Lo vertiginosos de la realidad argentina nos obliga a estar sobre la coyuntura inmediata todo el tiempo. Los hechos se suceden de manera intempestiva y para el común de la clase obrera la noción de perspectiva histórica se pierde rápidamente. Para no desviar el rumbo ni la relación entre los distintos hechos es necesario ampliar la mirada. Un balance de largo y mediano plazo sirve para orientar nuestras tareas. Por eso, nos propusimos para este último número de El Correo Docente, hacer un balance de la actuación de la conducción gremial de AGMER.
El frente Integración, está compuesto por tres agrupamientos: La Celeste, Compromiso Docente y Paulo Freire. Ellos Conducen ininterrumpidamente el sindicato desde el año 2012 y, previamente, la celeste lo hizo sola durante décadas. Su fuerza se expresa en la conducción de 10 sobre un total de 17 departamentos. Como si fuera poco cuentan con la vocalía gremial en el CGE y con el cargo de director docente en IOSPER y OSPLAD. Así las cosas, la situación en la que nos encontramos los docentes hace años está marcada por su gestión. Analicemos que pasó este año marcado inicialmente por las elecciones en el gremio que la pandemia trastocó. El balance nos permitirá sacar lecciones para prepararnos para el 2021 y sopesar los problemas de la docencia y sus conducciones.
“No creía que el coronavirus iba a llegar tan rápido” (y los dejaría sin paritarias)
El 2020 prometía ser un año con baja conflictividad docente en lo que respecta al ámbito nacional. El cambio de gobierno a fines del año anterior, fue celebrado por las conducciones sindicales de CTA y CTERA quienes, en sintonía, habían militando la campaña por la formula Fernández-Fernández. Los salarios de los trabajadores estatales en general y docentes en particular, venían muy golpeados. No solo en los cuatro años del macrismo, sino también durante las últimas décadas. Pese a ese cuadro, con bombos y platillos la Celeste celebró el “retorno de la paritaria nacional” la cual traía acobijada un aumento miserable. Pero no importaba, era el ajuste de Alberto, había que garantizar la gobernabilidad, sostuvo la burocracia sindical. Nos pidieron tiempo y nos dejaron como salario testigo un primer acuerdo miserable que, en su momento, analizamos en esta nota. Ya ni hablemos de los estatales a quienes entrado el mes 10 se les ofertó una paritaria del 7%. Ni Macri se animó a tanto.
En simultáneo, el poder ejecutivo de Entre Ríos se “sentía” en una situación inmejorable. Bordet logró su reelección y volvía a tener un “compañero” en la casa de gobierno. Con las elecciones de medio término lejanas, Bordet decidió jugar su carta más pesada: reformar el sistema jubilatorio provincial. No pudo armonizarlo con el gobierno de Macri, pero seguía con su idea de “hacerlo sustentable”. Solo atinó a enunciar sus intenciones durante la apertura de sesiones legislativas, el 15 de febrero. La conducción gremial de AGMER se posicionó rápidamente contra cualquier intento de reforma. Lo hace porque sabe que su propia supervivencia política se juega con ese rechazo. Unos días más tarde, el 21 de febrero, transcurrió la primera reunión paritaria, donde no hubo propuesta alguna. Para echar paños fríos sobre la reforma, el ministro Ballay dijo que no había un intento de reforma jubilatoria, solo la voluntad del gobernador de convocar a un debate. El mismo día la seccional AGMER Uruguay, conducción Integración, se movilizó en defensa de la ley jubilatoria. Lo mismo ocurriría durante la semana siguiente, en la ciudad de Paraná, donde la convocatoria corrió a cargo de la multisectorial (AGMER-ATE-AMET) quienes se movilizaron el 26 de febrero. Ese mismo día la conducción celeste de CTERA aceptó la propuesta de Alberto y Trotta, a nivel nacional sellando salarios miserables sin siquiera mirar lo que ocurría en otras provincias donde el acuerdo elevaría unos cientos de pesos el cargo testigo. Así, fragmentaron las luchas de 17 provincias, que no habían cerrado sus paritarias y las dejaron sin el apoyo ni la fuerza de un paro nacional. Todo a cambio de chauchas y palitos.
