Mañana comienza de cero uno de los procesos penales más vergonzosos de estos tiempos. El del estado venezolano contra del trabajador ferrominero Rodney Álvarez, debemos decir, el gobierno contra Rodney Álvarez es un proceso político no penal basado en el fraude procesal, en el chantaje, en la sistemática violación de los DDHH.
Una solo victoria, difícil de celebrar, la anulación de una sentencia que esperó 10 años para dictarse finalmente sin pruebas y sin respeto al debido proceso. Ese juicio debió liberarlo. Rodney debiera estar libre y sin juicio.
Para los que llegaron tarde: Rodney Álvarez asistió a una asamblea de trabajadores que exigían la realización de elecciones sindicales en la empresa estatal Ferrominera Orinoco. La asamblea fue disuelta violentamente, Héctor Maican, directivo del sindicato, miembro de la fracción sindical gubernamental, sacó un arma y disparó varias veces ante centenares de testigos, calleron heridos varios trabajadores entre ellos Renny Rojas cuyas heridas fueron mortales. Las calles y los voceros de entonces denunciaron el crímen y la violencia. En Guayana las paredes gritaban Maican Asesino!, Maican Disparó! Maican fue apresado por la GNB con el arma homicida.
El gobernador Rangel Gómez del partido chavista, gran operador de la minería ilegal, declaró que Maican «había disparado al aire» para sorpresa de la opinión pública. Al tercer día de los sucesos Rodney Álvarez, testigo de lo hechos, cuya única participación en la vida sindical fue asistir a apoyar la solicitud de democracia sindical y tratar de ser solidario con los heridos, fue apresado ilegalmente en su sitio de trabajo por el CICPC.
La historia de su supervivencia en prisión, en la que continúa sin ningún beneficio; las historias de chantaje y extorsión en los tribunales son evidencias de la podredumbre de un poder judicial negocio, al servicio de las mafias y de la persecusión del descontento, un poder judicial que garantiza la impunidad de los crímenes de estado.
No siendo un dirigente sindical antes de ser encarcelado de los más de 150 sindicalistas asesinados, ha sido Rodney Álvarez quién decididamente a señalado a un poder judicial y ciudadano corrupto, la ausencia de garantías en prisión y las detenciones arbitrarias como una política de estado estructural. No ha aceptado los chantajes de aceptar una culpa por un crímen contra uno compañero trabajador que espera justicia y no ha permitido que su causa sea alimento de procelitismo alguno afianzando su identidad de gente trabajadora.
Héctor Maicán, el pistolero culpable sigue en la calle sin ningún proceso en su contra.
