En Argentina, según los últimos datos oficiales disponibles, en 2017 hubo 7773 defunciones de menores de 5 años y se trata del número más bajo desde el 2001. A estas muertes hay que agregar otras 3294 ocurridas también en 2017 de chicos entre 10 y 19 años.
Roberto Muñoz
TES-CEICS
“Ayer, otra niña aborigen murió en Salta por causas relacionadas con la alimentación deficiente. Su muerte es la novena que se produce en esa provincia en las últimas semanas.”
“Crisis de desnutrición en Salta: se conocieron otros dos casos de chicos fallecidos por hambre”.
“Una niña de dos años que residía en un paraje del norte de Salta murió como consecuencia del cuadro de desnutrición que padecía, en tanto que en la provincia son unos 2.000 los niños con bajo peso, se informó oficialmente hoy.”
“Según datos que salen del propio ministerio de Salud, unos 52 niños salteños perdieron la vida en Salta por la causal desnutrición.”
Todos estos fragmentos podrían ser de algunas de las tantas notas periodísticas que circularon este verano, pero en realidad se trata de recortes que abarcan los últimos 10 años. El registro de este desastrepuede estirarse por décadas, abarcar otras provincias y otros países. La Organización Mundial de la Salud ofrece una foto del mundo brutal: en 2018 murieron aproximadamente 6,2 millones de niños y adolescentes menores de 15 años, en su mayoría por causas prevenibles. Repito, cada año, ahora, muere una cantidad de niños equivalente a más de dos veces la población total de la Ciudad de Buenos Aires. De estas muertes registradas en 2018, 5.3 millones ocurrieron en los primeros 5 años, con casi la mitad en el primer mes de vida. Las principales causas de muerte en niños menores de 5 años son complicaciones de parto prematuro, neumonía, asfixia de nacimiento, anomalías congénitas, diarrea y malaria. Más de la mitad de estas muertes infantiles tempranas pueden prevenirse o pueden tratarse con minucias: inmunización, nutrición adecuada, agua y alimentos seguros y atención adecuada por parte de un proveedor de salud capacitado cuando sea necesario. En particular, los factores relacionados con la nutrición, que contribuyen a aproximadamente el 45% de las muertes en niños menores de 5 años.[1]
Argentina, según los últimos datos oficiales disponibles, en 2017 aportó a esa masacre –si entendemos que en la mayoría de los casos se trata de muertes prevenibles- con 7773 defunciones de menores de 5 años. Para tener una idea aproximada de la magnitud acumulada de muertes de niños en el país, se trata del número más bajo desde el 2001.[2] A estas muertes hay que agregar otras 3294 ocurridas también en 2017 de chicos entre 10 y 19 años.[3]
Causas y soluciones botánicas
Durante los dos primeros meses del año murieron por hambre 12 nenes en zonas rurales del nordeste de Salta. En casi todos los casos se trató de chicos de familias reconocidas como indígenas. En esta provincia, poco más de 79 mil personas declararon descender o pertenecer a un “pueblo originario” en el Censo de 2010. El 43% de ellos, a su vez, se asientan en espacios rurales. Estas características habilitan otro hecho recurrente, las explicaciones culturalistas del asunto. Se trataría de gente esencialmente cazadora-recolectora, lo llevan en la sangre. Si lejanos antepasados, bajo otras relaciones sociales, reproducían su vida de esa manera, esa condición sería inamovible. El problema entonces no es el capitalismo que condena a gran parte de la población a resultar actualmente superflua para las necesidades de aquél, sino más bien una modalidad específica de implicación del capital, que requiere la tala en gran escala. Esto imposibilitaría a los indígenas a pasar sus días de manera ancestral, buscando semillas y animales en el monte, como la mejor forma de combatir el hambre. Para la antropología, no hay dudas: “esto tiene que ver, principalmente, con la expansión de la frontera agropecuaria. (…) para los pueblos del monte, esa pérdida significa pérdida de los recursos del monte.”