En el día de ayer, Diputados dio media sanción a dos proyectos. Entre los temas que trató, se encuentra un proyecto de “eximición” de ganancias a trabajadores de la salud y personal de seguridad y un programa de protección al personal de salud ante la pandemia. A pesar de sus pomposos nombres, se trata de dos proyectos que no aportan demasiado ni modifican sustancialmente las condiciones de los trabajadores de salud y de seguridad.
El primero ya comienza con un título que no se corresponde con su contenido. Los trabajadores de salud y de seguridad no van a ser eximidos del pago de ganancias. Únicamente se van a eximir los montos percibidos por horas extras y guardias obligatorias. Además, como aclara el título del proyecto, esa exención es transitoria: de marzo a septiembre. Entonces, ni se los va a eximir de la tributación ni va a ser de forma permanente. Los trabajadores seguimos tributando un impuesto que no nos corresponde.
El segundo proyecto pretende legislar un protocolo de protección del personal de salud, pero allí aparecen aún cuestiones muy generales. Se crea un programa pero no se especifica demasiado. Nada se dice sobre cuáles son los elementos con los que obligatoriamente debe contar el personal, que es uno de los principales problemas que afrontan los trabajadores. Tampoco aparece referencia alguna sobre las formas de rotación de turnos que en algunos lugares ya se están implementando. Es decir, en este punto, parece estar desfasado en el tiempo. Además, dado que la autoridad de aplicación va a ser designada por el poder ejecutivo, probablemente sea la misma que ya se está ocupando de estas tareas. Al mismo tiempo, la única garantía de financiamiento que figura es una mención a que este programa debe ser cubierto por el presupuesto nacional.
Sobre las capacitaciones, hay que decir que el Estado admite de forma tardía -y sin decirlo- su responsabilidad en el problema de los contagios entre el personal de salud. Claro, lo hace sin levantar la perdiz y después de echarle la culpa a los mismos trabajadores de la salud. Recién con dos meses de cuarentena se plantea de forma centralizada el problema de la capacitación. Hasta entonces, en algunos hospitales, las capacitaciones vienen dándose de hecho, de forma limitada y sin los recursos necesarios para abarcar a todo el personal. En la mayor parte de los hospitales del país, eso significa tener capacitaciones mínimas y restringidas al problema de la higiene personal. El Estado se había circunscrito a llevar un conteo de lo que en los hechos estaban realizando –como podían- los mismos trabajadores. Ahora bien, con el déficit de insumos de calidad, los efectos de las capacitaciones seguirán siendo limitados.
Si los legisladores estuvieran preocupados realmente por la situación en salud, deberían votar que se utilice una partida de emergencia de forma urgente para proveer de los elementos de protección personal a los trabajadores y habilitar que en cada hospital funcionen comisiones conformadas por los mismos trabajadores que fiscalice la implementación de las medidas. Además, deberían reorientar buena parte de la producción a la fabricación de EPP de calidad y de todo insumo necesario para los hospitales. Y por supuesto, deberían eximir realmente del pago de ganancias de forma permanente al personal de la salud, así como al conjunto de los trabajadores. El Estado además debería garantizar una recomposición salarial en todo el sector y no tapar la miseria con bonos que en muchos puntos -como en Provincia de Buenos Aires- los trabajadores todavía ni cobraron. Al mismo tiempo, deberían terminar con la precarización del personal de salud y con la tercerización de los servicios de limpieza y comida en los hospitales, declarando el pase a planta permanente.
Más que nunca, necesitamos un sistema sanitario único y centralizado bajo control de los trabajadores para hacer frente a esta pandemia garantizando nuestros intereses.
Corriente Clasista Goyo Flores
