El 22 de diciembre se conoció el fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño contra el recurso de amparo presentado, en 2017, por María Victoria Sironi. En su momento, la demandante presentó un recurso solicitando le fuera otorgada la vacante que efectivamente pedía para su hijo en una escuela de sala de dos años, doble jornada. Por la naturaleza del fallo la discusión se centró en el derecho a la educación y su relación con la obligatoriedad. Los jueces Marcela De Langhe, Inés Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano entendieron que según la ley de educación porteña y la Ley de Educación Nacional, el Estado solo se obliga en “la provisión universal de vacantes” para la educación obligatoria (para la CABA desde sala de tres hasta finalizar la secundaria). Siguiendo el fallo, si bien el Estado “no puede optar por dejar de brindar este servicio, ni puede imponer aranceles en su prestación” los criterios de asignación de las vacantes han de ser distintas a las que rigen en la educación obligatoria sometida a la pauta de universalidad. Eso que algunos denunciaron como la exigencia de “certificado de pobreza” los jueces lo extraen de la Ley de Educación Nacional. Se valen del ítem e) del artículo 11º donde se establece que en los fines y objetivos de la política educativa nacional el Estado debe “e) Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad” y del inciso c) del artículo 21º cuando para el nivel establece que se deberá “asegurar el acceso y la permanencia con igualdad de oportunidades, atendiendo especialmente a los sectores menos favorecidos de la población.” Así, el fallo, como señalaron varios, concluye que “no tiene la obligación inmediata de proveer una vacante a todo aquél que la solicite con independencia de su condición social o de sus posibilidades de procurarse una vacante en el subsistema privado” y que ante la ausencia de plazos para la expansión del nivel inicial (meta que aparece solo como deseable) es el poder legislativo el que debe votar partidas presupuestarias que permitan tal expansión.
Como si eso fuera poco, además, la justicia burguesa que debe mantener la ficción de una igualdad que la economía contradice a cada paso, rechaza el otorgamiento de subsidios especiales para solventar educación privada para aquel que se le denegara la vacante. Sería, dicen, “un privilegio intolerable” y revierten el fallo en primera instancia del caso en cuestión.
El peronismo salió a posicionarse repudiando la medida. La izquierda agregó que se trataba de un fallo “privatizador”. Pero lo cierto es que a lo largo y a lo ancho del país las mujeres trabajadoras, las alumnas adolescentes madres se encuentran con un mismo obstáculo: la escasa cobertura del nivel inicial desde Tierra del Fuego a La Quiaca. El fallo del TSJ sienta jurisprudencia para consolidar esa situación. Las convidadas de piedra: millones de mujeres que serán las que organizarán un Tetris familiar para subsanar la situación, irán a trabajar con sus niños a cuestas (aunque se trate de tareas peligrosas), postergarán sus carreras o, sencillamente, abandonarán la escuela.
Un problema que no es nuevo
Lo cierto es que la falta de vacantes para el nivel inicial con especial déficit en el jardín maternal está lejos de ser un problema porteño. Según datos de 2020 de la CIPPEC, el 35% de las chicas y chicos de 3 años no van al jardín, en la Ciudad de Buenos Aires, pero tampoco en San Juan dónde esa cifra llega al 95%. El promedio nacional es del 40%, un número que encubre niveles bajísimos de pasaje entre la sala de tres y la de cuatro: casos como los de las provincias de Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, San Luis muestran que menos del 10% de los que están en sala de cuatro años pasaron por sala de tres en el sector estatal. El jardín maternal es prácticamente inexistente en Catamarca, Córdoba, Chaco, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Tierra del Fuego. Por ejemplo, en Chaco del total de nacidos se matriculó en nivel inicial el 6,5%; en Corriente, el 14%; casi el 10%, en Jujuy; el 17%, en Salta, menos del 4% y en Santiago del Estero, menos del 3%. Esto puede verse claramente al examinar algunos números nacionales rápidamente siguiendo la simulación de una cohorte desde su nacimiento hasta su incorporación en la sala de 4 obligatoria. Veamos.
