Por Ezequiel Flores
El “Día E”
Bautizado por los medios provinciales como el día “E”, el miércoles 11 de noviembre retornaron a la presencialidad los estudiantes de 5° año de la secundaria común, 6° ETP, 3° EPJA, 3° año superior técnico, 4° de formación docente y ATM. A tono con el discurso de Trotta, el argumento para el regreso a la presencialidad fue el de la necesidad de garantizar un cierre de ciclo que permitiera una revinculación emocional de los estudiantes. Lo llamativo es que el anuncio del retorno a las clases presenciales (5/11/2020) se produjo una semana después de que el propio Ministro Sedoff afirmara que “no está previsto la vuelta de la presencialidad de las clases en la provincia” (27/10/2020). De forma improvisada, como todo lo que hicieron este año, el gobierno pretendió que 690 colegios, que en más de 240 días permanecieron cerrados y sobre los cuales no se había hecho ningún trabajo de acondicionamiento, estuvieran en condiciones para recibir a cerca de 16 mil estudiantes más docentes, directivos, administrativos, personal de servicio, etc.
La resolución 2.186 del Consejo General de Educación evidenció dos intenciones por parte del gobierno. En primer lugar, el intento de ir más allá y presionar por un retorno más amplio a las escuelas. Por eso, facultó a que Directivos convocaran a docentes y personal administrativo, de todos los niveles, a concurrir de forma presencial a las escuelas con la excusa de realizar tareas relativas al cierre del ciclo escolar. Es decir, abrió la puerta para que 40.000 docentes sean movilizados a las escuelas, aunque al mismo tiempo tendrían que continuar con la educación virtual. Días más tarde, el CGE se rectificó aclarando que no todos tenían que presentarse. ¿Por qué “el error”? Si pasaba, adelantaban la tarea para el 2021: todos a la escuela, cueste lo que cueste. Recordemos que, a nivel nacional, ya se anunció el plan “A las aulas”, programa para el retorno presencial en 2021. La provincia deberá garantizar el inicio del ciclo lectivo el próximo 1º de marzo. Según el Ministro Trotta, el 2021 “será un año de fortalecimiento y recuperación de la presencialidad y del presupuesto”. Como anticipamos hace tiempo, el horizonte por la vuelta era la batalla que se libraba detrás de los protocolos para la revinculación. Tal vez por eso, Trotta exhiba orgulloso que este plan toma como punto de partida las once jurisdicciones que tienen hoy un sistema bimodal para firmar la vuelta a clases presenciales del año próximo. En este retorno actual con postales de futuro, el gobierno provincial buscó, en segundo término, desligarse de responsabilidades en caso de producirse contagios de Covid-19 en las aulas. ¿Cómo lo hizo? Responsabilizando a cada familia y a cada institución de la decisión de final. Por un lado, cada estudiante tuvo que contar con autorización firmada por madre/padre o tutor y, por otro, cada institución tuvo que “abrir al público” o elevar por vía jerárquica el hecho de que no se encontraba en condiciones para cumplir el protocolo. Por supuesto, esto último vino con presiones por parte del propio ministro quien recorrió las escuelas y presionó a directivos para que no denunciaran ciertos problemas de infraestructura escolar. ¿Qué dispuso el gobierno para garantizar el famoso protocolo sanitario en la mayoría de las escuelas? En el mejor de los casos los colegios recibieron dos bidones, uno de lavandina y otro de alcohol en gel, y un puñado de barbijos descartables para repartir entre los estudiantes. Una vez más, la provincia se ciñe a lo dispuesto a nivel nacional ya que fue Nación quien avaló el carácter voluntario de a revinculación en 2021 deslindando su propia responsabilidad con una vuelta en pandemia. Que los distritos “verdes” o “amarillos” habilitados a la vuelta no son seguros lo muestra lo rápido que se propagó la enfermedad en provincias con cero casos a través del movimiento de las personas. No resulta extraño entonces que, a poco del regreso parcial a las aulas, un portero de la EPET N°6 dio positivo para Covid, razón por la cual debió cerrarse el establecimiento y se aisló de forma preventiva a dos docentes. El gobierno mira para otro lado, avanza y mientras lo hace se cubre las espaldas: que las familias se hagan cargo de los posibles contagios.
