Manual de zonceras peronistas. La mordaza del general

El kirchnerismo construyó, en sus años mozos, la idea de que los grandes medios, en particular Clarín, le hicieron la vida imposible. Lo cierto es que esto olvida las buenas migas que hicieron en su momento Néstor y Magnetto, pero, por sobre todo, el férreo control de la prensa que instauró el propio Perón en, también, sus años mozos. Viajemos a esa época para entender un poco más el asunto.

En 1947 un solo diario habla de la masacre de los Pilagá. En 1949 unos pocos medios mencionan las torturas a las obreras telefónicas. El asesinato bajo tortura del obrero Aguirre en Tucumán, primero negado, tiene cierta repercusión en la prensa local cuando el cadáver aparece. No hay duda que los principales medios, que ya sufrían la censura desde el gobierno militar de 1943, están controlados por el peronismo. Todas las emisoras de radio están bajo control oficial. La oposición no puede hablar por ese medio.

Sin embargo, el cerco del silencio no se ha cerrado aún por completo. Los periódicos más chicos del interior gozan todavía de cierta libertad, mientras que los grandes diarios se permiten alguna licencia de vez en cuando. Esto pronto cambiaría. En 1949, las quejas por torturas salpican al gobierno y lo colocan en una situación difícil. El gobierno niega cualquier responsabilidad. Para salir del paso, crea una comisión parlamentaria especial que estudie el caso, prometiendo llegar al fondo del asunto.

La comisión se crea, pero hace lo contrario de lo que se esperaba de ella: en vez de investigar las torturas, indaga y persigue a quienes las denunciaron. La comisión Visca (llamada así por su director, el diputado peronista José Emilio Visca) clausura periódicos y organismos de derechos humanos. Se cierra la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. En Tucumán se clausura el colegio de abogados, que había promovido la investigación del caso Aguirre. El diario El Intransigente de Salta, que había denunciado la masacre de los Pilagá, también es clausurado. No es el único, otros 70 periódicos sufren la misma suerte. En la volteada, también caen organizaciones civiles como bibliotecas populares. Para completar, también se secuestran libros considerados inconvenientes. La expropiación de La Prensa es solo el corolario de una campaña contra los medios muchísimo más amplia.

Mientras la prensa opositora es silenciada, crecen los recursos para la Subsecretaría de Informaciones y Prensa. Este organismo oficial llega a tener 1.100 empleados y dos imprentas propias. Es dirigido por Raúl Apold y se encarga de la edición de los afiches y volantes de propaganda, la fabricación del merchandising peronista, el financiamiento y adjudicación de insumos para el cine, y el control de la cadena de radios. Si es necesario inventa las noticias: por ejemplo, organiza campañas de difamación contra personajes políticos y culturales o una curiosa campaña contra Uruguay como destino turístico (para evitar que la gente cruzara el río y escuchara las noticias en el país vecino). Avisa qué hechos deben ser censurados: después de la comisión Visca ningún medio comunica nada opuesto al gobierno, pero todavía quedan las cuestiones internas.

La subsecretaría se ocupa de avisar qué gobernador o ministro cae en desgracia y cómo debe manejarse la prensa. La subsecretaría de prensa también arma listas negras de artistas (Yupanqui, Pugliese, por ejemplo). La Subsecretaría de Prensa organiza un servicio de inteligencia propio: la “oficina de asuntos especiales”, con delegaciones en todas las provincias. Esta se ocupa especialmente de informar sobre las actuaciones de figuras del mundo artístico y cultural, aunque también realiza un relevamiento sobre los sindicatos y cumple otras misiones.

Como se ve, el peronismo no puede hacer de la libertad de prensa ninguna causa. Todo lo contrario, en su naturaleza antiobrera y represiva se encuentra el germen de lo contrario: la censura a toda expresión disidente.