CABA: Larreta, Acuña y su Juego del Calamar

Por Nicolás Grimaldi y Jonathan Bastida Bellot

En la, exageradamente reconocida, serie El Juego del Calamar, a un grupo de individuos se le proponía ingresar a una competencia de juegos infantiles, en principio inocentes, a cambio de un suculento premio. Alerta spoilers: el juego finalmente no era lo que aparentaba y la serie no termina tan bien. Algo así sucedió con la docencia porteña en los últimos meses. A mediados de febrero, recibimos una mail a la cuenta institucional de parte de la ministra de Educación Soledad Acuña, diciendo que se iba a presentar un proyecto para hacer efectiva la titularización de todos los docentes interinos de la Ciudad. Rápidamente, parte de la docencia porteña mostró cierta alegría por el hecho de poder ver su reclamo histórico resuelto. Sin embargo, con el inicio del año legislativo, el proyecto ingresado a la Legislatura no solo no era una titularización (como se reclamaba) sino que además incluía reformas en el Estatuto.

Hace unos días, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ingresó este proyecto de reforma del Estatuto Docente a la Comisión de Educación de la Legislatura. Según su presidenta, la radical Manuela Thourte, estaríamos frente a la reforma más importante en los últimos 70 años. Se trata de un escrito que contiene unos 40 artículos, de los cuales 25 modifican la situación estatutaria docente. ¿Cuáles son esos cambios? Centralmente se modifican los criterios de ascenso en el nivel inicial y primario, se establece un incentivo salarial, se crea un nuevo rol para los preceptores y las preceptoras en la secundaria y se agrega una titularización excepcional. Vamos por partes para entender qué significa cada una de estas modificaciones

Respecto al primero de los ítems, el proyecto establece la creación de dos nuevos cargos, como son el de Maestro/a Especialista y Maestro/a Coordinador de Trayectorias Escolares junto a un nuevo cargo en el nivel medio, el de Preceptor Tutor. Estos cargos estarán sujetos a una “formación continua” que llevarán adelante los y las docentes que, en principio, “así lo deseen”. De esta manera, según Acuña y Thourte, la Ciudad sería la primera jurisdicción en cumplir con la posibilidad de formación horizontal estipulado por la Ley de Educación Nacional. ¿Qué significa esto? Actualmente, la carrera docente solo tiene una vía de ascenso: la vertical. Todos los docentes frente a curso que reúnan los requisitos establecidos por el artículo 27 del estatuto, podrán aspirar a cargos de ascenso vía concurso, por puntaje y orden de mérito. Entre los requisitos a cumplir se encuentra una antigüedad de 3 años en el cargo inmediatamente anterior al aspirado o de 7 años en el precedente, ser titular en el cargo de origen, no poseer sanciones durante los últimos 5 años y tener como mínimo un concepto de “muy bueno” en los últimos tres años. La propuesta de reforma realizada por el GCBA plantearía la posibilidad de ascender y hacer carrera de manera horizontal o “dentro del aula” ascendiendo a alguno de los nuevos cargos creados.

Por último, el proyecto incluye un artículo destinado a plantear la confirmación “excepcional” en carácter de titular a todos los y las agentes del sistema educativo que revistan el carácter de interino/a la fecha de 31 de marzo del 2020. Esto se debe a que es un reclamo de la docencia porteña, sobre todo del nivel secundario, de titularizar sus cargos ya que la mayoría nos encontramos desde hace años en situación de interinos, privados de la estabilidad laboral, la posibilidad de ascenso, los derechos de licencia que establece el estatuto para los cargos titulares. Es el mismo gobierno quien debió garantizar concursos todos estos años y no lo ha hecho. Ahora propone resolver esa situación de la mano de una reforma en las condiciones de trabajo.

Cuatro mentiras y dos chirolas

Ahora bien, ¿cuáles son los problemas que plantea esta reforma? En primer lugar, nos encontramos con el de la “formación continua”. Aquí también deberíamos incluir los cambios en el otorgamiento de puntajes para cursos y otros títulos que acompañan la medida bajo el pretexto de mejorar la calidad formativa de la docencia. El argumento del gobierno con todas estas medidas: apuntalar la formación universitaria de la docencia. De allí, la creación de nuevas carreras o tramos -para esta formación horizontal, por ejemplo- o el aumento en la valoración de postgrados en educación. Nadie podría oponerse a la formación universitaria, el problema es como ello convive con la realidad docente. Veamos.

