El sábado 22 de agosto se firmó un convenio entre la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos y la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (APAMA) sobre el trabajo infantil en el sector. Aunque la letra chica del convenio no tomó estado público, las declaraciones de los protagonistas dejan entrever que se trata de un protocolo que no va a erradicar el trabajo infantil –una realidad de cada día-. Y a la vez se puede observar el interés en agilizar la contratación de mano de obra adolescente mayor a 16 años. Recordemos que la ley argentina –enmarcada en la normativa de la OIT- estipula esa edad mínima para la admisión a un empleo.
De la firma participaron el secretario Ángel Zacarías; el titular de la entidad de productores de arándanos, Alejandro Panuzzio; el presidente de Comité de Arándanos de la Argentina (ABC), Federico Baya y el apoderado de Apama, Jorge Sosa. La firma de dicho convenio se hizo en el marco del proyecto P.A.R (Producción Agrícola Responsable), llevado adelante por la Fundación Desarrollo y Autogestión (DYA) del cual participa ABC. Dicho proyecto lleva actividades en la búsqueda de erradicar el trabajo infantil y el “trabajo adolescente desprotegido”.
Respecto al convenio, Carla Ginobilli -que forma parte de la gerencia de ABC- declaró que el objetivo es lograr una regulación que permita la contratación de mano de obra adolescente (entre 16 y 17 años), ya que “las leyes habilitan a trabajar a chicos a partir de los 16 años, pero en la práctica la realidad es otra porque los condicionamientos que se les exigen a los chicos y a los productores para que puedan desarrollar dichas actividades muchas veces dificultan su contratación».[i]
Ginobilli no lo explicita, pero advertimos que lo que busca es explotar más y mejor a los jóvenes obreros rurales. Una política de flexibilidad encubierta detrás del discurso de la “protección” y la “oportunidad”. Ocurre que aquellos adolescentes de 16 y 17 tienen un máximo de 3 horas para la jornada laboral y 15 horas semanales. Y en el caso de los mayores de 14 años y menores de 16 que realicen tareas en empresas de la familia y siempre que no se trate de tareas penosas, peligrosas y/o insalubres, y que cumplan con la asistencia a la escuela. A su vez, la normativa prohíbe el trabajo de menores de 18 años en jornadas nocturnas. Además, el trabajador debe contar con Art, estar registrado ante el RENATRE, cobrar lo mismo que un adulto y tiene derecho a 15 días de vacaciones. Las patronales del arándano quieren facilitar la contratación por la vía de avanzar sobre estas “restricciones”, que ya son suficientemente laxas.
Ginobilli además reconoce que los orígenes de estos empleados corresponden a situaciones de necesidad extrema. «La realidad de las zonas productivas es que hay mucha demanda de mano de obra de adolescentes que muchas veces son jefes de familia. Hay una necesidad que tiene que ser abordada, no podemos hacer la vista gorda. Creemos que el arándano es una producción que podría ser un buen primer trabajo, pero para eso debemos desarrollar políticas que permitan ejercerlo por adolescentes de manera protegida».
Es decir, donde los problemas son la pobreza y el embarazo adolescente, las soluciones patronales son mejorar los niveles de explotación y así “garantizar” el “primer empleo”. Dicha solución es acompañada por la complicidad del Estado. En lugar de ingreso universal al desocupado para las familias más pobres de la provincia, educación y formación, una ESI científica, anticonceptivos o sancionar el aborto libre, seguro y gratuito –lo que podría contribuir a resolver el embarazo adolescente-, el Estado envía a los adolescentes a trabajar en una actividad sin futuro. Recordemos que la cosecha de arándanos –como buena parte de la tarea agrícola en el país- concentra niveles elevados de trabajo en negro, subcontratación y trabajo infanto-juvenil. Incluso los zafreros no sólo se dedican a la cosecha del arándano, sino que tienen que viajar a otras provincias siguiendo la cosecha de las distintas frutas para lograr sobrevivir durante el año. Por supuesto, detrás de todo esto, está también la complicidad de la UATRE.
Finalmente, el acuerdo pone en funcionamiento un protocolo que no resuelve nada. El Estado dice que va a “fiscalizar” el trabajo infantil sin explicitar cómo. Es algo que el Estado debería haber hecho antes de firmar este convenio. ¿Qué va a cambiar ahora? No se sabe. Además, se habla de “campañas de concientización”… Las mismas que vienen de realizarse en años anteriores, sin mayores resultados.[ii]
Pero la novedad que introduce el protocolo es que “obliga” a los productores a denunciar a las empresas subcontratistas en caso de que estas recurran al trabajo infantil. Esto corona la complicidad del Estado, que delega la función de control en los mismos responsables de la contratación de niños. Si el trabajo infantil existe es porque son los patrones los que se aprovechan de las necesidades de la gente para explotar mano de obra barata. Es irrisorio que sean ellos mismos su propio órgano de control.
Detrás de esta cortina de humo de la “oportunidad” laboral y la “erradicación” del trabajo infantil, se esconde el interés patronal por mejorar la explotación. Rechazamos un convenio hecho a medida de las patronales del arándano, así como repudiamos el trabajo infanto-juvenil. Para elevar los niveles de producción y productividad, no se necesita explotar mejor, sino expropiar a los capitalistas del sector: con una socialización y concentración en gran escala, mejorarían los rendimientos productivos al aplicar una mayor tecnificación. Esto nos permitiría trabajar menos y vivir más (y mejor) en vez de sostener a parásitos ineficientes.
Corriente Clasista Goyo Flores – Razón y Revolución Entre Ríos
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