El Frente De Todos descargó un ajuste terrible contra la clase obrera. La burguesía se lo exige desde hace años y el gobierno acató, aún en plena pandemia. Prefiere mandar al muere a millones de obreros antes que tocar las ganancias de los capitalistas. No sólo dejó que los empresarios despidan obreros, sino que también les permitió que rebajaran sus salarios. Todo un síntoma de lo que verdaderamente es: un gobierno burgués, ajustador y asesino.
Nicolás Villanova
OES-CEICS
La pandemia profundizó la crisis económica de la Argentina. En efecto, el país se empobreció aún más, con una recesión galopante, una caída de la actividad, con reducción del PBI a niveles históricos. Hubo empresas que quebraron, una gigantesca destrucción neta de empleo y una caída del poder adquisitivo. Sin embargo, algunos se vieron más beneficiados que otros. En este sentido, en su primer año de gobierno el Frente De Todos hizo pasar un gigantesco ajuste contra la clase obrera en plena pandemia. Mientras que Alberto nos decía que entre la economía y la salud se quedaba con la segunda, los hechos mostraron otro panorama: la carestía de la vida, la reducción del salario nominal y la expulsión de obreros expresaron los verdaderos intereses de la burguesía, a costa de los más de 50 mil muertos por coronavirus, los más de 2 millones de contagiados (sólo los constatados) y la falta de vacunación masiva. El gobierno Fernández-Fernández no hizo nada para revertir esto. Lo poco que impulsó fue el pago del IFE (o sea, tres pagos de 10 mil miserables pesos en todo el año que luego quitó para forzar a los obreros informales a que retornaran a sus empleos), algunos bonos extras para los perceptores de la AUH, los planes sociales y la Tarjeta Alimentaria, sobre todo para evitar estallidos sociales de los desocupados y contener a sus propias bases. El límite era frenar la profundización de la indigencia, el hambre y la muerte por inanición, por eso proliferaron los bolsones de comida, las tarjetas alimentarias y la asistencia en comedores.
Más de un kirchnerista dirá que debido a la pandemia “el gobierno hizo lo que pudo”, o bien, que hizo un “esfuerzo enorme” y otras tonterías por el estilo. En realidad, el gobierno no hizo otra cosa de lo que viene haciendo desde hace décadas: sostener las ganancias de la burguesía ineficiente y parásita, en un capitalismo que se descompone. Y la forma en que se efectivizó este proceso fue a través del ajuste contra la clase obrera y las transferencias directas a la burguesía. Porque hace rato que la burguesía exige un ajuste aún mayor contra la clase obrera, una reducción salarial (más profunda), una disminución de la “presión tributaria” (que supone un recorte en las denominadas “cargas sociales”) y una reducción del gasto público y previsional. Y el gobierno ya le había prometido a su tropa burguesa la satisfacción de muchas de esas medidas a través de la Ley de Solidaridad sancionada en diciembre de 2019, previo a la pandemia y la cuarentena: la reforma jubilatoria (léase la reducción de los haberes previsionales), la disminución de las denominadas “contribuciones patronales” y la condonación de deudas o moratorias.
Lo cierto es que durante el 2020 la clase obrera perdió mucho y la burguesía, con la ayuda de Alberto y de Cristina, fue beneficiada con ganancias extraordinarias. A continuación, esbozamos algunos números para dar cuenta del ajuste contra la clase obrera durante el primer año de gobierno del Frente De Todos.
Los perdedores
La expulsión de obreros durante la cuarentena es expresión del ajuste de los patrones, avalado por el gobierno, en un momento de profundización de la crisis económica. Si bien hubo decretos que aparentemente frenaban los despidos, lo cierto es que esas normativas sólo fueron dirigidas al empleo formal y registrado (un 60% de los ocupados), mientras que el 40% restante o bien fue echado de su trabajo o bien se lo mantuvo con salarios por debajo de la línea de indigencia, profundizándose el proceso de caída salarial que lleva varias décadas. Además, los despidos que se suspendieron sólo fueron los “injustificados”, lo que significó un espaldarazo a los patrones para que echaran obreros “justificadamente” por “indisciplina” (léase reclamos sindicales), o bien, por la vía de los retiros voluntarios y las jubilaciones anticipadas, una estrategia que lleva décadas y que expresa despidos encubiertos y racionalización del personal. Incluso, ante la amenaza de cierre del establecimiento o la empresa, sobre todo en las PyME, los capitalistas forzaban a los obreros a rescindir sus contratos y a renunciar por módicas sumas indemnizatorias.
