¿Por qué vino Rockefeller?
El acuerdo YPF-Chevron y las perspectivas de la rama petrolera
El gobierno suponía que con una YPF “nacional y popular” se iba a poder relanzar la industria local. No obstante, esto no parece ser así. Vea en esta nota cómo el acuerdo con Chevron expresa lo que el gobierno y la oposición no pueden reconocer: que el nacionalismo petrolero es una solución agotada.
Betania Farfaro Ruiz
OME – CEICS
Parece que Kicillof y compañía, con la estatización parcial de YPF, se metieron en un atolladero. Esperaban capturar una porción de la renta petrolera para beneficiar a los capitalistas que acumulan en el mercado interno. Esperaban, también, reducir el déficit en la balanza energética. Sin embargo, la medida trajo más inconvenientes que respuestas.
Los problemas del petróleo argentino no tienen que ver con la forma de propiedad de quien lo explota. Como venimos analizando en El Aromo, estas dificultades están vinculadas al progresivo agotamiento del recurso. El acuerdo Chevron-YPF para la explotación del yacimiento de petróleo y gas no convencionales de Vaca Muerta confirma lo que anticipábamos: la YPF que el gobierno “recuperó” es una empresa que no puede satisfacer la ganancia de un capital individual (por eso Repsol no invertía). A su vez, por su pequeña escala, en términos internacionales, no puede afrontar los crecientes costos de producción dado el agotamiento de los pozos tradicionales. Por ello debe asociarse con capitales más grandes. Luego de los rumores de intereses chinos y rusos, finalmente el socio fue la firma del clan Rockefeller. Sin embargo, el monto de inversión acordado no alcanzará para poner en producción el conjunto de los yacimientos, que de por sí, producirán petróleo en un mediano plazo, lo cual no solucionará en nada el déficit energético que sangra las divisas. Por lo tanto, el afán del gobierno por defender el acuerdo es para conseguir la llegada de más capitales y satisfacer al capital estadounidense ante la reapertura del canje de la deuda y la apremiante búsqueda por endeudarse. No obstante, en el corto plazo, estas acciones no cambiarán el carácter de la crisis energética actual.
Los prolegómenos del contrato
El sector petrolero arrastra una crisis desde hace al menos tres décadas, que se profundizó durante los últimos años. El mayor inconveniente es la caída en la productividad: los pozos que actualmente se encuentran en producción no rinden lo mismo que hace 30 años. En 1970, se extraían unos 4.500 metros cúbicos, mientras que, en la actualidad, la productividad promedio es de 1.500 metros cúbicos. Eso muestra, en líneas generales, el agotamiento productivo del petróleo. Este envejecimiento, junto a la falta de nuevas reservas de importancia, generó el desabastecimiento que hoy explica las crecientes importaciones de combustibles. Tal es así que, durante 2011, Argentina tuvo que importar más de 9.397 millones de dólares en hidrocarburos. Es decir, un 13% de las importaciones totales fueron para cubrir la demanda interna de crudo y derivados. Esta tendencia se profundizó, en 2012, con aumentos del 61% en este rubro.
Este gasto creciente, que se evidencia desde 2008, amenaza el equilibrio de la balanza comercial, ya que implica que parte de los dólares que ingresan por exportaciones financien la compra, a precios internacionales, de combustibles. La prueba está en que, de enero a abril del año en curso, el 35% de los dólares que ingresaron por la exportación de soja se destinaron a la compra de petróleo.
