La formalización del ajuste a los jubilados

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Disgregación y testimonialismo, las fallas de una izquierda que no estuvo a la altura

En este momento se debate la reforma jubilatoria lanzada por el Frente de Todos, cuyo objetivo es eliminar a la inflación como elemento de indexación de los haberes previsionales. La nueva reforma jubilatoria no tuvo en las calles una oposición como aquella del 2017.  En parte, la estrategia del gobierno de tratarla simultáneamente con el proyecto del aborto buscó que pasara desapercibida. El kirchnerismo acompaña la iniciativa y las centrales sindicales tienen un acuerdo general con el gobierno de los Fernández. Nada se podía esperar de esta gente. Pero, la izquierda tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. Si el año pasado, buena parte de la izquierda leía que era muy pronto para una acción, este año tampoco quiso hacer olas. Su intervención fue puramente testimonial y estuvo reducida al orden de lo sindical o lo electoral.

En primer lugar, el Plenario del Sindicalismo Combativo había resuelto movilizar “cuando se tratara la reforma previsional”. Esa movilización nunca llegó. En su lugar, el SUTNA realizó un plenario por fuera del PSC, para organizar una marcha a Congreso. Siempre es valioso que un sindicato intente colocarse a la cabeza de una acción, pero en este caso la misma tuvo fuertes limitaciones: se trató solo de una acción aislada de escueta convocatoria, atravesada por las internas entre las fuerzas electoralistas del FITU. Ni el plenario ni la marcha contaron con la participación de algunos de sus integrantes: el PTS solo movilizó a su agrupación del SUTNA y MST e IS no participaron. Solo unos días después, el FITU acordó un acto testimonial en Congreso, que no trascendió y que sirvió solo para pasear a sus figuras electorales. Finalmente, el PSC acordó una conferencia de prensa testimonial para el día de hoy, una acción menor y enfocada en el destaque de las fuerzas del FITU, de la que el SUTNA ni siquiera participó.

La reforma en cuestión

En su nueva gestión el Frente de Todos ha profundizado el ajuste contra los jubilados. Durante la cuarentena, Alberto confiscó miles de millones de pesos a los jubilados sin que ningún kirchnerista dijera absolutamente nada. Al contrario, Cristina y todo el arco “K” abalaron las medidas. Ahora, el Poder Ejecutivo lanzó el proyecto de ley para formalizar ese ajuste. El proyecto ya pasó por la Cámara de Senadores y tiene media sanción. Ahora se debate en Diputados. ¿Qué expresa la nueva reforma? Lo dijimos varias veces: Alberto y Cristina vinieron a profundizar el ajuste, no a detenerlo.

Con la Ley de Solidaridad se creó una comisión especial cuya función sería debatir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Es decir que, previo a la pandemia y la cuarentena, el gobierno ya proclamaba una reforma previsional. La comisión convocó a 17 reuniones, por éstas pasaron unos 24 especialistas y 60 legisladores quienes debatieron sobre las fórmulas de movilidad jubilatoria. Pero, el 10 de noviembre el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) presentó un proyecto de ley para que fuera tratado en la comisión. Por lo tanto, el gobierno ya había planificado su propia fórmula de movilidad, a instancias de la comisión.

¿Qué decía el proyecto original y cuál fue el resultado final del mismo? Entre el 10 de noviembre (envío del primer proyecto a comisión) y el 10 de diciembre (debate y votación en el Senado) hubo algunos cambios. Básicamente, el proyecto de ley original estipulaba que las actualizaciones de los haberes previsionales fueran semestrales y que las recomposiciones se calcularan a través de un promedio de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y la recaudación fiscal de la ANSES. El proyecto finalmente enviado a tratamiento y aprobado por el Senado propone una actualización trimestral (y no semestral), cuya recomposición se calcula con la combinación del mejor indicador salarial entre RIPTE y el coeficiente de variación salarial del INDEC, en conjunto con la recaudación de ANSES. Es decir, retoma a la movilidad jubilatoria y los períodos de recomposición de haberes que rigieron bajo el mandato de Cristina Kirchner hasta el cambio que elaboró Cambiemos.

Sin embargo, entre el 10 de noviembre y el 10 de diciembre hubo un hecho por el cual se profundizaron las internas en el seno de la coalición del Frente de Todos, una instancia más que pone en evidencia las trabas propias de un frente electoral y la crisis interna del gobierno. Todo el debate se generó por el artículo 6° del proyecto, un agregado de Guzmán, con el visto bueno de Alberto, para reducir aún más los haberes jubilatorios. Dicho artículo señalaba que el aumento del 5% pautado para este mes (diciembre) sería a cuenta del incremento por movilidad previsional del primer trimestre del 2021. O sea, lo que hoy se daba, mañana se quitaba. Finalmente, ese artículo fue eliminado, no sin internas mediante, amenazas públicas de diputados del Frente Renovador de que no votarían el proyecto con ese artículo y reuniones del bloque.

Lo que no se modificó del proyecto original fue el tope al aumento anual de las partidas a los jubilados, el cual no puede superar el 3% de la recaudación de ANSES, cuyo objetivo, ya negociado entre el gobierno y el FMI, es evitar un aumento del gasto público y el déficit fiscal. A su vez, el elemento determinante, que diferencia a este proyecto de la ley de movilidad macrista, es que rompe toda relación entre la movilidad jubilatoria y la inflación de la economía argentina. En este punto, todo el bloque del Frente de Todos acuerda en que es necesario un ajuste mayor a los jubilados.