El resultado de este proceso fue una abrupta expulsión de obreros y una destrucción neta de empleo. Los datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC mostraron un panorama poco realista, donde la tasa de desempleo oficial del segundo y tercer trimestre del año apenas expresaron un 13,1% y un 11,7%. En el cuarto trimestre se mantuvo en el 11%. Con estas cifras mentirosas la población desocupada se registró en unos 2,3 millones de personas, promedio. Sin embargo, la tasa de actividad cayó notablemente en el segundo y tercer trimestre, por lo tanto, el desempleo fue mucho más elevado. Lo que ocurrió es que muchos obreros expulsados no buscaron trabajo por la cuarentena y la pandemia, por eso no fueron contabilizados por el INDEC como parte de la población económicamente “activa”. Ahora bien, si contabilizamos a esos desocupados no reconocidos por el organismo de estadísticas oficiales la suma llega a 6,2 millones de obreros desempleados en el segundo trimestre, a 4,4 millones, en el tercero, y a 3,2 millones, en el cuarto. Mayoritariamente, los expulsados fueron obreros “en negro”, es decir, aquellos que no tienen ningún tipo de convenio de qué agarrarse para frenar una oleada de despidos o al menos exigir algo a cambio.
A los desocupados y a los expulsados netos durante el 2020 hay que sumarles a los obreros suspendidos, es decir, desempleados sin aviso que durante un tiempo estuvieron sin trabajar y a quienes se les redujo nominalmente el sueldo en un 20 a 25%, cuando no se los eliminaron de un plumazo como ocurrió con los trabajadores informales. Según la EPH y en base a las proyecciones poblacionales, en el segundo trimestre hubo 3,2 millones de trabajadores suspendidos, y en el tercer trimestre, 1,7 millones. Esto significa un 21,1% y un 10,4% de total de ocupados, respectivamente. Al comparar estos porcentajes con los mismos trimestres del año 2019 se observa que se trata de números muy elevados (en el 2019 hubo un 2,6% y un 3,3% de ocupados suspendidos en cada trimestre). Consecuentemente, al contabilizar a los desocupados, a los expulsados y a los suspendidos, el resultado para el año 2020 es contundente: fueron 9,4 millones de obreros en el segundo trimestre, 6,2 millones, en el tercero, y 4,3 millones, en el cuarto (ver gráfico 1). Una cantidad elevadísima de trabajadores a quienes los empresarios o bien no les pagaron sus sueldos, o bien se los redujeron sustantivamente.
El ajuste se manifestó con toda su fuerza en el salario. No sólo porque a los más de 2 millones de obreros registrados suspendidos se les rebajó el sueldo nominal entre un 20 y un 25% y el Salario Complementario del programa ATP no alcanzó para remediar ese recorte, sino por el efecto de la inflación. Y aun para quienes el salario nominal aumentó durante el año, el incremento de los precios de los bienes de subsistencia fue aún mayor, lo que provocó una caída del poder adquisitivo. Los datos oficiales de la EPH ponen de manifiesto que el salario de bolsillo y los ingresos cayeron en todos los niveles. En este sentido, los sueldos de la ocupación principal de los asalariados registrados y no registrados perdieron capacidad adquisitiva, sin embargo, la disminución del ingreso del conjunto de la unidad familiar fue aún más pronunciada. Mientras que a lo largo del año el salario de bolsillo de los obreros registrados aumentó en promedio nominalmente un 36% y el de los obreros “en negro”, un 34%, la inflación anual fue del 42%, por lo tanto, esos ingresos perdieron una capacidad de compra de un 6% y un 8%, respectivamente.
Ahora bien, los ingresos del conjunto de la unidad familiar se redujeron mucho más: mientras que aumentó nominalmente un 24% de un año a otro durante el tercer trimestre (último dato disponible), la inflación de ese mismo período fue del 40%. Esto quiere decir que los ingresos familiares perdieron una capacidad de compra de un 16% en ese lapso (ver tabla 1). Este proceso se debe a la destrucción neta de empleo y la pérdida de la ocupación y fuentes de ingresos de algunos miembros del hogar, razón por la cual las familias se vieron mucho más empobrecidas respecto de lo que refleja la evolución de los salarios individuales, que se manifiesta en el incremento sustantivo de los niveles de pobreza.
