El gobierno decidió comenzar la etapa de la “cuarentena administrada”, ampliando la ya de por sí larga, lista de actividades exceptuadas. Alberto va perdiendo el cuidado que tenía para hacer de cuenta que priorizaba la salud por sobre la economía. Venía presentándose como defensor de la cuarentena, mientras gradualmente iba liberando actividades. El último decreto avanza más abiertamente, y va quedando claro que se empezó a seguir la estrategia de Trump y Bolsonaro.
Entre las nuevas excepciones, la más importante es la última: Procesos industriales específicos, con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo. Es decir, se abre la puerta a que el gobierno, mediante resolución del Ministerio, autorice el funcionamiento de ramas enteras de la economía sin ningún criterio de “esencialidad”, como ya sucedió con las curtiembres, por ejemplo.
La necesidad de conseguir dólares hizo que el gobierno también permita la producción para la exportación. El comercio es otro de los grandes rubros que se van a autorizar con un sistema de delivery, aunque en la práctica muchos ya estaban funcionando así. La legalización de esta actividad va a multiplicarla y, con ella, la cantidad de compañeros que quedarán expuestos al contagio.
El sector público empieza a reanudar su actividad gradualmente. La preocupación de las provincias y municipios por la recaudación, llevó a la apertura de las oficinas de rentas. Por el mismo motivo se autorizan a los establecimientos que cobran servicios e impuestos. También se van a habilitar las oficinas de registro.
El decreto tiene algunas excepciones razonables, pero que debieran haber estado abiertas siempre: la atención médica y la realización de estudios y la atención las víctimas de violencia de género. Ya explicamos en otra nota el peligro al que se ven sometidas las mujeres en la cuarentena.
En cuanto a la atención médica, inicialmente se había anulado la atención a pacientes con enfermedades crónicas, que requieren tratamiento que no se puede interrumpir, aquellos en procesos de rehabilitación, o estudios impostergables. Ahora se los habilita, pero no solo eso. También se abre la atención de carácter preventivo. Esto último resulta ambiguo y pareciera habilitar la consulta presencial de forma indiscriminada. De todas formas, el hecho que se haya permitido el funcionamiento de la acería de Techint antes que estos ítems, habla de las prioridades del gobierno.
La salida gradual de la cuarentena cuando todavía no se alcanzó el pico de la pandemia, va a generar una mayor cantidad de contagios y un colapso del sistema de salud, que ya mostró su falta de preparación y carencia de insumos de protección. Un dato lo deja bien clarito: Argentina tiene el mayor porcentaje de trabajadores de la salud enfermos (14%) en el mundo.
En defensa de nuestra vida, los trabajadores tenemos que exigir el mantenimiento de una cuarentena muy estricta, que contemple integralmente la salud y las necesidades de la clase obrera. Obviamente, como no queremos morir de enfermedades evitables, pero tampoco de hambre, se debe garantizar el ingreso de todos los trabajadores, porque hay muchos que si no trabajan, no comen. La esencialidad de las actividades que no puedan pararse, deben estar determinadas por las necesidades sociales y no por la ganancia capitalista. En esos sectores, se deben garantizar las condiciones de higiene y salud, que deberán estar controladas por los únicos preocupados en ella, los trabajadores, mediante comisiones elegidas por nosotros.
Va de suyo, que para evitar avivadas patronales, de esas que cuentan con la complicidad del gobierno, hay que prohibir todos los despidos, retiros “voluntarios”, suspensiones y recortes salariales. También se debe lanzar un subsidio universal al desocupado, sin contraprestación laboral, igual a la canasta básica, financiado por aportes patronales. Todos los trabajadores en negro, contratados, monotributistas, cooperativistas y tercerizados, deben ser blanqueados. Finalmente, el sistema de salud pública debe ser reforzado con el aumento de su presupuesto, y centralizadolo todo, público y privado, en manos de los trabajadores.
Los que vamos a poner la mayor parte de los enfermos y los muertos somos los trabajadores, mientras la burguesía va a buscar restablecer sus ganancias. La burocracia sindical, por su parte, jugó un rol de activa colaboración con la burguesía a la hora de levantar la cuarentena, sin atender a los trabajadores que exigen la posibilidad de resguardarse. De este modo, el gobierno que posaba de defensor la cuarentena por sobre todo, mostró que -como todo gobierno burgués- lo único que defiende a rajatabla es la ganancia capitalista.