“La solidaridad inteligente de ambas partes, logrará resultados beneficiosos para la Nación. (…) Me permito, al declarar inaugurado en esta sesión el funcionamiento de este Congreso de la Productividad y el Bienestar social, pedir a la Providencia que nos ilumine a todos, para que de la acción que se desarrolle en este Congreso salga algo constructivo para la Nación y que en cada uno de nuestros corazones comience a establecerse esa comprensión, ese nexo, que es lo único que hace grandes a las comunidades, por la cooperación constructiva de sus fuerzas.”
Discurso de Perón, 1955
“Tenemos que avanzar en reformas en donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder, y no solo hablo de la política.”
Discurso de Macri, 2017
Después de muchas idas y vueltas, tras ganar las elecciones el gobierno sacó a la luz su proyecto de reforma laboral. Hacía rato que Triaca había anunciado que querían que la reforma fuera general, o sea que modificara directamente la Ley de Contrato de Trabajo, nº 20.744 (LCT). Sin embargo, antes de las elecciones y ante la amenaza de la CGT de impedir tal iniciativa, el ministro de Trabajo y el Triunvirato cegetista habían acordado que la reforma mantendría la modalidad con la que ya venía trabajando: de forma parcializada por sectores, a través de la firma de convenios flexibilizadores. Sin embargo, una y otra no son excluyentes. Mientras la estrategia sectorial sigue avanzando -el último convenio firmado fue el de lecheros-, el gobierno y a CGT “discutieron” el proyecto oficial que incluye una serie de reformas, en especial a la LCT. Toda la negociación fue una gran puesta en escena. A los pocos días de presentar el borrador del proyecto, el gobierno declaró que había varios puntos de los que podría bajarse.1 Al poco tiempo de reunirse con la CGT, presentó un nuevo proyecto, más blando, donde cedía en los puntos que ya tenía pensado negociar.2
Finalmente, llegó a un acuerdo con la CGT, “aceptando” pocas modificaciones que la CGT le habría impuesto. Evidentemente, la primera propuesta incluía puntos como prenda de negociación, de modo que los importantes pasen luego de que la burocracia pataleara. Así, el gobierno puede decirle a la CGT que está cediendo, mientras las CGT puede decir que logró que la reforma no fuera tan dura. Una estrategia que al gobierno le viene dando resultados, como demuestra el pacto social que logró que los kirchneristas y el sindicalismo fueguino firmen para la industria eléctrica.3 Así, mientras todo el mundo, desde los “Gordos” hasta la izquierda, pasando por los K, afirman que Macri es el diablo que viene por todo, el gobierno les sigue el juego para luego “ceder” y lograr su objetivo inicial: avanzar gradualmente con las reformas que busca. De esa manera, logra que el grueso de la población descrea de los críticos, puesto que lo peor nunca llega, o incluso, que la resistencia obtuvo alguna victoria contra el ajuste. Mientras tanto, Macri evita grandes movilizaciones y huelgas generales, y va colando la reforma gota a gota, hasta que el agua nos tape. Hay que reaccionar ahora.