En este escenario, y sin propuesta paritaria, el congreso de AGMER, liderado por la mayoría de Integración, resolvió hacer un paro de 72 horas y marchar en Paraná. El acatamiento fue altísimo y la marcha contó con gran número de docentes. El viernes 6 de marzo estaba convocada la segunda reunión paritaria, en la misma el gobierno realizó una propuesta que implicaba firmar un cheque en blanco, tal como analizamos en nuestro material de asambleas. Recordemos que el gobierno propuso aumentos trimestrales combinando inflación, nivel de actividad económica e ingresos provinciales, es decir, una ecuación a la baja que además buscaba presionar para la “armonización” jubilatoria. El 11 de marzo sesionó el congreso de AGMER y rechazó la propuesta. Se convocó a un paro por 48 horas el 12 y 13; al que se sumarían otras 48 horas más la semana siguiente (17 y 18 de marzo) y otras 24 horas más el viernes 27.
No obstante, solo se concretarían las primeras 48 horas votadas. Como a esta altura ya forma parte de la historia, el fin de semana del 15 de marzo se decretaría la suspensión de clases presenciales para todo el país. Esa medida se logró gracias a la presión de los docentes, estudiantes y familiares ya que el gobierno pretendía que cumpliéramos horario presencial en buena parte del país. Es aquí donde la pandemia imprimió un freno a la lucha docente abierta. Cierto es que la conducción integración se encargará de administrarlo durante todos estos meses. Por lo tanto, al igual que la frase del ministro de salud que titula este acápite, la llegada del Covid19 representó un cambio en la lucha gremial.
Relativa calma y Bordet vuelve a la carga
Ante la suspensión de la presencialidad, la conducción gremial pausó la ejecución de los paros previstos. Tres semanas más tarde, celebraba “la celeridad del gobierno” para tomar medidas de resguardo de la salud de todos. Pese a las felicitaciones los problemas se amontonaban: la falta de precisión en medidas pedagógicas; los sueldos seguían perdiendo contra la inflación frente a la suspensión sin término de la paritaria; no existía una solución para los concursos docentes.
Así, durante el resto de los meses de marzo, abril, mayo y junio, la paritaria docente brilló por su ausencia. Nuestra provincia consiguió regularizar los concursos docentes en un mes y medio. Si lo comparamos con otras, es una mejora. Si tenemos en cuenta la variable de las familias y docentes que debieron esperar el panorama se torna más complejo.
El gobierno provincial amagaba con una vuelta a la semi presencialidad luego del receso escolar; prometía notebooks para algunos docentes, mejor dicho, créditos para acceder a ellas. Para el 29 de abril, CDC de AGMER, junto a otras organizaciones que conforman la multisectorial (CCC, CTEP, CTA y la seccional Paraná de AGMER, conducida por el Rojo y Negro) solicitaron la formación de un comité de crisis al gobierno provincial. En su pedido, se marcaba uno de los problemas estructurales de la sociedad argentina: la pobreza. Remarcando el gobierno de cambiemos, y sin nombrar, los demás gobiernos, aunque hablaban de un problema de décadas, se le pidió la formación de un comité de crisis a Bordet quien, claro está, es parte del problema. Nada se decía de la paritaria docente o de estatales. El foco estaba en el impuesto a las grandes fortunas y el DNU anti despidos. La reunión con el gobernador se produjo finalmente el 5 de mayo.
Casi un mes después, el 31 de mayo los tres dirigentes máximos de la CDC, comentaban en un comunicado la situación nacional y provincial. Con referencias a los desafíos de la pandemia, la crisis económica, la situación en la obra social IOSPER, el cobro de IFE para docente sin horas ni cargos, y el llamado a la discusión paritaria. Esto sería refrendado por la primer reunión virtual del plenario de secretarios generales, el 9 de junio, en un largo comunicado. Todo esto, como expresión de deseo, porque de medidas concretas allí no se hablaba.
Todo se modificaría el 26 de junio. Para peor. Ante un contexto de caída salarial y sin perspectiva de una convocatoria a paritaria; la patronal volvió a atacar. Este día presentaría el proyecto de Ley de Emergencia Económica, Financiera, Fiscal, Sanitaria, Administrativa, y Previsional. Todo este nombre era para decir se modificaba de hecho el régimen jubilatorio de los estatales, algo que analizamos en este comunicado. De la “voluntad de debate” pasaron a la acción.
El lunes 29 en reunión del plenario de secretarios generales se decidió llamar a desconexión virtuales para los días 1,2 y 3 de julio. Al gobierno provincial le tomó solo siete días lograr que se aprobara su ley, y para el 2 de julio estaba todo cocinado. Al pedido de no aprobar los artículos 4, 5 y 6 del Proyecto de Ley, se insistió con el llamado a paritarias pidiendo: salarios arriba de la línea de pobreza; actualización acorde a la inflación y equiparación de los salarios de los equipos directivos de primaria y secundaria.
