Durante casi dos años las distintas conducciones y los sistemas sanitarios de todos los niveles han intentado escudarse en lo imprevisible para justificar la catástrofe ocurrida en Argentina. La verdad es otra, muy previsiblemente ha ocurrido lo que se desprende como consecuencia lógica de las acciones de una clase sin futuro, ni soluciones al frente del país
Ricardo Maldonado – Delegado gremial, integrante de GISA (Grupo de Investigación de la Salud Argentina)
No es la Ley de Murphy, es la política del capital
Al comenzar la pandemia en marzo del 2020, fue necesario licenciar a una porción sustantiva del personal de salud en todos los niveles y condiciones por patologías de riesgo preexistentes. Fue una medida necesaria e indispensable ya que era previsible que en los efectores sanitarios circulara el virus con mayor frecuencia. Coincidentemente la mayoría de los trabajadores (excluidos los “esenciales”) fueron dispensados del traslado y la asistencia. Esto trajo como consecuencia un recargo de trabajo en los que pudimos permanecer asistiendo. Sobre todo, a medida que se fue restableciendo el flujo de tratamientos, muy restringidos en un primer momento, y que se desataron las dos olas consecutivas de infecciones, internaciones y muertes por COVID-19. Estas llevaron al país al inmenso número de más de 115 mil fallecidos según estadísticas oficiales. Aunque todavía falta realizar las revisiones que podrían llevar este número a niveles mucho mayores, cercanos a los 150 mil según previsiones informadas. Aún con los guarimos actuales Argentina se ubica en el podio entre todos los países de América, el continente más golpeado por las muertes por COVID-19, con 257 cada 100 mil, sólo superado por Perú y Brasil.
Si bien para todos los trabajadores de salud era comprensible y necesario responder a la emergencia con las licencias de quienes corrían riesgos, y asumir una mayor carga de trabajo, no es comprensible ni aceptable, que no haya habido compensación económica por esa sobrecarga. Los bonos del gobierno al personal de salud en activo durante la pandemia alcanzaron la astronómica suma de $500 por semana. Si se posee un solo empleo, algo poco común con los miserables salarios del sector salud, y se toma un solo colectivo hasta ese trabajo, el transporte se lleva casi la mitad de ese monto. Si se viaja en varios transportes, se lo lleva todo.
Ante esta situación los distintos responsables de gestionar la salud y sobre todo la salud pública se han escudado para justificarse en dos argumentos. Por un lado, la herencia. No importa cuánto hace que están gobernando, ni tampoco el hecho de que se han postulado voluntariamente para hacerlo y por lo tanto se supone que deberían saber lidiar con el asunto. El otro argumento es el de naturalizar la situación, como si no dependiera de acciones y decisiones gubernamentales y fuera fruto de la condición humana y de situaciones inevitables.
Contrariamente, podemos mostrar que sucede todo lo contrario. Llegamos a una situación extremadamente compleja y desfavorable porque antes de la pandemia, y durante esta misma, se tomaron decisiones que profundizan el descalabro, cuando es posible actuar en sentido inverso.
Un problema, una justificación exculpatoria y una interpretación racional
En el mes de abril, en una reunión de delegados gremiales de salud con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Recursos Humanos de la Municipalidad de Vicente López (MVL), donde se planteó esta cuestión, el secretario de RR. HH. se escudó en que era una condición de los trabajadores de salud en general la alta tasa de enfermedades preexistentes y por lo tanto de personal licenciado.
Expusimos allí un argumento contrario. La proporción mayor de trabajadores licenciados en algunos sectores no obedece a una condición natural o una desgracia imprevista, sino que es el resultado lógico y consecuente de la dirección en que se gestiona la salud, sobre todo la salud administrada por el estado. Como marco general que enmarca lo que nos interesa desarrollar, podemos ofrecer las pirámides poblacionales de la población en general y de los auxiliares de enfermería en particular de la Provincia de Buenos Aires. A simple vista se puede percibir que estamos ante un grave problema presente, una catástrofe amenazante en el futuro cercano.
