Finalmente, luego de haber estado en México, y previo viaje a Cuba por “cuestiones de salud”, Evo Morales llegó a la Argentina. Aquí, solicitó que se le dé estatus de refugiado en lugar de asilado. La diferencia entre uno y otro implica, en primer lugar, la imposibilidad de ser extraditado en caso de que el país que lo obliga a refugiarse, en este caso Bolivia, solicite su detención. En segundo lugar, la posibilidad circular libremente por el territorio argentino, que tiene la mayor comunidad boliviana, mayoritariamente votantes del MAS. Por ese motivo, el gobierno boliviano cuestionó a la Argentina por tomar esta decisión y planteo que esperaba que Evo Morales no realice actividades políticas. Felipe Solá, planteó que el acuerdo hecho con Morales implica que no se manifieste sobre la política de Bolivia y de Argentina, lo que es un apoyo al gobierno de Áñez. Luego de gritar por todos lados que era un gobierno “golpista”, ahora lo defiende.
Todo esto se da luego de que Evo Morales haya sido declarado como jefe de campaña del MAS de cara a las elecciones que deberían celebrarse en un plazo menor de cinco meses. Junto a Evo Morales, ingresaron su ex vicepresidente, Álvaro García Linera; su ex canciller, Diego Pary Rodríguez; la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño; y el ex embajador de Bolivia ante la OEA, José Alberto Gonzáles.
Ahora bien, ¿por qué Evo Morales no ha vuelto a Bolivia como lo anunció varias veces? Desde el 24 de noviembre rige un acuerdo de “pacificación” del país. Desde aquel momento, el Parlamento boliviano en manos del MAS busca impulsar una “Ley de garantías para el ejercicio pleno de los derechos constitucionales”. En un primer momento, la misma iba a nombrar explícitamente los casos de Evo Morales y García Lineara, para que los mismos no sean investigados por la represión a las movilizaciones, el gobierno de Añez presentó una denuncia por delitos de lesa humanidad ante La Haya, y otros vinculados con la corrupción y la malversación de fondos. Lo burdo de la maniobra derivó en que se presente una Ley menos explícita. Fue así que el 6 de diciembre, con los dos tercios de la Cámara de Diputados controlada por el MAS, se aprobó la Ley, sin hacer mención a Evo Morales y García Linera. Sin embargo, sin nombrarlos, la Ley dice mucho. En primer lugar, reconoce lo que la izquierda no se atreve: que Evo cae por una insurrección. Incluso, reclama una indemnización para las familias de muertos y heridos en las movilizaciones. En su artículo N° 5, la Ley se propone la cesación de la detención para las personas detenidas durante las manifestaciones ocurridas desde el 21 de octubre, es decir, un día después de las elecciones, y no solo desde la renuncia de Morales. Insta también a una investigación de los hechos ocurridos, otra vez desde el 21 de octubre, llevada adelante por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio Público, el Poder Judicial, la ONU, la OEA, la Unión Europea, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, y la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, todos los órganos de la burguesía nacional e internacional. En el artículo 7, solo se limita a señalar que se debe reafirmar el artículo 12 de las leyes N° 044 y 612 que reglamenta el proceso de juzgamiento para el Presidente y Vicepresidente de la Nación. En dichas leyes, se señalan los delitos por los que puede ser juzgado donde principalmente la Fiscalía cuenta con 30 días hábiles para presentar el caso, luego el Tribunal Supremo debe remitírselo a la Asamblea Nacional que deberá aprobar el juicio con al menos dos tercios, pudiendo realizarse como máximo dos votaciones sin que se alcance ese número. Una vez realizadas estas, la acusación quedará desechada. En caso de llegar a juicio, independientemente de la sentencia, no podrán volver a ser juzgados por el mismo delito. En su inciso N° 2, se insta a garantizar la “no persecución” de los miembros parlamentarios. En el artículo N° 8 propone garantizar los salvoconductos solicitados por los países que han decidido dar asilo a ex autoridades, dirigentes y personas particulares. Finalmente, los artículos 9 y 10, proponen garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y la seguridad para dirigentes sociales y personas movilizadas.
Esta Ley, si bien fue aprobada por Diputados, debe ser aún refrendada por el Senado y promulgada por Añez, quien ya dijo que la vetaría, y luego que la enviaría a la Justicia para que la declare inconstitucional. Este es el motivo por el cual Evo Morales no retornó a Bolivia. No por ser un perseguido político, sino por no tener impunidad garantizada. En primer lugar, la posibilidad de tener salvoconductos asegurados, le permitiría obtener asilo en países aliados ante el mínimo avance de investigaciones en su contra. En segundo lugar, el impulso de una investigación conjunta de la represión, le abre el camino a llevar adelante una investigación “consensuada” entre las diferentes partes pudiendo negociar un pacto de impunidad. En tercer lugar, el refuerzo del rol de la Asamblea Plurinacional en el enjuiciamiento al Presidente y el Vicepresidente permite presionar sobre Añez, quien también participó de los hechos represivos, como garantizar una impunidad para un virtual nuevo mandatario del MAS luego de las elecciones.
Como se ve, se está llevando adelante una negociación para un pacto de impunidad. Evo no es un perseguido político, solo busca evitar tener que dar explicaciones por delitos y represiones llevadas adelante durante su gobierno. En el medio, no hay ningún despecho en negociar una impunidad con el gobierno de Añez, la Iglesia, y todas las variantes del imperialismo que existen (OEA, ONU, EU). Para evitar esto, es necesario que se impulse una Comisión independiente de Evo, Añez, y sus aliados extranjeros, que investigue la responsabilidad de ellos en los diferentes hechos represivos que sucedieron desde el 21 de octubre. Esa Comisión, solo puede emanar de una Asamblea Nacional de Trabajadores que reúna al conjunto de la clase obrera que se ha enfrentado contra ambos sectores de la burguesía.
No al pacto de impunidad en Bolivia.
Por una Comisión de investigación independiente.
Juicio y castigo a los responsables de la represión.
Fuera Añez y la Asamblea Plurinacional.
Razón y Revolución