Las fracciones más pobres de la clase obrera, aquellas que perciben planes sociales, la AUH o las tarjetas alimentarias, fueron las más perjudicadas, aún con los bonos extra y los subsidios que el Estado entregó. Tan bajos fueron los montos del IFE, de las recomposiciones de la AUH y del salario social complementario que ninguno de esos programas supera la línea de indigencia. Aun cuando una familia tipo obtenga la totalidad de los subsidios y planes posibles tampoco llega a cubrir la canasta de pobreza que elabora el INDEC. En este sentido, una familia compuesta por dos adultos y dos niños, que obtiene 2 beneficios del Potenciar Trabajo o Salario Social Complementario (uno por cada adulto), que a su vez percibe 2 AUH (una por cada hijo) y que además obtiene una Tarjeta Alimentar para 2 niños, obtendría una suma de subsidios que cubre apenas el 67% del valor de la canasta de pobreza que elabora el INDEC (ver tabla 2). Esto quiere decir que con toda la batería de planes y subsidios lo único que logra el Frente De Todos es mantener a una población pobre por debajo de la línea de pobreza, o sea, cercana a la indigencia. Para peor, en pandemia y sin ninguna changa en el horizonte cercano, esta población desocupada empeoró aún más sus condiciones de vida.
El panorama de ajuste se completa con otra de las fracciones más pauperizadas de la clase obrera, los jubilados y pensionados, los cuales obtienen haberes miserables hace décadas. ¿Qué hizo el gobierno? Ya lo dijimos en otros artículos. No bien asumió, Alberto recortó por decreto los aumentos de los haberes previsionales que correspondían por la Ley de Movilidad previsional, por una suma equivalente a 142 mil millones de pesos. Mientras que la pandemia hacía estragos con los ancianos, el gobierno les pagó migajas y encima les recortó sus haberes.
Como vemos, el Frente De Todos asume y decreta un ajuste contra la clase obrera, no revierte la carestía de la vida, permite los despidos masivos y recorta los fondos destinados al pago de haberes jubilatorios, aún en plena pandemia.
Tío Rico en su salsa
En un proceso de crisis, de destrucción neta de empleo y de caída salarial, el Frente De Todos priorizó los intereses de la burguesía. Para ellos sí el gobierno hizo grandes esfuerzos para que las ganancias capitalistas no se redujeran. No sólo por la vía de las transferencias directas bajo la forma de subsidios al capital, sino también a través del ajuste por inflación y pérdida del poder adquisitivo, sumado al recorte de los haberes de los jubilados. En efecto, el plan del gobierno no se inicia durante la cuarentena ni la pandemia, sino desde el momento en que asume. Con la Ley de Solidaridad el Frente De Todos habilitó a que los empresarios redujeran drásticamente las contribuciones y los aportes patronales, es decir, esa parte del salario obrero que va a parar a la seguridad social ya sea bajo la forma de salario diferido (jubilaciones) o para la obra social. Incluso, antes de la sanción de esta ley, Alberto ya había manifestado su acuerdo con un dólar equivalente a 60 pesos, durante las PASO de octubre de 2019, lo que significó una abrupta devaluación, una mayor inflación y, consecuentemente, la pérdida del poder adquisitivo del salario. O sea, un ajuste contra la clase obrera.
En pandemia, la recesión y la caída de la actividad económica se profundizaron. El gobierno impulsó subsidios directos a la burguesía a través del programa ATP bajo la forma de Salario Complementario (el pago de una parte del salario obrero para que los patrones no asumieran ese costo) y los programas de créditos blandos, seguido de moratorias y condonaciones de deuda por blanqueo. Siempre con el objetivo puesto en la protección de las empresas ineficientes y para evitar que éstas redujeran sus ganancias y no se “descapitalizaran”. Sólo con el Salario Complementario del ATP el gobierno transfirió una suma de 216 mil millones de pesos en el año (0,8% del PBI). En paralelo sostuvo y continuó con la entrega de los programas de Reproducción Productiva (REPRO) los cuales operan como un subsidio a las empresas (se pagó una suma de 1.283 millones de pesos).
Mientras que el gobierno subsidiaba a la burguesía con transferencias millonarias en plena pandemia, la inflación “hacía lo suyo” contra la clase obrera, es decir, rebajaba aún más el poder adquisitivo de los trabajadores. Con la anuencia y aval de la burocracia sindical y del propio Frente De Todos. En efecto, la inflación anual del 2020, del 42%, operó como un mecanismo de ajuste de hecho sobre el salario obrero toda vez que este último no aumentó nominalmente al ritmo de los precios. Fue también un ahorro de hecho para la burguesía que no indexó los sueldos al incremento generalizado de los precios.