Antes de repasar las principales modificaciones, recordemos lo que venimos explicando hace varios años. Los términos “reforma laboral” o “flexibilización” son en realidad eufemismos para referirse a la degradación de las condiciones de trabajo. Es decir, un ataque a las conquistas de la clase obrera. Como toda burguesía, también la Argentina busca por esta vía incrementar sus ganancias. No es casual que se busque avanzar con más urgencia en este tipo de reformas en momentos de crisis y que se avance en ese sentido en todo el mundo.4 Para aumentar sus ganancias, los capitalistas necesitan extraer mayor plusvalía de sus obreros. Para ello no solo buscan pagar lo menos posible sino utilizar lo más posible la fuerza de trabajo durante el tiempo que puedan prologar la jornada de trabajo. De esta forma, aumenta la tasa de explotación a la que están sometidos los obreros ocupados. La otra cara de la reforma apunta a disminuir el valor de la fuerza de trabajo en la Argentina (lo que los burgueses llaman “costos laborales”). Ya sabemos que la firma de paritarias por debajo de la inflación es la vía más directa para disminuir el salario. Pero el salario de bolsillo del trabajador es solo una parte de lo que el capitalista paga por su fuerza de trabajo. A ello se le suman una serie de conquistas que la clase obrera argentina ha logrado y que se ubican por encima de otras partes del mundo y que hace que para la burguesía la “mano de obra” argentina sea más cara que, por ejemplo, Brasil o México. Siempre y cuando estén en blanco. Macri cree que, abaratándola, conseguirá más inversiones y más puestos de trabajo. Como ya hemos dicho muchas veces, difícilmente lo consiga porque el abaratamiento al que habría que someter la fuerza de trabajo es tal que excede las posibilidades políticas de la burguesía. De hecho, el proyecto macrista es menos ambicioso que el que se aprobó en Brasil. No obstante, se trata de un paso más en una larga senda por la que avanza hace cuatro décadas la burguesía argentina de manera lenta, pero segura. Veamos en detalle.
El contenido
El proyecto de reforma laboral, que incluye una reforma a la LCT, contempla varios puntos. En algunos de ellos hay acuerdo entre el gobierno y la CGT, como la iniciativa de aumentar la fiscalización sobre los sindicatos de modo de limpiar la cantidad de organizaciones que los “Gordos” no controlan. En otros había disidencia. Por ejemplo, la CGT y el kirchnerismo se ofuscaron ante la modificación conceptual que el gobierno pretende realizar de la relación laboral, reemplazando su carácter asimétrico por la igualdad entre las partes, lo cual podría perjudicar al trabajador en el Fuero Laboral. Pero en este punto el gobierno cedió muy sencillamente. También hay acuerdo en la creación de una agencia de evaluación de tecnologías de salud (Agnet), que serviría para limitar los juicios de los afiliados contra las obras sociales y las prepagas, y la creación de un Sistema de Prácticas Formativas, o sea, una modalidad extendida de las pasantías.
La mayor coincidencia entre los “Gordos” y Macri es el blanqueo, que permitiría a la CGT aumentar la base de afiliación y al gobierno la base de recaudación para la ANSES5. Sin embargo, el Triunvirato no acordaba con los porcentajes que querían establecerse para las cargas patronales. Entonces, el gobierno quitó la rebaja de las cargas patronales del nuevo proyecto, y tiene planeado pasarlo a la reforma tributaria. Recordemos que esta iniciativa ya había sido impulsada por Cavallo y por Cristina. La ex presidenta no solo rebajó las cargas para los trabajadores que registrasen las pymes, sino incluso para empresas más grandes (al margen que buena parte del mundo pyme trabaja como tercerizado de las grandes). Este tipo de medidas desfinancian la ANSES, aunque no son las únicas. Por ejemplo, Cristina permitió la extensión de los convenios de corresponsabilidad gremial que regían en el ámbito rural a cualquier actividad, lo cual permitía un régimen de aportes reducido.6
Otra novedad respecto al blanqueo, que a la CGT parece no importarle porque afecta a los trabajadores en negro, es la eliminación de la indemnización que el empleador estaba obligado a pagar al trabajador no registrado cuando este lo intimaba a que lo registrara (Ley 24.013, art. 8 a 10). En la práctica esto le permitía al trabajador no registrado cobrar una indemnización en caso de despido. El gobierno quiere eliminar esta posibilidad y reemplazarla por una multa de un valor bastante menor, que la patronal deberá pagarle a la ANSES sin que el trabajador perciba un solo peso. Así, se desincentivan las denuncias por trabajo en negro.
Un cambio que se aplicó en Brasil y que se creía que iba a copiar Macri es la eliminación el principio de irrenunciabiliad (Ley 20.744, art 12). Esto significa que no puede pactarse la supresión o disminución de algún derecho establecido por la LCT, el convenio colectivo o estatuto profesional o contratos individuales. Es decir, que la patronal no podía imponer condiciones a la baja respecto a lo pactado previamente en cualquier nivel. La propuesta no es eliminar esto de forma completa, sino solo en relación a las condiciones firmadas en acuerdos individuales. En la nueva versión el gobierno “suaviza” este cambio agregando que los cambios deberán ser homologados ante una autoridad de aplicación y que el trabajador deberá estar acompañado por un representante sindical.
