Por Martín Rodríguez
El 2020, probablemente, sea el año más recordado en la vida de todos. En materia educativa, la crisis se potenció en dimensiones siderales. El gobierno oscila entre negarlo para defender su accionar y utilizarlo de chivo expiatorio. En este último esquema, el COVID-19 habría desarticulado un sistema educativo que, a decir del oficialismo, podía repuntar tras cuatro años de desmantelamiento macrista. En consecuencia, todos los problemas se justifican a partir de la pandemia y, al mismo tiempo, advierten que otros podrían haberlo manejado peor. Por otra parte, quien alce la voz para señalar los problemas que la realidad pone de relieve, una y otra vez, será indicado como “golpista”. Apelarán a la “solidaridad” para etiquetar a sus enemigos: todos los que los cuestionan desde Rodríguez Larreta a la izquierda.
El peor año de la educación argentina requiere un análisis serio. No solo para saber cómo llegamos hasta aquí sino también para entender lo que nos espera. No podemos actuar como meros espectadores, cambiar este cuadro requiere de nuestra intervención y, por eso, hacia el final, compartimos una propuesta. Compañeras, compañeros, familias: ustedes son los destinatarios de estas líneas.
¿Cómo fue la virtualidad?
Apenas se inició el aislamiento, los docentes tuvimos que enfrentar la educación a distancia con muchas dificultades y, sobre todo, sostenerla con recursos propios. En un cuadro dónde la virtualidad queda librada a los recursos individuales de cada quién, las carencias no tardaron en mostrarse: desde la falta de dispositivos a la ausencia de aptitudes técnicas de docentes, alumnos y familias. Cualquier gobierno preocupado por la educación, tomaría cartas en el asunto, realizaría un relevamiento serio de las condiciones y diagramaría políticas para enfrentar el problema de la virtualidad. Lamentablemente, el gobierno hizo poco y nada para resolver lo básico. Aún hoy, a poco de cerrar el ciclo lectivo, todavía se mantiene de la misma forma. Acceder a wifi gratuito y contar con dispositivos, sigue dependiendo de las familias y docentes. Cada quien sigue pagando de su bolsillo internet y sigue desgastando y/o actualizando los dispositivos propios a poco de cerrar el ciclo lectivo. Va de suyo que, en un país con más del 40% de pobreza (tomando los índices conservadores y oficiales del INDEC), era lógico pensar que pocos podrían sostener la educación a distancia. Sobre todo, teniendo en cuenta que la mitad de esos pobres son niños. Por eso, encuestas privadas[1] marcaban que el 40% de los alumnos no contaban con wifi. En las escuelas de gestión pública, el 56% cuenta únicamente con celulares para realizar sus actividades escolares y apenas el 12% tiene netbooks, tablets o pc. Más de un 10% no tiene absolutamente nada y si consideramos que el 56% apenas puede conectarse con su celular, tendremos una clara imagen del genocidio educativo en marcha. Las cifras son algo mejores en las escuelas de gestión privada: casi un 5% no tiene dispositivos y el 23% solo tiene celulares, ambos números dan cuenta de la presencia de sectores claramente obreros en las escuelas privadas subvencionadas. Una conclusión se impone atendiendo la relación entre herramienta y plataforma: la misma encuesta afirma que el 80% de los alumnos sostiene la educación a distancia vía WhatsApp, algo que también reveló la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica. De más está decir que no es lo mismo utilizar un celular que una PC. Y tampoco lo es usarla con exclusividad que de modo compartido. En relación a este punto, la misma encuesta sostiene que el 72,4% de los alumnos usa el dispositivo con otra persona ¿Cómo es posible sostener clases virtuales si tienen que compartir los dispositivos entre varios miembros de la familia? En único equipo conviven teletrabajo y múltiples escolaridades. La modalidad de adultos da cuenta de forma palpable de esta situación: nuestros alumnos manifiestan lo difícil que les resulta afrontar su propia escolaridad junto a la de sus hijos. “Perdón profe, después de las tareas de mis hijos me quedé sin datos” resuena una y otra vez en los oídos de todos los que trabajamos en esta modalidad.