Auxiliares de enfermería PBA
Fuente: 1
Población en general PBA
Fuente: 2
Los trabajadores de salud empleados por el estado tienen salarios más bajos que los trabajadores de salud privados que ya tienen de por sí salarios por debajo del promedio de los trabajadores registrados. Tienen además una creciente situación de inestabilidad. Si históricamente los salarios degradados de la salud pública ofrecían en compensación una estabilidad mayor en los cargos de planta que los puestos en establecimientos privados, esta condición compensatoria ha ido desapareciendo. Cada vez más el trabajo en la salud pública se precariza, los tiempos para acceder a derechos se extienden más allá de lo que corresponde, tareas de gestión no políticas y no técnicas como jefaturas de unidades de atención primaria o de servicios nunca son concursadas, permitiendo de esta manera usar la pequeña diferencia salarial como elemento de presión que disuelve cualquier pensamiento independiente o actitud disidente. A eso se le suma la aparición con cada vez mayor frecuencia de contratos de corta duración (como los utilizados en los Hospitales Modulares de la Provincia de Buenos Aires) e incluso de contratos por servicios como monotributistas.
Este ataque a las condiciones de trabajo y de vida del personal de salud es notoriamente expulsivo y genera un quiebre dentro de esta capa del proletariado. Los más jóvenes, los más sanos e incluso muchas veces los más capaces, intentan mejorar sus condiciones de vida eludiendo esta trampa y buscando alternativas. Esto genera una migración de la salud pública a la salud privada, pero también al exterior del sistema de salud, a otros sectores en los que pueden hacer valer los estudios realizados, pero en los que, aun así, consiguen mejores condiciones de trabajo o mejores remuneraciones. Los que tenemos más edad y menos posibilidades de ser contratados, una salud menos sólida o, a veces, solamente menos audacia, nos quedamos.
El resultado es el que hemos señalado: un personal más avejentado que el conjunto de la población y con mayor tasa de patologías.
Para muestra basta un botón (o contar lo que hacen)
Tratando de ganar en precisión (y en sustento para los argumentos con los que le reclamamos a la patronal que responda por sus políticas) vamos a exponer cómo se logra esto en un caso que puede multiplicarse con sus particularidades menores, al conjunto de la salud pública en todos sus subsectores.
Al llegar el comienzo de la pandemia el equipo de psicólogos de la Dirección de Atención Primaria en Salud (DAPS) de la Municipalidad de Vicente López (MVL) fue dispensado de concurrir a las respectivas Unidades de Atención Primaria (UAPs) y concentrado en el Instituto de Rehabilitación Municipal (IRM) para realizar, a lo largo del año, distintas tareas de información, acompañamiento y tratamiento por medios telefónicos. De los 20 trabajadores que tenía el equipo, solo 16 asumimos estas tareas, ya que 4, el 20% de la planta, estaban dispensados por motivos de salud.
En Argentina, según datos oficiales del 2017, la edad promedio del trabajador de “salud y servicios” era la segunda más alta entre 20 agrupamientos, sólo superada por “inmobiliarias”. Trepaba hasta los 43,6 años, lejos de los 35,2 de los trabajadores de hoteles y restaurantes (algo esperable ya que se trata en muchos casos de un primer trabajo muy precarizado por las patronales negreras del sector) pero incluso más de dos años mayor que el promedio general de 41. La decisión de no incorporar personal en el sector a lo largo de los años llevó el promedio de edad del equipo de 20 integrantes ahora reunido en el IRM a 49,7 años. Este dato se conjuga con una antigüedad en la MVL de 20,2 años y una antigüedad como personal de planta incorporada a la Carrera Provincial Hospitalaria (CPH Ley 10.471) de 11,5. Estos datos para quien no está empapado en los problemas particulares de los trabajadores de salud de la municipalidad de Vicente López requieren una pequeña aclaración. Aunque adherido a la ley 10471 de carrera profesional hospitalaria la municipalidad de Vicente López no incluye a todos los trabajadores de salud automáticamente en la ley a la que está adherida. En principio los contratos precarios, mensualizados o reemplazos de guardia, con los que los trabajadores de salud son contratados se encuentra en el marco de la ordenanza municipal 34.394 que regula el trabajo del resto de los empleados del municipio. Este extraño sistema donde la misma tarea puede ser realizada en el mismo establecimiento por trabajadores regidos por distintas disposiciones legales lleva a que un trabajador tenga que esperar, muchas veces más de 10 años, para ser incorporado a la planta del personal, y luego tenga que esperar, a veces otros 10 años, para pasar de la ordenanza municipal a la ley que regula el trabajo de los profesionales de salud. Con esto cada una de las gestiones que se han sucedido logra no solo el mencionado desgaste destructivo (que es el tema de este artículo) sí no promover discordias y divisiones entre el conjunto de los trabajadores y dificultar nuestras demandas. La diferencia entre los 20 años de antigüedad en la municipalidad y los 11 años revistando dentro de la ley 10.471 cuantifica esa espera.