En un sentido similar se buscará modificar la aplicación del criterio Ius Variandi o la facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo por parte del empleador (Ley 20.744, art. 66). Hasta ahora, cuando la patronal modificaba unilateralmente alguna condición de trabajo en detrimento del obrero, este último tenía la posibilidad de exigir ante la Justicia que se reestablecieran las condiciones previas o bien considerarse despedido. La modificación propuesta reemplaza la posibilidad de accionar judicialmente, por el reclamo “ante la instancia que se contemple para ello en el convenio colectivo de trabajo aplicable”. Este sería un paso más, que se suma a la reforma de la ley de ART, en el ataque a la “industria del juicio”.7 El gobierno estaba dispuesto a negociar este punto desde un principio. Finalmente, la modificación será que se pueda accionar judicialmente, pero no por medio de un proceso sumarísimo, lo que perjudicaría al trabajador y dilataría los tiempos de resolución.
Estos dos últimos ítems apuntan a reforzar la potestad de la patronal de degradar condiciones de trabajo con algo menos de restricciones, aunque como vimos de forma moderada. Hay otra serie de modificaciones que apuntan al ahorro de costos laborales de forma más directa (aunque todas las modificaciones van en ese sentido).
Uno de los cambios más importantes es el ataque a la indemnización por despido. Recordemos la clase obrera argentina ha logrado que el costo del despido sea elevado respecto a otras partes del mundo.8 Como ya mencionamos, para los trabajadores en negro se quiere eliminar la indemnización que percibían al denunciar su situación, que en los hechos era la forma que tenían de acceder al cobro de indemnización por despido. Ahora bien, para los trabajadores en blanco se quiere reducir el cálculo de la indemnización (Ley 20.744, art. 245). Hasta ahora se calculaba un sueldo por año estimado sobre “la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año”. Como hasta ahora no se explicita qué ítems están incluidos y cuáles no, su interpretación permite la inclusión de todas las sumas que percibiera el trabajador. El gobierno quiso excluir de la base salarial sobre la que se calcula, las horas extras, el aguinaldo, las comisiones, premios o bonificaciones. En la modificación se saca las horas extras y las comisiones y queda en pie la exclusión del aguinaldo y las bonificaciones. En un principio, el gobierno pretendía que el plazo para accionar judicialmente disminuyera a un año, pero en la nueva versión mantendría los dos años (Ley 20.744, art. 256).
Pero hay algo aún más grave: se permite la creación de fondos de cese laboral por sector, copiando el modelo que ya existe en la industria de la construcción desde 1967 (Decreto Ley nº 17.258) y que fue incorporado luego al estatuto de la actividad en 1980 (Ley nº 22.250).9 Los obreros de la construcción hace décadas han perdido el derecho a cobrar una indemnización y en lugar de ello, los patrones del sector simplemente depositan en una cuenta un porcentaje del salario que, acumulado mes a mes, será lo que el obrero se lleve cuando finalice la relación laboral. Esto está “justificado” en la naturaleza transitoria de la actividad (aunque ello podría cuestionarse). Ahora no hace falta ningún fundamento para implementar este régimen. El proyecto final establece que se discutirá su implementación en las negociaciones colectivas por sector, así como el porcentaje salarial destinado al fondo. Por supuesto que ello supondrá un gran ahorro para los empresarios a la hora de deshacerse de personal. La CGT podría quejarse de este punto, pero hay que recordar que este fondo será administrado por un instituto creado a tal fin, compuesto por el sindicato y la cámara patronal, que administrará los fondos y podrá disponer de ellos. ¿Hay que aclarar que ello constituirá una nueva caja para la burocracia?
