Hood Robín, ladrón de pobres al servicio de los ricos. Un nuevo ajuste brutal contra los jubilados

en Aromo/El Aromo n° 110/Novedades

El gobierno Fernández-Fernández acaba de decretar un ajuste brutal contra los obreros jubilados. Una gigantesca expropiación cuyo destino es el mismo de siempre: subsidiar a la burguesía. Lo hicieron Carlos y Néstor, lo hicieron Cristina y Mauricio… ¿por qué no lo haría Alberto?

Nicolás Villanova

OES-CEICS

Por más que los defensores del gobierno de Fernández-Fernández pretendan negarlo, Alberto acaba de impulsar un ajuste brutal contra los jubilados, con de la sanción de la Ley de Emergencia y el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Nos quieren hacer creer que le quitan “a los que más tienen”, a los que perciben jubilaciones de “privilegio”, para otorgarle beneficios a los más pobres. Sin embargo, el decreto de recomposición previsional impulsado por el presidente establece una quita gigantesca de dinero que le corresponde cobrar a los empobrecidos jubilados y pensionados que perciben por encima del haber mínimo. Ni Macri se animó a tanto: su ajuste en lo inmediato fue más sutil al negociar sólo una parte del pago adeudado con los jubilados a condición de que éstos evitaran los juicios por el congelamiento de sus haberes en los años 2002 y 2007, propiciados por Duhalde y Néstor Kirchner, mientras dejaba que la inflación hiciera “su trabajo”. Lo cierto es que el gobierno actual lanza este ajuste en un contexto de desfinanciamiento de la caja de seguridad social. En efecto, todo el sistema previsional está en crisis. La pregunta que surge entonces es ¿quién es el responsable de desfinanciar el sistema de seguridad y por qué? Como veremos, el responsable de todo esto es el propio capitalismo y, al parecer, los gobiernos de turno pretenden solucionar la crisis a la vieja usanza: que pague la clase obrera. A su vez, la caja de la ANSES se ha convertido en un verdadero fondo de subsidio al capital.

Ni para una Cajita Feliz de Mc Donald’s

El gobierno Fernández-Fernández lanzó un gigantesco ajuste contra los obreros jubilados. A los ya denostados haberes previsionales, el gobierno decretó un aumento de un mísero 2,3% más 1.500 pesos para el mes de marzo. Por lo tanto, al no regir la Ley de Movilidad Jubilatoria la cual pautaba un incremento de un 11,56%, Alberto dispuso un leve aumento a quienes perciben el haber mínimo (se trata, fundamentalmente, de los jubilados y pensionados por moratorias) y una quita sustantiva para el resto de los perceptores. El hecho es que el 11,56% que les hubiera correspondido por la Ley de Movilidad Jubilatoria resultaba más elevado que la leve recomposición decretada. Dicho de otra manera, el conjunto de los obreros que aportaron por más de 30 años durante su vida laboral activa ahora es expropiado por el kirchnerismo de un porcentaje sustantivo de sus magros ingresos jubilatorios.

En efecto, si tomamos sólo a los jubilados y pensionados titulares, excluyendo a los beneficiarios de las pensiones no contributivas, el sistema previsional se compone de 5.661.119 jubilados y pensionados. De los cuales 2.710.338 (48%) perciben el haber mínimo, 55.370 (1%) cobran por debajo de la mínima y 2.895.411 (51%) reciben ingresos por encima del haber mínimo.[i]Ahora bien, ¿de cuánto es la recomposición decretada por Alberto? ¿A cuántos jubilados y pensionados “favorece”? El aumento, reivindicado con bombos y platillos, sólo representa unos 197 pesos más respecto de la recomposición que habría regido por la Ley de Movilidad. Sí, leyó bien, son 197 pesos. Que no alcanzan ni para una Cajita Feliz de Mc Donald’s. Y sólo beneficia a los 2,7 millones que perciben el haber mínimo o menos. De 14.068 pesos que cobraron en febrero de 2020 pasarán a cobrar en marzo tan solo 15.891 pesos.

