Los trabajadores de reparto de las aplicaciones de delivery vienen luchando contra las miserables condiciones de trabajo que les imponen las empresas. Las aplicaciones de delivery se encuentran entre los pocos sectores que han crecido durante la cuarentena y amasan sus ganancias en base a la sobreexplotación a la que someten a sus trabajadores, a los que no reconocen como tales. Las condiciones de trabajo son tan peligrosas que solo en lo que va de cuarentena ya murieron cuatro trabajadores en accidentes laborales.
En la actividad existen sindicatos que intentan organizar a los trabajadores. Asociación Sindical de Motociclistas mensajeros y servicios (Asimm), Sindicato Único de Conductores de Motos (Sucmra) y la más nueva Asociación de Personal de Plataformas (APP), de 2018. A ellas se suman la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR),Glovers Unidos Argentina y la más reciente Red Nacional de Trabajadores Precarios, que engloba más actividades que la de los repartidores.
Los trabajadores de las aplicaciones de delivery vienen llevando adelante un plan de lucha desde que se estableció la cuarentena, impulsado por las organizaciones que se conformaron por fuera de los sindicatos registrados. El 22 de abril se sumaron al paro internacional. Reclamaron por el 100 por ciento de aumento en el pago por pedido y la provisión de elementos de seguridad e higiene. Esta acción estuvo impulsada por Glovers Unidos Argentina y la Asociación de Trabajadores de Reparto.
El 8 de mayo pararon entre las 10 y las 16 y marcharon al ministerio de Trabajo. A los reclamos levantados el 22/4 se sumó el pedido de reincorporación de trabajadores desvinculados por luchar y justicia por los repartidos muertos en accidentes laborales. La acción fue convocada por la Asociación de Trabajadores de Reparto y Glovers Unidos.
El 14 de mayo hubo una movilización al Obelisco impulsada por la Red Nacional de Trabajadores Precarios para reclamar contra los despidos y las suspensiones, las rebajas salariales, la precariedad y por condiciones de higiene y seguridad.
Finalmente, hoy realizan un nuevo paro a nivel nacional, con caravanas que en cada ciudad irán al epicentro del poder político. La acción es convocada por la Asociación de Trabajadores de Reparto y Glovers Unidos. En la Ciudad de Buenos Aires, se dirigirá hacia el Ministerio de Trabajo, con el fin de concretar la reunión prometida por la cartera. Los reclamos serán de aumento del 100% a cargo de las empresas, elementos de seguridad e higiene, justicia por todos los compañeros fallecidos y heridos, ART para todos los trabajadores de reparto y restitución de las cuentas a todos los bloqueados por causas injustas. Por su parte la Red Nacional de Trabajadores Precarios confluirá con la acción. Aquí aparece una división inútil entre los repartidores que se organizan mediante asambleas convocadas por las dos primeras organizaciones y quienes se organizan con la tercera organización que solo sirve para debilitar el movimiento.
Las sanciones contra los luchadores no son nuevas y de hecho se facilitan por la relación contractual que une a los trabajadores con sus patrones, que busca negar la relación laboral y nombra a los trabajadores como “prestadores de servicios”. En 2018 la APP organizó una protesta frente a las oficinas de Rappi. La empresa bloqueó de la aplicación a los repartidores que habían participado. En febrero del año siguiente PedidosYa bloqueó también el acceso a la aplicación a unos 450 trabajadores. Es decir, a las empresas les resulta muy sencillo deshacerse de sus trabajadores, que están inscriptos como monotributistas y reciben un salario a destajo que depende de la cantidad de horas trabajadas y los kilómetros recorridos.