Producto de esta situación general, se tomó la resolución de reestatizar parcialmente la petrolera, aduciendo incumplimientos en las inversiones de Repsol. Pero las ilusiones que el gobierno tenía de recuperar una fuente de riqueza extraordinaria, y continuar financiando a los capitalistas locales, quedaron truncas antes la realidad del sector y la poca rentabilidad de su capital insignia. YPF no tiene la capacidad operativa y financiera de ponerse sobre las espaldas la carga de aportar su riqueza para transferir al mercado interno. Como afirmamos en otra oportunidad, YPF se puede reproducir como capital individual con la extracción de crudo y con la producción y venta de derivados. Sin embargo, ante el agotamiento del petróleo local, y el incremento de costos de exploración y de explotación de combustibles no convencionales, no tiene la misma capacidad de maniobra para transferir riqueza a discreción para la burguesía ineficiente que acumula en el mercado interno [1]. El callejón sin salida ubica al Estado argentino en la situación que tampoco puede dejar de hacerlo, puesto que esas transferencias son la condición de su reproducción en el país, como lo muestra el caso de la industria automotriz (ver artículo de Damián Bil en este número). Los funcionarios de turno confiaban en que la petrolera reestatizada mantuviese esta característica, pero parece que se equivocaron.
Un acuerdo obvio
Cabe aclarar que, con el contrato con Chevron, el gobierno no traicionó su discurso, a pesar de que los nacionalistas y muchos simpatizantes K puedan sentirlo así. Recordemos que, en sus primeras apariciones como CEO de YPF, Miguel Galuccio expresó la necesidad de buscar un socio con la capacidad estratégica y financiera para explotar recursos que el Estado argentino no está en condiciones de realizar. Como ningún burgués local cumple con este requisito, se caía de maduro que el socio estratégico iba a ser una multinacional, con capacidad de inversión y conocimiento del negocio.
La intención del gobierno es proveerse de los recursos que le permitan cerrar la brecha comercial en hidrocarburos, que le causa inoportunos agujeros contables. Neuquén ya le brindó el apoyo: la legislatura provincial aprobó el acuerdo con el argumento de que generará puestos de trabajo, además de 12.000 millones de pesos en impuestos a las ganancias para la recaudación provincial [2]. Mientras se discutía el acuerdo en la legislatura provincial, Cristina mandó a militarizar los alrededores del recinto frente a la movilización. El resultado fue una severa represión a quienes manifestaban su oposición a la propuesta kirchnerista.
A nivel nacional, se apuesta a que el aumento de la producción interna permita equilibrar la balanza comercial, ya que desaceleraría la salida de dólares por la vía de reducir importaciones de hidrocarburos. Para ello, se deben explotar los recursos no convencionales. Esto está atado a los vaivenes de la crisis mundial, que marca los tiempos de los precios del petróleo. El punto es que se necesita un precio internacional del barril alto para cubrir los costos de producción y mantener la rentabilidad, ya que la inversión para la explotación de shale es elevada.
Según números oficiales, se prevé un desembolso inicial en tecnología y capital humano de 1.500 millones de dólares. En esta primera etapa, Chevron deberá invertir 1.240 millones de dólares para la perforación de más de 100 pozos con el fin de producir 10.000 barriles por día. La segunda etapa estima la perforación de 1.500 pozos más para producir 50.000 barriles diarios de petróleo y 3 millones de m3 de gas [3]. En total, se calcula una inversión conjunta de más de 17.000 millones de dólares en cinco años. Para esa inversión, y con la incertidumbre de resultados, es necesario darle un incentivo al socio. Por ello, se establecen una serie de beneficios considerables para el holding yanqui: Chevron podrá exportar al cabo de cinco años el 20% de la producción del yacimiento sin tener que pagar retenciones. También se le permitirá importar equipos sin abonar arancel alguno. Se mencionó, además, que podrá girar utilidades a su casa matriz luego de pocos años de iniciada la explotación. Por último, se anunció la existencia de cláusulas secretas, por las cuales se acuerda que, de prosperar las demandas judiciales de Repsol sobre el área, Chevron quede desligada de posibles indemnizaciones que deberá afrontar YPF.
