Por Romina De Luca y Martín Rodríguez
El pasado 2 de julio, en la 97ª Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), se aprobó de manera unánime el documento “Protocolo Marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y terciaria”. El acuerdo se selló con las firmas de las 24 jurisdicciones educativas. Sin embargo, cierto es que la discusión sobre la vuelta a las escuelas se puso sobre la mesa hace rato a nivel nacional y provincial. A nivel nacional, previamente, se había creado el “Consejo Asesor para la Planificación del Regreso Presencial a las Aulas” como ente de seguimiento del proceso y para la elaboración del protocolo. Ya en el mes de junio, dieron a conocer cuáles serían las líneas directrices que se acordaron recientemente. A nivel provincial, distintas provincias ya habían adelantado sus borradores y, como dijimos, incluso la provincia de Jujuy ensayó una vuelta que tuvo que desandar a poco de iniciar. Nada indica que no pase lo mismo en el futuro con el protocolo nacional. Por eso mismo, conviene saber de qué se trata. A continuación, te explicamos con detalle el documento nacional y analizamos cómo será su implementación.
Flexible y descentralizada
El protocolo marco fijado por Nación pretende los lineamientos federales que deberán atenderse en todos los establecimientos del país, incluyendo todos los niveles y modalidades. Esto implica que la reglas abarcan desde el nivel inicial al secundario, pero también a los institutos superiores. Así, fijan las pautas de trabajo para ordenar las actividades para el retorno a clases presenciales, aunque, tal como sucedió en Jujuy, se prevé una vuelta en modalidad “bimodal” combinando educación presencial y remota. Tal como se indica en el documento, el protocolo fija “un piso mínimo de requerimientos para la apertura de instituciones”. Sin embargo, ese mínimo habla de qué considera este autodenominado “estado de cuidado” necesario y condición de “seguridad” para conservar la salud de millones de personas que transitan por las escuelas. Y, lo cierto, es que ese mínimo mete miedo.
La vuelta a clases se haría escalonadamente, dependiendo de la situación epidemiológica de cada jurisdicción. Como fecha posible ya se habla de agosto, una vez finalizado el receso invernal. Las primeras provincias en regresar serían Catamarca (aunque la provincia volvió a Fase 1), San Juan y Misiones, aunque todavía no hay nada certero. Inclusive Kicillof candidatea a 71 municipios de la provincia para hacerlo.[i] Se trata de los municipios “verdes”, o en fase 5 que concentran menos del 12% de la matrícula total.
El plan oficial prevé abrir, en un primer momento, las escuelas ubicadas en zonas rurales, para luego dar paso a las urbanas. La prioridad la tendrán quienes finalicen el último año de la primaria y la secundaria, aquellos que requieran acompañamiento específico para su trayectoria escolar y quienes se encuentren desescolarizados. El resto de los años/divisiones volverán de forma gradual y rotativa, siendo cada escuela la que defina el esquema de retorno acorde a la capacidad instalada. Es increíble cómo, a casi cuatro meses de la suspensión de clases, el gobierno se acuerda que tiene que priorizar como grupo poblacional a los alumnos con “con condiciones crónicas o discapacidad”, diseñando materiales o creando condiciones especiales para el retorno. En ese grupo “prioritario” se encontrarían también los desplazados o migrantes y aquellos con situaciones de vulneración de derechos. Curioso viniendo del mismo gobierno que les ofrece a las familias desocupadas apenas 10.000$ en concepto de IFE y no atiende las necesidades de ese 45% de la población en condiciones de pobreza.