¿En qué magnitudes operó la inflación como un ahorro para la burguesía? En cuanto al pago de las contribuciones patronales al sector registrado los empresarios redujeron su pago y no adecuaron su aumento a los niveles de la inflación. De este modo, sólo por la inflación los patrones se ahorraron más de 130 mil millones de pesos (0,48% del PBI). Por su parte, el Frente De Todos se las rebuscó para que aquello que no ingresa de un lado, tampoco se pague por otro. En efecto, el gobierno Fernández-Fernández permitió la reducción de las contribuciones patronales que van a parar a la seguridad social y paralelamente recortó a los obreros jubilados y pensionados para evitar mayores costos. Redujo la masa de haberes por decreto en unos 142 mil millones de pesos (0,52% del PBI). Es decir, confiscó a obreros para transferir a burgueses.
Pero eso no es todo. La evolución de los salarios de los obreros registrados y no registrados, como vimos anteriormente, también estuvo por debajo de los aumentos de los precios, lo que produjo un ahorro gigantesco de los empresarios en el pago de salarios. Al estimar la masa salarial total efectivamente pagada al conjunto de los asalariados registrados y no registrados respecto de la masa salarial indexada por la inflación, el resultado es que sólo durante el año 2020 el conjunto de los empresarios y el Estado se ahorró una suma equivalente a los 554 mil millones de pesos. Este monto representa un 2,05% del PBI. Vale la pena destacar que estas cifras podrían haber sido mucho más elevadas si no fuera por la cantidad de obreros expulsados de sus empleos sea por reducción de personal o por cierre de la empresa, sobre todo aquellos que se ocupaban “en negro”, proceso que reduce sustantivamente la masa salarial. Por otra parte, las PyME que echaron obreros “en negro” y que mantuvieron sus puertas abiertas también se vieron beneficiadas al despedir obreros sin ninguna indemnización ni arreglo económico, debido a la ausencia de convenios.
Con todo, estas fortunas ahorradas por las empresas y el Estado, sumado a las transferencias que este último redirigió a la burguesía, suponen una millonada de pesos. La tabla 3 muestra estos números y compara la situación con años previos, a la vez que pondera estas magnitudes con otros indicadores. En este sentido, si comparamos la totalidad de las fortunas millonarias que se ahorró el conjunto de la burguesía con el Producto Bruto Interno el resultado es contundente: el ahorro y los subsidios a los capitalistas constituyen un 3,38% del PBI. Se trata de un 2,05% del PBI en ahorros por no indexar salarios por inflación, un 0,8% por recibir subsidios del Estado para pagar salarios y un 0,52% de recorte en haberes jubilatorios por decreto del Frente De Todos. Es una suma de 913 mil millones de pesos de ganancias extraordinarias para el conjunto de la burguesía.[i] De este modo, el Frente De Todos no tiene nada que envidiarle al macrismo, pues los ahorros de la burguesía por no indexar salarios con la inflación durante el 2019 fue una suma equivalente a un 3,48% del PBI, y en 2018, de un 3%. En esos años hubo una mayor confiscación de salarios por inflación en relación con el PBI y en términos reales, pero no hubo un recorte a los jubilados al ritmo del primer año de gobierno de Alberto y Cristina.
Si ponderamos el peso de ese 3,38% del PBI que la burguesía obtuvo bajo la forma de ganancias extraordinarias con el déficit fiscal primario y financiero, que tanto mantiene en vilo al gobierno para poder negociar con el FMI y obtener financiamiento externo, observamos que no hay grandes diferencias. Incluso, en el año 2019 el déficit primario fue mucho menor (0,4% del PBI) que el ahorro de la burguesía por pagar salarios por debajo de la inflación (3,47% del PBI). En el año 2020 la brecha se profundizó dado que el déficit primario fue de un 6,5%, y el financiero, un 8,5%. Pensemos por un momento cuando el gobierno dice que quiere reducir el déficit fiscal en uno o dos puntos porcentuales del PBI para mejorar las condiciones de negociación para obtener financiamiento externo. ¡Y mientras tanto la burguesía obtiene año a año ganancias extraordinarias equivalentes al 3% del PBI por ajuste contra la clase obrera y por transferencias directas del Estado a las empresas para subsidiar salarios!