Por ejemplo, la mentada formación podrá ser dada tanto por la UniCABA como por cualquier otra institución pública o privada de educación que alcance un acuerdo con el GCBA. Esto obviamente trae aparejado el problema de que será el propio gobierno porteño quien decida qué cursos serán considerados como parte de esa “formación continua” y quiénes podrán darlo, abriendo las puertas a una tercerización y arancelarización de esa nueva formación formación. Solo hay que recordar la proliferación de cursos y propuestas de diplomaturas y titulaciones aranceladas brindadas por los propios sindicatos patronales ya existentes para ver que dicha oferta se va a incrementar. Actualmente, las y los docentes tenemos un formato de formación “abierta” donde vamos cursando seminarios, posgrados, o cursos de capacitación de diferentes temáticas, sea en la Escuela de Maestros, en diferentes universidades o en centros educativos públicos y privados. Con esta modificación, la UniCABA se reserva el derecho de control sobre una rama entera de la formación para una de las dos vías de ascensos. Respecto al contenido de la misma, la orientación de UniCABA se caracteriza por desincentivar el desarrollo del pensamiento crítico y priorizar perfiles que evalúen “competencias” y “habilidades” tal cual lo promueve la secundaria del futuro. En concreto, la reforma tiene como fin reforzar el rol de la UniCABA como ente regulador de la educación docente porteña, optando por una vía de ataque indirecta y paralela, como lo sostuvimos en nuestra última nota.

Además de lo dicho, los planteos de formación docente no pueden darse en abstracto, sino que tienen que ser puestos en contexto. Con salarios que tienden a la miseria, que obligan a los y las docentes a trabajar doble jornada, deberemos sumar un tercer turno de trabajo no remunerado destinado a la formación, además de sumarle el peso de las tareas domésticas que el patriarcado descarga sobre las compañeras. Dirá el gobierno que ofrece un aumento del 20% para aquellos que opten por esa formación., pero, hay que recordar, estamos hablando de un 20% sobre salarios que cubren el 70% de la canasta de consumos mínimos de ATE-INDEC. Es decir, miseria sobre miseria, igual a miseria. Sumado a este punto, evidentemente, el mismo ministerio de educación desconoce lo que implica en la vida real cursar estudios de postgrado, con la carga de seminarios, cursos, ya ni hablemos de la elaboración de la tesis final. En qué tiempo físico y mental una docente promedio con jornada completa, familia a cargo y salario de miseria podrá realizar eso es un verdadero misterio.

Un segundo problema que nos encontramos tiene que ver con la modificación para los criterios de ascenso. Según el proyecto de reforma, la antigüedad necesaria para poder ascender en la carrera docente se baja de 3 a 1 año en el cargo inmediato anterior al deseado para ascender, y de 7 a 3 en el precedente. Esta modificación, trae aparejado el problema de quitar algo fundamental como es el conocimiento del plantel docente por parte de los directivos para poder planificar de una manera real la orientación de la escuela. Esta medida no tiene otro fin que ser demagógica y apunta a desincentivar que los directivos tengan varios años como docentes en sus colegios y por lo tanto establezcan vínculos estrechos, e incluso políticos, con quienes pasarán a ser sus dirigidos.

Un tercer problema que aparece en esta reforma, que en realidad no es una novedad, es que los nuevos cargos, Maestro/a Especialistas y Maestro/a Coordinador de Trayectorias Escolares, solo podrán ser trasladados con previa autorización del Ministerio de Educación. Esto refuerza lo planteado por el estatuto vigente donde, luego de la eliminación de las Juntas de Clasificación, es el GCBA quien se reserva la última palabra sobre el traslado, por lo que podrá denegar ese derecho a los y las docentes. También puede dar lugar a hostigamientos varios.

Un cuarto problema tiene que ver con la titularización. La fecha puesta como tope de 31 de marzo de 2020, es puramente discrecional ya que no hay motivo para que sea esa y no otra, por ejemplo, el 1 de marzo del 2022, que implicaría tomar la totalidad de los ciclos lectivos completados desde la última titularización masiva. Al mismo tiempo, el proyecto no contempla la regularización de los concursos de titularización para que los y las docentes de la Ciudad podamos todos los años conseguir estabilidad laboral. Que esto esté incluido en el proyecto solo tiene como fin extorsionar, chantajear y dividir a los compañeros y las compañeras para que acepten la reforma. Además, ya hemos advertido sobre otro problema: de realizarse concursos anuales todos los años cómo acumularán un año de permanencia en horas interinas o suplentes las y los docentes que superen las 48hs titulares que por estatuto se pueden acumular. La reforma estatutaria consolida una reforma jubilatoria de facto como ya indicamos.

¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Para qué?

La discusión no pasa por si reformar o no el estatuto docente. Está claro que la educación argentina adolece de problemas estructurales y que su solución debe venir de la mano de transformaciones de fondo. Incluso, la incorporación de una formación continua, de carácter universitario, puede ser vista como algo mejor a la formación abierta que tenemos ahora. Sin embargo, la discusión no es por las formas sino por los contenidos de las reformas. Es decir, qué reforma, cómo se implementará, quién la llevará a cabo, y con qué fines. Además, que esas transformaciones deben ser discutidas con la comunidad docente en su conjunto, no solo con la burocracia sindical y la camarilla.

En la docencia porteña, queremos discutir qué y cómo enseñamos a nuestros alumnos y alumnas. Esto obviamente implica discutir la orientación de nuestra formación. Con la reforma que propone el GCBA, será el Ministerio de Educación quién decida los contenidos y las instituciones qué darán esos tramos formativos, siendo además la única forma de acceder al ascenso horizontal, más rápido que el ascenso vertical, y al “incentivo” económico. ¿Con qué criterios de ESI se formaran los docentes que accedan a estas capacitaciones? ¿Qué Historia será la que le contaremos a los pibes y pibas de nuestras escuelas? ¿Quién decidirá sobre los métodos de enseñanza que hoy decide cada docente apelando a la libertad de cátedra? Las y los docentes necesitamos que cualquier reforma del Estatuto incluya el establecimiento de una paritaria de contenidos para que podamos ser parte activa de la discusión de las ideas que vamos a llevar a las aulas.

Además de lo dicho, la formación no debe estar escindida de la cuestión salarial y la extensión de la jornada de trabajo. No podemos normalizar, como dijimos más arriba, que tengamos que trabajar doble turno frente al curso, unas 8 o 10 horas, para luego dedicar tiempo a formarnos, a planificar, a corregir, a realizar devoluciones individualizadas, más las tareas comunes a cualquier ser humano. El salario inicial docente debe ser fijado en el equivalente a dos canastas básicas totales reales, monto que supimos gozar hace unas décadas atrás, para poder contemplar no solo los gastos para nuestra reproducción biológica sino también para poder reproducirnos como lo que somos: trabajadores intelectuales cuya reproducción requiere de acceso a bienes culturales de diferente tipo. Tomando como base la medición realizada por ATE-INDEC, hoy por hoy ese salario sería equivalente a $272.208 por una jornada de 8 horas de trabajo, 4 frente a curso y 4 extra clase.

Por otra parte, los y las docentes también tenemos que poder decidir sobre nuestras carreras, como lo son por ejemplos los traslados, que desde la eliminación de las Juntas de Clasificación, solo el Ministerio tiene la potestad de decidir sobre su efectivización. Necesitamos que por Estatuto se cree la figura de una Oficina Única de Clasificación Docente, administrada por las y los trabajadores, es decir, vocales docentes elegidos por el voto masivo de sus compañeros/as, con mandato revocable, que permitirá tener una clasificación elaborada por otros docentes, y no por un programa.

Al mismo tiempo, no debemos caer en la trampa de la extorsiva titularización que aparece en el proyecto. Debemos exigir la titularización masiva, fotográfica, y con efecto cascada para todos los docentes interinos de la Ciudad. De ahí en más, hay que defender los actos públicos y la carrera docente, con una regularización de concursos de titularización una vez al año, como sucede en otros distritos y en el nivel Primario e Inicial de CABA, por puntaje y orden de mérito, para poder acceder a la estabilidad laboral. Que la reforma no contemple esto solo muestra que la voluntad del gobierno es mantener la precarización indefinida de los interinatos para avanzar sobre ciertas modalidades, como fueron los CENS en su momento o los colegios nocturnos, más acá en el tiempo. Sumado a eso, el gobierno debe aclarar lo que no dice: cómo impactará esa regularización sobre los criterios exigidos de permanencias a la hora de estimar la jubilación docente.

Como docencia porteña, debemos organizar la lucha para rechazar esta reforma, pero no podemos quedarnos solo en el veto. Debemos discutir un nuevo estatuto que contemple las exigencias aquí planteadas y otras que puedan llegar a surgir del debate con los y las colegas. Si la docencia es la más bella de las profesiones, luchemos para que nuestras condiciones de trabajo y de vida estén a la altura.