[4];como le pasa a los koalas de Australia, “la escasez de comida se debe fundamentalmente a que han perdido la posibilidad de acceder a la tierra y a los frutos del bosque, debido a la deforestación para el cultivo de soja.”[5] La izquierda, que no puede articular nada diferente al discurso entre neopopulista y posmoderno imperante en la academia, tampoco ofrece explicaciones alternativas: “la situación de despojo en que se encuentran los pueblos del Chaco salteño obedece a las políticas de un Estado racista y los sucesivos gobiernos que los privan de sus territorios, y con ello, de su cultura, mientras permiten el avance del extractivismo forestal, sojero y petrolero”[6]; “en los 25 años de gobierno de Romero y Urtubey, se autorizó el desmonte de 800.000 has, en la depredación más grande del país, despojando a los pueblos originarios con economía cazadora y recolectora, de su hábitat natural, y desplazándolos hacia zonas sin agua y sin acceso a los alimentos que naturalmente éste les prodigaría.”[7]; “lo que está ocurriendo no es algo nuevo, es producto de un abandono que lleva años, porque si bien la desnutrición es un factor importante, el problema general son las políticas que favorecen la dependencia y el latifundio que afectan a Salta.”[8]
En fin, para este amplio arco político al que podemos sumar a organismos de derechos humanos y ecologistas la cuestión es clara: el problema son los “grandes terratenientes” y sus topadoras, junto a una casta política racista, que obstruyen la necesidad de vivir a la intemperie que tienen los “pueblos originarios”. Su largo recorrido proletario, en las misiones franciscanas, en los ingenios, en los algodonales, en YPF, en la cosecha de porotos[9], no tiene mayor importancia También se pasa por alto que la organización en “comunidades” de esta población, -tal como exige la normativa actual, por otra parte-, es el resultado histórico del proceso de sedentarización y evangelización encarado por el aparato estatal y la Iglesia, antes que de la perdurabilidad de una ocupación supuestamente ancestral del territorio.
Esta es la caracterización y soluciones propuestas por el progresismo,la preocupación acerca de la importancia de contener a estos habitantes en espacios rurales, porque ese sería el ámbito predilecto para su desenvolvimiento en tanto indígenas. Las mismas empalman con la necesidad estatal de que ello no implique mayores gastos para el erario público en cuanto a subsidios, créditos y planes de vivienda. En un contexto caracterizado por el éxodo rural y la acelerada migración hacia espacios urbanos de una gran masa de población sobrante para el capital, bajo el manto del respeto cultural de prácticas aparentemente ancestrales puede encontrarse la intencionalidad estatal de sostener a esta sobrepoblación relativa en el campo, minimizando de esta forma el gasto social que ello conlleva al posibilitar que parte de su reproducción sea garantizada con actividades de autoconsumo. No estamos diciendo que la propuesta política consciente de los grupos que señalamos más arriba pretenda eso, pero es una derivación factible cuando el foco esta puesto en la recuperación de la autonomía de las comunidades para desarrollar prácticas de subsistencia que les serían propias.