Obviamente, la realidad de los docentes no fue muy distinta. Las encuestas señalan[2] que apenas el 37% cuenta con computadora propia, mientras el 55% la comparte con otro miembro del hogar. Claro está el trabajo debe contemplar también la escolaridad de los hijos propios. Recordemos además que la mayoría de las docentes son mujeres y en 9 de cada 10 familias el acompañamiento escolar estuvo a cargo de las mujeres. Ese cuadro de conjuga además con la sobrecarga laboral de la propia pandemia: 9 de cada 10 docentes dijeron destinar más tiempo para la preparación de clases en este contexto que en la normalidad. En definitiva, no sólo tuvimos que sostener la virtualidad con nuestros recursos, sino también a los docentes ocupados nos explotaron más mientras montones de compañeros se encontraron desempleados por la suspensión de los actos públicos en la mayor parte del país.
Esta realidad no ingresa en el feliz mundo peronista. El gobierno en su propia encuesta llegó a la conclusión que el 95% de los alumnos mantuvo algún tipo de vínculo con sus docentes. Todo el chiste de su exitosa felicidad reside en no preguntarse qué significa algún vínculo y la diferencia de esa noción con educar. De gente que supo intervenir el INDEC, dejar de medir la pobreza para no “estigmatizar” sabemos que no se trata de ingenuidad sino más bien del sencillo arte de la manipulación de la información.
La vuelta a las aulas como compensación
Desde mediados de año, por lo menos, la discusión por la reapertura de las escuelas se encuentra en la agenda pública. Jujuy fue la primera provincia en anticiparse y volver, aunque fracasó a los pocos días. Luego, le siguieron San Juan, Catamarca, Formosa y San Luis. De todas, San Juan y Catamarca dieron marcha atrás. Formosa y San Luis continuaron, seguidas posteriormente por La Pampa. Pero la discusión tomó impulso con Larreta y la apertura escalonada que terminó desencadenando protocolos y propuestas de la mayoría de las provincias, con semáforo epidemiológico de por medio, incluida la supuesta opositora Buenos Aires. Lo curioso del asunto fue la postura del gobierno. Trotta, quien se encontraba en el ojo de la tormenta luego de la renuncia de Puiggrós, buscó por todos los medios hablar de retorno a las aulas. Así, halló un sinfín de sinónimos como “actividades recreativas”, “revinculación”, etc.
Como era de esperarse, a medida que se flexibilizaba la cuarentena, la discusión por el retorno a algún tipo de presencialidad se recrudecería. Las familias “deben” volver a sus trabajos, la burguesía parásita no está dispuesta a pagar las correspondientes licencias por cuidado de familiar en una economía con un elevado índice de trabajo informal. Es ese el sustrato profundo de la “vuelta” y de ese fenómeno que los medios de comunicación se encargan de mostrar mientras bregan por el retorno a clases: las escuelas paraestatales. Mientras defiende el interés de los patrones, el gobierno presenta esta “revinculación” en clave emocional. Esto deja en claro la función que la burguesía argentina le asigna a la escuela: un espacio de contención social. Y también queda de manifiesto que si no avanzan más es sencillamente por la misma oposición de las familias y de los docentes a exponer su vida de forma inútil.
Ligado a esto, el retorno anticipado expresa el claro desinterés del gobierno en garantizar las condiciones adecuadas para la virtualidad. Los funcionarios dicen que la vuelta servirá principalmente para aquellos que no pudieron conectarse. Por eso, este grupo forma parte de los prioritarios para el retorno presencial. Sin embargo, ningún político, ni medio de comunicación dice que la vuelta, al menos este año, no será total, sino que presencialidad y virtualidad convivirán. El Estado prefiere exponernos antes que invertir en condiciones adecuadas mientras, en realidad, prepara el terreno para el 2021: volver a las aulas, aunque no estén dadas las condiciones e ingresemos en la segunda ola. Como chantaje: la salud emocional de nuestros niños.
