Los gremios estatales, ATE y UPCN, se reunieron con el gobierno en la Comisión de condiciones y medio ambiente de trabajo (CYMAT). El objetivo fue pautar las condiciones de regreso al trabajo presencial en cuanto el gobierno nacional lo decidiera en la ampliación de las excepciones a la cuarentena.
Una de las “recomendaciones” de la CYMAT es que queden exceptuados del trabajo presencial los trabajadores que pertenezcan a grupos de riesgo o que tengan a cargo hijos en edad escolar. También se plantea que para quienes deben asistir, se deberán respetar las medidas de distanciamiento social, lo cual implicaría en muchos lugares, rediseñar las oficinas de modo de que haya espacio suficiente para mantener la distancia. Por ello, lo más probable es que no entren la misma cantidad de trabajadores que antes en las oficinas. Por otro lado, dado que muchas oficinas suponen una gran aglomeración de trabajadores en un mismo espacio, no sería recomendable que se mantuviera la misma distribución. En ese sentido, el documento de recomendaciones plantea que cada organismo deberá evaluar la posibilidad de instrumentación de trabajo a distancia, y buscar digitalizar la mayor cantidad de trámites posibles para minimizar la atención al público. Pero además agrega: “y/o prever horarios especiales, y/o turnos escalonados a fin de evitar la concentración de trabajadores”.
Esto significa que probablemente muchos compañeros vayan a tener que ver sus horarios de trabajo alterados. Un elemento que no se señala es que debería procurarse evitar que se convoque al trabajo presencial a todas aquellas actividades que no son esenciales, en especial en aquellas provincias donde la pandemia no está controlada.
Por otro lado, la CYMAT recomienda para quienes deban hacer trabajo presencial el uso de tapabocas y de alcohol en gel, en especial al usar el dedo para el control biométrico. Sin embargo, tampoco hay mención alguna a la provisión de estos elementos por parte de la patronal. Es el propio trabajador el que tiene que proveerse de ellos, lo que constituye un presupuesto que saldrá de su ya magro salario. Es el Estado quien debiera garantizar que todo trabajador cuente con esos elementos de manera suficiente.
Además, no hay en todo el documento una sola mención a la provisión de las herramientas necesarias para el cumplimiento del trabajo a distancia como computadoras o servicio de internet. El trabajo a distancia descansa en estos elementos que no todos los trabajadores poseen, o no en las condiciones necesarias para cumplir con sus tareas. En ese sentido, los representantes sindicales debieran estar reclamando que el Estado provea computadores y pague el servicio de internet a los trabajadores o bien se otorgue un bono para el pago de estos elementos. Otro elemento ausente es el problema de los horarios de trabajo en el teletrabajo: los gremios debieran reclamar que se cumplan horarios de trabajo y defender el derecho a la desconexión fuera de ellos.
Tampoco se hace ninguna mención a qué sucederá con el premio al presentismo, que debiera seguir abonándose, sobre todo en un contexto donde el salario estatal sigue en caída libre.
Los estatales no podemos arriesgar nuestra salud ni poner plata de nuestro bolsillo para garantizar el “normal” funcionamiento de la administración pública. No contentos con no haber negociado ninguna de las dos cláusulas gatillo que nos correspondían este año (noviembre y marzo) a pesar de haber tenido un aumento que quedó muy lejos de la inflación, también pretenden que sostengamos el trabajo con plata de nuestros bolsillos.
Por eso, exijamos que el Estado asuma el pago de todos los elementos que necesitamos para trabajar a distancia o en su defecto que abone un bono compensatorio. Que provea de elementos de protección e higiene para quienes deban asistir a sus lugares de trabajo. Que se pague el plus por presentismo a todo el personal. Y que esta paritaria restituya el salario que venimos perdiendo.
Corriente Clasista Goyo Flores
