El pasado 10 de junio el gobierno provincial dispuso, mediante la resolución 299 del Ministerio de Gobierno y Justicia, la reincorporación de los trabajadores estatales mayores de 60 años y de las embarazadas. También se convocó a quienes pertenecen a cualquier otro grupo etario, independientemente de si poseen factores de riesgo o no, que recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el Covid. Tan solo se tiene en cuenta que hayan transcurridos 15 días desde la aplicación de la misma.
La movida está enmarcada en la necesidad de dar una sensación de normalidad, de cara a las próximas elecciones y se suma al retorno criminal de las clases en las aulas. En este sentido, los gobiernos, tanto nacional como provincial temen que la oposición se muestre como la única defensora de la educación presencial, poniendo en peligro las vidas de los docentes, no docentes, alumnos y todos los miembros de la sociedad.
Esta medida, no sólo hará que aumente el nivel de contagios, efecto ya logrado por la vuelta a las clases presenciales (basta con ver la curva de contagios diarios y como ha crecido desde marzo), sino que además exigirá aún más al saturado sistema de salud entrerriano que ya se encuentra colapsado.
Las únicas medidas aceptables en medio del actual pico de la pandemia, son las que apunten a reducir la circulación a mínimos indispensables, permitiendo que se realicen solo las tareas realmente esenciales, de manera de garantizar la vida de los trabajadores
No podemos dejar que los intereses mezquinos de la burguesía y de clase política estén por encima de nuestras vidas. Sin un plan de vacunación masiva, debemos rechazar el regreso a la normalidad que pretende imponer el gobierno provincial.
En defensa de la vida de la clase obrera, ¡vacunación masiva ya!
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