¿Democracia o socialismo?

Martín Pezzarini – Grupo de Análisis Internacional

A un año de las elecciones presidenciales en Brasil, la campaña parece haber comenzado. Los partidos del régimen buscan posicionarse de cara una contienda cuyas notas distintivas probablemente serán la polarización y el abstencionismo/voto en blanco. El presidente, en medio de un aislamiento notable, redobla su disputa con el poder judicial, al tiempo que convoca movilizaciones en su apoyo. Lula, principal candidato según la mayoría de las encuestas, parece apostar a un desgaste lento de su rival, evitando el juicio político y sosteniendo el enfrentamiento hasta el próximo año. La clase obrera, golpeada por la miseria y la enfermedad, no logra recuperar la capacidad de intervención que demostró antaño, subordinada (frágilmente) a las distintas variantes de la política burguesa. Las entidades patronales, por su parte, reclaman la profundización del ajuste y exigen estabilidad política, marcando las reglas del juego a cualquier intrépido que quiera saltarlas. El escenario es complejo y su desenlace aún es incierto. La burguesía busca cerrar la crisis política, sus dirigentes se debaten entre la cárcel y las urnas, en tanto los trabajadores se empobrecen y mueren. Veamos.

El escenario político

El martes 7 de septiembre, las disputas entre el poder judicial y el gobierno de Jair Bolsonaro parecen haber llegado a un punto que no habían alcanzado hasta ahora. En medio de una multitud congregada en su apoyo, el presidente aprovechó la oportunidad para atacar a uno de los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a quien se refirió como «canalla» y acusó de no reunir las condiciones mínimas para continuar en el máximo tribunal, declarando que ya no estaría dispuesto a acatar sus decisiones.

Ante esta jornada, marcada por decenas de movilizaciones en apoyo al presidente, los partidos de la oposición, el progresismo y la prensa denunciaron el carácter «golpista» del gobierno e impusieron la lectura de que Bolsonaro estaría buscando imponer una dictadura en Brasil. Y, dado que el régimen estaría siendo amenazado, condenaron al gobierno y llamaron a defender la democracia. Una vez más, como era de esperar, la izquierda sumó su voz a esta perorata vacía e inconducente, esquivando el verdadero núcleo del problema.

Pues bien, es importante considerar el contexto general en el que tuvieron lugar estos episodios, puesto que permiten comprender cuál es el tenor de las disputas y qué es lo que realmente se está poniendo en juego. En primer lugar, es preciso tener en cuenta la complicada situación judicial de Bolsonaro y su entorno. Por un lado, cada vez se conoce más sobre el esquema de corrupción que involucra a los hijos del presidente, Carlos y Flavio, acusados de haber contratado empleados fantasmas en calidad de asesores, al tiempo que se habría retenido parcial o completamente sus salarios. Por otro lado, el presidente aparece implicado en el proceso que investiga la difusión de noticias falsas, la «campaña» de descrédito contra el sistema de votación vigente y la promoción de actos contra el Congreso y el STF. Pero eso no es todo. El presidente también se encuentra bajo la lupa del Tribunal Superior Electoral, que va detrás del esquema de difusión de fake news que Bolsonaro habría utilizado para desacreditar a sus oponentes en los comicios de 2018. En caso de que el Tribunal considere que se reúnen las condiciones suficientes, podría decidir anular la victoria de la fórmula que triunfó en esas elecciones, desplazando del poder, en un solo movimiento, a Bolsonaro y a su vicepresidente.

A este cuadro hay que agregar dos elementos que enfrentan directamente al presidente con el Congreso. Por un lado, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que funciona en el Senado. Desde su apertura en el mes de abril, este órgano investiga las acciones y omisiones del Gobierno Federal en el enfrentamiento de la pandemia, como la compra irregular de vacunas y la promoción de medicamentos ineficaces. En lo inmediato, la CPI no pone en riesgo el cargo de Bolsonaro, pero sí erosiona su apoyo electoral, lo cual afecta sus posibilidades de reelección en 2022. Por otro lado, en estrecha relación con el punto anterior, vale advertir que actualmente se registran más de 120 pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Sin embargo, como el tratamiento de estos pedidos depende de la autorización de Arthur Lira, actual presidente de la Cámara de Diputados, el inicio de cualquier juicio político contra el mandatario se ve obturado. Lira pertenece a Progresistas, uno de los tantos partidos que integran el Centrão, el bloque de organizaciones aliadas a Bolsonaro que impide su destitución y facilita la aprobación de medidas a cambio de cargos y prebendas.