En cambio, al 51% restante de los jubilados y pensionados el decreto estipula una quita debido a que la recomposición de los haberes resulta mucho menor comparada con la ley vetada. Por ejemplo, para quienes perciben hoy unos 30 mil pesos de haberes, en marzo cobrarán por el decreto 32.190 pesos (7,3% de recomposición), mientras que con la ley vetada les hubiera correspondido un incremento de 11,56% y debieran cobrar 33.468 pesos (son 1.278 pesos menos lo que cobrarán). Los que perciben 40 mil, cobrarán por decreto 42.420 y se les reduce el haber en unos 2.204 pesos, pues deberían pagarle por la Ley de Movilidad unos 44.624. Para quien cobraba 50 mil en febrero, en marzo le pagarán 52.650 quitándole 3.130 pesos (un recorte del 5,6%). Se trata de una verdadera confiscación salarial.

Para poner en contexto estos montos los comparamos con la Canasta Básica de los Jubilados que mide la Defensoría de la Tercera Edad. Es una especie de “línea de pobreza” de un jubilado que establece las “necesidades básicas” de las personas de la tercera edad, sobre todo porque, a diferencia del promedio general de la población, los ancianos destinan un mayor gasto a medicamentos, transportes en taxi o remis, sillas de rueda, bastones y demás bienes específicos de esta franja etaria. Dado que la medición de la canasta llega hasta el mes de octubre de 2019, proyectamos la serie hasta el último dato de inflación disponible, o sea, el de enero de 2020. Con este dato comparamos los haberes con los aumentos al mes de marzo, por lo tanto, los datos de los ingresos corren con dos meses de ventaja respecto del de la inflación.[ii]

Con todas estas aclaraciones (y ventajas), el “aumento” decretado por el gobierno es de una miseria absoluta. En efecto, la Canasta del Jubilado al mes de octubre de 2019 fue de unos 37.815 pesos. Proyectada a enero de 2020 se incrementa a unos 42.086 pesos. Al comparar con esta cifra las recomposiciones pautadas para el mes de marzo de 2020, el resultado es contundente: el 86% del conjunto de los jubilados y pensionados titulares de la ANSES reciben haberes que se encuentran por debajo de la canasta de pobreza. Se trata de más de 4,8 millones de personas (ver cuadro1).

Ahora bien, ¿cuál es la magnitud de semejante expropiación? Con la Ley de Movilidad Jubilatoria vetada se hubiera destinado por el aumento del 11,56% en marzo un poco más de 17 mil millones de pesos, de acuerdo con las escalas de haberes de los más de 5 millones de jubilados y pensionados titulares. Pero, el gobierno actual destinará una suma cercana a los 11,9 mil millones. Por lo tanto, el recorte de haberes previsionales a los jubilados y pensionados que realiza el gobierno Fernández-Fernández es de unos 5,2 mil millones de pesos (ver cuadro 2).Dicho de otra manera, para el conjunto de los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y obtienen los míseros 197 pesos más respecto de lo que hubieran percibido por la Ley de Movilidad Jubilatoria, el gobierno destina un monto agregado de 560 millones de pesos. Mientras que, al conjunto de los jubilados y pensionados que perciben sus magros haberes por encima de la mínima, Alberto y Cristina le recorta, le quita, le expropia, en total, unos 5,8 mil millones de pesos.

Como vemos, el “aumento” decretado para quienes perciben el haber mínimo es paupérrimo. Además, a los jubilados que aportaron durante más de 30 años se les quita una parte del haber que les correspondía por la antigua normativa. Con tal recorte, el gobierno establece un ajuste feroz. Todo un síntoma del carácter real del gobierno y de lo que se viene.