Hay un punto que el gobierno quiere impulsar porque le permite a las patronales ahorrar el costo de las horas extras, mediante la implementación del banco de horas. Una gran conquista en Argentina fue que la hora de trabajo fuera de la jornada laboral debe abonarse un 50% más que la normal o un 100% más si fuera sábados después del mediodía, domingos o feriados (Ley 20.744, art. 201). Esto resulta un problema para amoldar la jornada laboral a los ciclos productivos y económicos. Hoy en día, muchos compañeros buscan hacer extras porque con ello pueden complementar sus magros salarios. Pero la realidad es que son utilizadas por la patronal para aumentar la producción, incrementando las horas trabajadas sin aumentar la cantidad de trabajadores. Ahora bien, también existe el problema contrario: cuando hay que disminuir la producción. La industria automotriz, que es muy sensible a los ciclos económicos, es un claro ejemplo de estos vaivenes. Una solución que se dio en la práctica, a través de actas acuerdo, fue la implementación del banco de horas. Mediante este sistema, los trabajadores cobran por la jornada completa en momentos de baja de la producción, aunque trabajen menos horas. Esas horas no trabajadas y cobradas, deben ser devueltas en algún momento que la empresa lo necesite bajo la forma de horas extras sin cobrar. Es decir, la empresa adelantaba el pago de horas de trabajo que luego el trabajador debe devolver, pero sin recibir el plus que corresponde por hora extra. Esta modalidad existe hace tiempo y fue moneda corriente durante el kirchnerismo. En la práctica esto permite la eliminación del plus por hora extra. La modalidad es bastante parecida a la forma de contabilizar la jornada laboral de forma más bien anualizada que rige en Francia. El gobierno quería que el banco de horas se incorporara a la LCT, pero va a promover que se negocie por medio de los convenios colectivos, lo que lleva a que se discuta sector por sector.
Hay otro tipo de reformas que apuntan a favorecer la tercerización laboral bajo diferentes modalidades. La tercerización, ya sea contratando empresas para tareas específicas o monotributistas, permite contar con trabajadores en peores condiciones que los trabajadores de planta. Hay toda una serie de modalidades que le permiten a una empresa deshacerse del problema de contratar una parte de su fuerza laboral con todos los costos que implica el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, registrado y bajo convenio colectivo. Por supuesto, se trata de situaciones que ya fueron habilitadas por el menemismo y que el kirchnerismo mantuvo y expandió. Cristina abandonó el gobierno con un 9% de los trabajadores en blanco con contratos a término. En el Estado, el kirchnerismo llevó la dotación de contratados y monotributistas del 6% al 19%. Y por supuesto, las patotas kirchneristas se dedicaron a reprimir a los tercerizados que buscaban mejorar sus condiciones laborales, algo que salió a la luz con el asesinato de Mariano Ferreyra. Lo que busca ahora Macri es profundizar esta situación. Por un lado, quiere excluir de la responsabilidad solidaria una serie de actividades (Ley 20.744, art. 30). Hasta ahora, la empresa principal era responsable por las condiciones laborales del personal de la empresa que subcontratara y cualquier tercerizado podía accionar judicialmente con ella. El gobierno quiere que esto no se aplique para las principales actividades que suelen ser tercerizadas (limpieza, mantenimiento, gastronomía, informática), entre las que se incluía los servicios de transporte, lo que ofuscó a Moyano. Pero Triaca aceptó agregar que se trataría solo de transporte de pasajeros, lo que excluiría la actividad de Camioneros. También se quitó de la excepción los servicios informáticos, área en la cual se conformó hace poco un sindicato ligado a Facundo Moyano. Además, en el nuevo proyecto se agregó que la empresa deberá informar al sindicato de las subcontrataciones que quiera hacer, que tendrá 30 días para exhibir los comprobantes cuando lo requiera la autoridad de control o el trabajador y que se eximirá de la responsabilidad solidaria a las empresas que cumplan con los requisitos de control sobre la tercerizada, lo que va a dificultar la acción judicial contra la empresa principal.