Esta es la situación judicial y política más inmediata que afecta a Bolsonaro y su entorno, poniendo en riesgo su cargo y amenazándolos con la prisión. Con todo, en segundo lugar, es preciso considerar otros aspectos que hacen al escenario en el que se produjeron las movilizaciones en apoyo al presidente. De acuerdo con las encuestas, en los últimos meses, la popularidad de Bolsonaro ha descendido considerablemente, y ello indica que en 2022 no tendrá una tarea fácil si pretende alcanzar la reelección. Dada la excarcelación y la habilitación política de Lula, el actual presidente puede ser favorecido en un escenario de polarización, pero enfrentará a un candidato que amenaza con derrotarlo, como lo advierten los sondeos de opinión. La imagen de Bolsonaro ha sido afectada por su posición frente a la pandemia -Brasil registra más de 600.000 muertes por coronavirus-, las causas judiciales, su alianza con los partidos corruptos del Centrão, el permanente hostigamiento que implica el funcionamiento de la CPI y, sobre todo, el deterioro de las condiciones de vida de la clase obrera (14 millones de desocupados, inflación acelerada, pérdida de ingresos, recorte en el auxilio de emergencia, entre otros puntos). Pese a esta situación, el presidente aún conserva una importante base de apoyo, lo cual le permite sostener su candidatura como la alternativa más sólida frente a Lula. Y hasta ahora, no se ha perfilado una tercera vía firme y con posibilidades de triunfar, capaz de aglutinar el descontento más refractario al PT.

Este es el cuadro que explica por qué Lula está más interesado en las próximas elecciones presidenciales que en las movilizaciones y los pedidos de impeachment contra el presidente. La destitución inmediata de Bolsonaro no lo favorece, puesto que ello permitiría la emergencia de otro candidato que tranquilamente podría reunir más apoyo en el electorado. Es que todavía parece haber un importante rechazo al partido de Lula. Recordemos que, en las últimas 5 elecciones, tanto nacionales como municipales, se registró una tendencia descendente en el volumen de votos que consiguió el PT. En 2012, por ejemplo, un año antes que estallara la crisis en el gobierno de Dilma Rousseff, el partido logró colocar 5.173 concejales y 636 alcaldes en todo el país, incluyendo las capitales de Acre, Paraíba, Goiás y San Pablo. En cambio, el año pasado, los cargos electos fueron de 2.665 y 183, respectivamente, sin alcanzar el triunfo en la capital de ningún Estado. Si el partido no se recompone de esta caída, lo cual es difícil que suceda en el corto plazo, no tiene motivo para buscar una salida apresurada de Bolsonaro, puesto que su lugar vacante, como oposición al PT, será rápidamente ocupado por otro candidato, que incluso podría conseguir más apoyo que el ex militar. En lo inmediato, ambas figuras se benefician de la polarización.

Frente a esta situación, la pregunta es qué hará el amplio abanico de partidos que se sitúa entre estos espacios. Mientras los dos candidatos permanezcan en pie, parece no haber chances para una tercera alternativa. Eso es lo que demuestran las jornadas de protestas que tuvieron lugar el domingo 12 de septiembre. A diferencia de las movilizaciones que se venían desarrollando contra Bolsonaro, en esta oportunidad se observó un caudal de gente mucho menor. En San Pablo, pese a que las protestas contaron con la presencia de algunos referentes de la oposición, la concurrencia fue escasa en relación con el volumen de gente que logró movilizar el presidente. En líneas generales, si estos partidos no logran erguir una candidatura sólida para enfrentar a Lula y Bolsonaro, podrán avanzar por otras dos vías, no necesariamente excluyentes. Por un lado, reforzarán la presión en favor de un impeachment, intentando desplazar a Bolsonaro para ocupar su lugar y constituirse en un polo de oposición al PT en las elecciones del próximo año. Por otro lado, a medida que se acerque la contienda electoral, es probable que estos partidos busquen acomodarse detrás de alguna de las dos opciones prevalentes, Lula o Bolsonaro. Estos espacios pueden atraer un caudal de votos importante, pero no parecen contar con la fuerza suficiente para ganar una elección presidencial.