¿Cuál es el objetivo de la reforma que hoy se vota? El propósito real del proyecto es la eliminación de la inflación como elemento determinante de la movilidad previsional. Algo que ocurrió de hecho durante toda la cuarentena mediante decretos presidenciales y ahora se quiere formalizar por medio de esrte proyecto de ley. Esta modificación central se impuso sin discusión en el seno del Frente de Todos. Es un cambio respecto de la ley de movilidad anterior que logra su cometido: sostener un haber de miseria y profundizar un ajuste contra los jubilados. Pone un techo a la suba de los haberes y abre la posibilidad de rebajar, aún más, su piso. Un techo porque restringe los haberes a lo que la recaudación fiscal y las recomposiciones salariales permitan, algo muy limitado en un momento de crisis económica, caída de la actividad y aumento del desempleo. Habilita el descenso de un escalón más abajo de los haberes porque al quitar la inflación como garantía de la movilidad previsional, en cuanto aquélla se incremente, los haberes perderán capacidad de compra.

Ahora bien, ¿por qué es importante una cláusula gatillo o que el haber jubilatorio (como cualquier salario) se actualice por inflación? Porque, en la Argentina actual, en el país donde los salarios pierden su capacidad de compra desde la década de 1970 en adelante, en esa economía donde los precios de los productos crecen a un ritmo cada vez más acelerado, en ese país resulta conveniente un reajuste que vaya en paralelo al incremento de los precios.

Sin embargo, el reajuste por inflación tiene sus limitaciones. Sobre todo, cuando el punto de partida del haber jubilatorio es extremadamente bajo. A lo largo de décadas, las modificaciones en la movilidad jubilatoria, seguida de congelamientos en los haberes, ponen en evidencia la caída sistemática de los ingresos promedio de los jubilados y pensionados. Por lo tanto, si el haber previsional actual supera la inflación anual no significa que sea un ingreso elevado, sino que, simplemente, le ganó a la inflación. En efecto, actualmente los haberes de los jubilados y pensionados son de miseria. De los 5,5 millones de jubilados y pensionados titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el 48% recibe un haber mínimo que al mes de noviembre de este año era de 18.129 pesos. Con el último aumento de diciembre esos jubilados y pensionados pasaron a cobrar tan solo 19.035 pesos. Por su parte, el 61,4% de los titulares (3.368.124) percibe ingresos por debajo del haber promedio, estimado en unos 35.331 pesos. Es decir que apenas se cubre un 68% de la canasta de pobreza calculada por el INDEC.

Por otra parte, el haber percibido por los beneficiarios de las pensiones no contributivas al mes de diciembre de este año fue de 15.738 pesos, promedio. Se trata de los pensionados por invalidez, vejez, madres de 7 o más hijos, graciables y ex combatientes de Malvinas, que en total suman 1,4 millones de beneficiarios. Para poner en contexto: tanto el haber mínimo de los jubilados y pensionados como el promedio de los haberes de las pensiones no contributivas se encuentran por debajo de la canasta alimentaria con la que el INDEC estima la indigencia (al mes de octubre fue de 20.710 pesos). Estamos hablando de un universo de unos 4 millones de personas que reciben haberes por debajo de la canasta de indigencia. Cabe destacar que, esta situación de miseria de los jubilados no es de ahora y tampoco se debe a la gestión de Macri: los haberes de indigencia llevan décadas.

Por ello, cuando escuchamos a Alberto Fernández, a Fernanda Raverta o a Santiago Cafiero decir que este año los haberes jubilatorios estuvieron por encima de la inflación, sus dichos no tienen demasiada importancia en un sentido de recomposición real e histórica de los ingresos. Ganarle a la inflación con ingresos de indigencia no es suficiente. Lo que no dice el Frente de Todos es que, con la ley de movilidad macrista suspendida por el gobierno el aumento de los haberes hubiera sido mayor. El gobierno tampoco dice que por no reconocer esos incrementos expropió una millonada de pesos al conjunto de los jubilados. Sólo entre los meses de marzo y diciembre la coalición Fernández-Fernández confiscó a los jubilados una suma equivalente a 142 mil millones de pesos.

Hoy, con los haberes jubilatorios por el piso, una cláusula gatillo por inflación sólo puede poner un freno a una mayor caída, pero no puede revertir décadas y décadas de disminución en el poder de compra de esos mismos haberes. En este sentido, la evolución de los ingresos previsionales pone de manifiesto que entre los años 1934 y 1941 el haber jubilatorio promedio casi triplicaba el promedio actual. Esto supone al día de hoy una caída real del 64% o, lo que es lo mismo, el haber promedio actual es apenas un tercio del de la década de 1930. Mientras que, entre los años 1948 y 1956 el haber promedio jubilatorio casi duplicaba el actual. O bien, si comparamos los haberes actuales con los del 2003 posterior a la devaluación, hoy los ingresos representan un 57% por encima de aquel entonces. Pero, si lo relacionamos con el poder adquisitivo del año 1934 los haberes actuales promedio se redujeron un 70%.

Consecuentemente, la movilidad jubilatoria debiera no sólo estar actualizada por la inflación para frenar una mayor caída del poder de compra, sino que además el Estado debiera recomponer el poder de compra de los ingresos del mejor momento histórico, o sea, triplicar el haber promedio actual. Sin embargo, muy lejos de este panorama el Frente de Todos eliminó la inflación de la movilidad jubilatoria y socavó la posibilidad de poner un freno a una mayor caída del poder de compra del ingreso previsional. De eso se trata su reforma.

Para leer sobre el ajuste del kirchnerismo a los jubilados:

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