Como la batalla está ubicada en el 2021, pisando noviembre del 2020 nadie quiere hacerse cargo de las consecuencias políticas y sanitarias de un retorno masivo. Por eso, este año la decisión queda en manos de las familias y los directivos (con aval de supervisores) tienen algún grado de maniobra. Pero esta libertad no opera en el vacío. Cabe preguntarse, entonces, que harán las familias ante la necesidad de salir a trabajar y los docentes si son convocados ¿Pueden las familias y los docentes perder el presentismo? ¿Quién se puede dar el lujo de quedarse sin el mango mientras el desempleo crece? El gobierno que deja librada esta “decisión” en los individuos es el mismo que elimina la IFE, congela y licua salarios vía inflación, ajusta a los jubilados y reprime a los sin techo de Guernica etc. En términos concretos, son ellos quienes ponen a las familias entre la espada y la pared, mientras se lava las manos.
La paraestatización como refuerzo del fracaso virtual
Cuando comenzó la pandemia advertimos que el gobierno echaría mano a una vieja estrategia: “hacer como sí”. Buena parte de lo que venimos describiendo ejemplifican esto. Pero de esta ficción también forman parte la unificación del ciclo lectivo 2020 con el 2021, la promoción acompañada, los distintos planes de recorte curricular (lo mínimo de los contenidos mínimos fijados por los Núcleos de Aprendizaje Prioritario) y el lanzamiento de programas paraestatales, completan esta historia.
La Argentina tiene una larga experiencia en esa carrera. Basta con pensar en la enorme experiencia y desarrollo del Plan Fines II, donde se combina la precarización laboral y el recorte de contenidos. Por eso, mientras preparaban los protocolos, el gobierno desarrolló el programa Acompañar. El mismo tiene alcance nacional y se propone “llevar la escuela” a la casa de los alumnos. Para eso, “articula” el trabajo “conjunto” entre el Estado y las asociaciones civiles. En lugar de garantizar wifi y dispositivos para todos, el gobierno terceriza sus responsabilidades en ONGS, universidades y punteros a quienes designa como “promotores”, es decir, agentes de la “revinculación”. Plegándose a este esquema, las provincias hicieron lo suyo. Por ejemplo, Entre Ríos y Buenos Aires formularon su propia propuesta, con el Programa Presentes y el ATR, respectivamente. Todos se basan en la utilización de docentes sin trabajo y estudiantes de los últimos años, quienes reciben un salario llamado eufemísticamente “beca” a cambio de llevar las tareas a la casa de los alumnos. Mientras los docentes desocupados reciben un subsidio miserable, los estudiantes acreditan sus prácticas profesionales. Lo cierto es que esta articulación que planea servirse del accionar paraestatal promete quedarse. El gobierno pretende crear mesas de trabajo para atender distintas trayectorias educativas en clave flexible valiéndose de estas redes que, oh casualidad, tienen afinidad política con el gobierno. Valga de ejemplo lo actuado en la Villa 31 de la CABA. Está claro, el gobierno apuntala su propia red de contención para el momento en el que la crisis estalle.
Mientras el gobierno se vale de la desesperación de cientos de miles de compañeros sin trabajo, profundiza la degradación educativa en clave paraestatal. Por eso, no podemos ceder ante el avance de propuestas de este estilo. Como siempre dijimos, lo que ocurrió con el Fines nos dio la razón y mostró las consecuencias del dejar hacer. Nuevamente, con las condiciones materiales, técnicas y humanas necesarias para garantizar la virtualidad, no sería necesario arriesgar la vida de familias y docentes convirtiendo a estos últimos en una figura devaluada de “llevador” de tareas.