El gobierno nacional solo se compromete a “evaluar” las capacidades de infraestructura sanitaria de los establecimientos. Entiende por ello apenas que tengan agua y les funcionen los baños. Que estén en evaluación ambos aspectos elementales da cuenta de la realidad materiales de miles de escuelas. Convengamos, además, que parece un verdadero chiste. Aún si todas las escuelas del país contarán con agua y con baños funcionando, eso no alcanzaría para evitar la propagación de la pandemia. Recordemos que todos los científicos indican que la carga del virus aumenta en espacios cerrados, con presencia de varias personas que estén juntas más de 15 minutos. Sin embargo, el gobierno ya calculó que a razón de aulas con 35metros cuadrados que, en promedio, pueden amontonar ahí 15 alumnos. Para peor, queda a cargo de cada jurisdicción, o incluso de cada escuela, tanto la elaboración de su propio protocolo para la vuelta como el momento de la reanudación. Así, la mayoría de las decisiones dependerán de cada establecimiento según las condiciones particulares de infraestructura lo que implica descentralizar las decisiones y también el costo político de lo que pudiera ocurrir. Un razonamiento propio de Bart Simpson y su “yo no fui”. Nación solo “revisa y da conformidad” pero el episodio Jujuy fue muy ilustrativo de lo que puede ocurrir. Mientras Morales se paseaba por la televisión y la radio anunciando la vuelta a clases y Trotta no decía una palabra, cuando hubo que retroceder por contagios el ministro salió a la palestra diciendo que no tenían autorización.
Acciones para la reanudación y en la reapertura
El protocolo fija toda una serie de pasos previos a la apertura. Además de las generalidades reseñadas en el acápite anterior, aclaran que la reanudación requerirá la presencia del personal docente, no docente y directivo para la preparación de los establecimientos. Es decir, en una primera fase se reincorporaría el personal y luego los alumnos. En ese marco, y antes de la apertura, se realizarían acciones para capacitar al personal para la “nueva normalidad”. En ese contexto, se desarrollarían módulos de capacitación para docentes, auxiliares, familias y alumnos. Se deberían acondicionar los espacios para garantizar el distanciamiento, definir áreas de “aislamiento” en caso de detectar posibles contagiados y los mecanismos de derivación ante casos sospechosos. De la mano de la capacitación, se prevén además la realización de campañas de comunicación para detectar el estado de “emociones”, como el miedo, la angustia la incertidumbre, frente al regreso a clases y a la enfermedad y el manejo de las mismas. Va de suyo que, si las escuelas contaran con equipos de orientación escolar y/o gabinetes escolares, con personal suficiente, podría hacerse un tratamiento eficaz. Va de suyo que el gobierno no está pensando en resolver esos déficits históricos. Por eso, con campañas de comunicación, alcanza.
En efecto, el protocolo hace hincapié en la responsabilidad individual. El texto abunda de recomendaciones en cuanto al distanciamiento social, el uso de tapabocas, el lavado frecuente de manos, el uso de jabón y alcohol en gel, la ventilación de las instalaciones, entre otras. Además, recomiendan no compartir elementos personales y evitar reuniones en espacios donde no se respete el distanciamiento social. También cada docente debe garantizarse sus propios elementos de sanitización y garantizar la limpieza de su lugar de trabajo. Para cumplir con todo esto, aconsejan proveer a las escuelas de acceso al agua, alcohol en gel, jabón, papel para secado, percheros, cestos de basura etc. Una vez más, la lista da cuenta de la situación desesperante de miles de escuelas donde no están garantizadas las condiciones de higiene mínimas. También aconsejan “autocuidados” de la salud: lavar frecuentemente las manos, no compartir objetivos como mates, tazas, etc. A la hora del ingreso a los establecimientos se aclara que no se dejará ingresar a nadie que presente síntomas y que se debería tomar la temperatura. Sin embargo, se deja librado a las jurisdicciones la resolución de ese punto permitiendo la presentación de una declaración jurada que atestigüe que no se tienen síntomas. Vale la pena recordar, nuevamente, que el virus se presenta mayormente de forma asintomática. Por lo tanto, es vital contar con termómetros infrarrojos y testeos continuos. La política sanitaria no puede apelar únicamente a la responsabilidad individual. Que testeos masivos sean reemplazados por una declaración jurada resultaría gracioso sino fuera trágico.
Frente a posibles casos sospechosos las escuelas tienen que disponer de un lugar para el aislamiento hasta que acudan las autoridades. Otra vez, la decisión es insólita y recae en los individuos a cargo de controlar el ingreso. Muchas escuelas no tienen espacio, comparten aulas con otras instituciones educativas, carecen de gabinetes, de sala de profesores, de bibliotecas, salas de video, de preceptorías, incluso faltan aulas. Tras cartón, más polémico aún es el procedimiento por realizar ante la aparición de casos nuevos. Si se detecta o sospecha de un caso de COVID-19, entonces se procederá a cerrar la escuela por un día para realizar desinfecciones.