Las medidas de acción se concentraban exclusivamente en la virtualidad. En este sentido el departamento Uruguay, conducción integración, comenzó con el método de las transmisiones radiales, algo que sería replicado luego en toda la provincia. Esto es importante, porque finalizando noviembre nos encontramos con el mismo método de presión por parte de la conducción integración. Además, al problema jubilatorio, se sumaría una paritaria ficticia y la búsqueda de regreso a la semipresencialidad.
Post vacaciones
El regreso del receso invernal fue acompañado de tres días de desconexión virtual, sin actividades en la calle. Durante el mes de agosto, tuvimos un total de 11 días de desconexión. A las desconexiones, sumaron la vía judicial para impedir la aplicación de la ley de emergencia. Como medida de acción, se extendió la realización de programas de radios a otros departamentos y se llegó al máximo: 100 horas de radio ininterrumpidas la última semana de agosto y primera de septiembre. El 27 de agosto, la patronal concedió el cobro de IFE para docentes desocupados.
En lo que refiere a las medidas de lucha, en septiembre se continuó con las desconexiones virtuales, contabilizando otras 11 nuevas acciones de “paro virtual”. Luego de 28 desconexiones virtuales en 11 semanas de conflicto, la patronal llamó a una reunión paritaria el día 24. En la misma se propuso un aumento negrero y miserables de $3.500 para los docentes que cobren hasta $50.000 y $2.500 para los que cobren desde $50.000 hasta $100.000, el cual fue rechazado por la conducción gremial, aunque sin realizar asambleas por escuelas en toda la provincia. La reunión pasó a cuarto intermedio y, como es clásico en la burocracia, cuando negocia no golpea por lo que freezó las desconexiones virtuales durante ese cuarto intermedio. La segunda instancia de negociación fue el jueves 1 de octubre, también fue la última porque la patronal dio por decreto el “aumento”. La novedad era la división en tres tramos y un “incremento” en el monto. El primer tramo es para quienes cobren hasta $35.000. Estos recibirán una suma fija de $4.000. Segundo tramo, quienes cobren de $35.000 a $55.000 y recibirán una suma fija de $3500. Por último, quienes cobren desde $55.000 hasta $120.000 recibirían $3.000. Recordemos que nuestra medición propia de la canasta docente mostraba que, una familia tipo, necesita por lo menos $60.594 para subsistir en octubre lo que deja a la amplia mayoría de la docencia por debajo de esa línea.
Luego del decretazo, tuvo que transcurrir una larga semana para que se reúna el plenario de secretarios generales y se dispongan ocho días de desconexión para las siguientes semanas de octubre.
El retorno del congreso, los paros y la semi presencialidad
El 16 de octubre el ministerio de trabajo habilitó la realización de congresos virtuales. Este era el pretexto legal de la conducción para no celebrarlos con anterioridad. Aunque, es verdad también que sin congreso la conducción articulaba y negociaba de manera más eficiente por medio del plenario de secretarios generales. Ahí su mayoría con 10 secretarios generales, con dos potenciales aliados, de los departamentos Federal (Conducción Ñandubay) y Victoria (Conducción Blanca) allanan el camino. Quienes hablan de sus bases luego no son capaces de convocarlas a deliberar. Y aquí reside el principal escollo de por qué no lo hicieron: la deliberación de las bases, en asambleas por escuelas, condicionaba la fuerza que tendrían las medidas y el tipo de medidas dispuestas. Hablan de la democracia y luego no son capaces de organizar a los compañeros.
En ese cuadro, el gobierno aprovechó y gestionó un “aumento” desastroso y apuró, el tiempo, un retorno a clases sin garantizar las condiciones de higiene y seguridad. Para colmo, además, la ley de emergencia sigue siendo aplicada por la patronal. En una reunión con el presidente del CGE, el 15 de octubre, el secretario general de AGMER Pagani dijo que quedaba claro que no había fecha para el retorno a la semi presencialidad. El lunes 19 de octubre, cuatro días después de la reunión, Müller y Bordet daban conocer el listado de las primeras 49 escuelas que volverían a clases. Por si Pagani no se dio cuenta, la palabra del gobernador vale nada y los expone al ridículo. Ante este cuadro, la CDCllamó al paro para los días 26, 27 y 28 y convocó a un congreso.