La vida del obrero es así (bajo el capital)
Si bien es cierto que al comparar las condiciones socio ambientales del conjunto de la población salteña con aquellas que presenta la población denominada indígena se observa que esta última presenta peores indicadores en términos de desempleo, acceso a vivienda y servicios básicos adecuados, analfabetismo, entre otros, esas diferencias se diluyen al comparar la situación de la población identificada como indígena con la población rural total. En ese sentido, teniendo cuenta el peso significativo de aquellos que tienen residencia rural dentro de la población indígena, es precisamente esta condición lo que explica en gran parte las degradadas condiciones de vida que presentan..En efecto, según el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), de la población denominada indígena que se encuentra organizada en comunidades, solo el 15% tiene asiento en espacios urbanos. Un relevamiento nacional realizado en 2015 por este mismo organismo registró que casi el 42% de los hogares de esta población se ubicaban en barrios o caseríos rurales con viviendas deterioradas y un 20% se encontraban en similares situaciones, pero en barrios periurbanos y de vivienda social. A su vez, algo más de la mitad de los hogares se encuentra afectado por el hacinamiento. En cuanto a los materiales de las viviendas, el 72% tenía techo de chapa, un 11% techos de adobe y un 5% techos realizados con paja. Respecto a los pisos, los materiales predominantes eran de cemento o ladrillo fijo (50,7% de los casos) y ladrillo suelto o tierra (40,4%). Además, solo el 22% de los hogares tienen instalaciones sanitarias dentro de la vivienda, mientras que el 67% cuenta con un baño fuera de la misma y un 11% directamente no tiene baño. Entre los hogares que disponen de instalaciones sanitarias, un 35% no posee inodoro y solo un 28% cuenta con inodoro con arrastre de agua. A su vez, menos de la mitad de los hogares dispone de cocina dentro de la vivienda y alrededor del 55% de los casos utiliza leña o carbón para cocinar. Por último, hay un 20% de hogares que no accede al suministro de energía eléctrica y en cuanto a la provisión de agua, apenas un tercio de estos hogares dispone de distribución por cañería dentro de la vivienda.[10] Ante la extrema escasez de agua, en muchos casos solo consumen agua de lluvia, que se acumula en pozos. Como varios de estos pozos no están cercados, allí también beben, dejan sus excrementos y mueren los pocos animales flacos que tienen algunos de ellos, convirtiéndolos en un foco infeccioso perfecto. Entre otras cosas, esto mismo implica que la higiene personal sea casi imposible, proliferando todo tipo de enfermedades. A este panorama hay que agregar la prácticamente inexistente infraestructura sanitaria en estas zonas. Las desmanteladas salitas de salud en los parajes no cuentan con insumos elementales, no hay ambulancias o si hay alguna enseguida queda fuera de funcionamiento por el mal estado de los caminos. A su vez, en el Chaco salteño, por ejemplo, hay un solo médico para atender una población estimado de 6 mil personas asentadas entre Misión Chaqueña y Misión Carboncito, zona núcleo de los muertos por hambre registrados este verano. Bajo estas condiciones de vida, que condenan habitualmente al hambre y muerte a miles de personas, podemos dimensionar lo inviable que resulta cumplir con las medidas de prevención fijadas en el marco de la cuarentena para frenar el avance del coronavirus, como ocurre con amplias capas de la clase obrera.
Las asociaciones comunitarias indígenas se componen fundamentalmente de obreros que han sido expulsados del sistema productivo. Al analizar las formas concretas de reproducción de esta población, se observa que detrás del “indígena” se encuentra a una de las fracciones más pauperizadas de la clase obrera argentina. Es decir, se trata de sujetos plenamente incorporados al sistema capitalista bajo la forma, actualmente, de sobrepoblación relativa. En ese sentido, la consigna de la autodeterminación sólo puede hundirlos aún más en la miseria. Este proceso de proletarización no es un fenómeno reciente. La tendencia general que se manifiesta en las últimas décadas es el pasaje de esta fracción de la clase obrera argentina de su condición de sobrepoblación relativa latente a estancada, en el caso de los que logran migrar a las ciudades, o el hundimiento en el pauperismo consolidado, los que todavía continúan en los espacios rurales. Precisamente, estos últimos, aquellos a los que más fácilmente el imaginario popular identifica como “indígenas”, son los que se encuentran en las peores condiciones de vida. Ello no se debe a supuestas pautas productivas y culturales particulares, sino por su condición de población sobrante para el capital. El recurrir a la recolección de alimentos, muy escasos, no es más una estrategia de estricta subsistencia, que no es elegida en términos de reivindicación cultural o como práctica contra-hegemónica, de resistencia a la proletarización, sino que es un rebusque desesperado para el que no tiene nada. Por el contrario, se realiza cuando se ven forzados a ello en el momento en que el capital los expulsa (en forma permanente o temporal) del ámbito capitalista de producción. Es más, reivindicarla puede llegar a ser funcional al poder, al minimizar, como dijimos, los gastos estatales destinados a garantizar la subsistencia de la población desempleada.