En 2015, se registraron 770.040 nacidos vivos , a los que descontando las defunciones infantiles, da un saldo de 762.595 escolarizables. Entre 2016 y 2017, se matricularon en la sala maternal 109.165 lo que es apenas el 14%. Mayoritariamente concurrían al sector privado: de los escolarizados concurrían a salas maternales estatales 39.728, es decir, el 36% pero apenas un 5% del total de todos los niños nacidos en 2015. En la sala de tres años, las cosas no son mucho mejores. Durante el 2018, en esa sala se matricularon 328.137 alumnos, lo que implica que, de los nacidos en 2015, se escolariza apenas el 43%. En escuelas estatales se registraban 194.996 alumnos, es decir, casi el 60% de los escolarizados, pero apenas el 26% del total de los nacidos. Ya a la sala obligatoria de 4 años, concurre casi el 90% (685.063 alumnos) de las y los niños de esa edad. A las salas estatales lo hace el 72% de los matriculados y el 65% del total del universo posible lo que indica que hay, por lo menos, un 10% que no concurre al nivel. Una conclusión se desprende: Larreta es culpable, pero Alberto, Macri y Cristina antes, también. Veamos con detalle el caso porteño primero y el de la provincia de Buenos Aires después haciendo el mismo ejercicio que hicimos para todo el país.
En la CABA, en 2015 nacieron 41.599 niñas y niños. Dos años más tarde, la sala maternal de la Ciudad registraba 19.832 matriculados, es decir, casi el 48% del total. Al mirar en qué sector se matriculaban, 8.159 lo hicieron en el sector estatal, es decir, poco menos de la mitad y apenas el 20% del total de los nacidos en 2015. Durante 2018 se matricularon en la sala de tres años, 28.593 niñas y niños, es decir, casi el 69% del total. Es decir, un tercio de las y los alumnos no concurren al nivel inicial. Además, en los jardines estatales concurren a sala de tres años, 10.970, es decir, apenas el 38% de los matriculados y el 26% del total de los nacidos en 2015. Por su parte, la sala de cuatro registró 37.679 alumnos matriculados en 2019, es decir, casi el 91% del total. De todos los matriculados, 17.793 concurren a escuelas públicas lo que da casi un 43% del universo total y un 47% de los matriculados, bastante similar a la distribución público-privada de todo el sector en esa jurisdicción. Obviamente, el movimiento de madres “Vacantes para todxs en las escuelas públicas” se explica como parte de estos números. A su vez, esa falta de vacantes afecta principalmente a las comunas donde residen mujeres trabajadoras pobres. Según un informe realizado por la ex auditora porteña Josefa Prada junto a Carlos Holubica, una encuesta realizada por la Universidad Nacional de San Martín, el Observatorio de Género y Pobreza en Argentina y la consultora Analogías el aumento de la demanda de vacantes para el nivel inicial creció con mayor ritmo en las comunas 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) y 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo), es decir la zona sur, aquella social y económicamente más postergada, allí donde residen mujeres trabajadoras que necesitan escolarizar a sus niños en el circuito público sí o sí y en particular para la sala 0-2. Por un lado, entonces, frente a quienes hablan del fallo como un intento privatizador, lo cierto es que a medida que se avanza en la escolaridad obligatoria el nivel inicial adopta “cotas” parecidas a las de los demás niveles. Por otro lado, las salas maternales brillan por su ausencia en todo el país. El fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño no es únicamente a medida de Larreta sino de todo el personal político sea del color que sea. Y, en efecto, la realidad en la provincia de Buenos Aires no es muy distinta. Veamos.