Este es el escenario en el que se produjeron las manifestaciones convocadas por el gobierno. Antes que una maniobra «golpista», las movilizaciones constituyeron un intento de Bolsonaro por mostrar y medir sus fuerzas. En el transcurso de su gestión, el devenir de los acontecimientos lo ha dejado en una posición cada vez más frágil y aislada. Primero, el presidente perdió el apoyo de su partido, el Partido Social Liberal. Luego, el año pasado, rompió relación con su ministro de seguridad, el exjuez Sergio Moro, principal sustrato del discurso anticorrupción de cara al electorado. A ello se suma el progresivo aislamiento del ala militar de su gobierno, cuya expresión más notable fue la renuncia de toda la cúpula castrense en marzo de este año. Y como si fuera poco, Bolsonaro se encuentra acorralado por causas judiciales, al tiempo que su gobierno depende cada vez más del apoyo del Centrão. Estos elementos explican la reacción y el efímero intento de radicalizar el discurso; su aislamiento lo obligan a ser más audaz. Ante la posibilidad de ser desplazado por un juicio político o una derrota electoral, su margen de maniobra se reduce y el poco tiempo que dispone le exige una intervención inmediata.

En este sentido, no es extraño que, apenas dos días después de las movilizaciones «golpistas», el presidente retrocediera mediante una nota oficial. Esto es lo que ha hecho en más de una oportunidad: realiza declaraciones polémicas y, al poco tiempo, modera su posición. En esta ocasión, Bolsonaro recurrió al auxilio de Michel Temer para calmar las aguas, quien facilitó la conversación con Alexandre de Moraes y promovió la elaboración de una declaración pública en donde se reivindica la constitución y la democracia. Y ahí se terminó todo el episodio «golpista». Temer apareció como el bombero de un incendio que tuvo mucho más de humo que de fuego.

Las entidades patronales y la defensa del régimen

En este cuadro, hay un elemento importante que no fue lo suficientemente ponderado por los analistas. En los días que precedieron y siguieron a las movilizaciones, cientos de entidades patronales hicieron notar su descontento con la maniobra del gobierno, reivindicando la Constitución y la estabilidad política para hacer negocios. Entre las principales firmantes estuvieron la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), la Federación Brasileña de Bancos (Febraban) y la Asociación Brasileña de Agronegocio (ABAG). Estos movimientos demuestran que las fracciones más importantes de la burguesía brasileña le marcan la cancha a Bolsonaro, y que de ninguna manera apoyarían un golpe encabezado por el ex militar. Mucho menos lo harían en un contexto como el de ahora, donde el mayor enemigo que desafía al presidente es la cárcel y no una fuerza social que amenace con dar vuelta el país. Es posible que haya fracciones que aún sostienen un apoyo más firme al presidente, como los productores de soja, maíz y ganado, pero este no deja de ser un respaldo muy limitado.

Las advertencias de las entidades patronales hacia Bolsonaro demuestran que todo el revuelo y la polémica que se desataron en torno a las movilizaciones del 7 de septiembre no expresan el verdadero contenido del problema. Es falsa la idea de que Brasil se encuentra frente a una disyuntiva entre democracia y dictadura. Estos son solo los términos que expresan el enfrentamiento entre distintas fracciones del personal político burgués; manifiestan los discursos y las lecturas que se intentan imponer sobre la situación. Pero el contenido real de estas disputas es la profunda crisis política que atraviesa el país, la cual llega a los niveles más altos del Estado y enfrenta no solo a los distintos partidos del régimen, sino también a diferentes fracciones del aparato estatal. Y en este marco, la justicia aparece supervisando el procesamiento de la crisis y el reacomodamiento del personal político. El poder judicial ordena encarcelamientos con la misma facilidad con la que los anula, intentando disciplinar a la dirigencia política y recomponer el régimen en decadencia. De allí que veamos gobernadores y presidentes bajo la amenaza permanente de ser destituidos, al tiempo que decenas de empresarios y políticos (concejales, alcaldes, diputados, senadores, ministros, gobernadores y presidentes) entran y salen de prisión. Hasta el propio aparato militar se ha visto involucrado en la reyerta, y difícilmente salga indemne del proceso.

Pues bien, este movimiento en las alturas expresa la continuidad de la crisis política que se ha abierto en 2013. Las enormes movilizaciones contra el deterioro de las condiciones de vida y la corrupción política tuvieron lugar en el mismo momento que la burguesía exigía un ajuste de la economía (y que aún sigue reclamando). Los enfrentamientos y el reordenamiento constante del personal político que vemos desde entonces es inescindible de este proceso más amplio. En consecuencia, no basta con solo prestar atención al discurso de Bolsonaro o al de sus opositores, que se enfrentan para evitar la cárcel y demostrar quién es el mejor gestor de los intereses burgueses. Es preciso reconocer, por un lado, qué posiciones adoptan las fracciones más poderosas de la burguesía y, por otro, qué es lo que viene sucediendo en las calles, es decir, cómo interviene la clase obrera brasileña frente a la crisis. Dado que ya hablamos de lo primero, pasamos a esto último.

