Como lo venimos explicando hace rato, los trabajadores de la salud se encuentran en la primera línea de fuego en la lucha contra la pandemia, con su vida en peligro. La semana pasada se conoció la muerte por coronavirus de María Esther Ledesma, enfermera de pediatría del Hospital Gandulfo. Una muerte evitable, una muestra más de la crisis del sistema sanitario. ¿Por qué? Expliquemos.
Primero, porque el Sistema Único Provincial de Administración de Personal (SIAPE), el portal de recursos humanos de la gobernación de Buenos Aires, negó a María Esther la licencia que debería haberse tomado por encontrarse dentro de un grupo de riesgo. Su madre también falleció y su hijo se encuentra internado. Segundo, porque el hecho les da la razón a los trabajadores de la salud que en la última semana intensificaron sus reclamos, frente a un Estado cuyas medidas no resuelven los problemas.
Tercero, porque el Estado no se preparó para esta pandemia: el propio Ministro se vio sorprendido por la llegada del Coronavirus. Así, mientras el Gandulfo es hoy uno de los tantos hospitales desabastecidos y con problemas de infraestructura en el país, Ginés y compañía se dedicaron a apuntar contra los mismos trabajadores por los contagios. Por eso, no dudamos en calificar este hecho como un crimen social del capitalismo y que advertimos que puede no ser el último en el marco de esta pandemia. Kicillof, Gollan, Ginés, Fernández y todo el Estado son responsables.
El gobierno, luego de culpar al personal de salud por los contagios “horizontales”, recién tomó definiciones hace dos semanas sobre la prevención, sin acciones concretas. Llegando tarde al problema, no se preparó a los hospitales ni a los trabajadores con insumos en cantidad y calidad, ni con capacitaciones. Tampoco previó siquiera la reconversión de industrias para ponerlas al servicio de la producción de insumos para la pandemia. El resultado es que falta lo elemental y que muchas veces los laburantes tienen que poner plata de su bolsillo, porque se les va la vida.
En varios hospitales, la norma es la falta de personal. El caso de María Esther lo muestra. Los trabajadores atienden exhaustos en diferentes lugares, porque el salario es insuficiente y requieren más de un empleo. El bono –unos míseros 20 mil pesos a pagar en cuotas durante el lapso de cuatro meses- no fue todavía abonado en varios distritos. Incluso, buena parte del personal está precarizado bajo diferentes modalidades: contratos, monotributos, etc. Residentes y concurrentes son de las capas más explotadas y sus reclamos apenas son atendidos. En CABA, enfermería sigue reclamando el pase a carrera profesional.
La crisis, sin embargo, encuentra a los trabajadores en acción. Hace unos días se realizaron caravanas, ruidazos y movilizaciones que agruparon los numerosos reclamos del sector. El miércoles 10, los trabajadores vuelven a las calles en una jornada de lucha en los hospitales y en las calles, con epicentro en Obelisco. Se trata de una acción que hay que profundizar, con un programa de exigencias.
Primero que nada, repudiar el crimen social de María Esther Ledesma, señalando a sus resposnables inmediatos: Kicillof, Ginés, Fernández y el Estado. Como su caso lo muestra, todo el personal de riesgo debe ser licenciado, y se debe implementar una política para cubrir el faltante de personal. Todos los trabajadores de la salud deben recibir inmediatamente el bono, y su salario debe ser recompuesto, para evitar la sobrecarga de trabajo. Del mismo modo, deben ser pasados a planta todos los precarizados. Para que no haya más muertes evitables, son necesarios insumos y equipos de protección personal en cantidad y de calidad. Por un sistema de salud centralizado y bajo control de los trabajadores para hacer frente a la pandemia.