La burocracia con la patronal
El sindicalismo peronista fue un actor clave en todo este tiempo. Al igual que el peronismo, del cual proviene y defiende, son innumerables las cantidades de maniobras realizadas. No solamente con paritarias a la baja, sino interviniendo políticamente para frenar cualquier tipo de descarrile por izquierda, tal como hizo Alesso en Santa Fe con la reforma del estatuto. Desde principios de año, y a pesar de las ilusiones que despertó la Paritaria Nacional Docente, era evidente que el gobierno cargaría sobre los salarios ya que la mayoría de los acuerdos establecían aumentos hasta mediados de año y prometían retomar las discusiones en el segundo semestre. Si la intención era no perder tras la inflación eso se resolvía fácilmente: cláusula de indexación mensual. Claro está, al igual que como ocurrió a lo largo de casi dos décadas, las provincias que llegaron a algún tipo de acuerdo lo hicieron en cuotas, aumentando los ítems en negro o las sumas en gris. Eso las que tuvieron suerte. Jurisdicciones como CABA desconocieron la última cuota del compromiso y volvieron a ofrecerlo como parte de una “nueva” recomposición ya pensando en la carrera electoral 2021. En Entre Ríos, bonos y sumas en negro. En Santa Fe, bonos en negro por única vez. En otras provincias, como Chubut, los compañeros llevan meses sin cobrar. Los docentes desocupados apenas deben contentarse con un subsidio por debajo de la indigencia o el IFE.
En todos lados, la burocracia celeste se hamaca de distintas formas. UTE, asume que Trotta tiene responsabilidad en la vuelta, aunque no termina de romper y afirma que “cede ante las presiones de la derecha”. La culpa nunca es del peronismo, sino del entorno (¿tercer peronismo?). De convocar a un paro a una instancia de deliberación del conjunto de la docencia siendo el sindicato mayoritario, ni hablar. Lo mismo dicen Baradel y Alesso, las caras visibles de una CTERA cada vez más hipócrita. Baradel afirma que es anticipado volver el 17 de febrero, tal como lo planea CABA, pero no dice nada de volver completamente y da el visto bueno para que 88 distritos de la provincia tengan acciones de revinculación. También niegan responsabilidad en los protocolos, cuando todos los documentos oficiales del Ministerio de Educación tienen sus firmas o avalan su participación. Tampoco hicieron mucho por garantizar la conectividad de alumnos y docentes. Apenas unas declaraciones de los secretarios generales “insistiendo” para que el gobierno cumpla con lo prometido. Son el dique de contención de la docencia. Pedirles o exigirles es gastar tinta en una comunicación.
La potencialidad de la docencia
La degradación educativa es previa a la pandemia, al macrismo y al kirchnerismo. Terminar la escuela con competencias mínimas, está por fuera de las posibilidades de muchos alumnos. Los resultados de las Pruebas Aprender 2019 son una prueba. En matemática, apenas el 28,6% de los alumnos del último año del nivel secundario obtuvo resultados satisfactorios y avanzados. El resto se encuentra por debajo del piso. A su vez, la tasa de finalización de los estudios sigue siendo baja. Apenas 3 de cada 10 alumnos logra terminar la educación secundaria en tiempo y forma. Para el resto se ensayan propuestas por fuera del sistema formal como el Plan Fines II. Es cierto, la degradación es previa a la pandemia y al kirchnoalbertismo pero cierto es que éstos se ocuparon de profundizarla.
