oKupas – Por Julia Egan

Sobre las condiciones de vivienda en la década kirchnerista

En la década kirchnerista, lejos de avanzarse sobre el problema de la vivienda, se retrocedió respecto del período anterior. El “modelo” que se supone benefició a los más necesitados no pudo garantizar el acceso a la vivienda ni siquiera mejorar sus condiciones.

Por Julia Egan (TES-CEICS)*

La reciente toma de tierras en la localidad de Merlo desató nuevamente el fantasma del Indoamericano. Se trata de 340 viviendas en construcción de un plan federal y 60 hectáreas de propiedad privada (el doble que el Indoamericano), donde entre 2.000 y 3.000 familias se instalaron en búsqueda de un lugar donde vivir. Como suele suceder, se reflotaron las teorías de pases de factura entre gestiones y movidas punteriles. Menéndez, el intendente electo por el Frente para la Victoria, acusó al saliente Othacehé –quien gobernó el partido durante nada menos que 24 años– de vaciar el municipio, doblar la planta permanente de empleados, aumentar el gasto e impulsar tomas, en la víspera de su asunción. Lo que se pasa por alto es que nadie se expondría a semejante situación si no antecediese una necesidad. Y en la década kirchnerista, lejos de avanzarse sobre el problema de la vivienda, se retrocedió respecto del período anterior.

¿Quiénes son los ocupantes de Merlo?

Según los testimonios de los ocupantes que hablaron con la prensa y de los que pudimos entrevistar, el movimiento empezó el 21 de octubre, días antes de las elecciones, cuando el rumor de la toma del predio del barrio “Libertad” de Merlo comenzó a circular de boca en boca. Así, los potenciales ocupantes evaluaron su situación habitacional actual y llegaron a la conclusión de que la única forma de asegurarse un lugar propio donde vivir era ocupar un terreno.

No casualmente se trata, casi en su totalidad, de obreros desocupados u ocupados en negro en actividades como construcción, herrería, servicio doméstico, entre otras. Es decir, la capa más pauperizada de la clase obrera. Todos viven “de prestado” en casas compartidas con una o más familias o en habitaciones alquiladas a un alto costo. El hacinamiento y la precariedad habitacional son, por lo tanto, otros denominadores comunes de este sector. Los entrevistados plantean ambos aspectos de sus condiciones de vida, como en el caso de Fedra, que cuenta con un plan Argentina Trabaja a partir del cual se desempeña en una cooperativa, mientras que su marido es un albañil que trabaja en blanco. Ambos viven en la casa de sus suegros, donde conviven en una pieza donde, además de la cama, también tienen una pequeña cocina y un baño. Su madre, que también se plegó a la toma, trabaja a domicilio haciendo tareas de limpieza y cobra un plan social, además de cuidar a su marido, que sufrió un ACV. Cuenta con el aporte que pueda hacer su hijo con algunas changas. Otra entrevistada, Estela, por su parte, relata que siempre trabajó en negro y que en el intento de tener una casa propia fue estafada dos veces. Actualmente, son cuatro adultos y ocho chicos en una casa con dos habitaciones. Johana, que tiene dos hijos, asegura que es imposible pagar 2.500 pesos por una pieza, ya que su marido alterna entre las changas y las tareas de albañilería, y por eso tienen que vivir en la casa de sus suegros. Otra mujer llegó desde Rafael Castillo. Era una trabajadora en blanco que fue despedida de una fábrica después de cinco años y, a raíz de la quiebra de la empresa, no cobró las quincenas adeudadas ni la indemnización. También vive en la casa de sus padres, con su marido (que hace changas) y dos hijos, todos se arreglan entre dos habitaciones, la cocina y el comedor.