La convocatoria al congreso se realizó para el día miércoles 28 de octubre y se dejó librado a cada departamento la decisión de convocar o no a asambleas por escuelas. En donde no hubo asamblea por escuelas, existieron asambleas departamentales. Obviamente, luego de siete meses de inacción y ya casi llegando a fin de año, el desgaste laboral en los compañeros pasó factura. Los mandatos de las asambleas y el posterior congreso fueron ganados por la conducción integración, lo que, a las claras muestra, además, que todavía conserva un gran peso dentro de la docencia. Las resoluciones del congreso fueron: avalar todo lo actuado por el PSG y CDC, rechazar la vuelta a la presencialidad, convocar a comisiones de infraestructura y laborales, por último, en cuanto a lo salarial, que se garantice un aumento igual a la inflación. Un aspecto a destacar de esta resolución, es que se dejó de exigir salarios por arriba de la línea de pobreza. Se pedía que equipararan a la inflación lo que implicaría, en tal caso, no perder en 2020 dejando intacta la reducción salarial anterior. Como medida de acción se propusieron 48 y 72 horas de paro los días 5, 6, 10, 11, y 12 de noviembre. Además de “paros parciales” para los días 2, 3, 4, 9 y 13. Estos últimos son paros efectivos solo para los departamentos donde se retoma la presencialidad. Los días de paro parcial el docente no va a la escuela, aunque mantiene la virtualidad. Se trata de una medida incompleta porque el docente sigue trabajando, pero virtualmente y además fragmentaria: el conjunto de la docencia entrerriana debería parar en repudio a una presencialidad que expone nuestras vidas y la de nuestros alumnos. La lucha se desdobla.
En cuanto a los protocolos, al igual que la paritaria nacional, se apoya a Alberto y a CTERA suscribiendo unas recetas más que ineficientes. Aceptar el protocolo tal cual está es parte del problema para la vuelta a clases que debemos afrontar miles de docentes. Frente a esto, una medida incompleta, como los paros parciales y, para peor, la CDC recorre las escuelas donde se retornó la semipresencilidad para elaborar un informe. En la misma denuncia correctamente al CGE y los COES locales y provincial pero debe, al mismo tiempo, bregar para que todos los docentes cesen actividades. Si no, se vota una medida que luego no se impulsa ni defiende.
La vuelta a la semipresencialidad es presentada por la conducción sindical como una pugna entre sectores concentrados del poder y la sociedad. Bordet, al igual que Trotta, sufriría presiones para apurar el retorno a clases, por eso continúan emplazando y solicitando al gobierno que revea su acción. Como no hay peor ciego que el que no quiere ver, la evidencia demuestra que ni Bordet ni Alberto en su momento, sufren presiones para flexibilizar la cuarentena, son en realidad quienes impulsan el fin de la misma. El velorio masivo de Maradona puso blanco sobre negro sus “políticas de distanciamiento”. Sin poner un peso en infraestructura ni el mejor protocolo del mundo funciona y lo cierto es que el aprobado es muy limitado. Ya ni hablemos de pensar en el transporte de decenas de miles de compañeros y de alumnos. Improvisación y nueva normalidad solo pueden dar por resultado extensión de la pandemia.
A quién le importa la escuela
El accionar de la burocracia sindical se limitó a lograr alguna recomposición salarial tardía y a “fiscalizar” el protocolo de retorno a la semipresencialidad. La reforma jubilatoria, como dijimos, los obligó a salir a la palestra. No obstante, el peor año de la educación argentina en su historia requiere una intervención que supere lo salarial. Nuestra corriente, la Corriente Nacional Docente Conti-Santoro, lo incluye desde siempre: salud, rol docente, contenidos. La discusión de esos puntos forma parte de nuestra agenda y cobra más sentido frente a la profundización del lugar ficcional y de contención que el gobierno pretende darle a la escuela durante la pandemia. No se trata de que la conducción integracionista no tenga opinión sobre estos puntos: la tienen y es coincidente con lo que determina la patronal. Veamos.
La sobrecarga laboral a la que nos expuso la pandemia es una oportunidad para discutir nuestra función. La opinión del gobierno quedó muy clara con las primeras medidas que se adoptaron: el docente debía limitarse al sostenimiento de los comedores. Así, en la provincia y al igual que las conducciones celestes de todo el país, recurrieron a la épica y al heroísmo de los trabajadores de la educación que iban a entregar los bolsones de comida. Nada se hizo para articular una propuesta superadora para que nadie se expusiera al contagio. Desde el inicio marcamos un horizonte: subsidio a las familias desocupadas equivalente a dos canastas familiares para asegurar su alimentación sin tener que exponer a docentes y directivos a repartir viandas semanal o quincenalmente. No, prefirieron la épica asistencialista. Incluso, tal como ocurrió en el departamento Uruguay, no tuvieron empacho en cuestionar al director departamental de comedores, quien cuestiono a los docentes por no saber “buscar” mejores precios. Así, el problema no son las magras partidas presupuestarias sino sus malas asignaciones. Con ese horizonte mental no podemos abandonar el rol del docente como un contenedor social de la crisis alimentaria.