Según el propio INDEC, la mitad de los niños en Argentina son pobres. El peronismo dirá que fue el COVID-19 y la herencia macrista. Sin embargo, son ellos quienes gobernaron la mayor parte del tiempo de la democracia para acá. Basta con repasar las historias de Guernica, para dar cuenta que muchas de esas realidades son preexistentes a la pandemia. Muchos de esos adultos sin techo fueron pobres toda su vida y cuando menores perdieron todo tipo de contacto con la escuela. Son los alumnos que desertaron años atrás. La obligatoriedad de la escuela secundaria fue para ellos un eufemismo. Jóvenes y con hijos hoy luchan hoy para no repetir la misma historia. Sacan las lecciones del caso: el peronismo y sus punteros no tienen nada para ofrecer y se organizan para pelear por lo que es suyo. Así lo mostró Guernica. Son los hijos de esa clase obrera los que batallan e intentan conectarse y completar alguna actividad. Esos menores, son los que nos cuentan, “profe, perdón que no hice la tarea, mi familia se infectó”, “me quedé sin datos”, “profe como soy mujer me dejaron a cargo de mis hermanitos y no pude hacer la tarea”. Podríamos describir un sin fin de casos así.
Parados en este 2020, no caben dudas: nos enfrentamos al peor año en materia educativa. Si las competencias básicas con la que los alumnos egresan en tiempos normales son pobres ¿Cómo serán luego de la terrible deserción y el recorte de contenidos de este año? Con cientos de programas paraestatales en todas las provincias ¿Creen que mejoraran las condiciones laborales de la docencia? ¿O se expandirá la paraestatalidad por todo el circuito? Conociendo el paño, seguramente muchos de esos programas llegaron para quedarse, como dijimos antes. Es más, nos lo anuncian. Lo mismo podríamos decir de las obras de infraestructura y los salarios. Como muestra un botón, millones de pesos invierte la provincia de Buenos Aires en publicidad anunciando que está acondicionando más de 1.700 escuelas para el retorno cuando la provincia tiene más de 13.500. ¿De verdad creen que solo 1.700 necesitan mejoras?
Si algo aprendimos en este tiempo de pandemia es que la docencia tiene potencial. Con pocos recursos y escasa formación, cientos de nosotros hicimos malabares para poner de pie la educación virtual. Muchos pasamos horas frente a la computadora y el celular, planificando, perfeccionándonos, programando clases virtuales, corrigiendo, etc. Aquello que pudimos rescatar, fue gracias al esfuerzo de las familias y la docencia en conjunto. Este hecho no es menor, sino que expresa una idea genuina y cierta dentro de la clase obrera: la educación es una herramienta vital para la vida. Por eso, no debemos bajar los brazos, ni ceder ante el inmovilismo de las burocracias sindicales.
La docencia necesita una herramienta política para superar lo que será el peor año de la educación. Por eso, la vanguardia combativa debe reagruparse, dejar de lado las mezquindades sin sentido y las internas electorales. Necesitamos reagrupar a todos los trabajadores en una Asamblea Nacional de Trabajadores ocupados y desocupados. Allí deberemos contar con un comité de educación que realice un balance de la realidad educativa a la luz de la evidencia empírica, elaborar un balance serio del estado de la educación y discutir qué escuela queremos construir de cara a otra sociedad.
El problema no es la presión de la “derecha”, ni personajes nefastos como Berni. El problema es la burguesía argentina y todos sus secuaces sindicales. Por ese motivo, hay que denunciarlos con nombre y apellido. Más aún, es necesario discutir un programa integral para la educación que rechace todo tipo de programa paraestatal y degradante. Al peronismo no le podemos regalar nada, mucho menos la iniciativa. Pero de nuestro accionar dependerá el futuro y la batalla es por defender la educación del conjunto de los trabajadores de los degradadores de siempre, en tiempos normales y también en pandemia.
[1]Argentinos por la Educación: La educación argentina durante la pandemia de COVID-19. Un estudio sobre la situación de familias y alumnos durante el aislamiento. QUINTO INFORME: “Análisis comparado entre educación pública y educación privada en contexto de COVID-19 (primera parte)”. Disponible en: https://bit.ly/35F1J7b
[2]Argentinos por la Educación: El esfuerzo de los docentes en Pandemia. Disponible en: https://bit.ly/35AiUql
