Crisis y reestructuración de las mafias bonaerenses
Cada vez que cruje la mayor estructura política del país, el peronismo bonaerense, aparecen estos casos de ajustes de cuentas, en los que no dejan de estar involucradas las fuerzas policiales, la Justicia, los servicios de inteligencia, el mundo del delito y las barras bravas. Pasó anteriormente con Cabezas y el affaire Yabrán y está pasando ahora. La política se financia con la ganancia de los empresarios. Las legales y las ilegales. Cuando esos armados entran en crisis, es decir, cuando pierden el sentido de la autoridad, comienzan las disputas por las jerarquías y los alineamientos. Como se juegan los negocios vinculados al delito, es lógico que los grupos ligados comiencen a batallar, de la forma que suelen hacerlo: a los tiros. Esas disputas no terminan hasta que aparece un nuevo Jefe, que determina el lugar que le toca a cada uno en la nueva organización. Se inaugura entonces un nuevo ciclo.
¿Por qué se fugaron?
El fin suele explicar el desarrollo. A los dos últimos fugitivos, los termina encontrando Martín Franco, un peón del arrozal. El autor intelectual de tal hazaña no es la Agencia Federal de Inteligencia, ni la cúpula de ningún departamento policial, ni el “comité de crisis”, sino un administrador del campo, que advierte por teléfono desde Brasil, en plenas vacaciones. Mientras el operativo se realizaba a dos kilómetros, el dueño razonaba más simplemente: sin conocer la zona, con los caminos internos anegados y las rutas controladas, deben andar por algún arrozal. Fue y le pidió al peón que revisara el campo con dos policías locales, los cuales se negaron a entrar. Solo ante la tardanza del obrero, fueron a ver qué pasaba.
Algo similar podría decirse del modo en que dieron con Martín Lanatta (gracias a un jubilado ex gendarme que guía a la policía local a caballo). Pero lo cierto es que mientras el país estaba pendiente del tema, las distintas fuerzas del orden, solas o combinadas, fueron de papelón en papelón a la vista de todo el mundo.
Anunciaron al menos cuatro cercos y ninguno en el lugar adecuado. Los presos se fugaron con un arma de juguete de un penal de máxima seguridad, pasearon por el conurbano bonaerense, por el interior de la provincia, por la Capital Federal y por Santa Fe. Durmieron en el centro de la capital santafecina, visitaron a una suegra, a amigos, a protectores y cambiaron varias veces de vehículo. La provincia de Buenos Aires tuvo que ser virtualmente intervenida por la Federal, mientras la Gendarmería protagonizaba un tiroteo con la policía bonaerense y, luego, otro con la de Santa Fe. Como si fuera poco, un gendarme, Walter Aguirre, fue herido por sus propios compañeros en pleno rastrillaje. Cierra el grotesco panorama un mensaje del Presidente de la Nación anunciando información desmentida unas horas después. Y eso, para señalar solo los desaguisados más visibles…
¿Qué pasó realmente? Empecemos por lo que no pasó. No es cierto, como dice el macrismo, que la demora en encontrarlos se debe a que enfrentan a miembros de grandes estructuras del narcotráfico mundial. Un “capo” narco (o uno de sus protegidos) no va a pedirle plata a su suegra, ni anda sin custodia o con autos comunes (usan blindados). Por lo menos, tiene autos propios y no debe ir robando lo primero que encuentra. Pero hay más: entre que los presos se fugan y se dan las alertas de Interpol, pasan 10 horas. Entre que se fugan y se da orden para las escuchas telefónicas, pasan al menos tres días. Con esos tiempos y esas facilidades, cualquier cártel los saca del país, como se hizo (sin unos y ni otras) con Pérez Corradi. Es evidente que en esta fuga no hubo ninguna mano extranjera, lo que no quiere decir que el negocio no la tenga.
