El viernes 8 de enero a la mañana alrededor de 200 trabajadores municipales que reclamaban contrae el cese de sus contratos, se movilizaron hasta el Palacio Municipal de La Plata con la intención de presentar un petitorio. La acción era en respuesta a la decisión de la flamante gestión del intendente del PRO, Julio Garro, de dejar cesantes a unos 4.500 contratos de personal que cumplía tareas hasta el 31 de diciembre. Frente a esto el intendente dispuso el bloqueo de la Municipalidad y movilizó a más de un centenar de efectivos de la Policía Bonaerense para impedir el ingreso y egreso del edificio. Pasadas las 10 de la mañana, la Policía desató una brutal represión con gases lacrimógenos y balas de goma. El saldo, 17 heridos y cuatro detenciones.
Estos despidos se dan en un contexto más general que afecta al conjunto de la administración pública. Solamente de diciembre a esta parte se registran más de 13 mil despidos en todo el país entre distintos órganos a nivel nacional, provincial y municipal, independientemente del signo político que los conduce (Véase el ejemplo de Santa Cruz con Alicia Kirchner y sus 600 despedidos). La mayoría de los damnificados son trabajadores a los que les finalizaban los contratos precarios que tenían en el Estado. Esta es la herencia que deja el gobierno anterior con el cual las modalidades de contratación precarias como la planta transitoria, pasantías, becas, contratos de locación de servicio, de obra, con organismos internacionales, con universidades o fundaciones fueron los ítems que más crecieron dentro del empleo estatal administrativo entre 2003 y 2015, llegando a casi el 30% del total solamente dentro del Poder Ejecutivo Nacional y siendo alrededor de 600 mil entre todas las administraciones.
Como es lógico, en un contexto en el cual los ingresos fiscales ya comenzaron a agotarse y los commodities bajan sus precios en el mercado mundial, estos trabajadores serán la primera variable de ajuste fiscal. Bajo estos tipos de contrataciones truchas el Estado usufructúa de los mismos “beneficios” que los capitales privados a la hora de prescindir de trabajadores en cualquier momento y sin dificultades. De hecho, la causa de cesantía por finalización de contrato sobre el total de las razones de despidos en el sector público tiende a aumentar entre el año 1995 a la actualidad, constituyendo durante los últimos tres años aproximadamente el 60%. Este dato desmiente la idea de que el ajuste recién se está implementando con el nuevo gobierno y pone en evidencia el carácter patronal del Estado.
Ante este panorama los estatales deberán reunificar sus fuerzas para impedir que el ajuste se descargue sobre sus espaldas. A su vez el FIT debe luchar por la dirección de los obreros, tanto los empleados en el sector público como en el privado (ya vimos lo que sucedió con los trabajadores de Cresta Roja) para la lucha que se avecina.
Desde Razón y Revolución exigimos:
-Freno a los despidos.
-Pase a planta de los trabajadores con contratos precarios.
-Basta de represión.