Desde un inicio, estos trabajadores plantearon que querían que se loteara el terreno y pagar por él una cuota accesible a sus ingresos, de alrededor de 500 pesos por mes. Esto habla por sí solo de que la vida de estas familias roza la supervivencia, aunque los medios lo presenten como una “pretensión” ridícula. Es que ante la falta de vivienda se presentan varios problemas. En primer lugar, resulta sumamente dificultoso acceder a un alquiler. Ya sea una pieza en una villa o un barrio del conurbano, se parte de los 2.500-3.000 pesos. El alquiler promedio de un departamento de dos ambientes en Capital Federal se ubicó en los 4 mil pesos en agosto de este año (sin contar todo el dinero en efectivo necesario para entrar ni expensas).[1] En abril, promediaban los 2.400 pesos en Córdoba y los 3.400 pesos en Rosario.[2] En segundo lugar, es imposible para cualquier trabajador acceder a una línea de crédito (como veremos más adelante, inclusive al PROCREAR). Por último, saben que entrar en un plan de construcción de viviendas no les garantiza en absoluto acceder a ella: “No queremos que nos hagan las viviendas porque tenemos miedo que queden como las casitas que armaron. Lo único que queremos es que agilicen los pasos para acceder a las tierras, pagarlas y construir nuestras casas. Estamos completamente seguros que con un plan de viviendas de ellos vamos a envejecer.” Por eso empezaron a organizar el trazado de calles y el loteo de terrenos de 10 metros por 30 para cada familia, ayudándose con los planos de algunos vecinos que se solidarizan con la toma, en general familiares de los ocupantes. De esta forma también tuvieron que garantizar el censo, que fue promovido por la Provincia pero que los funcionarios finalmente delegaron a los ocupantes. Así, aquellos evitaron la demanda de interiorizarse sobre las condiciones de vida que imperaban en la toma tras 20 días de ocupación. Además, la gobernación les prometió el envío de agua y baños químicos, lo que no cumplieron. A esto se agrega la intervención de organizaciones y partidos de izquierda, fundamentalmente el Polo Obrero (PO), FPDS, el PTS, y el MST, que promovieron una movilización hacia la casa de la provincia de Buenos Aires y el pedido de expropiación de los terrenos. Frente a estas acciones, las amenazas más o menos directas no tardaron en llegar. Hasta ahora, la única respuesta que han recibido es el envío de 500 policías bonaerenses que custodian el lugar. Además, se les había pedido que, una vez realizado el censo, se retiraran del lugar para negociar, condición que no fue aceptada tras la experiencia de otras tomas. No faltó el condimento de extorsión y oportunismo político: el subsecretario de Urbanismo Social de la Provincia, Ricardo Spaletti, dijo antes del balotaje que negociarían con los dueños del predio “para ponernos de acuerdo y para que una vez que Scioli sea presidente, a través de la Secretaría de Tierras de la Nación, podamos adquirir esos predios y completar así el trámite de urbanización». Una muestra de los únicos intereses que guían al kirchnerismo en materia de vivienda.

Un problema nacional

Tras la ocupación del predio del barrio Libertad, solo en Merlo se dispararon tomas en al menos cuatro barrios (sobre la ruta provincial 1001, B° Martín Fierro, Agustín Ferrari y Mariano Acosta). Pero durante este año, trascendieron en el país otras 21 ocupaciones de magnitud importante, de las cuales ocho tuvieron sitio en La Plata. Recordemos el desalojo con represión por parte de la policía Bonaerense el 7/5 pasado en la localidad de Abasto de ese partido, donde se encontraban 1.400 personas tomando un terreno de aproximadamente 40 hectáreas. Tras la represión, se consiguió la ley de expropiación y los ocupantes deberán pagar –de concretarse- cuotas que no excedan el 10% de sus ingresos. Otras tomas en la provincia se desarrollaron en Tandil (120 familias que aún siguen en la toma) y Tigre. En Córdoba, este año se realizaron al menos cuatro ocupaciones: en Juárez Celman, B° Ampliación Cabildo, Nueva Esperanza y frente a Parque de las Rosas. Se calcula que en esa provincia existe un déficit habitacional del 50%.[3] Para Río Negro y Neuquén se estima que existen 75 mil personas viviendo en tomas.[4] Solo en Bariloche existen 14, de distinta antigüedad, en las que viven 4.000 personas, aunque en otras localidades la situación es peor: 4.500 en El Bolsón, 6.600 en Neuquén, 18 mil en Cipolleti, y 33 mil en Neuquén capital. Este año, en Santa Fe, la toma en el barrio América, de Reconquista, fue seguida de otro intento en la zona norte de la ciudad y se registró otro caso en San Javier. En Jujuy, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, encabezado por el “Perro” Santillán, dirigió una toma en Campo Verde, que reunió al menos 3 mil personas. Para 2011, en esta provincia, existían 50 mil familias sin vivienda y cuatro años después, incluyendo todas las formas de asignación de viviendas, se entregaron tan solo 20.000.[5]