En una burbuja
El protocolo evidencia un profundo desconocimiento de la realidad cotidiana de cientos de miles de escuelas. Los establecimientos no solo carecen de insumos básicos de higiene, sino también de algo estructural: espacio. Haciendo caso omiso de este punto, se prevé la distribución de grupos siguiendo la estrategia “burbuja”. Para la división por grupos, cada escuela deberá separar a los alumnos de modo tal que permita cumplir el distanciamiento social dentro del aula a metro y medio entre sí (aunque se establece que lo ideal serían 2metros) y a dos metros su respectivo docente. Cada subgrupo asistirá de manera diferencial en días o semanas distintas y no deben cruzarse entre sí. El protocolo recomienda que los grupos no se mezclen, ni compartan espacios comunes. Nuevamente, para aplicar correctamente el protocolo, necesitaríamos como mínimo duplicar el tamaño de la escuela (decimos como mínimo suponiendo que todos los establecimientos no se encuentren en estado de hacinamiento). En caso de hallarse un caso sospechoso, todo el grupo deberá aislarse durante catorce días. Lo más gracioso es que aclaran que si un docente respetó el distanciamiento, puede seguir dando clases al otro grupo. Lo mismo con el resto de los cursos y también con los contactos cercanos a los estrechos aislados. También se establece la posibilidad que grupos completos, respetando la distancia social, puedan asistir en simultáneo. Los pasos a seguir son similares a lo anterior.
Con respecto a los exceptuados, el protocolo afirma que toda persona mayor de 60 y en grupo de riesgo, quedará exceptuada de la asistencia a las escuelas, salvo que sea “personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento”. Probablemente los auxiliares y directivos en grupo de riesgo sean obligados a ir dado que estos cargos no abundan. Tampoco se define a ciencia cierta el término “personal esencial”, por lo tanto, lo más probable es que haya pocos exceptuados. Todo promete una enorme sobrecarga de trabajo. Tomemos como ejemplo a los auxiliares: escuelas con 1000 alumnos cuentan con un solo auxiliar por turno lo que nos da la pauta de cómo se realizarán los protocolos de limpieza exhaustiva. Claro está, no será responsabilidad de los compañeros sino del Estado que no garantiza el personal necesario.
De la misma forma que la forma en la que se imaginan las aulas y sus posibilidades de distancia son de ciencia ficción, también se apela al pensamiento mágico a la hora de resolver el transporte de millones de alumnos y sus docentes. Para que no se crucen con otros trabajadores, proponen diferir horarios. Suponen que mágicamente eso hará que no se sature el transporte. También consideran que solo el 25% concurre a través del transporte público, lo que desconoce la realidad promedio. Ni hablemos de los docentes del interior que apelan al “dedo”, recurso que se dificultará en medio de una pandemia. Si el personal usa transporte interurbano, el protocolo habla de ofrecer alternativas, que no detalla, pero ofrece el trabajo remoto. Tampoco considera la situación real de los docentes quienes disponen de un horario que suele ser un Tetris y depende, además, del transporte público. Cientos de miles de docentes taxis irán de escuela en escuela y de la misma forma que el pluriempleo en salud mostró ser un vector de contagios ocurrirá lo mismo con los docentes y su largo peregrinar de escuela en escuela.