Por otro lado, el gobierno pretende avanzar en la formalización de la contratación “trabajadores autónomos”, de modo de evitar demandas por fraude laboral. Así, se excluye del ámbito de aplicación de la LCT (Ley 20.744, art. 2) a los trabajadores autónomos “económicamente vinculados”, que se referiría a quienes “presten servicios” de manera habitual y directa para una persona o empresa de la que dependan económicamente hasta el 80% de sus ingresos anuales y no supere las 22 horas semanales de trabajo. El acuerdo con la CGT incluyó el agregado de que estos trabajadores se regirán por una regulación estatutaria especial. En un principio el gobierno quería excluir de la LCT también a los trabajadores independientes y “a sus trabajadores independientes colaboradores”, un eufemismo para referirse a un intermediario o subcontratista, para quien se iba a habilitar un régimen de aportes simplificado. Finalmente esta figura fue eliminada y se prevé la conformación de una comisión tripartita para elaborar un régimen especial.
Por supuesto que todas estas modificaciones vienen junto con otras que actúan como cebo. Por ejemplo, la extensión de la licencia por paternidad y la posibilidad de tener jornada de trabajo reducida por el cuidado de los hijos.
Su camino y el nuestro
A diferencia de lo que nos quiere hacer creer el kirchnerismo, y que muchos partidos de izquierda compran, Macri no viene a hacer nada radicalmente distinto ni viene con una reforma brutal. Se trata de modificaciones que van en el sentido de extender y profundizar el ataque a las conquistas históricas de la clase obrera argentina. Es el mismo objetivo estratégico que la burguesía tiene hace décadas y que ha hecho avanzar bajo diferentes tácticas. Mauricio cree que la más efectiva es la reforma gradual. No es casualidad: la clase obrera argentina no es la misma hoy que con Menem y las posibilidades de la burguesía, tampoco. Ya en el nuevo borrador se ha bajado de varios puntos. En especial, su mayor preocupación es la disminución de los litigios laborales, algo que también preocupaba a Cristina.10 Como vimos, los principales puntos propuestos avanzan un paso más en la tendencia que ya estaba trazada. Sea poco o mucho, no cabe duda que esto arrastra a los trabajadores a un nuevo nivel de degradación.
Es necesario explicarles a todos los trabajadores la naturaleza de la reforma: no es la maldad del neoliberalismo macrista, es el capitalismo. En general los balances de la izquierda han tendido a reforzar la idea kirchnerista de que con Macri se viene un ataque nunca antes visto o cuyo antecedente es la Dictadura o, a lo sumo, el menemismo. A nadie se le ocurrió mencionar qué sucedió durante el kirchnerismo. Colaboran, así, a construir la imagen que el kirchnerismo promueve de sí mismo, una que lo embellece. Y por supuesto, la idea que todo el problema es la inescrupulosidad de Macri. Es necesario entender este punto: con mayor o menor celeridad, bajo estas relaciones sociales, la clase obrera está destinada a sufrir una mayor degradación. Solo destruyendo esta sociedad y construyendo una socialista podremos poner un verdadero freno a la degradación.
Es hora de ser protagonistas
Ahora bien, ¿podemos esperar algo de la burocracia? Ya sabemos que los “Gordos” de la CGT no solo acuerdan con algunos puntos, sino que incluso diciendo oponerse no van a llevar adelante ninguna medida. La idea que “traicionan”, oculta la denuncia de que los “Gordos” de la CGT no han mutado su posición, sino que vienen acordando con la entrega de conquistas obreras hace décadas. Los sindicalistas kirchneristas hasta ahora solo se han dedicado a hacer campaña por el retorno de Cristina, presentando esto como la solución a todos nuestros males, sin tomar una sola medida que enfrente al gobierno. Por supuesto que nada dicen acerca de los puntos de continuidad entre el anterior gobierno y este. Mientras tanto, dejan pasar la reforma por la vía de los convenios particulares, como el caso de ATILRA (lecheros) que integra la Corriente Federal. Ni hablar de la CTA Autónoma y ATE nacional, que han dejado pasar sin pena ni gloria el convenio estatal flexibilizador. Mientras la CGT discutió algunos artículos, pero no la naturaleza de la reforma, Moyano (que no estuvo ajeno a la negociación), junto con el Papa y los kirchneristas, promete una marcha cuando la reforma se trate en el Congreso. O sea, cuando todo esté cocinado. Es evidente que nada podemos esperar de estos sectores. A esto se suma que Macri instaló la amenaza latente de sacar carpetazos contra los sindicalistas, algo que ya comenzó tibiamente y que el kirchnerismo está sintiendo.
