La situación de la mujer en Uruguay: el alquiler de vientres

Daniela Laborde (Uruguay)
Rosana López Rodriguez – Trece Rosas

Cuando hablamos de retrocesos en los derechos basados en el sexo de las mujeres en Latinoamérica, Argentina es el país que aparece a los ojos del mundo como pionero de esta reacción, cuyos avances son globales. Sin embargo, para el momento en que Argentina aprueba sus leyes, su vecino Uruguay ya tiene legislación previa en el mismo sentido. Sucede que Uruguay pasa prácticamente desapercibido a nivel mundial por diversas razones. Una de ellas es la dimensión demográfica, otra, que el estado uruguayo formaliza leyes cuyo cumplimiento luego no necesariamente garantiza. Lo más grave es que estas formalidades legales, de cuño liberal, (en un estado que no tiene “dique de contención” del conservadurismo religioso) resultan la punta de lanza del populismo argentino por el cual tanto obreras uruguayas como las argentinas ven conculcados paulatinamente sus derechos sexuales y reproductivos.

Subrogación de vientres, hasta ahora

En Uruguay, la “subrogación de vientres” está regulada desde el año 2013 con la Ley N° 19167, Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, pues dicho procedimiento aparece dentro de las prácticas autorizadas: “Quedan incluidas dentro de las técnicas de reproducción humana asistida la inducción de la ovulación, la inseminación artificial, la microinyección espermática (ICSI), el diagnóstico genético preimplantacional, la fecundación in vitro, la transferencia de embriones, la transferencia intratubárica de gametos, la transferencia intratubárica de cigotos, la transferencia intratubárica de embriones, la criopreservación de gametos y embriones, la donación de gametos y embriones y la gestación subrogada”.

Pueden acceder a estos tratamientos terapéuticos las mujeres infértiles o las parejas “biológicamente impedidas” para gestar y los “procedimientos serán parcial o totalmente subsidiados hasta un máximo de tres intentos”¹. En el caso del alquiler, será “altruista” y la mujer que lleve adelante la gestación y el parto, solo puede ser familiar hasta segundo grado de consanguinidad de alguno de los miembros de la pareja (la madre o hermana). “La filiación materna estará determinada por el parto o la cesárea de la madre biológica” o, en caso de existir subrogación, la madre será la mujer que ha solicitado la práctica, no aquella que ha gestado y parido.

Con relación a la “donación de gametos”, la ley señala que “se realizará en forma anónima y altruista, debiendo garantizarse la confidencialidad de los datos de identidad de los donantes”², dado que los gametos no generarán vínculo filiatorio.

Si bien los datos de los donantes no deben requerirse, quienes sean “receptores de gametos o embriones tienen derecho a obtener información general sobre las características fenotípicas del donante.”

También durante el gobierno de José Mujica, se sumaron los decretos N° 311/014 y N° 84/015 para reglamentar la ley del 2013. En el primero se incorpora un límite para la donación de espermatozoides, no así para la venta de óvulos.

En noviembre del 2018 el entonces senador de la República, Luis Lacalle Pou, el actual presidente, ofrecía una charla para las mujeres de la lista 71 del partido Nacional sobre la necesidad de legalizar los vientres de alquiler, con un discurso casi “feminista”: toda mujer debería tener derecho de alquilar su propio vientre, basándose en la vieja y gastada consigna “mi cuerpo, mi decisión”, sin tapujos en admitir que la monetización de la función reproductiva femenina y la compra de seres humanos no sería un problema. Cuando asumió la presidencia, en marzo del 2020, y, siendo un declarado anti aborto, su gobierno no tardó en anunciar que seguiría una agenda provida, pero respetando los derechos ya otorgados en gobiernos anteriores. Es así que al llegar al 2021, dos integrantes de la coalición de gobierno presentan distintos proyectos de ley, ambos sobre explotación reproductiva. El 11 de febrero de 2021 el senador del partido Nacional, Martín Lema³ presenta el proyecto “Derecho Internacional privado en Técnicas de Reproducción Humana Asistida y Gestación Subrogada Transfronteriza. Dado que la ley tiene alcance limitado a parejas heterosexuales y mujeres y las subrogantes al parentesco hasta segundo grado, es que este proyecto propone que, si la subrogación se realizare en el extranjero, la filiación sea reconocida en Uruguay. Lo que el proyecto plantea como una forma de evitar la vulneración de los derechos de ese niño/a posibilitando su filiación, es en realidad, la forma por la cual se habilita a la burguesía uruguaya a alquilar vientres y comprar niños/as; en suma, la apertura al mercado internacional de la industria reproductiva.

Hay otro proyecto, presentado por Daniel Peña, del Partido de la Gente⁴, en el cual se propone la modificación de los artículos 25 y 31 de la ley actual de reproducción humana asistida. Según sus fundamentos, la ley debe ir modificándose en los aspectos que son burocráticos y limitantes a la hora de realizar la subrogación. En primer lugar, porque “la solución brindada por esta ley más allá de haber representado un avance, deja en evidencia una situación de desigualdad, para aquellas parejas que no cuentan con familia de segundo grado de consanguinidad que puedan o quieran acceder a subrogar su vientre.” Entonces, en estos artículos se incorporará la posibilidad de que las parejas puedan “subrogar un vientre externo a su núcleo familiar”, siempre en forma “altruista”, claro. En este proyecto de reforma a la ley se considera, por lo tanto, la situación de aquellas personas que no pueden viajar al exterior para alquilar. También contempla la modificación de la Comisión de Reproducción Asistida, quien sería la encargada de controlar que se realice bajo la modalidad “altruista”.