Las calles

Desde una perspectiva de mediano plazo, lo primero que se advierte es cierto reflujo en las luchas de la clase obrera, lo cual se expresa en dos importantes elementos. Por un lado, en el descenso notable de las huelgas que se registran en todo el país. De acuerdo con el Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos (DIEESE), luego del pico que se observa entre 2013 y 2016, la cantidad de huelgas y el número de horas paradas desciende considerablemente. En 2016, por ejemplo, se registraron 2.114 huelgas, mientras que en 2019 solo fueron 1.118, marcando una caída del 47%. Lo mismo vale destacar respecto al número de horas de paradas, que descendió un 68% durante ese mismo período. Estos datos ponen de manifiesto el debilitamiento de la lucha sindical de los trabajadores ocupados, lo cual también se expresa en la dificultad que encuentra la clase para articular intervenciones de mayor envergadura. Pese a que el ajuste se profundiza y las condiciones de vida continúan deteriorándose, la última huelga general tuvo lugar hace ya dos años, en junio de 2019, con motivo de enfrentar la reforma previsional impulsada por Bolsonaro. El desempleo y la mayor precarización laboral, así como la parálisis que impone la burocracia sindical, dificultan la capacidad de la clase obrera para afrontar los ataques permanentes de la burguesía, que ha conseguido bajar salarios, flexibilizar las leyes de trabajo y alterar el sistema de jubilaciones. Pero eso no es todo. El segundo elemento que expresa el reflujo de la lucha es el descenso de las movilizaciones, tanto en frecuencia como en volumen. Entre 2013 y 2017, enormes protestas atravesaron todo el país, llevándose por delante a un gobierno y abriendo una crisis que sacudió al conjunto del régimen. En más de una oportunidad, millones de personas llenaron las calles de cientos de ciudades para rechazar el ajuste y la corrupción del personal político. Sin embargo, el movimiento no superó sus limitaciones políticas y terminó debilitándose. Bolsonaro asumió la presidencia con las calles más tranquilas, y al poco tiempo, la pandemia reforzó la tendencia.

Ahora bien, este año se volvieron a registrar movilizaciones contra el gobierno, aunque no con la misma energía de antes. Por un lado, un conjunto importante de organizaciones (partidos, centrales sindicales, movimientos sociales) logró articularse para convocar diferentes protestas en cientos de ciudades. Las jornadas más importantes tuvieron lugar entre fines de mayo y comienzos de julio, cuando el país se encontraba en los peores momentos de la crisis sanitaria. La orientación general de estas movilizaciones fue el rechazo al gobierno y a su gestión de la pandemia, incluyendo reclamos para acelerar las vacunaciones, aumentar los ingresos de emergencias, además de una serie de demandas vacías en defensa de la democracia. Algunas de las organizaciones más importantes que encabezaron estas protestas fueron el Frente Brasil Popular, Pueblo Sin Miedo, Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, Movimiento de Trabajadores Sin Techo, la Unión Nacional de Estudiantes y la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Educación. A ellas se sumaron las centrales sindicales y los principales partidos del progresismo, como el PT, el Partido Comunista de Brasil y el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Buena parte de estas organizaciones integran la «Campaña Fuera Bolsonaro» e imponen la línea del movimiento, que básicamente consiste en el repudio al gobierno y una defensa (directa e indirecta) del PT. Por ahora, el progresismo domina esta corriente que, si bien es importante, no tiene el caudal de las grandes movilizaciones que expulsaron a Dilma.

Por otro lado, en los últimos días, un segundo movimiento ha buscado erguirse y ocupar las calles contra el presidente, pero en su primer intento registró un importante fracaso. Este es el frente que convocó protestas para el último 12 de septiembre, tratando de darle impulso a una tercera vía que fuera capaz de enfrentar tanto a Lula como a Bolsonaro. Las principales organizaciones de esta corriente son el Movimiento Brasil Libre y el Movimiento Vem Pra Rua, las mismas que, en 2015, convocaban movilizaciones denunciando la corrupción y exigiendo el desplazamiento de Dilma. Su programa se inscribe en el liberalismo, con una marcada defensa de las instituciones y la transparencia pública. Con todo, el último intento de ocupar las calles bajo la consigna «Ni Lula Ni Bolsonaro» despertó muy poca adhesión. Los referentes de la oposición que no están alineados al PT, como João Doria y Ciro Gomes, en vano intentaron aprovechar la oportunidad, pues la convocatoria fue pobre y terminó demostrando la debilidad del movimiento.

