Los medios de comunicación se han hecho eco en los últimos días, de los rumores sobre los inminentes despidos que se producirían en la empresa láctea, de prosperar el acuerdo entre el gobierno y un grupo inversor. Otro capítulo más de una larga trama, dónde los trabajadores han sido en todo momento rehenes de las ambiciones e intereses de empresarios, sindicato y del estado.
En esta oportunidad, con total descaro, se plantea el despido de unos 1300 compañeros, muchos de los cuales ya hace dos años se encuentran suspendidos y vienen percibiendo solo $ 10.000 mensuales. Aún más grave es que se deja entrever que para ellos no habría indemnización, ni compensación alguna y que el gobierno se haría cargo de una suerte de seguro de desempleo, equivalente al valor del IFE (Ingreso Federal de Emergencia).
Ante esta situación, el Consejo directivo de Atilra, uno de los grandes responsables del presente que viven los empleados de SanCor, anunció un paro para el viernes 15, el cual fue levantado tan solo 12 horas después, al decretarse la conciliación obligatoria. Desde el gremio se indicó que a partir de ese momento se iniciaron conversaciones con el Ministerio de Trabajo, con la patronal y con las cámaras del sector, ya que la medida de fuerza tuvo carácter nacional y afectó a todas las empresas.
Puede asegurarse que es la primera medida concreta que toma la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera, comandada por Héctor Ponce, en relación al brutal ajuste que SanCor viene aplicando sobre sus trabajadores desde 2017. Con la única excepción de un paro por 24 hs., que a mediados de 2018, solo sirvió de pantalla para que la conducción sindical entregara el CCT, que sirvió de modelo flexibilizador para otras ramas.
Con respecto a los supuestos inversores, que exigen los despidos y condicionan a ello su ingreso al negocio, se trata trataría de empresarios vinculados a los gobiernos nacional y de la provincia de Santa Fe. Si bien, nadie se anima a confirmarlos, los nombres serían los del CEO de Celulosa Argentina, José Urtubey, Marcelo Figueiras, dueño de los Laboratorios Richmond y el grupo Vila-Manzano de quien se habla insistentemente desde hace tiempo. Como se ve, todos fieles representantes de la burguesía argentina, de grandes vínculos con el estado y sin ninguna experiencia en el rubro lácteo. Empresarios a los que Alberto Fernández, Matías Kulfas y Cía, atraen para que sigan enriqueciéndose, blindando a los actuales explotadores del Consejo directivo de Sancor e intentando capitalizar algún rédito político.
Es inaceptable que tanto el gobierno de Alberto Fernández como Atilra propicien y acepten semejante ataque a los derechos de los trabajadores. Los compañeros de SanCor vienen resignando obligadamente desde hace casi cinco años puestos laborales, salarios, aportes jubilatorios, etc., soportando suspensiones con sumas fijas iguales a un IFE. Y la solución que proponen el gobierno y el sindicato es dejarlos en la calle con un subsidio que ni siquiera llega a un ingreso de indigencia.
Los trabajadores de toda la rama láctea debemos presionar a nuestros representantes para arrancarle al gremio un gran paro nacional por tiempo indeterminado con medidas de acción concretas y verdaderas que golpeen los intereses de los capitalistas y obliguen a retroceder al gobierno.
Un plan de lucha por la única alternativa para salvar los puestos de trabajo y el valor social que aún mantiene, lo que queda de SanCor. Exijamos la estatización y puesta en producción por parte de todos sus empleados. En un contexto en el que los precios de los productos lácteos tienen un fuerte aumento y se vuelven prohibitivos para muchas familias obreras, el Estado podría contar con una fábrica para garantizar un vaso de leche a cada niño, abastecer a los comedores populares, escolares y todo el sistema de salud. Con ello, se volvería a poner en funcionamiento toda la capacidad instalada de la empresa y se recuperarían los puestos de trabajo.
Ni un despido más en SanCor.
Trabajadores lecheros en la Corriente Clasista Goyo Flores.