Cuando este proyecto fue promocionado en los medios televisivos se habló de “democratizar la gestación subrogada para que puedan acceder las familias de intención que no tengan recursos para viajar al exterior” y se dijo también que la ley actual deja afuera a los hombres y parejas gay. Peña utilizó el recurso de sensibilizar al público utilizando el caso de una paciente de bajos recursos en tratamiento de quimioterapia, que había conseguido vía judicial que el fondo nacional de recursos solventara la criopreservación de sus gametos, alegando que la ley actual era injusta, ya que no tenía parienta directa para subrogar.

Las estrategias del negocio: adoctrinamiento, reclutamiento y gradualismo

Mientras, el negocio del alquiler de vientres y la “ovodonación” se va extendiendo en Uruguay, siempre mostrándose como un servicio a la sociedad y en particular, a las personas que necesitan “formar una familia”: las “asociaciones civiles de fertilidad sin fines de lucro” hacen cada vez más difusión, charlas vía zoom en las cuales explican las ventajas de la criopreservación de gametos y embriones y promueven los buenos sentimientos de ayudar a otras mujeres a cumplir con su sueño, siendo “gestante”. Porque la sororidad y el feminismo son una excusa perfecta en estos tiempos. La Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana (SURH) y la Clínica Suizo Americana son dos instituciones que están habilitadas por el Ministerio de Salud Pública para realizar tratamientos de TRHA. Por su parte, la asociación Dar a Luz, fundada hace 10 años, cuenta con el apoyo de la Sociedad Ginecológica del Interior del Uruguay y de farmacéuticas internacionales como Biomérieux (Laboratorios Tresul) y otra que se dedica a la medicina reproductiva, Fertilab.

La búsqueda de potenciales clientes se complementa con el adoctrinamiento y el reclutamiento. Como corresponde, ambas estrategias se despliegan en el ámbito educativo. La ANEP (Administración Nacional de Educación Pública), organismo estatal responsable de la planificación, gestión y administración del Sistema Educativo Público en sus niveles de educación Inicial, Primaria, Media, Técnico–tecnológica (Media y Terciaria) y Formación en Educación en todo el territorio uruguayo, ya cuenta con guías para abordar el lenguaje inclusivo y las identidades de género, tiene en marcha un torneo de debates que se realizará en octubre en la enseñanza media, (a partir de los doce años). Uno de los temas que proponen a los/las adolescentes es el de la “gestación subrogada (vientre de alquiler)” y la moción para debatir (a favor o en contra) dice lo siguiente: “Esta casa legalizaría la celebración libre de contratos de gestación subrogada en Uruguay, a título gratuito u oneroso”. Dado que el debate parte de la consideración de que la ley de 2013 es un punto de partida que debe ser aceptado, lo más preocupante de este episodio es la utilización de estudiantes para ir consolidando el avance legislativo (en las modificaciones que hemos explicado al comienzo, por ejemplo).

En tanto, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, está por iniciarse un curso de Educación Permanente “Género y biotecnologías en el campo de la reproducción”, cuyo programa de estudio no menciona ni una sola vez al sexo como elemento ineludible en la reproducción. Eso sí, los varones son presentados como víctimas: “La expulsión del varón del campo reproductivo y la reproducción como territorio feminizado”.

Por último, señalaremos la estrategia del personal político: un avance gradual, pero sistemático. El diputado Peña lo dice claramente en una entrevista cuando le plantean acerca de las inequidades de la Ley 19167⁵, como por ejemplo, que los hombres que quieren tener hijos (solos o con pareja homosexual) no tienen el mismo derecho que el resto de la población a la cual alcanza la ley. Preguntado acerca de los motivos por los cuales no se presenta un proyecto que considere todos los casos posibles, responde que el avance tiene que ser paulatino y que llevarán adelante el camino de lo posible para no obstaculizar el camino hacia la meta más amplia. “Vamos por partes…”, dice. La progresividad hacia la explotación reproductiva hace que pase desapercibida para la mayoría de la población.

Después de tantos años de investigación y presupuesto, la industria reproductiva apuesta a ampliar su negocio. En Uruguay las condiciones están dadas para seguir con esta falsa “agenda de derechos” que cuenta con estudios de marketing, “el global business” de “los vientres”, y que mueve una industria de miles de millones de dólares, en simultáneo con un paro laboral de mujeres del 11,1 porcentual en junio del 2021.

Nadie se anima a cuestionar este tema, no se habla críticamente de los nuevos proyectos presentados sobre “gestación subrogada”, porque se engaña a la gente con el espurio leitmotiv de los “derechos reproductivos otorgados por gobiernos progresistas”. El silencio de todos los partidos políticos, ONGs, y colectivos de mujeres feministas más mediáticos, casi exclusivamente progresistas, es absoluto.

El clima está enrarecido, ya no se habla de las mujeres, ni salarios precarios, tampoco de lo caro que es mantener una familia, se habla de gestar, de baja tasa de natalidad, de reforma de la seguridad social, de más años trabajando y la agenda liberal sigue su curso.

En cada proyecto de ley que ingresa se va observando el borrado jurídico de las mujeres y el paulatino reemplazo por “personas gestantes” y “cogestantes”.

Este es nuestro panorama, en el país “ejemplo en derechos” de la región.

1. En Argentina los procedimientos no tienen límite de edad y deben ser pagados por el estado o la obra social o prepaga, previa consideración médica de la necesidad de la práctica a realizar. Los contratos de alquiler no están legislados.
2. Aunque “la identidad del donante será revelada previa resolución judicial cuando el nacido o sus descendientes así lo soliciten al Juez competente”.
3. En este momento no tiene el cargo de senador, sino de Ministro de Desarrollo Social.
4. Este partido forma parte de la Coalición Multicolor del oficialismo.
5. https://www.youtube.com/watch?v=reOE4ccerYs A partir del minuto 13 y hasta el 15.