Nos queda la izquierda, que lamentablemente se encuentra totalmente atomizada. Cada uno cuida su quintita sin intentar promover una unidad real. Desde “congresos” cuyo único objetivo es llamar a votar al FIT y en donde se veta la participación de cualquier otra fuerza política, hasta llamados a plenarios para acciones puntuales sin ninguna continuidad (el apoyo a un conflicto particular, alguna marcha aislada), los partidos con mayor inserción sindical se niegan a conformar una dirección independiente unificada para el conjunto de la vanguardia obrera. Quienes poseían un capital político y una para nada despreciable inserción en el movimiento obrero, que multiplica la lucha, no asumieron ningún rol como alternativa de dirección. Quienes han tenido en sus manos la responsabilidad de impulsar un congreso sindical clasista de ocupados y desocupados, no lo han hecho. Por el contrario, se han dedicado principalmente a reclamar a las centrales sindicales el paro general y el plan de lucha. Esta estrategia solo ha servido mayormente para acentuar la inacción. Este cuadro se completa con el creciente electoralismo y parlamentarismo.
El PTS convocó a todo el mundo a la carpa de Pepsico para volver a insistir en reclamos a la burocracia por el paro y reuniones con los kirchneristas, propuesta que fue secundada por MST, NMAS e IS. Con la excusa de buscar “la más amplia unidad”, nuestro plan de lucha no puede limitarse a pedir que luchen a quienes no quieren luchar y, por el contrario, son ejecutores de la reforma y el ajuste. Pareciera que armar el Frente Anti-Macri es la única alternativa política (como planteó pioneramente la TPR). Mientras tanto, hacemos algunos cortes o medidas aisladas.
¿Las razones de todo esto? Por un lado, el PTS es, después de la TPR, el partido que con más energía compró la caracterización kirchnerista del macrismo (aunque toda la izquierda ha caído en ello). La excusa del PTS para no lanzar un plan de lucha, es que los obreros todavía no han hecho su experiencia con la burocracia. La realidad es que la clase obrera ya hizo su experiencia. Los resultados están a la vista: despidos, paritarias a la baja y convenios flexibilizados. ¿Cuál es la vara de medida por la cual el PTS y compañía asumen que la “experiencia” no está hecha? Hace 70 años que los obreros argentinos experimentan la dirección de la burocracia peronista, ¿cuánto más tienen esperar? Por otro lado, el PTS confunde interpelar a las bases con entrevistarse con la burocracia. ¿Qué garantía podría darle Palazzo de lucha? ¿Qué impacto real podría eso tener en las bases? ¿Si vamos con Palazzo, quién creen que tendrá la dirección del movimiento? Esta política, al día de hoy, no ha llevado más que a derrotas.
El Partido Obrero, por su parte, impugna la estrategia del PTS y señala correctamente que pedirle luchar a la Corriente Federal es pedirle peras al olmo. El PO cambió parcialmente de posición, aunque no lo admita, porque en el conflicto de AGR también utilizó la táctica de reclamar a la burocracia. En más, todo el año pasado estuvo convocando a los plenarios del SUTNA para organizar columnas encabezadas por consignas de reclamo a la burocracia. Pero esta crítica al PTS no lo lleva a una posición superadora (la convocatoria a una nueva ANT, por ejemplo), sino a buscar una alianza con un sector de la burocracia. Así, en lugar de discutir un plan conjunto con las fuerzas de la izquierda, con la que comparte frentes en los sindicatos y en las urnas, el PO prefiere reunirse e impulsar acciones con la CTA Autónoma y ATE para movilizar el 6 de diciembre, cuando la reforma ya haya comenzado a ser tratada. O sea, dándole ventaja al gobierno. El PO parece no entender la necesidad de actuar en unidad con la izquierda y el clasismo.