Estas concesiones son la base de las críticas que recibió el contrato. Para Pino Solanas y sus aliados, el acuerdo expresa la entrega de los recursos [4]. Para los liberales, como Sturzenegger o Melconián, el problema es el “clima desfavorable de inversiones” y la falta de transparencia, como la existencia de una supuesta “letra chica” del contrato, que provocaron que se “negociara de manera desesperada” [5]. Pese a las diferencias políticas, todos coinciden en identificar la desidia estatal para defender los recursos como el problema principal. Ninguno logró explicar la naturaleza del acuerdo a partir de los límites del petróleo argentino. La ausencia de un análisis sobre las particularidades del sector y sus inconvenientes concretos les impide explicar el acuerdo más allá de las apariencias. Por eso, reproducen planteos nacionalistas o ecologistas, sin lograr plantear una alternativa real.
Lo curioso de todo esto es que este acuerdo no va a poder otorgar al Gobierno los beneficios que tanto espera. Según ciertos cálculos, incluidos el plan estratégico de YPF (2012), se precisaría una inversión anual de entre cinco y diez veces más de lo anunciado por Chevron para el primer ejercicio. Además, no daría frutos inmediatos: recién en 5 años, la producción podría aumentar entre un 25% y un 30% [6]. O sea, no se podría revertir el déficit energético en el corto plazo, uno de los problemas más acuciantes para la administración CFK.
Nacionalismo agotado
El acuerdo no expresa una nueva entrega de recursos a manos del imperialismo ni una falta de nacionalismo petrolero, sino el blanqueo de una situación: YPF no puede colocarse como puntal de desarrollo de la burguesía nacional, como lo hizo en otros momentos de su historia. Esa posibilidad se agotó hace tiempo. No tiene sentido reivindicar un nacionalismo petrolero en abstracto ni saludar la participación de capital extranjero bajo estas bases. La única manera de que la petrolera estatal sirva como elemento progresivo es su centralización, junto a la de toda la producción, en manos de la clase obrera.
NOTAS
1 Ver informe especial en http://goo.gl/UpIvus.
2 Véase http://goo.gl/9GpJn6.
3 Véase http://goo.gl/CiURGO.
4 Véase http://goo.gl/lYT0e2.
5 Véase http://goo.gl/2agfVF.
6 Véase http://goo.gl/rWF02u, http://goo.gl/kzE7TZ y http://goo.gl/EVIx6p.
ANEXO
¿Qué es el shale oil?
De acuerdo a Energy Information Administration (EE.UU.), la Argentina posee reservas de shale oil por 27.000 millones de barriles y de shale gas por 22.710 billones de metros cúbicos, lo que la ubicaría entre los mayores reservorios de hidrocarburos no convencionales. Pero… ¿qué es el shale oil?
El shale oil es el mineral que se encuentra atrapado en rocas subterráneas de baja porosidad y escasa permeabilidad. Es decir, petróleo y gas encerrados en millones de poros microscópicos rocosos, sin contacto entre ellos. Los hidrocarburos no pueden desplazarse por el interior de la formación ni escaparse de ella, como ocurre en los yacimientos convencionales. Su extracción debe realizarse mediante procesos de recuperación secundaria, como ser la inyección de agua, para fracturar las rocas que contienen al hidrocarburo y permitir su salida.
La fracturación hidráulica o fracking es uno de los métodos más utilizados para la extracción en yacimientos de estas características. Para ello, se debe perforar verticalmente entre 2.500 y 5.000 metros, y luego varios kilómetros en forma horizontal, para luego inyectar agua con arena y químicos a alta presión para quebrantar la roca. Además, cada pozo requeriría una tecnología particular, adaptada al suelo en cuestión. Por ese motivo, el costo de producción es más elevado: en la Argentina, mientras que cada pozo convencional requiere una inversión de 6-7 millones de dólares, uno no convencional precisa un desembolso dos o tres veces mayor.
Esta dificultad se profundiza por el rápido agotamiento: la experiencia en los Estados Unidos, cuna de estas técnicas de recuperación, muestra que la explotación no convencional se caracteriza por una caída muy rápida de la capacidad productiva del pozo, por lo que constantemente se deben perforar nuevos. Por ello necesita un alto precio internacional del barril para ser rentable. Estos son los inconvenientes que presenta este tipo de producción.