En la provincia de Buenos Aires, en 2015, nacieron 284.686 niños. Dos años más tarde, la sala maternal contaba con una matrícula de 47.678, menos del 17% de todos los nacidos. Para peor, la composición del jardín maternal cuenta casi con inexistentes salas para niños entre 45 días y un año o para un año: el 4% tiene menos de un año, el 14 % de los matriculados tiene entre 1 y dos años y la sala de dos es la abrumadora mayoría del subnivel con el 82% de los inscriptos. En números: del total de 284.686 bebés nacidos apenas 2.025 serán escolarizados en su primer año de vida. Pero la oferta es estatal, se apura en señalar un compañero peronista. Nada de eso: en la sala maternal apenas se matriculan 19.920 alumnos, es decir, casi el 42%. O sea, según los datos OFICIALES, la sala maternal se encuentra más privatizada en la provincia que en la CABA. En la sala de tres, en 2018, había matriculados 186.474 alumnos, es decir, casi el 66% del total de niños, una cobertura, algo más baja pero similar a la de la Ciudad. De ésos casi el 60% en el sector estatal (110.8819), es decir, asume una cobertura estatal casi diez puntos por debajo de lo del resto del nivel y de toda la modalidad común dónde la composición público-privado es 70-30. Finalmente, llegan a la sala de 4 años, en 2019, 248.852 alumnos, esto es, el 87% del total de los niños nacidos en 2015, cuatro puntos por debajo del poder de matriculación porteño que llegaba al 91%. De esos 248.852 alumnos en sala de cuatro años, 159.368 se matricularon en el sector estatal, esto es, el 64% del total, pero el 56% del total de nacidos en 2015.
En efecto, distintos informes también mostraban que, en la provincia históricamente gobernada por el peronismo, la falta de vacantes para el nivel inicial también es la regla incluso en la ciudad capital: La Plata. Para el 2017, en la capital de la provincia se estimaba que, para que el sistema público incluya a todos los niños de 3 a 5 años, es decir, a los que el Estado se obliga a garantizarles educación, se necesitarían unos 82 establecimientos más, con 7 secciones cada uno y con una matrícula de 26 o 27 alumnos por sección, es decir, altamente hacinados. Tal como ocurre en la CABA, la oferta para la sala maternal (45 días a dos años) las vacantes son prácticamente inexistentes como mostramos antes, pero distintos estudios también lo verifican. Según un informe de la asociación civil Compromiso Educativo, en La Plata menos del 2 % de la población de entre 45 días y dos años accede a los jardines maternales del Estado. Ese mismo año, se estimaba que en todo el país había 638 mil niños de entre 3 a 5 años que no iban a la escuela. El mismo estado provincial reconocía, en 2019, que apenas el 6,5% del total provincial concurría a jardín maternal siendo además una oferta de jornada simple lo que no resuelve la demanda de las mujeres trabajadoras para quienes la jornada doble lejos de ser un capricho es una necesidad. Así las cosas, no extraña que se reconozca que, de los que inician el primer grado el 4% nunca pasó por el nivel inicial.
El fallo del TSJ debería servir para denunciar un cuadro de conjunto. Y el problema a poner de relieve es, en tal caso, la privatización de las tareas de cuidado en las mujeres que son quienes se organizaron en la Ciudad de Buenos Aires reclamando por vacantes. Lo cierto es que la evidencia del sector debería construir movimientos análogos a lo largo y ancho del país porque el problema tiene raigambre nacional. La oferta para salas maternales del sector estatal es irrisoria en todo el país: solo el 18% de las unidades educativas del nivel cuentan con sala maternal. En la ciudad de buenos aires, el 46% de las escuelas estatales tienen sala maternal mientras que en la provincia de Buenos Aires apenas el 37% de las escuelas. Como si fuera poco no se trata solo de los escasos recursos del sistema educativo para escolarizar tempranamente a cientos de miles de niños atendiendo a las necesidades de las mujeres obreras: tampoco la escuela sostiene las trayectorias de las alumnas madres. Veamos.