En el fondo, estamos ante un serio problema político. Parece no haber en estos partidos una vocación de dirección de las masas, o sea, de poder. Están cómodos en los papeles secundarios. En lugar de percibir que hay un descontento que la burocracia no va a canalizar sino apaciguar y, por lo tanto, que es la oportunidad para erigir una verdadera dirección independiente, prefieren plegarse a ella. Incluso siendo minoría en el movimiento obrero, una verdadera alternativa de dirección se define por la claridad para marcar un camino independiente para el conjunto de la clase. Hay que superar el complejo de inferioridad. La izquierda no cree que pueda hacer algo sin el peronismo. Sin embargo, el día que se marchó por Maldonado sin los K, logramos llenar la Plaza de Mayo, una muestra de que la izquierda tiene más fuerza de lo que ella misma cree. Tenemos que tomar ese mismo camino y ponernos a la cabeza del reclamo contra la reforma. Ser minoría en el movimiento obrero no nos exime de ser audaces. En más, es nuestra obligación si queremos abandonar el lugar minoritario, en lugar de construir a nuestro oponente como dirección de las masas yendo a la rastra.
Por eso, en lo inmediato tenemos que preparar una movilización del sindicalismo combativo. Pero no solo eso: nuestro horizonte tiene que ser poner en pie una Asamblea de Trabajadores Ocupados y Desocupados. Debemos reagrupar a toda la vanguardia y ponernos a la cabeza de la lucha de la clase obrera. Para ello, la Asamblea es una herramienta histórica con la cual podríamos impulsar un verdadero plan de lucha contra la política patronal del gobierno y la oposición.
Razón y Revolución
1 http://www.ambito.com/902534-gobierno-cgt-mas-cerca-de-acordar-la-reforma-laboral
2 http://www.ambito.com/903370-flexibiliza-gobierno-la-reforma-laboral-para-guino-de-cgt
3 http://www.lanacion.com.ar/2082054-para-ganar-competitividad-congelan-salarios-por-dos-anos-en-la-industria-fueguina
4Ver las notas sobre las reformas laborales que hemos publicado en El Aromo. Sobre India: http://razonyrevolucion.org/la-formula-india-julia-egan/. Sobre Brasil: http://razonyrevolucion.org/reforma-laboral-la-flexibilidad-laboral-el-caso-de-brasil-y-lo-que-nos-espera-en-argentina-julia-egan/. Sobre Francia: http://razonyrevolucion.org/non-merci-patron-julia-egan/
5Sobre el blanqueo y sus consecuencias, ver: http://razonyrevolucion.org/limpiando-el-terreno-la-estrategia-macrista-en-materia-de-empleo-y-el-blanqueo-de-la-informalidad/
6 Sobre la rebaja de aportes de Cristina para el blanqueo ver: http://razonyrevolucion.org/pulseadas-por-ianina-harari/. Sobre la corresponsabilidad gremial: http://razonyrevolucion.org/tiro-de-gracia-al-anses-por-ianina-harari/
7 Ver: http://razonyrevolucion.org/inseguros-maria-alejandra-gutierrez-vargas/ y http://razonyrevolucion.org/juicios-laborales-la-mafia-de-la-explotacion-maria-alejandra-gutierrez-vargas/
8 Ver_ http://razonyrevolucion.org/postales-de-un-futuro-cercano-costos-laborales-y-contratacion-en-brasil-y-argentina/
9 Ver: http://razonyrevolucion.org/uocra-lo-hizo-rocio-fernandez/
10 http://www.ambito.com/555654-cristina-insto-a-abordar-el-debate-sobre-art-y-terminar-con-la-industria-del-juicio