Una vieja estrategia

Al parecer, la estrategia de Alberto sería reducir el déficit fiscal disminuyendo el gasto social y previsional. Es decir, hace el ajuste que el mismo kirchnerismo le criticaba antes al macrismo, aunque utiliza la palabra solidaridad. Un recorte tal cual lo propuso López Murphy allá por el 2001 y tal como lo exigía el “ultraliberal” José Luis Espert durante su candidatura presidencial.Con todo, se trata de un ajuste para nada novedoso. Por su contenido, se trata de un congelamiento en la recomposición de los haberes medios jubilatorios, garantizando míseros aumentos a quienes perciben el haber mínimo. Es la misma estrategia que utilizó Duhalde y Néstor Kirchner entre los años 2002 y 2007(ver gráfico 1). Por su forma, se trata de expropiar a una fracción de obreros (jubilados que aportaron por más de 30 años) para redistribuir miseria en otra fracción de obreros (jubilados que perciben la mínima por moratorias). Es la misma estrategia que utilizó Cristina cuando incrementó la masa de obreros registrados expropiados por la vía del impuesto a las ganancias por no actualizar el mínimo no imponible, sobre todo entre los años 2007 y 2012, para redistribuir miseria en los desocupados. En ambos casos, las ganancias de la burguesía fueron intocables.

Si bien el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, señaló que podrían lanzarse un vendaval de juicios como consecuencia de las medidas adoptadas, tal cual se efectivizaron luego del ajuste y congelamiento de Duhalde y Néstor Kirchner, Alberto Fernández corre con ventaja para sostener y profundizar el ajuste a los jubilados. Por un lado, la propia Ley de Emergencia Económica pondría un freno a la proliferación de causas. En efecto, la ley es muy clara en ese punto: todos los “aumentos” previsionales dependen del presupuesto. Y si no hay presupuesto, no se paga nada. Al contrario, como no se le va a quitar ganancias a la burguesía, se expropia a unos obreros para pagar migajas a otros. Por otro lado, el gobierno sabe del límite impuesto por la propia justicia, es decir, el letargo del procedimiento de los juicios los cuales, sólo después de varios años, podrían tener un dictamen favorable. En el camino, el ajuste pasa y los jubilados continúan cobrando haberes miserables.

El problema de fondo

La expropiación a los jubilados se lanza en un momento de crisis de la caja de la ANSES y de todo el sistema de seguridad social. ¿Y quiénes son los responsables? La propia burguesía y los gobiernos de turno. De este modo, Alberto y Cristina con la actual quita de fondos son parte del problema y no de la solución. En efecto, el conjunto de los empresarios que contratan “en negro” son quienes desfinancian la caja de la seguridad social al no realizar los aportes sociales.En los últimos años, la tasa de empleo no registrado no bajó del 34%, cifra que, estimativamente, supone casi 5 millones de obreros. Al calcular la masa de dinero que los empresarios se ahorran por evadir el pago de las cargas sociales, el resultado es contundente: bajo el gobierno de Néstor Kirchner, la burguesía negrera se ahorró 101 mil millones de pesos; en los dos mandatos que duró Cristina, el ahorro fue de 897 mil millones de pesos; y, durante el macrismo, fueron 2 billones de pesos (ver cuadro 3).

Mientras tanto, el Estado, en lugar de avanzar por el blanqueo de los obreros en negro, expropia a las fracciones de la clase obrera ocupada para subsidiar aquello que la burguesía no paga. A saber, las asignaciones familiares (AUH para los hijos de los obreros “en negro”), o bien, las jubilaciones por moratorias (obreros a quienes no le aportaron para su jubilación por no registrarlos). Con el recorte en el sistema previsional, Alberto avanza en la expropiación de los mismísimos jubilados que aportaron durante más de 30 años.

