Una crisis dentro de otra. El hambre frente a la pandemia

El hambre es una cuestión estructural del capitalismo argentino que afecta a millones de personas. La llegada de la pandemia y el aislamiento obligatorio agravó la situación. El Estado subsidia y contiene a la población más pobre, sin subsanar la miseria.

Sebastián Cominiello

OES-CEICS

La cuestión del hambre en la Argentina parece tener el mismo devenir que muchos otros problemas que afectan a la clase obrera. En primer lugar, es un problema severo y preexistente a la pandemia del coronavirus. En segundo término, la cuarentena no hizo más que ponerlo en evidencia y agravar la situación. En este sentido, para quienes se encuentran desocupados o en trabajos informales, la cuarentena acentúa lo que la relación capitalista provoca normalmente: obreros que sobreviven con lo justo y que, si no trabajan diariamente, no comen. Incluso, cuando se levante el aislamiento probablemente el hambre y los problemas de alimentación de una parte sustantiva de la clase obrera se muestre en forma mucho más aguda.En este artículo describimos cómo se hallaba la Argentina al momento de la llegada de la pandemia y de qué modo el Estado interviene para paliar la situación de indigencia de la población más pobre.

Un pasado oscuro

El problema del hambre en Argentina no es nuevo ni se está por erradicar. No tiene una relación con tal o cual gobierno de turno. Es un problema estructural del capitalismo argentino.La pandemia llega a la Argentina en un contexto en el cual la pobreza y la indigencia se encuentran dentro de los niveles más elevados luego de la crisis del 2001. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), durante los últimos 13 años la cantidad de indigentes se mantuvo entre 2,5 y 3,5 millones de personas. En el mismo período, los pobres no bajaron de 10 millones de personas promedio. Información del segundo semestre del año 2019 indica que la población indigente se estimó en un 8% del total. Recordemos que para el INDEC un “hogar indigente” es aquél cuyos ingresos del conjunto de los miembros de esa unidad familiar no supera el monto de la canasta básica alimentaria, una canasta de consumo que, como indicamos en otros números de El Aromo, no es rica en vitaminas, proteínas ni calorías.

Por su parte, el Observatorio de la Deuda Social Argentina elabora un indicador que vincula problemas de inseguridad alimentaria con acceso a los medicamentos, debido a la falta de dinero u otros recursos. Según sus cálculos, durante el año 2019 un 32,2% de la población habría padecido de estos problemas. Estamos hablando, estimativamente, de más de 14 millones de personas en el país. De ese universo, unos 2,1 millones de personas sufrieron subalimentación, que se define como la condición de un individuo cuyo consumo habitual de alimentos es insuficiente para proporcionarle la cantidad de energía alimentaria necesaria a fin de llevar una vida normal, activa y sana.

Si tenemos en cuenta las muertes registradas por desnutrición, en el año 2018 fallecieron 698 personas, según el Ministerio de Salud. Es decir, casi dos personas por día. En los 10 años previos, la cantidad de muertos por esta causa supera los 9.000.

En otro orden, la mortalidad de los niños menores de 5 años constituye uno de los indicadores más relevantes y sensibles para la valoración de las condiciones socioeconómicas, de salud y calidad de vida de la clase obrera. En los registros del Ministerio de Salud, estas muertes no se asocian oficialmente con la “desnutrición”, pero se puede inferir, avalado por algunos estudios, que la mortalidad infantil se vincula estrechamente con la pobreza y la indigencia. Así, por ejemplo, si un niño está desnutrido y desemboca en otras enfermedades, como la tuberculosis, la causa del deceso registrada es la tuberculosis. Con lo cual podemos inferir que las muertes por desnutrición tienen, probablemente, más incidencia que la que nos muestran los registros oficiales. Según los datos del Ministerio, en el año 2018 fallecieron 7.262 menores de 5 años. Es decir, 20 niños muertos por día.

Cuando observamos cuáles son las provincias con los mayores índices de mortalidad infantil durante el año 2018 nos encontramos con que son las más pobres del país: en Formosa, la mortalidad de niños menores de 5 años fue de 11,3 cada mil habitantes; en Corrientes, 12,8; en La Rioja, 10,2; y en Tucumán, 11,2.