Esto significa que el equipo de psicología de Atención Primaria en la MVL. es un grupo casi una década mayor al promedio de la economía nacional, algo más de 6 años mayor que el promedio de los trabajadores de salud, con dos décadas trabajando en la MVL, pero sólo una de esas décadas bajo las condiciones que estipula la ley. La otra década de cada uno (o los dos siglos que sumamos en conjunto) ha sido trabajada sin pago, bajo la figura del ad honorem, con contratos mensualizados o forzando la figura eventual del “reemplazante de guardia” como un puesto permanente pero inestable.
Durante el año 2020 realizamos variados reclamos gremiales con relación a dos colegas, las más jóvenes del equipo, a las que se las trataba de forma particularmente irregular. Para ejemplificar de manera concreta: a una de ellas se le adeuda un retroactivo de cerca de $80 mil desde el año 2019, que por una u otra razón la patronal que no negaba el derecho a cobrarlo, retrasaba su efectivización. Con una inflación de más del 50% anual, esta demora disminuyó el costo para la MVL a dos tercios de lo que realmente debía pagar, haciendo que una trabajadora financie a uno de los municipios más ricos del país. Ambas reclamaban, además, la regularización de su forma de contratación. Algo que en la MVL puede demorar, para que un trabajador de salud se incorpore a planta y a la CPH, muchos años, sobre todo si es enfermera, aunque ninguna gestión deja de quejarse por la falta de personal de enfermería. En la negociación para regularizar la situación precaria e irregular de más de 250 trabajadores de salud en la MVL este mes hay casos con más de dos décadas de espera, y la oferta patronal es regularizar menos de un cuarto de los compañeros perjudicados. Se trata de seguir ofreciendo aplausos y discursos, para ocultar la precarización del trabajador de salud, que es la verdadera orientación sanitaria de la política burguesa.
Que estas situaciones se arrastren por décadas revela que no hay ninguna diferencia entre las distintas gestiones patronales, ya que con que solo una hubiera cambiado esta política se podría haber evitado esta situación. A la vez, el hecho de que hablemos de un municipio pequeño rodeado y conectado fluidamente con gran parte del resto del conurbano y CABA, demuestra también que no es una excepción sino la lógica general de los intendentes del conurbano ya que de no ser así simplemente se vaciaría Vicente López y todos los compañeros estarían trabajando en esos municipios donde sí se pagan mejores salarios y no hay precarización.
El resultado previsible y la necesidad de otra estructura sanitaria
A comienzo del año 2021 las dos compañeras más jóvenes renunciaron para buscar otros horizontes laborales menos violentos y con más perspectiva. Exponen y explican así una lógica instaurada por estos maltratos, que consiste en que quienes tienen más años en la institución y menos posibilidades de encontrar otro trabajo o una mejora se quedan a pesar de todo y que los colegas más jóvenes se vayan cuando todavía pueden. De esta manera las acciones de la patronal producen un efecto de envejecimiento cuantificable: el maltrato hacia las compañeras más jóvenes, incitando a su renuncia, significó un salto para el equipo a un promedio de edad de 52,7 años. La antigüedad paso de 20,2 a 23,2 y la espera de la regularización de 11,5 a 13,5 años. Las compañeras jóvenes se van y se llevan el elemento renovador en las tareas concretas y también el elemento compensador en los promedios. No sólo la falta de ingresos no compensa con gente joven el desgaste progresivo de los trabajadores a lo largo de los años, sino que se generó el efecto contrario, el envejecimiento supera el avance vegetativo en un gran porcentaje.
La falta de cuidado del personal, especulando con la miseria y la desocupación como herramienta válida de gestión, produce estos efectos, los números mencionados dependen exclusivamente de la orientación de las acciones del gobierno. Y demuestran de qué manera se destruye a las “esenciales”. En una carrera que podríamos cuantificar de 35 años de duración entre obtención del título y la jubilación a los 60, el promedio se encuentra demasiado cercano a la jubilación con todos los problemas que esto acarrea. A la vez que, en la trayectoria ya recorrida de dos décadas ejerciendo la profesión en el marco de la salud pública, el 57% de la esa trayectoria laboral se realizó en condiciones de precarización e inestabilidad. Dirigir es prever, y es previsible la debacle que se avecina, cuando la enfermedad y el retiro (gran parte del personal de enfermería se jubilará en los próximos años) vacíen el sistema de salud de recursos humanos. Dirigir es prever, si el país y la salud en manos de las corrientes burguesas nos lleva al desastre debemos tomar la salud en nuestras manos y reorganizarla totalmente en función de las necesidades y la salud de la población y del respeto a los derechos y las necesidades de los trabajadores.