Hay todo un debate sobre el trabajo en aplicaciones que, como nos tienen acostumbrados los intelectuales de la burguesía, tiene mucho de ideológico que está al servicio de situar a los trabajadores de las aplicaciones en una situación legal desfavorable. Se supone que estas nuevas tecnologías traerían “nuevas formas de trabajo” no asimilables a nada conocido hasta ahora. Aquí, lo que se confunde son la herramientas que se utilizan con el trabajo que ejecuta el obrero, y a su vez con la escala de las empresas. El delivery, reparto o cadetería no son una novedad. Hace mucho que existen empresas de mensajería. Hace mucho que existe el delivery de restaurantes. Hace mucho que existen las agencias de remises. Nada de esto es una novedad. Lo que sucedió es que una revolución en la tecnología de la comunicación permitió la masificación de estos servicios y la aparición de un proceso de concentración en la rama de la mano de la tercerización. Hay algunas empresas que empiezan a acaparar el servicio de mensajería. Hay empresas en las que se puede tercerizar el servicio de delivery. Hay empresas que empiezan a concentrar el servicio de remisería. Hay un cambio en una de las herramientas (ahora se usa una aplicación del celular y antes el teléfono), pero no en todas (se sigue usando autos, motos y bicicletas). Claro, como todo capitalista en cuanto puede, estas empresas buscan eludir la reglamentación laboral lo más que se pueda, porque con eso se ahorran muchísimo dinero. En España se calculó que las aplicaciones se ahorraban unos 168 millones de euros por inscribir a sus trabajadores como autónomos. De ese dinero el Estado español perdía 76 millones que no ingresaban por seguridad social. Entonces, cuando los intelectuales de la burguesía nos hablan de que estamos frente a un trabajo peculiar que no puede encuadrarse en la legislación laboral vigente, lo que nos quieren hacer creer es que es lógico que estos trabajadores tengan condiciones de trabajo por debajo de la media. Lo que pretenden ocultar es que están defendiendo el “derecho” de las empresas a superexplotar a sus trabajadores y ahorrarse millones.
Ahora bien, el gobierno argentino, ávido por recaudar, entendió que puede obligar a las empresas a hacer aportes. Pero como buen gobierno burgués, no va a perjudicarlas mucho. Por eso ideó un proyecto de estatuto especial para los repartidores. Cuando se dicta un estatuto para los trabajadores de una actividad, se los está colocando por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la que rige para la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia. Así, se los coloca en un status legal más desfavorable, como a los obreros rurales, las empleadas domésticas y los obreros de la construcción. De hecho, el proyecto de ley plantea que se agregue a los repartidores de plataformas en el artículo de la LCT que enumera los trabajadores excluidos de esa la ley. Por ello, pueden regir modalidades distintas y más desfavorables de contratación, remuneración, jornada de trabajo y desvinculación. Con el estatuto que propone el gobierno, los repartidores ganarán algunas licencias, aguinaldo, indemnización, cobertura de salud y regulación horaria, algo que podrían tener si fueran incluidos en la LCT. Pero se los excluye porque todas esas cosas las tendrán, pero en peores condiciones. Se establece un período de prueba de tres meses, una jornada laboral de 9 horas y la posibilidad de discontinuar la jornada.
De aprobarse el proyecto, los trabajadores quedarán atrapados en un estatuto de difícil modificación, porque a diferencia de un convenio colectivo que se modifica mediante las negociaciones paritarias entre sindicatos y patronales, el estatuto solo puede reformarse por ley. Por eso, es crucial detener la iniciativa del gobierno e incorporar a la lucha el reclamo por la firma de un convenio colectivo de trabajo que mantenga a los trabajadores dentro de la LCT y donde sean las organizaciones obreras las que puedan imponer sus condiciones. Para ello, las organizaciones que vienen llevando adelante la lucha tienen que formalizarse como sindicato que de la pelea por la personería. Los repartidores no son trabajadores sui generis, son obreros que necesitan mejorar sus condiciones de trabajo y sus salarios. Y esto solo lo van a lograr luchando por torcer los planes de las empresas y el gobierno.
Corriente Clasista Goyo Flores