Por otra parte, algunos intelectuales kirchneristas que defienden este ajuste contra la clase obrera en pos de sostener a una burguesía parásita y a un capitalismo en descomposición, señalan que el “impuesto a las grandes fortunas” impulsado por el Frente De Todos vendría a equiparar esta redistribución de los ingresos. Sin embargo, el pago de esos míseros porcentajes del impuesto no sólo no significa prácticamente nada para la burguesía más adinerada, sino que además la recaudación potencial estimada calculada en el año 2020 apenas constituye un 1,14% del PBI, es decir, menos de la mitad de las ganancias que la burguesía en su conjunto se ahorró sólo en ese año sumado a lo que recibió directa o indirectamente por parte del Estado. Dicho de otra manera: el ajuste contra la clase obrera por inflación tan sólo del año 2020, sumado a las transferencias de ingresos del Estado a las empresas para que éstas no pierdan sus ganancias, supera con creces lo que el gobierno dice que quiere cobrarles a los empresarios más pudientes. Para peor, ese impuesto a las grandes fortunas es uno sólo, por única vez, mientras que la carestía de la vida y el ajuste a la clase obrera por la pérdida del poder adquisitivo lleva décadas. Todo un síntoma de los verdaderos intereses que tiene el gobierno en defensa de la burguesía.
2001 en ciernes
El 2020 constituye un capítulo más de la tendencia a la degradación de las condiciones de vida del conjunto de la clase obrera. Fue un año donde el gobierno no hizo más que profundizar el ajuste y descargarlo contra los trabajadores ocupados y desocupados. Sin embargo, el Frente De Todos podría haberlo evitado, incluso en el marco de la legalidad burguesa. Podría haber aumentado las retenciones al campo para subsidiar a los desocupados e informales con ingresos superiores. Podría haber lanzado un impuesto aún mayor del que promete a las fortunas burguesas desde el momento en que se inició la cuarentena y convertirlo en un tributo permanente para aumentar los salarios de los obreros ocupados. Podría haber expropiado empresas quebradas y haberlas puesto en funcionamiento creando empleos o apelado a la ley de abastecimiento para intervenirlas. Podría haber evitado que las PyME expulsaran a los obreros en negro y exigir el blanqueo de todos ellos, so pena de ser multadas con mayores impuestos y retenciones de sus ganancias. Podría haber incrementado los montos de la AUH, los planes y los haberes jubilatorios a niveles que permitieran una mejora en las condiciones de vida de los perceptores.
Aun cuando todas estas medidas no hubieran resuelto las causas de la pobreza, de la falta vivienda y del desempleo, al menos podrían haber frenado o puesto un límite a una mayor degradación de la vida. Pero no. El gobierno defiende los intereses principales de la burguesía, y la ganancia es uno de ellos. Por ello, el Frente De Todos prefiere descargar un ajuste contra la clase obrera y que se arregle como pueda. Incluso, en plena pandemia y en un momento de elevada circulación del virus. Puestas las prioridades en las ganancias de los empresarios capitalistas era lógico que los obreros se vieran forzados a trabajar o a salir a buscar trabajo y que se contagiaran o murieran por coronavirus.
El panorama del 2021 no aparenta mejorías para los obreros. El Frente De Todos pretende reducir el déficit fiscal para obtener mejores condiciones para el financiamiento externo y de ese modo sostener a la economía improductiva e ineficiente. Y la única forma que la burguesía utiliza para reducir ese déficit es con ajuste contra la clase obrera, a través de la reducción del gasto social. Es decir, menos plata para educación, salud, asistencia social, jubilaciones, salarios estatales, entre otros.
En este sentido, si Macri logró disminuir ese déficit primario al 0,4% del PBI en 2019 eso se debe a un ajuste brutal contra la clase obrera. Si ahora el Frente De Todos, luego del ajuste en pandemia contra la clase obrera, cierra el 2020 con un déficit primario del 6,5%, lo que nos espera es una situación sin precedentes en el corto plazo. No sólo porque ahora se intentará sacar del mercado la gigantesca cantidad de papeles en circulación debido a la emisión monetaria durante la cuarentena, lo que redunda siempre en ajustes y en reducción del gasto público. Sino también por el “descongelamiento” de los precios y las tarifas de los servicios públicos. De hecho, ya se estipulan varios aumentos para este año en transporte (sobre todo el subte en ciudad de Buenos Aires), gas, prepagas, telefonía celular, alquileres, etc. En paralelo, las paritarias en negociación no alcanzan a equiparar la inflación estimada para el año en curso, proceso que supone una profundización del ajuste contra la clase obrera. Nada bueno puede venir de este gobierno ni de esta clase social. Sólo los obreros podemos cambiar el curso de la historia. La única manera que tenemos de solucionar nuestros problemas como clase es sacándonos de encima a estos parásitos.
[i]Cabe destacar que esta cifra puede resultar conservadora pues no contempla otros ahorros difíciles de registrar, como por ejemplo los salarios que no se pagaron a trabajadores que las estadísticas oficiales registran como “cuentapropistas”, cuyas relaciones contractuales y de dependencia suelen estar ocultas o encubiertas, como sucede con los cartoneros, con muchos vendedores ambulantes o los trabajadores monotributistas.