Como vemos, la “llegada” del coronavirus a la Argentina encuentra a la población más pauperizada vulnerable en condiciones de indigencia y hambre, una situación de miseria absoluta, un crimen social provocado por el capitalismo, agravada por la cuarentena.

Un presente lóbrego

Toda esta situación de crisis alimentaria se agravó a partir de la disposición del aislamiento preventivo y obligatorio, sobre todo para los desocupados y trabajadores informales. Estos obreros o bien no tienen fuentes de ingresos, o bien los subsidios que perciben son insuficientes, situación que la cuarentena y la imposibilidad de ir a trabajar agravan. Esta situación quedó expresada en el incremento gigantesco de quienes demandan un plato o bolsón de comida, que a los pocos días de iniciada la cuarentena pasó de 8 a 11 millones de personas. La crítica situación alimentaria también se puso de manifiesto en las escuelas donde las partidas presupuestarias destinadas a módulos de alimentos para los estudiantes se incrementaron tanto en provincia de Buenos Aires como en la ciudad porteña. Frente a este escenario, ¿qué hizo el Gobierno? Más de lo mismo: ampliar la asistencia social cada vez más degradada. Implementó algunos programas nuevos e incrementó otros ya existentes. Aunque con un claro objetivo: evitar la agudización de la crisis y los estallidos sociales de la sobrepoblación relativa.

Una medida que surgió a causa del aislamiento fue el programa Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) destinado a desocupados, trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías por un monto de 10 mil pesos. El subsidio se otorga por familia y siempre que el solicitante o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia público o privado, de ser monotributista de categoría “C” o superior o del régimen de autónomos, de una prestación de desempleo, de jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los de la AUH o Embarazo.

No bien se lanzó el subsidio IFE, casi 12 millones de personas se anotaron para percibirlo, de los cuales ya lo recibieron 7,8 millones hasta los últimos días de abril. Es decir, un cuarto de toda la población en Argentina solicitó 10 mil pesos para poder sobrevivir en la cuarentena. Todo un síntoma de la crisis social que se vive en el país desde mucho antes de la pandemia. Cabe destacar que, estos 10 mil pesos representaban, en marzo de este año, un 74% del valor de la canasta de pobreza por individuo y un 24% del valor de la canasta de pobreza de una familia tipo, según los registros del INDEC.

Desde la asunción de Alberto Fernández, el Gobierno había iniciado el plan “Argentina contra el Hambre” (tarjeta alimentaria). Este plan tiene como objetivo que los beneficiarios puedan acceder a la compra de los alimentos y bebidas no alcohólicas que componen la Canasta Básica de Alimentos. La tarjeta alimentaria está destinada a las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (con hijas e hijos de hasta 6 años inclusive); mujeres embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social; y personas con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad. Entre los meses de diciembre de 2019 y febrero de 2020 se acreditaron un total de 922.517 tarjetas que alcanzaron a un total de 1.765.868 destinatarios. Al 11 de marzo de este año las tarjetas acreditadas llegaron a 1.100.000 y el plan prevé entregar más de 1.500.000, cuyo destino serían más de 2.800.000 beneficiarios.

La tarjeta carga mensualmente 4.000 pesos a las familias perceptoras con un solo hijo de hasta seis años y 6.000 pesos a las familias que tienen más de un hijo en la misma franja etaria. Cabe destacar que, desde que se puso en marcha la tarjeta, en diciembre de 2019, el monto de ingreso no se modificó. Con lo cual hoy, aquellos 4 o 6 mil pesos iniciales tienen una capacidad de compra mucho menor debido a la inflación. Además, esos ingresos no alcanzan para mucho. En este sentido, en diciembre del año pasado para que una persona adulta dejara de ser indigente precisaba, según las mediciones del INDEC, unos 5.043 pesos; y en marzo de este año, unos 5.615,94. Consecuentemente, con esos 4 o 6 mil pesos para toda una familia (de tres o de cuatro personas, según el caso) no se llega siquiera a dejar de ser indigente.