En ese cuadro, no extraña que no se halla hilvanado ninguna intervención para apuntalar el proceso educativo remoto. También lo dijimos hasta el cansancio: esta era la oportunidad para discutir las condiciones pedagógicas del aula presencial (para el futuro) y virtual. Parejas pedagógicas, desdoblamiento de cursos y reducción del número de alumnos a cargo de cada docente para garantizar un verdadero seguimiento personalizado, evaluación para fijar un plan integral que trabaje con las dificultades de los alumnos, gabinetes escolares en todas las escuelas, psicólogos para atender los problemas del encierro en las familias, herramientas digitales de calidad para cada alumno y para cada docente, wifi gratuito y de calidad. Nada de eso. El sindicato acoplado al “siga, siga”, bloques pedagógicos y al como sí. Incluso, en cuanto a los contenidos, Pagani celebró que exista una política clara para los estudiantes que no se conectaron en toda la cuarentena: el programa Presentes. Como dijimos en esta nota, un programa que continua en la línea de fineslización de la educación, al secretario general le parece acertada, siempre que se respete la centralidad de la escuela. Parece que no leyó el programa si cree que esto sucederá: más bien el gobierno terceriza sus funciones en organizaciones no gubernamentales. En su idea de “colaboración popular” la celeste hace décadas marcha en una línea histórica definida: un árbol y un docente representan una escuela. No extraña que esas recetas se profundicen en tiempos de crisis. Mientras en todo el país proponen recurrir a voluntarios y a estudiantes, miles de compañeros sin trabajo. Así valoran nuestro trabajo: degradándonos.
2020 y después El peor año de la educación argentina encontró al sindicato obligado a pelear por una mísera recomposición salarial. Consiguió un bono y dejó librada al resto de la docencia a su buena suerte. Para hacerlo, puso en juego 58 días de paros virtuales que se elevan a 74 si sumamos los paros parciales/departamentales. Una marca que solo puede compararse en cantidad con el año 2003 pero con una gran diferencia: en el pasado las medidas se realizaron desde febrero a fines de mayo y acumularon 70 jornadas caídas. Lo cierto es que la proximidad electoral obligó a la conducción integracionista a un nivel de lucha “inusitado”, sin costo efectivo para el gobierno, con un resultado más que penoso. Llegando al 4 de diciembre, la CDC resolvió hacer paros parciales para los días que quedan de clases, es decir hasta el 18 de diciembre. Sin llamar a un congreso extraordinario, se profundiza la línea de descomprimir el conflicto en lugar de profundizar las medidas. Hasta la conducción también peronista de ATE, presionada por la movilización que se gestó desde Autoconvocados como en CONICET, quedó a la izquierda de AGEMER al llamar a paro y movilización para el 10 y 16 de diciembre, pese a que juntas integran el mismo frente gremial. Precisamente allí está el meollo de la cuestión: las medidas impulsadas por la comisión directiva docente tuvieron un costo nulo para el gobierno y solo bajo ese paraguas AGMER jugó a mostrarse aparentemente luchadora. Que no redoble la apuesta muestra sus límites: la unidad peronista justificada en clave Covid-19. Mientras tanto, desarma a la docencia, vota medidas que luego no impulsa y reduce la función docente a la de repartidores de bolsones de comida. La pelea por la educación de nuestros niños, en pandemia y en tiempos normales, aguarda una nueva organización colectiva. De otra docencia que se anime a discutir lo que hoy parece imposible: recomposición histórica del salario, defensa de las condiciones de jubilación docente, defensa del rol pedagógico e intelectual de los trabajadores de la educación, defensa de la educación del conjunto de la clase obrera. La pandemia revalidó ese lugar central que tiene la escuela en la vida de las familias. Esa energía debemos conducirla hacia el lugar correcto mostrando que es posible construir otra escuela. Pero para eso hay que dejar atrás el lastre y construir un gran frente opositor. Asimismo, debemos aunar esfuerzos con el resto de nuestra clase: los trabajadores ocupados y desocupados. En ese camino, es que convocamos a participar la primera semana de marzo de 2021 de la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados y el próximo 19 de diciembre de la primera reunión preparatoria para marchar el 20 de diciembre en todas las plazas del país.
