño para los aliados

Claro está, las promesas a los docentes no podían estar ajenas en la campaña. Sabemos CTERA, SUTEBA, UTE, por mencionar algunos, militaron la vuelta de los Fernández activamente. En más de una oportunidad llamaron a “votar bien” en 2019: en contextos de paritarias, frente al cierre de las nocturnas en CABA, etc. Por eso, una de las promesas de la plataforma fue la restitución de las paritarias nacionales suprimidas por Macri a fines de 2016. Además, se apalabraron para disminuir la brecha salarial entre provincias. Recordemos que la paritaria bajo el kirchnerismo fijaba un valor testigo para el ajuste del salario inicial y luego cada provincia discutía sus propias paritarias. Buscando disciplinar al sindicalismo K, el Macrismo ató el salario testigo un 20% por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil y dejó que cada ministerio de educación y economía resolviera lo suyo. Su estrategia fue clara, desligar a la Nación del ajuste encubriendo que es la Nación quien coparticipa los fondos que luego usan las provincias para pagar salario. De allí en más, la restitución de las paritarias y la defensa de la Ley de Financiamiento Educativo (revisada) fue una de las principales banderas de la burocracia sindical. Que sus negociaciones hayan sido cómplices en la pauperización del salario docente no quita un hecho real: la única forma de superar la dispersión es la unificación nacional del salario docente (básico, antigüedad y cargo), y dejar solo librado a particularidades las variables correspondientes a zonas desfavorables por geografía. Hay que recordarlo: fueron ellos quienes aceptaron suma en negro tras suma en negro durante largos doce años y más. Y quienes, además, consintieron con su firma y sello un salario que en la mayoría de las provincias cubría, con suerte, la mitad de la canasta familiar. Son los responsables de la miseria salarial docente. Los Fernández atendiendo al clima de malestar por la supresión de la paritaria y por negociaciones muy por debajo de la inflación en los últimos años hicieron una propuesta simple e incumplible: paritarias + promesa de disminución de brecha provincial. Porque van a seguir administrando la miseria como lo grafica claramente la provincia de Chubut administrada por el aliado peronista Arcioni. El escenario internacional es otro de aquel con el que se instaló en el poder Néstor con un precio record de la tonelada de la soja y del barril del petróleo lo que permitió una parcial recomposición del salario docente entre 2005 y 2010; cuadro que sacó los salarios del sótano para subirlos a planta baja. A los Fernández en 2019 esta jugada les alcanzó para cerrar el pacto social docente: una promesa de una paritaria y recomposición salarial que nadie sabe de dónde saldrán los fondos.

En efecto, transcurrida la elección el 27 de octubre, el sindicalismo peronista docente se alineó rápidamente. Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, manifestó que veía “razonable” la posibilidad de un congelamiento de salarios, acompañado del correspondiente congelamiento de precios.En la misma sintonía se manifestó el líder del SUTEBA, Roberto Baradel, en el programa de Mauro Viale, pero en lo que refiere al inicio del ciclo lectivo 2020: “tienen que empezar las clases, pero tiene que ser un compromiso de todos, para empezar a reconstruir lo que se destruyó en todos estos años”.Casi tomó a pie juntillas la sugerencia de Axel Kicillof quien manifestó para eso una sola negociación no alcanza ¿incluirá también lo perdido con ellos? Por lo menos, podemos decir que Baradel es coherente. Sí, le firmó la paz social a Vidal en 2016 y a Macri y ahora lo hace con el dúo FF.

Para adornar prometen que “la política educativa debe articularse con las maestras y maestros y sus organizaciones sindicales”. Sonia Alesso ya plantó bandera: no hay que hacer demasiado sino cumplir las leyes que ya sancionaron los mismos K. En la misma sintonía, intervino Daniel Filmus en el Foro de la Calidad y Equidad Educativa. Pero también avisó que están dispuestos a introducir la flexibilización laboral en el seno docente. Claro, no lo dijo con estas palabras. Pero veamos. Para él, la calidad educativa la define la calidad del docente (docentes apasionados por el aprendizaje que transmitan y bien pagos) pero en un nuevo esquema. Afirmó que la secundaria “como la tenemos no va más, fragmentada en materias y con docentes taxi”. La concentración de tareas es algo necesario, sí. Pero pregúntese que pasará con los miles y miles de suplentes con horas fragmentadas. Lo que hoy Larreta hace en CABA nos da una idea: suplentes que deberían convertirse en interinos se los designa “a término” para armar paquetes de horas. También piense si la idea de eliminar materias no se asimila a la propuesta de áreas de conocimientos propuestas en la Escuela 2030 y cómo ello impactará en las calificaciones requeridas. Si no se necesitan docentes especializados ¿quiénes ocuparán los nuevos lugares? Sabemos la respuesta: los tutores. Como si no fuera suficiente, el salario atado a la capacitación también aparece en la propuesta del exministro. En el Foro Educar 2050 propuso crear una carrera de aula y otra de gestión, cuestionó el mérito salarial por antigüedad y por cargos de gestión. Para superar ese dilema propuso, algo muy parecido a Mauricio: que los docentes de aula tengan pluses por capacitación, por trabajo en lugares suburbanos y en los primeros grados. No diga que no le avisamos, la reforma laboral docente está en marcha.