En el mismo nivel, hay que preguntarse ¿cómo harán los jardines y las escuelas primarias para mantener el distanciamiento social? Sabemos que los alumnos más chicos, necesitan el contacto y lo hacen permanentemente. Incluso, se enseña a través del juego. Con capacitaciones no alcanza. Es necesario también implementar estrategias pedagógicas para enseñar de otra forma. Lo mismo sucede con los alumnos integrados. El personal que acompaña la trayectoria de ellos necesita acercarse para guiar a los alumnos con problemas ¿qué estrategia específica habrá para ellos? Al respecto solamente recomiendan pensar alternativas, pero nada más. Y eso que los colocaron como grupo “prioritario”. Punto aparte merece la rama de adultos que hasta el momento en la mayoría de los lineamientos oficiales ha sido la hermana pobre de la educación común: las indicaciones brillan por su ausencia. Pero como la demagogia es mucha, aunque no pueden garantizar las condiciones mínimas en la escuela ya anunciaron la vuelta para el segundo cuatrimestre del Plan Fines que, como dijimos hasta el cansancio, transcurre en espacios que no cuentan condiciones mínimas de seguridad e higiene. ¿Piensan un plan específico para este sector? Nada dijeron al respecto. Pero si encontramos que parte de sus recetas se usan para el sistema común. En las sedes fines el referente garantiza las condiciones de estudio, en las escuelas pospandemia también se trata de un problema individual. Si no hay espacios en las escuelas, usemos los lugares del Fines. Una historia de degradación sobre la que nos ocupamos en otra nota de este mismo número.
La vuelta a las aulas no compensará los desequilibrios porque no hay ningún cambio previsto para modificar las condiciones pedagógicas ¿Qué plan se diseñará para que los alumnos que desertaron puedan compensar el atraso? No lo sabemos ¿y para los que lo hicieron de forma intermitente? Tampoco. Después, tenemos que escuchar a los gobiernos quejarse por los paros diciendo que los alumnos pierden clases. Pero nadie se preocupa para que los alumnos recuperen el tiempo valioso que perdieron en estos cien días y contando en los que el gobierno prefirió dejar que todo pase.
La fineslización de la escuela pandémica
¿Qué pasará con aquellas escuelas que no cuenten con las condiciones mínimas que recomienda el protocolo? El peronismo apela a una ya vieja estrategia: la educación “ong”; echa mano así a la participación de las organizaciones sociales y sectores no ligados a la educación. El artículo 4.7 es explícito y nos invita a “pensar alternativas para la organización o la habilitación de espacios no escolares de intercambio de la comunidad y espacios de encuentro de estudiantes, considerando la fase epidemiológica de cada localidad/ciudad, apoyando la gestión de espacios virtuales y generando alternativas con los protocolos necesarios.” También figura algo similar en el artículo. 8.4 cuando se sostiene que “se podrá habilitar el uso educativo de espacios edilicios complementarios, respetando los protocolos sanitarios y de seguridad, cuando los espacios escolares no resulten suficientes para albergar a las/os estudiantes en situación de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DiSPO).” Lo ensayado en el Plan Fines II y ampliado con la jornada extendida propuesta del macrismo, será norma durante la pospandemia. Por eso no extrañaría que se dividan a los alumnos en comedores, unidades básicas, gimnasios, galpones, etc. Viniendo del peronismo, esperamos una respuesta de este estilo, antes que un verdadero plan de infraestructura para acondicionar las escuelas. Para peor, una nueva indefinición: nadie sabe quién se hará cargo de las condiciones sanitarias en los espacios paraestatales. Que los sindicatos docentes no digan ni una sola palabra habla de esa larga complicidad construida durante años y décadas defendiendo que el docente hace patria y donde hay docentes (o tutores) hay una escuela así sea bajo un árbol. Como la vieja izquierda trotskista también lucra con el Fines no ha levantado su voz ante esta grave situación.
El documento abre la posibilidad de introducir a toda la “comunidad educativa” para participar de la planificación. Aquí conviene detenerse un momento. Por lo general, muchas agrupaciones de izquierda toman esta consigna. Eso puede ser válido en algunas ocasiones específicas, pero para lo que venimos analizando esta idea es, más bien, una locura. Reacondicionar las escuelas requiere de personal idóneo para la tarea, algo que debe ser garantizado por el gobierno. Quizá puedan opinar o fiscalizar, pero de ahí a diseñar un plan estratégico para volver a las aulas, es demasiado. El Estado no puede desligarse de su responsabilidad. Nuestra apelación a la comunidad debería ser, más bien, pelear juntos para arrancarle al Estado todo lo necesario para las escuelas. Eso que, en definitiva, es nuestro porque somos nosotros, los trabajadores, lo que producimos la riqueza.