Inicialmente ausentes también en la educación obligatoria
Volvamos a uno de los números del inicio. De los 770.040 nacimientos el 15% son hijos de mujeres que fueron madres con menos de 19 años. De todas esas que fueron mamás, el 5% no tiene instrucción o apenas la primaria incompleta, casi el 20% tiene la primaria completa y otro 23% tiene la secundaria incompleta. Es decir, casi la mitad (48%) entra en la franja de las alcanzadas por la obligatoriedad escolar incluyendo lo que dispone el artículo 138º de la LEN para mayores de 18 años. En efecto, de las que tienen solo hasta primaria completa el 18,5% tiene menos de 20 años y de las que tienen la secundaria incompleta casi un 31% está en esa franja etaria.
Una vez más, para las alumnas madres veamos lo poco que está dispuesto a hacer el gobierno porteño y bonaerense. Distintos estudios muestran que contar con una sala maternal en la escuela de origen de esa alumna madre facilita su escolaridad. De hecho, también existe evidencia para la población de la modalidad jóvenes y adultos dónde aparece cómo uno de los motivos de deserción escolar las dificultades para combinar las tareas de cuidado impuestas por el patriarcado a las mujeres y la propia escolaridad. Bien. En la Ciudad de Buenos Aires, para esas alumnas madres en edad escolar solo 50 escuelas cuentan con sala y en toda la provincia de Buenos Aires hay apenas 92 en el marco del proyecto “Experiencia Salas Maternales”. Cabe destacar que, según un estudio de marzo de 2019, en la provincia había 652 escuelas con alumnas embarazadas. Como vemos, tendrán que resolver por su cuenta el cuidado de sus hijas e hijos porque su escuela no les brindará ese acompañamiento o facilidad. De esas adolescentes bonaerenses, 402 tenían entre 12 y 15 años y 1.322 tenían entre 16 y 18 años. Solo el 14% tendrá asegurado un lugar donde dejar a sus hijos para retomar estudios luego de parir.
Se trata de un cuadro general que la pertenencia a la clase obrera profundiza. Un informe del Ministerio de Educación de 2019 mostraba que “en Santiago del Estero, Chaco, Misiones y GBA, más de la mitad de las adolescentes madres estaba fuera del sistema educativo al momento del primer embarazo (55%), y entre quienes no asistían a la escuela, la mayoría no había completado el ciclo medio”. En la amplia mayoría de los casos, el embarazo adolescente no es una elección: el 58,9% de los embarazos de las adolescentes de 15 a 19 años y el 83,4% de los de las menores de 15 años son reportados como no intencionales. La ausencia de salas maternales en sus escuelas cabecera y también fuera de ellas tiene un destino seguro: el abandono escolar. Con lo cual, la discusión actual excede el planteo sobre la constitucionalidad y los recursos del Estado a la hora de garantizar la educación obligatoria. Como vemos, miles de adolescentes son también abandonadas a su suerte.
Patriarcado y escuela
La ausencia de salas maternales y el subdesarrollo de la sala de tres años obligatoria en algunas provincias son una realidad común en todo el país que aúna a todo el personal político. Frente a ello, el gobierno tiene una única respuesta: el vacío. No se trata solo de hacia dónde dirigir “recursos”, tal como pretende hacer pasar el fallo del TSJ, porque lo cierto es que tampoco las adolescentes escolarizadas madres cuentan con una respuesta de salas maternales que les garantice su propia continuidad escolar. Eso no ocurre ni en la Ciudad de Buenos Aires ni en la provincia de Buenos Aires. Tampoco en buen aparte del país. Esta ausencia refuerza la privatización de las tareas de cuidado en las mujeres. Serán ellas las que buscarán alguna alternativa incluyendo la propia postergación o la sobreexplotación en jornadas laborales (pagas y no) infinitas. Entender que estamos ante un problema nacional es la primera medida para librar una batalla correcta. Y para eso tenemos que organizarnos mostrando las reales caras de una justicia y un estado patriarcal muy poco interesados en resolver los problemas da las mujeres trabajadoras