Así, el gobierno no solo muestra el grado de improvisación, sino también el nivel de descentralización del sistema educativo que habilita al Estado a delegar responsabilidades en los individuos y cargarlos a ellos por las consecuencias. Si un estudiante se contagia porque la escuela no contaba con las condiciones para garantizar el protocolo ¿Por qué no lo informó el Directivo? Y finalmente, ¿Por qué se arriesgó el tutor y le firmó el permiso? El responsable real, el gobierno, brilla por su ausencia.
En este marco, la docencia no tardó en señalar los problemas que impedirían un retorno seguro a las escuelas. El que se ubicó como de primer orden fue la infraestructura. Los directivos de 10 colegios secundarios de la ciudad de Eldorado firmaron un comunicado en el que denunciaban que sus establecimientos no estaban en condiciones de garantizar el protocolo sanitario porque no tenían agua o luz y sus baños estaban rotos, entre otros. de Eldorado También manifestaron su preocupación los secretarios escolares nucleados en el colectivo DAM -Docentes Administrativos de Misiones- denunciando que las escuelas no cuentan con el personal de servicio y los insumos de bioseguridad necesarios. La mesa de trabajadores en lucha, de la cual formamos parte, también expresó un rechazo básicamente argumentando las carencias de infraestructura y de condiciones sanitarias necesarias. Por nuestra parte, consideramos que la denuncia debe estar acompañada de una propuesta positiva. Por eso reclamamos por un censo de infraestructura integral llevado a cabo por personal idóneo y por un plan de obras públicas. En ese marco, uno de los principales problemas a erradicar son las escuelas ranchos y todo tipo de sedes paraestatales. Hace falta un plan de reparación de escuelas, de adecuación de espacios, de ampliación de edificios y de construcción de todas las escuelas necesarias porque si en tiempos normales se nos va la vida allí en pandemia implica ampliar el crimen social al nivel de genocidio. El pedido de apertura de escuelas por la Organización Mundial de la Salud y Unicef en realidad se funda sobre el estudio de casos muy pequeños y aislados que no consideran las características de la sociedad argentina (con elevados niveles de pobreza y de convivencia intergeneracional entre las familias) y además llegan a esa conclusión sobre la base de establecer que es mejor eso a nada. Se trata de una disyuntiva falsa en tanto la tarea de la etapa es apuntalar la educación remota como vamos a ver en el siguiente acápite.
Plataforma si-no, esa no es la cuestión
En el marco de la vuelta progresiva a la presencialidad, el gobierno aseguró que el año próximo nos encontraremos con un escenario bimodal alternando presencialidad y virtualidad. Por eso, conviene repasar qué posiciones se pusieron de manifiesto frente a la virtualidad este año. Implica anticipar posiciones para pertrecharnos para lo que ya es la principal batalla del 2021.
Parte del arco opositor, MPL-UTEM (CTA-A) rechazó de plano la virtualidad por considerar que no se puede desarrollar el mismo vínculo pedagógico que se desarrolla en el marco de la presencialidad. En esta línea, criticaron la Plataforma Guacurarí por considerarla inútil debido a la falta de materiales pedagógicos y propuestas aúlicas contenidas en el portal. En la misma línea UDNAM, apuntó sus críticas principalmente contra la Plataforma Guacurarí. Señaló que la misma es inservible y que el problema consiste en que los misioneros financiemos, a través del uso de la plataforma, un negocio del Ministro Sedoff con proveedores radicados fuera de la provincia (en Rosario). En un caso, se alude a la acumulación de material sin ton ni son, no adaptado a la realidad escolar; en el otro, se piden informes por coincidir el lugar de residencia del ministro con la localidad de origen de los proveedores del portal y el escaso uso que se hizo de ella desde 2016. Ambos aspectos pueden ser parcialmente válidos pero este eje del debate apenas roza la superficie.