Pensar la escuela que viene
Como dijimos en la editorial, necesitamos pensar en una alternativa positiva. No alcanza con rechazar el protocolo. Lo más probable es que la Pandemia siga por bastante tiempo más, con lo cual es necesario elaborar un programa de acción superador. Debemos exigirle al Estado todo lo necesario para garantizar el proceso pedagógico. La pandemia nos dio una oportunidad para aprovechar la valoración social que se abrió en materia educativa y hacia el trabajo docente.
Como dijimos necesitamos recursos materiales, humanos y la revisión completa del proceso pedagógico de manera integral. En primer lugar, no podemos volver a escuelas inseguras. El atraso en infraestructura arrastra décadas y los relevamientos oficiales brillan por su ausencia. Del último censo de infraestructura solo tenemos un muestro y el estado de situación real no impidió que dos compañeros murieran trabajando por causas evitables. Por eso, necesitamos urgente un censo de infraestructura con personal idóneo. La construcción en todo el país está paralizada y miles de profesionales y obreros sin empleo. El Estado podría contratarlos para iniciar un urgente plan de obras y de reparaciones. No hace falta acudir al voluntarismo de los docentes: personal idóneo hay. Tienen que ser ellos los que nos digan cómo garantizar el distanciamiento real, equipar salones, revisar el mobiliario y acondicionarlo, observar la disposición espacial, la circulación de aire, revisen instalaciones. No alcanza con hacer una cuenta teórica por metro cuadrado. Queremos un relevamiento serio y que concluya con un plan de acción a cumplir urgentemente para establecer condiciones de trabajo y de estudio seguras. Por cierto, esas escuelas no se mantendrán seguras y limpias si no las dotamos del personal auxiliares necesario y suficiente. No podemos dejar librado al azar que una escuela se quede sin personal auxiliar o de maestranza sencillamente porque el compañero pidió licencia por enfermedad.
También es hora de revisar la jornada de trabajo docente. Como dijimos a miles de docentes les cabe la figura del “pluriempleo” si lo entendemos como el trabajo en múltiples escuelas durante cada jornada de trabajo. Es hora de exigir una jornada laboral concentrada en un único establecimiento. El conocimiento del personal docente, de los alumnos y del barrio del que arriban los alumnos mejorará cualquier estrategia de trabajo. En este contexto, el docente taxi es un foco más de contagio y, por ende, de peligro para sí mismo y para toda la comunidad. El Estado podría garantizar un transporte exclusivo para la comunidad escolar en el caso de que haya lejanía entre el domicilio y la escuela en cuestión. Es hora de exigir la conformación de grupos pequeños de alumnos con una pareja pedagógica de docentes por curso. El trabajo colaborativo, la mayor posibilidad de atención individual de los alumnos tiene impacto en el proceso pedagógico. En este caso, es además la única vía para evitar contagios garantizando el distanciamiento social. Si se trata de reparar la desigualdad que profundizó la pandemia, necesitamos también, personal de apoyo en gabinetes y equipos de orientación, en cantidad suficiente y con distintos profesionales para conformar un plan de acción personalizado para cada alumno, para atender el stress emocional de la pandemia, las formas de violencia. Hoy le exigimos a un equipo de, con suerte, tres personas que atiendan los destinos de cientos y miles de alumnos. Docentes sobran y profesionales para equipos también. A su vez, si las escuelas van a continuar con la modalidad remota es hora de que las escuelas cuenten con más referentes informáticos (en el caso de que ya tengan) para acompañar a docentes y alumnos. Y resulta todo un dato seguir exigiendo lo mínimo: wifi gratuita y de calidad, computadoras por cada alumno y docente para uso personal. Además, requerimos un bono especial por los gastos que la virtualidad nos exige.
Por último, un plan pedagógico requiere conocer el grado de situación actual. Hay que sacarse de la cabeza la idea de que evaluar es estigmatizar y que solo acompañamos: es nuestra responsabilidad elaborar un mapa real de la situación educativa de cada alumno para elaborar un plan de recuperación exigiendo los recursos necesarios para eso. En esto no hay que escatimar, ni ir por lo “posible”. La educación requiere recursos que el mismo gobierno no está dispuesto a otorgar. La docencia y las familias debemos ir por todo y arrancarle a la burguesía lo que nos merecemos: educación de calidad para toda la clase obrera.