En ese sentido, decimos que todo el entramado de políticas públicas indigenistas, que involucra la posibilidad de reclamar y acceder a la propiedad comunitaria de la tierra en favor de la denominada población indígena, puede estar incidiendo para ralentizar su expulsión del ámbito rural, por más que ya no es requerida por el capital en ese espacio. De todas formas, también resulta supernumeraria para los requerimientos de fuerza de trabajo en los espacios urbanos, como ocurre con gran parte de los que migraron a Tartagal u otras ciudades. Este es el proceso general que explica por qué gran parte de esta población se hunde en el pauperismo consolidado.
Al entender correctamente el proceso en
los términos acá expuestos, los cientistas sociales, ecologistas y militantes
de izquierda, que encuentran la causa principal de las recientes muertes de
niños “indígenas” en el desmonte, se ahorrarían la sorpresa que les depara el
relevamiento más elemental. De las casi 7800 defunciones de niños menores de
5 años registradas en 2017, 2875 de
ellas ocurrieron en un territorio donde uno difícilmente podría adjudicárselas
a la deforestación: la provincia de Buenos Aires, jurisdicción que a su vez
alberga a cerca de 175 mil personas que se autoperciben como indígenas, más del
doble de los que viven en Salta que registró 365 muertes dentro de ese rango
etario en ese mismo año.[11]
Morir de hambre no constituye un hecho anómalo,
casos aislados, sino que es consecuencia del normal funcionamiento de las
relaciones capitalistas, el resultado de la expulsión del sistema productivo de
toda una masa de población que resulta superflua para las necesidades del
capital. El problema no es la falta de espacios verdes, sino las relaciones
sociales de producción que organizan nuestra vida. La diferencia étnica no
tiene ninguna importancia al respecto, aunque sí juega un papel importante para
fragmentar a la clase obrera, e incluso enfrentar entre sí a fracciones de ella.
La política inmediata para combatir el hambre requiere superar esta
fragmentación, organizar a todos los obreros desocupados, junto a los
trabajadores ocupados, estatales o privados, que encabecen un plan de acción
que demande por las necesidades que son del conjunto de la clase.
[1]https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/children-reducing-mortality?fbclid=IwAR0S1YOon3nG99SL49-Mj1TwkQAT2Q-Gge4jT_5IjuB9WqA-8LaZT_KtUSs
[2]http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2019/07/Boletin159.pdf
[3]http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2019/07/Boletin160.pdf
[4]https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/132514/actualidad/desnutricion-ultimos-25-anos-panorama-se-volvio-amenazante-para-comunidades.html
[5]https://www.pagina12.com.ar/246552-sin-soluciones-de-fondo-para-el-hambre-wichi
[6]http://www.laizquierdadiario.com/Salta-en-emergencia-cuando-el-hambre-y-la-discriminacion-estatal-matan
[7]https://prensaobrera.com/sociedad/67721-salta-se-prepara-una-gran-movilizacion-contra-el-hambre-y-la-muerte-de-ninos-por-desnutricion.
[8]https://pcr.org.ar/nota/basta-de-muertes-por-hambre-en-salta/
[9]En el año 2016, la superficie destinada al cultivo de porotos secos en la Argentina fue de 270.000 hectáreas. Salta es el principal productor, al concentrar el 77% de la superficie dedicada a este cultivo. http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/informes/Ficha_cadena_Enero_2017_DNPAYB_Poroto_FEB_2017.pdf
[10]https://www.desarrollosocial.gob.ar/wp-content/uploads/2015/12/53-Documento-Encuesta-Comunitaria-INAI.pdf. Para un análisis más en detalle de los datos que se desprenden de esta fuente véase: Roberto Muñoz: “La trampa de la pluriculturalidad”, en El Aromo N° 105, junio-julio 2019.
[11]http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2019/07/Boletin159.pdf