Pero menos cierta aún es la disparatada teoría kirchnerista de que se trató de una simple fuga de presos comunes, sin ayuda alguna, y que la demora se debió solo a la impericia de un gobierno de improvisados, con una “Heidi” a la cabeza. Relato que compró, por ejemplo, la revista Noticias. Nadie se escapa de un penal de máxima seguridad, por más permeable que sea, sin alguna complicidad. De hecho, esta sea tal vez la primera fuga (o una de las pocas) desde la fundación del penal, en el año 2000. En este caso, incluso los estaba esperando un auto. Para poder visitar todos esos sitios que visitaron, tuvieron que saber que aquellos lugares no estaban custodiados. Lo que oculta el relato K es su propia complicidad con el asunto: los delincuentes estuvieron varios días en los pagos de Aníbal, visitando a sus amigos y ayudados por ellos (como “El Faraón”). La nula investigación bonaerense estuvo bajo responsabilidad general de Falbo, jefa de los fiscales bonaerenses, kirchnerista de la primera hora y ex abogada del propio Aníbal. Los jefes de las fuerzas nacionales son los que respondían, hasta hace poco al mismo personaje (Otero, nuevo jefe de Gendarmería, fue uno de los que “la morsa” apoyó públicamente en julio de 2015 contra Berni). Quien certificó la falsa detención de Cristian Lanatta y Schilaci no fue otra que la responsable general de los fiscales, es decir, quien debe tener conocimiento de la investigación y de los detenidos, la Procuradora Gils Carbó, insospechada de vínculos con el actual gobierno. La responsable del servicio penitenciario, Florencia Piermarini (kirchnerista), renuncia sospechosamente cuatro días antes de la fuga, luego de haberse comprometido a quedarse hasta que encontrasen un reemplazante.
Entonces, ni tanto ni tan poco. Los sacaron, pero no los pusieron a salvo. Los ayudaron, pero solo inicialmente. Les pasaron información, pero no recursos. No los blindaron, pero no los mataron. Que hubo una organización que excedía a estos tres delincuentes, es cierto. Que no iba más allá de la fuga, también. Queda claro que quien los sacó lo hizo para generar un escándalo político e incluso se hubiera beneficiado si aparecían muertos.
Gomorra
Vamos al caso: no podían haberse fugado sin la complicidad de las autoridades penitenciarias ni mantenerse fugados sin la información proporcionada por, al menos, la policía bonaerense y la Gendarmería. Y estas no las manejaba enteramente el macrismo.
El grueso de las autoridades policiales fue pactada con el PJ. Ritondo pactó con Granados (quien dijo que ya no era más kirchnerista) al jefe de la Policía Bonaerense (Pablo Bressi) y la continuidad de la responsable del servicio penitenciario, Florencia Piermarini. Pero también la de su verdadero jefe, César Albarracín, designado por Ricardo Casal. Este pacto se encuadraba dentro de una estrategia más general de Vidal: momentáneamente, montarse sobre la estructura ya formada del PJ, para evitar grandes estallidos mientras se enfrentaban otros frentes más importantes a nivel nacional (cepo, hold outs, tarifas, presupuesto, despidos). El pacto incluía también, la aprobación del presupuesto. El acuerdo implicaba también, a nivel nacional, la conformación de una comisión sobre los DNU más “flexible”. En ese combo, Scioli iba a viajar con Mauricio a Davos y tres de sus ministros pasaron a Vidal.
Los presos constituían una pieza clave: eran los testigos que permitirían el armado de una megacausa contra Aníbal, o sea, contra el kirchnerismo residual. Pero en esa runfla también está involucrado casi todo el resto del PJ. En febrero debían declarar ante Servini de Cubría. Es decir, era una de las cartas que mantenía el macrismo como amenaza para “jugar al truco”, como dice Beatriz Sarlo.
El negocio de la efedrina permitió montar todo un conglomerado mafioso y puso a la Argentina, entre 2006 y 2009, en el mapa del narcotráfico mundial. El auge de las drogas sintéticas le dio una oportunidad al país. Prohibida su importación a EE.UU. y a México, la Argentina desarrolló una política liberal con China e India. Resultado: lo que aquí se pagaba entre 90 y 120 dólares el kilo, en EE.UU. se llegaba a pagar desde 2.600 a 10.000. Argentina importó, en ese lapso, según cifras oficiales, 40.000 kilos, convirtiéndose en el tercer importador mundial. A fin de 2008, y por orden de la DEA, los controles se endurecieron. Pero esa dinámica generó una serie de lazos políticos y una estructura.