Se trata, entonces, de una transferencia de riqueza de hecho: la burguesía negrea a los obreros y el Estado la subsidia pagando a estas fracciones de la clase obrera con haberes jubilatorios y asignaciones familiares de miseria. ¿Y de dónde salen estos recursos? Fundamentalmente, de los aportes sociales e impuesto a las ganancias de los trabajadores registrados, pero también del impuesto al consumo (IVA). Pues, desde hace varias décadas que la caja de seguridad social no se sostiene sólo con los aportes sociales, razón por la cual sus fondos son obtenidos de otros impuestos pagados por el conjunto de la clase obrera.

Con todo, el incremento de los beneficiarios de la seguridad social y el aumento del empleo “en negro” tiene como consecuencia un cambio notable en la relación entre obreros aportantes y beneficiarios. Hasta el año 2006, por cada beneficiario (pasivo) había un trabajador (activo) que aportaba. Pero, a partir del año 2007 la relación comenzó a cambiar, hasta consolidarse en casi dos beneficiarios pasivos por cada trabajador aportante en los años 2018 y 2019 (ver cuadro 4). En efecto, el primero en incrementar la cantidad de beneficiarios de la seguridad social sin más sostén que las cargas sociales de los obreros registrados fue Néstor Kirchner con la moratoria del año 2005. Le siguió Cristina con la implementación de la AUH a fines de 2009, las moratorias del 2014 y el PROGRESAR. Por su parte, el macrismo mantuvo este mismo esquema. Todos ellos con la misma estrategia: que el sostén de todo el sistema sea la clase obrera sin tocar un solo peso de la burguesía negrera.

Y encima aumentan la edad jubilatoria…

El ajuste impulsado por el gobierno Fernández-Fernández se lanza en un momento de crisis general, pero, a la vez, en un contexto de desfinanciamiento de la caja previsional. Lo que hace Alberto es expropiar a los obreros jubilados que aportaron durante más de 30 años en su vida laboral activa ya sea para pagar intereses de la deuda externa, mostrar confianza a los acreedores o para redistribuir miseria en el seno de la clase obrera. De cualquier manera, se trata de un recorte y congelamiento de haberes. Mientras tanto, los obreros jubilados siguen con sus haberes de miseria, muy por debajo de la canasta de pobreza.

Por otra parte, del riñón del gobierno ya adelantaron su interés por aumentar la edad jubilatoria. Algo que ya añoraba Diego Bossio (ex titular de la ANSES) en 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Lo mismo propuso el macrismo y ahora lo relanza Alberto. De este modo, “estiran” el financiamiento de la caja previsional para sostener un esquema inviable. Es decir, un sistema donde pocos aportantes sostienen a muchos otros, como consecuencia de la gigantesca masa de empleo “en negro” que el capitalismo provoca, así como también el crecimiento del desempleo y la caída tendencial del salario. Mientras tanto, la burguesía sigue gozando de buena salud, obtiene subsidios del Estado y continúa llenando sus bolsillos con ganancias. El gobierno Fernández-Fernández ya dio sobradas muestras de lo que pretende: que la crisis la paguemos nosotros. Y eso no podemos permitirlo.


[i]Fuente: ANSES: “Boletín Estadístico de la Seguridad Social”, marzo de 2019.

[ii]El monto de la Canasta Básica del Jubilado fue proyectado en base a los aumentos de cada rubro específico ponderando el gasto del jubilado de cada ítem.

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1 Comentario

  1. Soy Enfermero, y en mi gremio, abunda el doble y hasta triple empleo, esas enfermeras y enfermeros que logran soportar esa tremenda explotación, cuando se jubilan, sus haberes pueden llegar a los $50 000.- por haber trabajado en clinicas privadas y publicas, en este caso, haberse sacrificado toda su vida, para tener una digna jubilación, gracias a los gobiernos burgueses como el peronismo, pierden ingresos para ser «solidarios» con la burguesía, la colaboración de clases que el peronismo inocula todos los dias en la clase obrera significa mas ajuste, mas pobreza y mas politicas antiobreras.

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