Podríamos replicar el análisis en cada una de las provincias y el resultado sería similar. Pero la cuestión es que, cada vez más, las capas más pobres de la clase obrera deben solucionar el problema del acceso a la vivienda con sus propias manos.[6] Y esto no es casualidad: entre el 2001 y el 2010, la década ganada nos dejó una caída de dos puntos en el porcentaje viviendas cuyos habitantes son propietarios de terreno y vivienda, que pasó del 71% al 69%. Pero además, aumentaron los inquilinos (del 11% al 16%) y se mantuvieron el resto de las categorías precarias de propiedad. Es decir, que aunque la población creció, las iniciativas en la materia no solo no garantizaron el acceso de la totalidad de la población sino que inclusive se retrocedió, aunque sea levemente. Este movimiento se replica en los grandes núcleos poblacionales (ver cuadro).

A la caída en el acceso a la propiedad de la vivienda, se suma la degradación de algunos servicios. Por ejemplo, mientras en el 2001 el 65% de los hogares tenía acceso a gas de red, en el 2010 lo hacia el 57%. Otros servicios descienden en menor medida, pero aun así demuestra la falta de preocupación en el tema: el acceso del transporte público en el 2001 era del 79% y la pavimentación alcanzaba al 73%, ambos descendieron en un 1%, mientras que la presencia de desagüe de inodoro a red pública pasa del 55% al 53%. La extensión de las cloacas y del gas de red -el caballito de batalla de Cristina con el que promociona las obras que se pueden financiar con la confiscación al salario en blanco mediante el impuesto a las ganancias- tampoco mejoró de forma notoria. El desagüe a red pública paso de cubrir al 66% de los hogares en 2001 a tan solo el 69% en 2015. En el Gran Buenos Aires la situación es peor. Si bien desde 2001 la cobertura aumentó en 5 puntos, solo cubre al 51% de los hogares. La presencia de gas de red bajó un punto a nivel nacional, del 71% al 70% y en el Gran Buenos Aires pasó del 70% de la cobertura al 68%.

El repaso de tantos números sirve para mostrar cómo el conjunto de la clase obrera argentina no deja de ver empeoradas sus condiciones históricas de existencia. Al deterioro de las condiciones salariales y de trabajo, se suma también el de las condiciones de vivienda, lo que no deja más alternativas que la acción directa.

Librados al azar

Las pocas iniciativas del kirchnerismo en materia de vivienda no alcanzaron, como vimos, no ya para mejorar los índices de vivienda, sino siquiera para sostenerlos. ¿Cuáles son las alternativas? Un crédito hipotecario exige contar con el 30% del valor de la propiedad en efectivo. Un informe apunta que, para poder comprar un departamento de 45 metros cuadrados en el barrio porteño de Constitución, se deberían pagar 16 mil pesos por mes a 20 años, para lo cual se necesitaría demostrar ingresos mayores a 40 mil pesos mensuales.[7] En respuesta a esta creciente imposibilidad se lanzó en 2012 el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PRO.CRE.AR), que tiene como objetivo la asignación de 400 mil créditos, aunque no se especifica con qué plazos. A grandes rasgos, podríamos decir que esto no alcanza a cubrir el déficit de 3.500.000 viviendas, habitadas por población que no es propietaria. Muestra de esto es que se han anotado en el sorteo del PROCREAR al menos 1.350.000 familias que necesitan acceder a una vivienda propia. De esas, 570 mil fueron sorteadas, pero solo se pusieron en marcha 200 mil viviendas, de las cuales no sabemos cuántas han sido finalizadas y entregadas de forma efectiva.[8] Pero además, el plan se presenta ciertamente restrictivo. El monto máximo de crédito para una vivienda a estrenar es de 650.000 mil pesos, lo que representa una compra de alrededor de 928.500 pesos o 95.800 dólares a cambio oficial y 61.700 dólares blue.[9] Esto implica contar con casi 280 mil pesos en efectivo. Según el informe citado anteriormente, un departamento usado de 45m² en Parque Patricios tenía un valor de 954 mil pesos en abril de este año. Para que una familia pueda acceder a esta línea de crédito, no solo debe demostrar ingresos registrados por hasta 8 mil pesos mensuales, sino por lo menos un año de antigüedad laboral con sus respectivos recibos de sueldo (también en el caso de empleadas domésticas y en el caso de obreros rurales temporarios se agrega el pedido de tres temporadas continuas de trabajo), no registrar retrasos en pagos durante el último año, además de que ya debe estar hecha la reserva de la compra. El problema aparece a la hora de tomar créditos para la construcción, que en la actualidad representan el 52% del crédito entregado. A lo largo del país pueden encontrarse denuncias de que el monto asignado para los que presentan ingresos de hasta 8 mil pesos, 125.000 pesos, no alcanza para adquirir un terreno habilitado para la construcción.[10]