Sin lugar para las sorpresas

Las propuestas de los Fernández fueron anticipadas a lo largo de una serie de eventos donde parte del futuro gabinete educativo intervino. Valga de ejemplo el evento organizado por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) -cuyo rector es Trotta- en conjunto con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE).Se reunieron con el lema “Educación, Educación, Educación. Temas de Agenda Pública” más de 250 referentes con el fin de acordar una serie de recomendaciones a quienes en el futuro tengan la responsabilidad de conducir las políticas públicas. Transcurridas las Paso, estaba claro que era el lanzamiento de la futura agenda de Alberto y Cristina. Como si fuera poco, estuvieron presentes los ministros de las provincias de Misiones, La Pampa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Tierra del Fuego, San Luis, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Cruz, Neuquén y Santa Fe y en el panel de cierre también disertó Sonia Alesso, Trotta y coordinó Puiggrós. El documento final propuso varios puntos.

En primer lugar, pidieron“se recupere la responsabilidad del Estado Nacional sobre las políticas educativas con iniciativas que garanticen las condiciones de inicio y normal continuidad del ciclo lectivo. Con acciones destinadas a sostener la alimentación y salud de nuestros estudiantes, así como los requerimientos de materiales”. Solidario con este punto, se encuentra otra de las recomendaciones: “que se aseguren condiciones laborales dignas para todo el territorio nacional, reponiendo la paritaria nacional”. Como vimos en el acápite anterior, la llave mágica del pacto social docente es la convocatoria a paritaria nacional que sin hablar de un solo peso sirvió para garantizar el “normal inicio del ciclo” como pedían los especialistas. Sostener la alimentación y la salud de los estudiantes, así como la dotación de materiales parece ir de la mano del proyecto de Economía Social y “hambre cero”. Este último espera recibir el 1% de la producción como donación de empresas de alimentos como Cargill, Syngenta y Copal. No extrañaría que esa sea una posible fuente de abastecimiento a comedores escolares colocando al Estado como agente de caridad estatal. Si, como dijimos, la gran apuesta es la ampliación de los Fines 2 en formato ONG, eso sabemos es incompatible con la mejora de las condiciones laborales de los docentes. Ya perdemos la vida en las escuelas y más lo vamos a hacer al tener que dictar clases en parroquias, unidades básicas, bibliotecas, casas de familia. Que el Fines 2 implica un problema de infraestructura porque no están legisladas las condiciones lo reconocen los informes oficiales. No hay que ser muy astutos para ver que el problema va a empeorar.

Los Fernández no parecieran ir por la sanción de una nueva Ley Educativa si toman la recomendación de los expertos amigos. En la fijación de los temas de la agenda pública, los especialistas reunidos pidieron que se garantice el cumplimiento de la Ley de Educación Nacional y del conjunto de leyes y acuerdos federales. Recordemos que la Escuela 2030, o del Futuro y el Plan Maestro de Macri o el Plan Fines 2 defendido por unos y otros todo se hizo con anuencia de las leyes previamente sancionadas. Nada indica entonces que toda la serie de reformas que degradan la educación por la vía de recortes curriculares (contextos problematizadores y emergentes en áreas), por la vía de ampliación de la jornada escolar en espacios no escolares, por la vía de incorporación de instancias virtuales de cursado en la secundaria común y en el formato semipresencial de adultos (reforma de adultos en marcha o Fines 2) no seguirán en pie. ¿Mayor presencia del Estado Nacional? Nada de eso. El mismo Trotta lo anunció: “es necesario federalizar nuestro sistema educativo para romper las asimetrías que hoy existen”. Para él, federalizar implica focalizar políticas y por ello propone un plan de infraestructura para las comunidades que lo necesiten. Nos preguntamos si las escuelas de Moreno, La Matanza, Florencio Varela, Berazategui, San Martín, Tigre por mencionar solo algunas de las que recientemente tuvieron serios conflictos de infraestructura entrarán dentro de esa serie de medidas. Adriana Puiggrós lo expresó abiertamente: «de todas las recomendaciones a las que llegamos, creo que la más importante ha sido el clamor por un sistema educativo federal. Necesitamos que se entiendan las asimetrías y particularidades de cada lugar porque no queremos más un país unitario”.2 Es decir, vienen por la reedición de políticas focalizadas para determinados sectores, eso que otrora le criticó a Menem y a Macri como estrategia empresarial.3