El pacto se rompió, alguien fugó a los presos, alguien los ayudó y, además, el presupuesto no fue aprobado. ¿Por qué fracasó? Muy simple, Vidal no tiene con quién negociar. El PJ provincial arrastra una crisis postergada desde 2005, que comenzó a crujir en 2013 e hizo eclosión en las PASO. La derrota del FPV no solo evitó una nueva reestructuración, sino que la hizo saltar por los aires.
Los presos/testigos constituían un punto en contra de ambas facciones del peronismo. Su salida podía beneficiar a unos y otros, pero hasta ahí parece que llegaron los acuerdos. Esas internas generaron el espacio en el que parecen haberse movido los prófugos. En medio de la fuga, Vidal aprovechó para arremeter contra la gente de Aníbal (DDI de Quilmes y Néstor Larrauri, su candidato a la jefatura), con la ayuda de Granados (a través de los comisarios Bressi, Jorge Figini y Alejandro Moreno). Pero también se la tiene jurada a la gente de Granados (Carlos Grecco y Marcelo Chebriau).
Esas internas también pudieron verse en la negociación por el presupuesto. Massa aconseja a Vidal negociar con Ottavis. Ottavis acepta, pero lo boicotea Santiago Révora en nombre de la “ortodoxia”. Pocos saben que Révora y su primo “Wado” tienen vínculos con Julián Domínguez, a través de Juan Cruz “Cucho” España. En ese marco, Massa reúne a Urtubey y a Diego Bossio (sí, el de la Anses “nacional y popular”), mientras 45 intendentes peronistas se autoconvocan y negocian por las suyas. El problema principal: luego de las PASO, las listas a legisladores quedaron en poder de Aníbal y La Cámpora. Resultado: subrepresentación de los intendentes con poder real en la legislatura. De un PJ que arrastraba una crisis se han conformado cuatro bloques de límites laxos, con pases inesperados (Abal Medina, en la comisión de DNU, que ya anticipó su apoyo a la creación de una Agencia Federal contra el Narcotráfico).
Ellos o nosotros
En este contexto, la principal provincia del país está envuelta en una crisis política. Cuando Bullrich o Vidal dicen que “están luchando contra el narcotráfico”, o que van a “investigar complicidades”, mienten. No van a desbaratar la estructura mafiosa. Simplemente, van a limpiar a los que no se alineen en función de reestructurar ese entramado y reunificar las jerarquías en su propio beneficio. O sea, van a tratar de quedarse con todo el negocio. Eso implica, también, centralizar y dar un nuevo orden a todas las formas de financiación, legales e ilegales. Se va hacia la formación de un nuevo clan, con nuevas jerarquías mafiosas. Si tiene éxito, Vidal podrá ponerse en el mismo panteón que Duhalde y Aníbal Fernández. O tal vez, el lugar sea para Ritondo. El caso es que este proceso no está exento de nuevos crímenes, ajustes de cuentas, fugas sospechosas y nuevas y masivas purgas, con las consecuencias que todos conocemos. Somos nosotros, quienes vamos a sufrir este tipo de episodios con crímenes, enfrentamientos, “accidentes”, “suicidios”, armados de causas a “perejiles”, allanamientos y todo tipo de atropellos en nuestras calles, mientras mucho dinero nuestro se acumula en manos de unos pocos.
Tenemos que defendernos, luchando por una serie de medidas. En primer lugar, una comisión de organizaciones obreras en lucha, que investigue la fuga y el Triple Crimen. En segundo, la sindicalización de todas las fuerzas de seguridad, con libertad de participación de todos los partidos, para terminar con la dirección vertical de los beneficiarios de los negocios sucios (narcotráfico, barras bravas, prostitución, etc.). En tercero, la apertura de toda la documentación de las comisarías y departamentos de fuerzas represivas. Por último, la elección de las cúpulas provinciales por parte de la población y el control de su accionar por comisiones de trabajadores.
Razón y Revolución