Sabemos que uno de los principales problemas educativos este año fue la falta de acceso a internet, el propio Sedoff reconoció que hay zonas de la provincia con escasa o nula conectividad. Como una gran medida ante este déficit, el ministro aclaró que se liberaron la navegación off line de la plataforma desde los celulares[i]. El ministro así parece querer mostrar que el problema de la conectividad se ha solucionado. Y lo cierto es que puede hacerlo porque los gremios están tomando al portal como la madre de las batallas. En la interpretación sindical sobrevuela el fantasma de la privatización educativa, según el cual si algo funciona mal en educación y hay alguna una empresa involucrada el problema sería subordinar la educación al lucro privado. En realidad el problema no es que el Estado cuente con una herramienta pedagógica virtual. La cuestión pasa por evaluar si esa herramienta resulta efectivamente útil, si el Estado garantiza las condiciones para utilizarla y qué contenidos se trabajan en ella. El gobierno provincial, consciente del problema de falta de acceso a internet de calidad y de contenido escaso de la plataforma buscó poner parches. Así lo hizo, liberando la plataforma para los celulares y, para la población que no tiene siquiera señal de celular, apelando al voluntarismo docente para repartir materiales impresos para uso de forma individual[ii]. En cuanto a la falta de los contenidos pedagógicos en la Plataforma, utilizó el personal ya contratado del Ministerio de Educación y el aporte individual de docentes de distintas escuelas. En lugar de incorporar a docentes desocupados y personal técnico para la urgente tarea de acompañamiento y elaboración de materiales pedagógicos el gobierno utilizó los insuficientes recursos humanos, con los que ya contaba para hacer un “cómo sí”. Todo esto ocurrió mientras miles de niños, adolescentes y adultos se “desconectaban” de la escuela. Esto es lo que hay que denunciar: la plataforma debería contar con material adecuado, adaptado, suficiente, cada docente debería poder colgar su propio material de forma gratuita, poder usarla como canal de comunicación con sus alumnos, tener en línea asistencia técnica para la elaboración de recursos, contar con personal de apoyo para el acompañamiento en la comunicación con los alumnos, brindar a través de ella asistencia a las familias, contención familiar. Además, habiéndose liberado paseos virtuales por museos, por dar un ejemplo, esos recursos también podrían ser utilizados por los docentes. Por eso, el problema de la gratuidad de internet excede a la plataforma oficial. Una mirada global implica considerar esos puntos.
Un paso al frente La lucha sindical tiene que servirnos para estar un paso al frente. Sin embargo, a la hora de evaluar las propuestas frente a la educación remota mientras unos rechazaron la educación virtual o la denunciaron solamente por ser un negocio, el gobierno fue más inteligente y se ocupó de una parte del problema. Obviamente, lo hizo de la forma más tacaña posible, pero lo hizo. Por eso, a diferencia de buena parte del sindicalismo opositor, en nuestras intervenciones pusimos sobre la mesa la demanda de computadoras para cada estudiante y cada docente, acceso a internet gratis y de calidad, un bono mensual retroactivo que cubra los gastos de internet y la incorporación de todos los docentes desocupados para acompañamiento pedagógico. Resulta necesario retomar estas reivindicaciones, sobre todo de cara al año que viene, en el que tendremos que enfrentar las consecuencias de la peor catástrofe educativa en la historia en un escenario de crisis económica más profunda que el 2001. En ese contexto nuestra lucha será no solamente por una recomposición salarial o la modificación de la grilla salarial, sino por rescatar las condiciones y contenidos para que la educación sea una herramienta de lucha para la clase obrera misionera. Por eso, invitamos a todos los docentes a participar el próximo 19 y 20 de diciembre de las Asambleas preparatorias de un Plan de Lucha en todo el país (el 19) y del acto en todas las plazas del país por una Asamblea Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Ocupado/as y Desocupado/as, por un nuevo Argentinazo y una salida obrera y socialista a la crisis. La antesala de ese espacio de reagrupamiento de toda la clase obrera y el funcionamiento de una comisión de educación que discuta los problemas de la educación argentina y sus soluciones son el camino para salir del sinsentido al que convierten la escuela todos los políticos burgueses. La pandemia mostró una vez más sus límites y somos nosotros los que debemos dar un paso al frente.