Así fue como se llegó a las jornadas de protestas del último 2 de octubre. La convocatoria fue impulsada por las organizaciones que integran la «Campaña Fuera Bolsonaro», a las cuales se suman otras decenas de agrupamientos y partidos de la oposición, como el Partido Social Liberal y el Partido Democrático Laborista, de Ciro Gómes, que terminaron plegándose a la iniciativa del PT. Ello demostró que el proyecto de una tercera vía carece de fuerza, y que el control de oposición sigue estando en manos de Lula, el principal candidato para las próximas elecciones. Ahora bien, pese a este apoyo amplio de los partidos del régimen -al que se sumaron las organizaciones de izquierda como el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado y las diversas corrientes del PSOL-, la convocatoria demostró sus límites. Es cierto que se registraron protestas en decenas de ciudades, pero la adhesión sigue siendo baja en relación con los movimientos que tuvieron lugar entre 2013 y 2016. Hasta ahora, la enorme intervención de la clase obrera que se registró en esos años no volvió a repetirse. Su participación es menor y sigue estando subordinada (frágilmente) a las distintas variantes políticas de la burguesía.

¿Fuera Bolsonaro o fuera todos?

La crisis política que atraviesa Brasil constituye una oportunidad para la clase obrera. El proceso que comenzó en 2013 aún sigue abierto, y pese al reordenamiento general del personal político, la burguesía no ha logrado cerrarlo. Durante los gobiernos de Dilma y Temer, la intervención de los trabajadores fue notable, aunque las limitaciones del movimiento no permitieron que alcanzara la independencia política y, al poco tiempo, terminó perdiendo impulso. La reacción inicial fue enérgica, pero insuficiente. El descontento de la clase obrera no arribó a un continente que lo organizara y fortaleciera, delimitándolo de las alternativas políticas del régimen. Paulatinamente, el movimiento se debilitó, y hoy, la mayor parte de los elementos activos aparecen ligados, directa o indirectamente, a las principales figuras políticas de la burguesía, Lula y Bolsonaro.

El progresismo y la izquierda instalaron la idea de que el país se debate entre democracia y dictadura. Como ya lo hemos advertido, esta lectura termina conduciendo a los trabajadores bajo la dirección de Lula, que se presenta como la única alternativa viable para enfrentar al presidente. Así es como se va perfilando una suerte de frente amplio contra Bolsonaro, que tiene su centro en el PT, pero que también abarca a sectores de la izquierda y a los partidos del régimen que no logran hacer pie por fuera de las dos variantes prevalentes.

Con todo, la supuesta oposición entre democracia y dictadura es falsa. Hemos visto que la propia burguesía se ha manifestado para dejar en claro que deben respetarse las reglas del juego. Pero eso no es todo. Si se observa con detenimiento, se advierte que todos los actores intervienen en nombre de la democracia, desde las entidades patronales hasta la izquierda, pasando por el PT, los partidos de la oposición, el poder judicial, la burocracia sindical y las fuerzas militares. Hasta el propio Bolsonaro dice actuar en defensa de la democracia. Basta observar que su principal crítica al máximo tribunal de justicia es no adecuarse a las coordenadas que establece la Constitución. En términos generales, entonces, todos operan de modo más o menos similar: sostienen una posición y acusan al resto de infringir el régimen ¿Acaso el PT no denunció con el mismo cuento a los medios de comunicación, «la corporación judicial» y «el golpe parlamentario»?

Es preciso insistir sobre este punto. No es la democracia lo que está en juego para la clase obrera, sino su propia vida ¿Por qué defender un régimen bajo el cual se estafa, se hambrea y se mata a millones de trabajadores? Aunque con menos intensidad que antes, las calles todavía se mueven, y es difícil que el descontento de la clase obrera siga siendo contenido. Las mismas encuestas que anticipan un escenario de polarización, advierten sobre el peso del voto en blanco y la abstención, lo cual demuestra un hilo muy débil entre la población y el conjunto de los partidos. La defensa de la democracia es asunto del personal político burgués, que solo se preocupa por robar y ajustar impunemente, pero no el nuestro. El problema, entonces, no es cómo echar Bolsonaro, sino al conjunto de las fuerzas que integran el régimen, incluyendo al PT y todos los partidos que lo secundan. La cuestión es pasar del «Fuera Bolsonaro» al «Fuera todos», imponiendo una salida socialista al país. De no ser así, tarde o temprano, la burguesía terminará por cerrar su crisis, y habremos desperdiciado una nueva oportunidad de pasar al frente. Y lo que es peor aún, nos terminaremos acostumbrando a vivir cada vez más sumergidos en la miseria, respirando la podredumbre sin darnos cuenta. Es momento de salir adelante.