Por su parte, los programas sociales Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios del Ministerio de Desarrollo social tuvieron una bonificación durante la cuarentena. En marzo, el ministro de desarrollo social, Daniel Arroyo, destinó un bono de 3.000 pesos que recibieron los 560 mil beneficiarios de estos planes sociales. Cabe destacar que los beneficiarios de estos programas perciben el 50% del salario mínimo, vital y móvil, es decir, 8.437 pesos mensuales. Con la bonificación, la suma totaliza 11.437 pesos. Si comparamos este monto con el valor de la canasta básica de alimentos del mes de marzo para una familia tipo (2 adultos y 2 hijos), cuyo valor se hallaba en los 17.353 pesos, observamos que el subsidio más la bonificación apenas constituyen el 66% del valor de la canasta con la que el INDEC mide la indigencia. Esto quiere decir que el gobierno subsidia a los desocupados con migajas, incluso en cuarentena cuando no se obtienen otros ingresos más que los que paga el Estado.

En el caso específico de la provincia de Buenos Aires, donde la situación es particularmente grave, el 14 de abril se puso en marcha el Programa de Emergencia Sanitaria “El Barrio Cuida al Barrio”. En este programa, grupos de promotores comunitarios recorrerán el barrio al que pertenecen para poder realizar un acompañamiento específico a personas en riesgo, difundir medidas preventivas, distribuir elementos de seguridad e higiene y participar en la coordinación de la entrega de alimentos en comedores. Este programa fue creado para que intendentes, movimientos sociales, iglesias y sindicatos unifiquen esfuerzos con el Estado nacional para mantener controles más estrictos del aislamiento social obligatorio, en cada barrio. La finalidad es contener a la población más vulnerable para evitar una crisis social en el conurbano bonaerense ante el avance del coronavirus y un potencial estallido en la zona más pobre de la provincia de Buenos Aires. El medio utilizado: la tercerización de la asistencia social a través de las organizaciones sociales, los sindicatos y la iglesia.

Este recorrido por los planes y las medidas que implementó el Gobierno Nacional y Provincial hasta el momento deja claro cuál es el objetivo planteado dentro de la situación crítica de la población argentina: paliar la crisis alimentaria para evitar convulsiones sociales. El Estado contiene a las fracciones más pauperizadas de la clase obrera, bien que con las limitaciones de los programas y subsidios de miseria.

Un futuro…

Como vemos, la llegada de la pandemia y la cuarentena agravaron una situación social preexistente, situación que se pone de manifiesto en los millones de personas que requieren una asistencia alimentaria directa. Ni siquiera estamos hablando del acceso a la educación o la ausencia de un servicio público. Se trata de lo mínimo e indispensable para sobrevivir: la alimentación.

Por ahora, el gobierno lanzó una serie de medidas para contener la crisis y evitar estallidos sociales, específicamente subsidios dirigidos a la población desocupada e informal. Sin embargo, la profundización de la miseria y la pobreza ponen al descubierto la necesidad de trabajar y obtener mayores ingresos por parte de los obreros en negro, los trabajadores callejeros, los vendedores ambulantes y los cartoneros, entre otros. Es decir, aquella fracción de la clase obrera a quien la cuarentena y el aislamiento obligatorio privó de un ingreso monetario.

Por ello, en lo inmediato, es importante dar una batalla por un Subsidio Único al Desocupado, sobre todo en este contexto de pandemia, para evitar que la población desocupada e informal más vulnerable deambule por las calles. Debe ser un subsidio cuyo monto se estipule por encima de la canasta de pobreza, para que ninguna familia desocupada padezca el hambre y encima se enferme o su vida corra peligro por salir a trabajar.

Más allá de la cuarentena, el hambre en Argentina no es ni un recuerdo ni un problema en vías de solucionarse. Es una cuestión estructural del capitalismo argentino. El Estado tiene que subsidiar a una fracción cada vez más elevada de la clase obrera para que pueda alimentarse y sobrevivir, bien que son limitaciones y serias dificultades.El resultado es una población cada vez mayor que sufre el hambre. La salida de la cuarentena mostrará de forma más cruda lo que ahora se encuentra solapado bajo la limitada asistencia estatal. Sin embargo, la pregunta que se nos presenta es la misma.¿Por qué el capitalismo argentino no pudo, ni puede, ni podrá asegurar la alimentación de todos sus habitantes? Quizá tenga que ver con su esencia, la de garantizar la supervivencia de una clase, la burguesía, a costa de la otra, la obrera. Quizá sea el momento para que empecemos a cambiar el sistema y construir una sociedad socialista, donde el hambre sea realmente cosa del pasado.