Claro está, cómo van a cuestionar hoy día la presencia de las ONGS si es la clave de la propuesta educativa de los Fernández. Recordemos que en la plataforma electoral, hablaban de articulación de políticas públicas. El proyecto de Economía Social buscaba impulsar “trabajo” para más de cuatro millones de personas. Para eso, identificaron cinco áreas de mano de obra intensivas donde podrían armarse cooperativas: construcción a pequeña escala, producción de alimentos, textil, reciclaje y tareas de cuidado; así como apoyo escolar y educación ambiental. Precisamente uno de los desafíos de la expansión del nivel inicial es la falta de jardines. No extraña entonces que promocionen la gestión comunitaria a nivel nacional. Para el nivel medio, la expansión educativa entonces se hará sobre la base de la Fineslización en marcha. No en vano, Emilio Pérsico del Movimiento Evita ya se alistó para el proyecto de economía social, movimiento que tiene cientos de Fines en la provincia de Buenos Aires.Por eso, Trotta habla del “desafío de la escolarización temprana” y el foco en inversión en infraestructura en las comunidades que lo necesitan. Puiggrós lo resume: «hay que construir nuevas institucionalidades que se conciban desde una perspectiva regional, interministerial e intersectorial en la que el Estado, los sindicatos, las empresas y los actores de la economía popular construyan un diálogo social, efectivo y vinculante». Por eso hablan de “nuevas formas de enseñar y aprender”. Y también que “es necesario revisar la existencia de la repitencia y proponer otros recorridos para el apoyo a los estudiantes que no logran los aprendizajes deseados», agrega en esa línea.4 Ya Río Negro picó en punta eliminando la repitencia en toda la secundaria Que solo produjo un cuello de botella en el último año y por eso inventaron la acreditación por homologación (aprobar el último año acredita lo anterior) nos muestra adónde nos conducen estas propuestas. Los resultados de cualquier prueba muestran que la mitad de los alumnos no comprende un texto y un 70% no tiene capacidades matemáticas elementales como lo ponen de relieve todos los test, valgan de ejemplo las PISA 2018.

En ese cuadro, no extraña que quien vaya a ocupar la nueva cartera en Pizzurno sea un hombre de la UMET. Precisamente la UMET es un emprendimiento de Víctor Santa María, secretario general del Suterh, Personal de Edificios de Renta y Horizontal. Las conexiones de la UMET con sindicatos que tienen Planes Fines son más que numerosas. Empecemos por la misma SUTERH Campana. El secretario General de SUTERH local, Julio Guaraz, expresó que «estamos orgullosos de ver lo mucho que ha crecido nuestro sindicato, siempre trabajando para los afiliados, tratando de que sus aportes sean devueltos en obras, capacitación, cursos y ahora la posibilidad de finalizar el Secundario”. Además, numeras entidades conveniadas con la Universidad tienen sus propios Fines: la Asociación del Personal Legislativo (APL), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Luz y Fuerza, Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, Sindicato Único de Empleados del Tabaco de la República Argentina (SUETRA), SUTECBA, UTHGRA, UOCRA, por mencionar algunos.

Así las cosas, quienes nos hablan de “preparar a los jóvenes para el siglo XXI con contención y seguimiento” ya sabemos qué recetas tienen para ofrecer: administrar una mayor degradación educativa, el empeoramiento de las condiciones de trabajo de miles de docentes y la renuncia a un horizonte homogeneizador del sistema educativo. Sus promesas de recuperación salarial vía paritarias resultan inviables y por eso nos llaman a firmar el pacto social. Pretenden arrasar con la educación de millones reforzando una ideología de condescendencia pedagógica presentándose como quienes nos sacarán del infierno mientras nos hunden cada día un poco más.


Notas

1DINIEE: La ampliación de la jornada escolar en perspectiva Estudio sobre la situación de la jornada extendida y completa en el nivel primario de Argentina, Buenos Aires, diciembre de 2016. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/12_botinelli_-_informe_jornada_extendida_y_completa_issn.pdf

2Página/12, 10/10/2019. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/224371-no-hay-proyecto-educativo-sin-proyecto-nacional

3Puiggrós, Adriana: Adiós, Sarmiento. Educación pública, iglesia y mercado, Buenos Aires, Colihue, 2017.

4Clarín, 8/10/2019. Disponible en: https://www.clarin.com/sociedad/politicas-educativas-eje-debate-futuro-expertos-diferentes-sectores_0_YHO9LFzO.html

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