Pero el colmo es que, lejos de la realización de estudios socioeconómicos que permitan determinar casos prioritarios, el acceso a la vivienda en la Argentina de hoy se sortea por Lotería Nacional. El kirchnerismo, reconociendo el manejo discrecional que ha hecho de la asignación de los beneficios sociales, se escuda en el azar del juego para asignar créditos.

El sueño de la casa… tomada

Aunque huelga decirlo a esta altura, si los ocupantes tuviesen otra alternativa, simplemente no estarían allí. Nadie se expondría a sí mismo, a su familia, a sus hijos, a una vida a la intemperie, a perder el único techo que tienen –aunque más sea de alquiler y precario– y a la amenaza latente de la represión si realmente tuviese otra forma de solucionar el problema. Como vimos, no se trata solamente de la imposibilidad de generar ahorro, sino que estamos ante una amplia capa de la población obrera que no puede pagar el alquiler de una pieza o vivienda pequeña.

Por lo tanto, no se trata de ampliar o reforzar la línea crediticia. De los 3 millones y medio de viviendas que faltan, solo 200 mil familias se anotaron en el PROCREAR. El resto no puede cumplir los requisitos o se encuentra desalentada por términos y límites del programa, caso contrario se anotaría. Incluso entre quienes lograron anotarse y salir sorteados, hay un porcentaje que no logra concretar la adquisición de la vivienda o terreno. Ni hablar del crédito privado al que no puede acceder una familia que acredite menos de 40 mil pesos mensuales, y solo para vivir en uno de los barrios más inseguros de la Capital Federal. La pregunta es: ¿qué sucedió con todos los planes y obras que los gobiernos kirchneristas destinaron a la capa más pauperizada de la clase obrera? Tras 12 años de gobernar con un presupuesto estatal elevado, gracias a que el precio de la soja alcanzó niveles históricos, el “modelo” que se supone benefició a los más necesitados no pudo garantizar el acceso a la vivienda, ni siquiera mejorar sus condiciones.

Cuando apremia la necesidad, no hay disyuntiva. La toma de tierras es la máxima expresión del disparate del régimen de la propiedad privada. No se puede trabajar hasta el último día de nuestras vidas para terminar de pagar un crédito (en el mejor de los casos) o el alquiler de un departamentito o una pieza. En la experiencia de los últimos años, las tomas se muestran como una acción más bien caótica, aunque pueden verse intentos de organización, según el caso (en Merlo, el PO y el FPDS). Pero son direcciones que no llegan a cristalizar porque no hay un programa detrás. Es un déficit de la izquierda hacer pie en este sentido, sobre todo porque el problema tiende a agudizarse y porque el ajuste que se viene no hará más que empeorarlo. La organización de la sobrepoblación relativa parece haber quedado en olvido tras el 2001.

*Con la colaboración de Nicolás Grimaldi y Sebastián Cominiello.

[2]IProfesional, 29/4/15, disponible en http://goo.gl/VWrsRD.

[3]Página 12, 10/7/15, disponible en http://goo.gl/D3njbV.

[4]Diario Río Negro, 28/7/15, disponible en http://goo.gl/oUbhmd.

[5]Prensa Obrera, 14/5/15, disponible en http://goo.gl/OjQhJ4.

[6]Sobre las acciones de la clase obrera por acceso a la vivienda bajo el kirchnerismo véase “Soldados en busca de capitanes”, en El Aromo n° 64. Disponible en http://goo.gl/G9KaLb.

[7]Clarín, 17/4/15, disponible en http://goo.gl/yqbF6Z.

[8]Portal oficial del PROCREAR, 25/11/15, disponible en http://goo.gl/LLwPmP.

[9]Cotización del 1/12/15.

[10]Véase, por ejemplo, http://goo.gl/oqSASQ.